El rostro de Lucio Dupuy recorrió durante semanas los medios de comunicación. Puso en agenda una situación crítica desde hace mucho tiempo, pero con poca prensa: la violencia contra niños y niñas. En este caso doloroso se entrecruzan los debates del feminismo, los derechos de las infancias, el imaginario social de la maternidad, el rol de los medios y el punitivismo, lo que que refleja el estado de una sociedad en la cual la violencia y el adultocentrismo se han naturalizado. Además, revela violencias estructurales que para nada son nuevas. «Llevamos 20 años trabajando con infancias y nos hemos cansado de enviar propuestas para mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes (NNyA), de solicitar audiencias para que escuchen la situación de urgencia que padece la infancia y nada. Miran para otro lado, realmente no les importa», expresa la psicoanalista y activista por los derechos de los niños, Sonia Almada.

Lo que le sucedió a Lucio no retrata una particularidad, sino un vivir cotidiano para miles de niños, niñas y adolescentes. En Argentina los métodos de disciplina violenta -que incluyen castigos físicos y maltrato psicológico- afectan a 7 de cada 10 chicos de entre 2 y 4 años. La repercusión del caso está impulsando acciones de detección temprana de los hechos de violencia contra niños y niñas, al haber quedado demostrada la cadena de incumplimientos y omisiones que llevaron a la muerte de Lucio. Pese a las voluntades políticas de impulsar proyectos de ley, lo cierto es que ya existe un marco legal y proyectos en marcha orientados a detectar y frenar la violencia contra las infancias.

Es un caso que se alimentó de coberturas mediáticas con el foco en la orientación sexual de las agresoras y la supuesta ausencia del feminismo, dejando de lado, una vez más, el verdadero eje de la cuestión: los derechos de las infancias.

Los hechos

Lucio Abel Dupy tenía 5 años cuando falleció en el Hospital Evita en Santa Rosa, La Pampa, el 26 de noviembre de 2021, a causa de una fuerte golpiza. Horas antes, fue llevado por su madre, Magdalena Espósito Valenti (24) y su pareja Abigail Páez (27) a una sede policial, donde se le practicó RCP sin éxito, y luego fue trasladado al hospital.

De acuerdo a la autopsia, presentaba signos de «politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data» y falleció a causa de una «hemorragia interna», producto de las agresiones. También encontraron «lesiones en la parte genital del niño», por lo que se investigó también la presencia de abuso sexual.

Las dos mujeres fueron halladas culpables por el crimen de Lucio. Espósito Valenti fue considerada «autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento», mientras que Páez fue hallada «autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia como delito continuado». Esta semana, fue confirmada la prisión perpetua para ambas.

Los otros Lucios

El caso de Lucio aparece como la encarnación de otras víctimas, el paradigma de todo un sistema que violenta los derechos. Las otras Lucías, los otros Báez Sosa, los otros Lucios, simbolizan un pedido de justicia colectivo. Los motivos de la mediatización no siempre son los deseables -como en el caso de Lucio-, pero de alguna manera sirven para poner en agenda problemáticas complejas, profundas y sobre todo, cotidianas, que en otros momentos pasan desapercibidas.

Según los números del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la violencia familiar creció 28% y los abusos sexuales, un 13% en los últimos años. El nuevo Código Civil de Argentina -vigente desde 2015- prohíbe expresamente no solo el castigo corporal hacia los chicos sino también el psicológico. El Artículo 647 expresa: «Prohibición de malos tratos. Auxilio del Estado. Se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes. Los progenitores pueden solicitar el auxilio de los servicios de orientación a cargo de los organismos del Estado».

De acuerdo a datos de UNICEF, en Argentina los métodos de disciplina violenta, que incluyen castigos físicos y maltrato psicológico, afectan a 7 de cada 10 chicos de entre 2 y 4 años («Una situación habitual: violencia en las vidas de los niños y los adolescentes»).

«La violencia hacia los chicos es una problemática global y es especialmente preocupante cuando ocurre al interior de los hogares e involucra a los adultos cuidadores, personas que en lugar de proteger y acompañar a los niños en su crecimiento, los lastiman física y emocionalmente», afirmó Roberto Benes, Representante de UNICEF Argentina. «La violencia durante la infancia y la adolescencia deja marcas imborrables en los chicos y tiene consecuencias en su desarrollo presente y futuro», agregó.

En Argentina, el 54,4% de los chicos y chicas de entre 2 y 4 años recibe golpes, palmadas en el brazo o la pierna, zamarreos, sacudidas o chirlos de parte de los adultos que los cuidan, porcentaje que se reduce a un 44,1% entre los 5 y los 14 años.

Según la oficina de violencia doméstica de la Corte Suprema de la Nación durante 2020 y 2021 se registraron 6805 denuncias de niños, niñas y adolescentes maltratados. 8 de cada 10 fueron agredidos por sus progenitores y 7 de cada 10 tenían menos de 11 años. La violencia psicológica (95%) y la de tipo física (43%) fueron las más usuales.

Los niños, niñas y adolescentes no sólo son afectados por la violencia verbal y física, también son numerosos los casos de abuso sexual, violencia vicaria, trata de personas y otras tantas formas de maltrato en que el odio a la infancia y el sistema patriarcal se alinean.

La funcionaria de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, consideró que la situación de los niños es «grave» y apuntó desde los organismos a trabajar en «buscar nuevas soluciones» y «entender qué pasa en el mundo adulto que avasalla de esta manera a los niños».

Cambiar una cultura adultocéntrica

Más allá de un enfoque normativo, los expertos apuntan a un cambio cultural en la relación que los adultos sostienen con los niños y niñas.

«Los adultos todavía consideran que los niños y niñas les pertenecen y se puede hacer cualquier cosa con ellos y todavía se considera que la forma de disciplinar es el castigo físico, el grito, la paliza. Estas prácticas están naturalizadas y no se denuncian porque todavía se considera que el maltrato infantil es un asunto privado que concierne a las familias. No es verdad. Es una responsabilidad de todos cuidar a los niños y niñas», analiza Sonia Almada, psicoanalista, conferencista, docente y activista por los derechos de las infancias.

UNICEF sostiene que «los enfoques nacionales deben abordar las creencias y actitudes sistémicas de la sociedad que perpetúan la violencia contra los niños en cualquier entorno (…) esto requerirá alterar normas y comportamientos sociales y culturales profundamente arraigados, en particular la idea de que algunas formas de violencia no solo son normales, sino que incluso son justificables y por lo tanto toleradas.

Además, afirma que un agravante en el sostenimiento de los diversos tipos de violencia sobre las infancias es la desigualdad de género, ya que «las normas de género pueden moldear ciertas prácticas y relaciones de crianza que pueden afectar el desarrollo de los niños».

«El caso de Lucio lamentablemente tiene una historia muy cruel de torturas, abusos y malos tratos, que se conocieron justamente porque las asesinas son mujeres. La inmensa mayoría de los infanticidios tiene un derrotero parecido, malos tratos, negligencia, y torturas hasta que se llega a la violencia extrema».

Por otra parte, cuestionó el abordaje mediático de este tipo de delitos: «Me parece que el enfoque es incorrecto en muchos casos porque falta la perspectiva en infancia. Respetar los derechos de los niños y niñas es también reconocerlos como sujetos de derechos y deseos. Contar su intimidad, mostrar su imagen, detallar los detalles macabros del crimen es violar su dignidad de sujeto. Creo que los medios deben capacitarse en infancias de manera urgente».

«Este caso se utilizó mediática y políticamente para sacar rédito. Desde el antifeminismo hasta el proyecto de Ley Lucio», agregó Almada.

La normativa vigente de protección de las infancias (Ley N° 26.061) establece el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y aclara que hay diversos actores sociales responsables de que sean oídos: el Estado, la comunidad y la familia.

La pregunta central, en todo caso, es qué instancias institucionales fallaron en la cronología de los hechos que condujeron a la muerte del niño.

Lucio estuvo a cargo de distintos familiares a lo largo de su corta vida. En 2019, cuando tenía 3 años, un informe encargado por la asesora de Niños, Niñas y Adolescentes de General Pico, Elisa Catán, determinó que ninguno de sus padres podía hacerse cargo de él. La tutela fue otorgada semanas más tarde a su tía política, Leticia Noemí Hidalgo.

Fue restituido a su madre en julio del 2020, mediante un acuerdo con los tíos del niño. Catán determinó que no había indicadores de riesgo y se logró un acuerdo común entre las partes. La tutela volvió a ser legalmente de la madre por orden de la jueza Ana Clara Pérez Ballester.

Ahora, Pérez Ballester enfrenta una denuncia penal por parte de la Fundación Más Vida. Se busca que se determine la culpabilidad de la magistrada y que sean identificados los demás funcionarios que hayan actuado desde el juzgado en trámite. Según la denuncia, la jueza restituyó a Lucio a su madre sin realizar un estudio socio-ambiental del hogar.

«Cuando la custodia fue entregada a los tíos de Lucio, los sometieron a todos los estudios ambientales posibles, pero cuando se trató de entregarlo a la pareja responsable de su tortura y muerte, la juez incumplió los controles. Estamos ante un evidente caso de mal desempeño», detalló Raúl Magnasco, presidente de la fundación.

Sostuvo que la decisión de Pérez Ballester «derivó en la muerte evitable de Lucio». De acuerdo a lo estipulado por la ley, existe una larga cadena de omisiones y fallos que condujeron a su muerte, desde los organismos estatales, judiciales y médicos hasta la comunidad que no alertó en su momento.

¿Dónde está el feminismo?

Un argumento repetido hasta el cansancio en medios de comunicación fue la supuesta ausencia del movimiento feminista, ya que las agresoras eran mujeres lesbianas y la víctima, un varón. La acusación respondió más a una forma de misoginia disfrazada que a un interés por los derechos de las infancias, ya que los movimientos feministas trabajan desde hace años en esta temática, desde la implementación de la E.S.I, el respeto por la autonomía de los niños y niñas hasta la detección temprana de distintas formas de violencia.

«‘¿Dónde están las feministas?’ fue una pregunta que se viralizó hasta convertirse en hashtag», observa Almada. «Lo cierto es que las feministas trabajamos hace décadas para lograr una vida libre de violencias para todas las personas. Esta pregunta se utilizó para culpar a los feminismos, y no es la primera vez que sucede», apuntó.

«Es una forma de disciplinamiento ante los avances indiscutibles que hemos logrado, pero que constituyen una amenaza para las personas que no desean respetar los derechos de todas las demás, porque justamente hacerlo no los beneficia», explicó Almada, y dijo que el ataque de «grupos que no desean la igualdad» fue acompañado por medios de comunicación «que potenciaron y multiplicaron la homofobia».

«Incitaron al odio y a la venganza, y de esta forma perdemos todos. La triste historia de Lucio sirvió para levantar las pancartas homofóbicas y patriarcales maquilladas de defensa de los niños y sabemos que en defensa de la infancia se han cometido las peores atrocidades», afirmó.

Además, dijo que «La crueldad no tiene género y estas personas son asesinas más allá de su identidad de género, su clase social y su raza. Llama la atención que con 120 infanticidios ocurridos entre 2012 a 2022, de bebés, niños y niñas asesinados a golpes, con armas de fuego y elementos cortantes por sus padres, no se haya alzado la voz en estos casos que también requieren justicia».

Consultada sobre la mediatización de este caso en particular, explicó que «este caso se mediatiza porque se hacen publicos los detalles morbosos de su tortura y malos tratos, porque son dos mujeres las asesinas y por su elección sexoafectiva».

De hecho, las estadísticas recogidas por UNICEF sobre las situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes señalan que de los casos en que pudo identificarse el género, el 81,1% de los agresores eran de género masculino y el 4,2% de género femenino.

También registraron un total de 1.355 niños, niñas y adolescentes agredidos por familiares, de los cuales el 44,4% fueron agredidos por su padre o padrastro, el 27,8% por el tío, abuelo/a y hermano/a y el 3% por la madre.

El debate de la mano dura

Durante los días de mayor cobertura mediática del caso Lucio resonaba el caso de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en 2020, cuyo juicio finalizó con condenas para todos los implicados. En redes sociales e incluso en debates de importantes medios se barajó la idea del castigo duro, de lo que «merecían» los agresores de ambos casos, de cómo serían recibidos en la cárcel, entre otros imaginarios de punitivismo feroz. Si bien son hechos que conmueven la fibra más emocional de la comunidad, quienes trabajan en los procesos de reparación de las víctimas de distintos tipos de violencia rechazan este tipo de castigos como una forma de justicia.

«Sé que la violencia genera violencia. Es ojo por ojo, la ley del Talión, porque se exige un castigo semejante como forma de retribución por el crimen cometido. La reparación pasa por la justicia, aunque no hay condena que alcance para las víctimas y los deudos, pero es el sistema que tenemos para castigar el crimen y los ilícitos», opina Almada.

El problema de fondo es, precisamente, la normalización de la violencia contra quienes son considerados inferiores o indefensos.

«El sistema penitenciario también deja mucho que desear y sabemos los tremendos crímenes y avasallamiento de derechos que se viven en las cárceles. La prisión no recupera, embrutece y violenta y no debería ser así. Se necesita una reforma judicial urgente en sentido amplio y con perspectiva en infancias y género», agrega.

La ley que no se cumple

Tras el conocimiento público del crimen, las denuncias por maltrato a niños, niñas y adolescentes se multiplicaron hasta en un 70% en los primeros días de diciembre. En este sentido, el diputado pampeano Martín Maquieyra (PRO) presentó el proyecto de la «Ley Lucio», que promueve «la protección de los derechos de la infancia y prevención contra la violencia de los niñas, niños y adolescentes».

En noviembre de 2022, el proyecto reunió 228 votos a favor y ninguno en contra en la Cámara de Diputados y se giró al Senado. Hace pocos días, el presidente Alberto Fernández decidió a través del Decreto 45/2023 incluir al temario de sesiones extraordinarias el tratamiento del proyecto de la Ley Lucio.

Sin embargo, la normativa no se diferencia sustancialmente de la Ley de Protección Integral N° 26.601, vigente desde el 2005. El problema es que no se instrumentaliza debidamente.

En este sentido, Almada opinó que «la Ley Lucio no es más que un pasquín organizado por dos partidos políticos con miras a las elecciones. Tenemosa ley de protección integral 26.061 que no se cumple en Argentina pero que es muy completa y suficiente para proteger las infancias. No se necesita una ley para cumplir lo que una ley que ya tenemos propone».

Además, sostiene que la Ley Lucio «aparece como si mágicamente se podría terminar con la violencia contra las infancias, cuando hace años las ONG’s venimos exigiendo al Estado que realicen el trabajo articulado, territorial, estadístico, de capacitación y campañas de prevención y sin que lo hagan. Llevamos 20 años trabajando con infancias y nos hemos cansado de enviar propuestas para mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, de solicitar audiencias para que escuchen la situación de urgencia que padece la infancia y no pasa nada. Miran para otro lado, realmente no les importa».

Almada espera que el caso permita poner en agenda la violencia contra las infancias e impulsar los proyectos que los activistas y las organizaciones sostienen desde hace años. La psicóloga recuerda que desde su fundación Aralma presentaron un proyecto en abril del 2022 para crear un Ministerio de la Infancia, el cual actualmente se encuentra en Diputados: «El objetivo claro es que de una vez y para siempre se escuche la voz de los niños, y forman parte de la diagramación de sus presentes y futuros».

Frente a las coyunturas, el objetivo es que el caso de Lucio no sea un ícono del individualismo, sino que pueda echar luz mediática y política sobre las realidades de miles de niños y niñas que conviven con sus agresores, cuyos derechos siguen siendo desoídos de manera sistemática.