El gobierno nacional presentó este lunes un proyecto de ley que busca establecer modificaciones en la ley de divorcio, es decir, que se pueda terminar con el matrimonio sin pasar por la Justicia. La iniciativa permite «disolver el vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica».
El documento consigna: «Pretende cubrir un faltante. El divorcio en sede administrativa permite a los cónyuges terminar su vínculo matrimonial de la misma manera que lo iniciaron: de mutuo acuerdo y ante el oficial público encargado del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, con un simple trámite administrativo».
El proyecto lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quienes señalaron que este sistema de «divorcio administrativo» ya funciona en diferentes países, como Brasil, Portugal, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Noruega, Italia y Japón, entre otros.
En esa línea, los funcionarios plantean que la aprobación de esta ley ahorraría tiempo y dinero para los matrimonios que quieran separarse y continuar con sus vidas rápidamente.
«Este sistema permite que personas unidas en matrimonio con voluntad de poner fin al vínculo y con recursos o tiempo insuficiente para afrontar el proceso de divorcio judicial puedan tramitar este de manera simple, veloz y económica y, a su vez, por intermedio de esta herramienta vean incrementada su libertad», señala el escrito.
A su vez, los impulsores del proyecto aseveran que significaría un «alivio» para el sistema judicial. «Procesos que podrían tramitarse por medio de una vía administrativa inundan los tribunales, generando lentitud en el sistema y costos que recaen indirectamente sobre los contribuyentes», explicaron.
Por otro lado, el Ejecutivo asegura que la iniciativa otorga mayor libertad a las partes para decidir cambios en su vida: «El matrimonio se contrae para emprender un proyecto de vida en común. Las personas celebran libremente este acto jurídico con un simple acuerdo de voluntades ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, más los testigos que la ley prescribe, por lo que, de la misma manera, ese proyecto de vida en común puede terminar de mutuo acuerdo en pos de buscar nuevos proyectos de vida».
Se suma al proceso de modernización judicial que incluye los depósitos y los bienes incautados y a la Ley Hojarasca -que busca eliminar alrededor de 70 leyes consideradas «inútiles, obsoletas o que restringen libertades»- también presentados este lunes.
