El letrado de la familia paterna, José Mario Aguerrido, reclamará a la Justicia que endurezca las condiciones de detención de Magdalena Espósito y Abigail Pérez, la pareja que masacró a golpes al chiquito. Mientras tanto, empezó el desfile de ministros por Diputados para dar explicaciones.
Mientras la interpelación de los ministros de Salud, de Seguridad, de Desarrollo Social y de Educación de la provincia de La Pampa comenzó esta tarde en una sesión pública en la que recibieron preguntas de los legisladores sobre el funcionamiento de los organismos del Estado, en procura de comenzar a establecer las responsabilidades y los errores que se pudieron haber cometido mientras el pequeño Lucio Dupuy deambulaba durante años por escuelas y hospitales con lesiones y fracturas producto del maltrato cotidiano, el abogado de la familia paterna reclamará a la Justicia que la madre del nene, Magdalena Espósito, y la pareja de esta Abigail Páez, tengan condiciones más severas de detención y no puedan comunicarse entre ellas en la cárcel de San Luis en la que se encuentran detenidas.
Para el letrado de la familia Dupuy, que se permita a las detenidas mantener una comunicación fluida puede permitirles tratar de encontrar estrategias de defensa que demoren un rápido avance de la investigación del crimen. Según se indicó esta semana, Espósito y Páez fueron alojadas en celdas vecinas y ya se anotaron en las clases de secundario del penal de San Luis, donde se las mantiene alejadas del grueso de la población carcelaria en prevención de que puedan ser golpeadas por otras reclusas.
De hecho el primer día en que fueron derivadas al penal puntano circularon versiones de tales agresiones que resultaron ser falsas, pero cuya certeza es concreta al punto que hizo que las autoridades carcelarias mantuvieran a las asesinas del chico en un área restringida.
Como se sabe, el pequeño Lucio Dupuy murió a causa de los feroces golpes a los que lo sometieron durante años Espósito y Páez, en última instancia provocándole convulsiones fatales, como corolario de un largo peregrinar del chiquito por diversos hospitales de la provincia de La Pampa, en los que los médicos nunca denunciaron a la Justicia que los cuadros con los que se encontraban permitían sospechar un caso de maltrato o violencia familiar.
Así entonces, sin que médicos o docentes llevaran el caso a la Justicia, el chico fue finalmente asesinado a golpes el 26 de noviembre último, en la casa donde vivía su madre con su pareja, ambas por el momento únicas imputadas por el crimen del menor y detenidas en una dependencia carcelaria de San Luis
Mientras tanto este jueves concurrieron a la Cámara de Diputados de La Pampa para ser interpelados los ministros de Educación, Pablo Maccione; de Seguridad, Horacio di Nápoli; de Salud, Mario Kohan y de Desarrollo Social, Diego Álvarez, además de estar también presente el defensor de la Niñez, Juan Pablo Meacca.
Además de esas gestiones, en las que cada uno de los funcionarios deberá contestar más preguntas en los próximos días, desde el área de Prensa del Poder Judicial se informó que uno de los fiscales que interviene en el caso, Walter Martos, se entrevistó también este viernes con ocho familiares de Lucio, en General Pico.
Martos se reunió en primer término con Christian Dupuy, el papá de Lucio, y luego con otros siete familiares ya que quería establecer «cuál era la relación que tenían con el niño y con su mamá, cómo se desarrollaron los primeros tiempos de su infancia, qué pasó cuando la mamá se trasladó a Santa Rosa y si tuvieron contacto con él durante ese tiempo, entre otros temas».
Las diligencias se cumplieron en las oficinas de una fiscalía piquense, donde Martos recibió los testimonios de Dupuy, de su actual pareja, de su hermano Maximiliano y su esposa Leticia Hidalgo -quien tuvo a su cargo la tutela de su sobrino-, de su hermana y su pareja, y de sus padres, Ramón Dupuy y Silvia Gómez, abuelos de la víctima. Junto al funcionario viajaron a la ciudad del norte provincial el abogado Luis Peralta Hurtado, colaborador de la fiscalía, e Ignacio Dalgalarrondo, coordinador general de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y a los Testigos. Ese organismo funciona en el ámbito del Ministerio Público y su función principal es el abordaje y acompañamiento victimológico durante el proceso penal.
