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Proyecto de Ley

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El Senado de la Nación se aprestaba en la noche de este jueves a aprobar el proyecto de ley que exime del pago de Impuesto a las Ganancias a los trabajadores que cobren hasta $150 mil. La iniciativa cuenta con el respaldo del oficialismo y la oposición. En la provincia de Chubut 24.725 trabajadores y jubilados quedarán exentos e del pago de este tributo. El nuevo régimen será retroactivo al 1° de enero de 2021.

Los cambios

El aumento del monto desde el cual se paga el impuesto a 150 mil pesos (frente a los 74.810 y los 98.963 pesos desde los que tendrían que pagar un soltero y un casado con dos hijos, respectivamente, a partir del 1 de enero de 2021), permitirá volver al porcentaje histórico de que solo paguen este gravamen alrededor del 10 por ciento de los que tienen mayores ingresos.
A diciembre 2019, el impuesto lo pagaban 2,1 millones de personas, lo cual representaba el 23,3 por ciento de empleados y empleadas en relación de dependencia. Aun con la suba automática de las deducciones de enero 2021, lo hubiesen pagado 2 millones de trabajadores y jubilados, el 22 por ciento del total.

Para los jubilados, el proyecto eleva la deducción actual de seis a ocho haberes mínimos y elimina el requisito de no tener otros ingresos. Asimismo, el aguinaldo quedará taxativamente exento del pago para sueldos y haberes de hasta 150 mil pesos brutos mensuales.
Además, con la modificación al proyecto original, que aumenta la progresividad del impuesto en las distintas escalas, el 90 por ciento de las empresas afectadas pagará un 25 por ciento, y solo el 10 por ciento de ellas aportará el 35 por ciento.

El debate

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el peronista cordobés Carlos Caserio, abrió la discusión calificando a la reforma al impuesto a las Ganancias como “una muy buena noticia para 3,7 millones de personas que se acogen a este régimen”.

“Es un proyecto que traerá mayores ingresos y se traducirá en movimientos económicos de la mano de un mayor consumo”, expresó Caserio, quien agregó que la reforma será “una contribución para que el Estado tenga más recursos y va a disminuir el gasto público porque va a tener menos necesidades que atender”.
El senador por Córdoba destacó la política del presidente Alberto Fernández en este sentido y cuestionó la promesa de campaña formulada en su momento por el expresidente Mauricio Macri, quien había prometido eliminar el pago de impuesto a las Ganancias para un sector de los asalariados.

El legislador afirmó que el expresidente Macri prometió “la eliminación del impuesto pero duplicó” la cantidad de trabajadores que lo terminaron pagando.
Su coterránea macrista, Laura Rodríguez Machado, defendió el gobierno del líder de Juntos por el Cambio mencionando que “se trabajó de manera consensuada con las provincias a las que se les mejoró la Coparticipación y que, en retribución, bajaron Ingresos Brutos, aunque este Gobierno se encargó de que vuelvan a cobrarlo”.

“Y van a seguir golpeando el bolsillo de la gente. Pretenden eliminar la presión fiscal cuando en realidad el kirchnerismo aumentó la presión fiscal en el bolsillo de la gente”, agregó la senadora cordobesa.
Por su parte, el oficialista Oscar Parrilli, agradeció a la oposición por apoyar el proyecto de Ley de reforma al Impuesto a las Ganancias, y les reclamó una “autocrítica” al acusarlos de ser los responsables de la situación económica y social que vive la Argentina.
“Me alegro de que hoy nos apoyen. Pero las consecuencias de hoy son por lo que ellos hicieron”, afirmó Parrilli.
El senador agregó que “cuando gobiernan se parecen a un lobo y cuando son oposición son la piel de cordero, porque parecería que lo que damos ni siquiera alcanza”.

El proyecto para modificar el alcance del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos mensuales, también abarca a los jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos
Los trabajadores que cobren entre 150 mil y 173 mil pagarán el gravamen, pero la AFIP establecerá las deducciones para evitar grandes diferencias entre los que deben tributar y los que están exentos.

La diputada Carolina Gaillard hizo una propuesta para modificar el Código Penal y así proteger a las víctimas de violencia de género.

Ni las 18 denuncias que realizó en contra de Matías Martinez ni la medida de restricción que le impuso la justicia fueron suficientes para que Úrsula se salvara: su ex pareja la mató de al menos 15 puñaladas. Tres días después de este crimen brutal, la diputada nacional Carolina Gaillard presentó un proyecto para que el Código Penal permita que un agresor vaya preso cuando viole una medida perimetral.

Gaillard, que además preside la Comisión de Legislación Penal en la Cámara Baja, expuso que el caso de Úrsula expuso el «incumplimiento de deberes de funcionario público, tanto policial como judicial, la nula evaluación de riesgo y/o peligro para las mujeres, y una completa falta de empatía por sus vidas».

Según el proyecto, ese tipo de incumplimientos sería penado con 3 a 5 años de prisión efectiva y también propine sancionar a los jueces que retarden ‘maliciosamente la administración de la justicia’ en denuncias por violencia de género.

 

Un proyecto de ley que eleva hasta 25 años de prisión la pena para los responsables de iniciar incendios forestales y que propone la modificación del Código Penal y la Ley de Manejo del Fuego fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.

La iniciativa, presentada por el diputado nacional por la provincia de Río Negro, Luis Di Giacomo, eleva las penas para los responsables de incendios forestales, las que podrían llegar a 25 años de prisión en caso de pérdidas de vidas humanas.

«Necesitamos sanciones firmes para crear conciencia e incentivar un mayor cuidado del medio ambiente», dijo Di Giacomo en un comunicado.

El proyecto propone penas de reclusión o prisión de tres a diez años a quien cause incendios forestales; de cuatro a 12 años si el objetivo es obtener un lucro o beneficio económico.

De cinco a 15 años si el incendio forestal fuera producido o alcanzare áreas de Interfase, Parques y Reservas Naturales tanto Nacionales, Provinciales, Municipales, Reservas del Patrimonio de la Humanidad o de la Biosfera o áreas protegidas.

También solicita penas de cinco a 15 años si hubiere peligro de muerte para alguna persona; y de ocho a 25 años si se produjera la muerte durante el incendio o en forma inmediata de alguna persona a causa del mismo.

Además, si el culpable fuera funcionario público, sufrirá inhabilitación especial de cinco a quince años.

En cuanto a las sanciones, propone elevar las multas que serán de entre diez y quinientos sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional, para aquellas jurisdicciones que no cuenten con un régimen sancionatorio, y se incluye el trabajo comunitario «como una forma de reparar el daño realizado a la comunidad».

«Los incendios intencionales suceden constantemente, tanto en Río Negro como en otras provincias, y provocan enormes destrozos en términos ecológicos y ambientales, además de costosas pérdidas materiales y posibles pérdidas de vidas humanas», completó Di Giacomo.

Fuente: El Extremo Sur de la Patagonia.

La discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), junto con la iniciativa para acompañar los primeros meses de los niños -conocida como el Plan de los 1.000 Días- cerrarán el año parlamentario del Senado con una sesión que comenzará este martes a la tarde y que se extendería hasta el día siguiente.

Ambos proyectos ya obtuvieron sanción de Diputados y, si el Senado los aprueba sin cambios, serán convertidos en ley antes de que finalice el año.

El Plan de los 1.000 Días, para la atención y el cuidado de la salud durante el embarazo y la primera Infancia, fue dictaminado esta semana y obtendrá el aval de la Cámara alta ya que, durante su discusión en comisiones, obtuvo el apoyo de todos los bloques parlamentarios.

El proyecto establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo (AUH) a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

Al mismo tiempo, extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.

En tanto, el proyecto para legalizar el aborto en la Argentina cuenta casi con tantos apoyos como rechazos en el Senado, por lo que la definición se conocerá ese mismo día durante el debate.

Cómo será el desarrollo de la jornada

La discusión, como durante todo el año desde que se declaró la pandemia por coronavirus, volverá a ser a través de videoconferencia y sólo se permitirá a poco más de una docena de legisladores en el recinto: cuatro por cada uno de los dos bloques mayoritarios (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio) y seis por las demás bancadas.

El resto de los legisladores deberán pronunciar sus discursos a través de la plataforma Webex que viene utilizándose desde mayo y que funcionó sin mayores inconvenientes durante los meses de la pandemia de coronavirus.

¿Cambios al proyecto?

El proyecto sobre la legalización del aborto atraviesa los bloques de manera transversal, separando a quienes apoyan la interrupción voluntaria del embarazo y quienes se oponen, sin distinguir la bandería política.

Durante los últimos días, la sanción de la iniciativa tal como llegó de Diputados fue puesta en duda luego de que uno de los senadores aliados del Frente de Todos, el rionegrino de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck, solicitó algunos cambios al proyecto porque, de lo contrario, se abstendría.

La misma decisión tomarían, según dejaron trascender, algunos representantes de la coalición opositora Juntos por el Cambio.

Si así ocurriera, el proyecto debería volver a Diputados en segunda revisión.

«No se está analizando introducir cambios en el texto»
ELIZABETH GÓMEZ ALCORTA

Sin embargo, voceros del Frente de Todos aseguraron que no avalarán ninguna modificación en el expediente y que buscarán consensuar el apoyo del Senado para que sea ley ese mismo día.

En ese sentido, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró en los últimos días que «no se está analizando introducir cambios en el texto» y endilgó una «mirada corta» a quienes atan la suerte de la iniciativa en la Cámara alta a una idea de victoria o derrota del Gobierno.

«Está bueno aclarar que, en principio, no se está analizando introducir cambios en el texto del proyecto», respondió Gómez Alcorta al ser consultada sobre las versiones que circulaban en ese sentido.

Además de algunos legisladores que aún no comunicaron su decisión sobre el proyecto, como las opositoras Lucila Crexell y Stella Maris Olalla, está en duda la participación del riojano Carlos Menem, quien permanece internado en una clínica porteña a raíz de una descompensación que sufrió a fines de la semana pasada.

Menem, al igual que el tucumano José Alperovich (de licencia y denunciado por presunto abuso sexual), son fervientes opositores a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

El recorrido del proyecto

El proyecto fue girado al Senado luego de haber sido aprobado en Diputados el 11 de diciembre, por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio del que había obtenido cuando fue aprobado en 2018.

Aquella vez, el expediente chocó con la negativa del Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.

El proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.

La media sanción de Diputados.

El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.

En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse, según contempla el proyecto.

La diputada provincial María Andrea Aguilera presentó un proyecto de ley que propone que la emergencia abarque todos los niveles obligatorios para los ciclos lectivos 2020 y 2021. El retorno a las aulas no tiene una fecha establecida. Es que más allá de que se pueda superar el coronavirus, Chubut debe enfrentar otro problema como el pago de los haberes de los trabajadores estatales.

A esto hay que sumarle que los gremios educativos ya advirtieron que el protocolo de vuelta a clases es inviable y que no volverán a las escuelas hasta que no estén los salarios al día, las negociaciones paritarias y las reformas edilicias en todas las instituciones.

En este contexto, la diputada María Andrea Aguilera presentó un proyecto de ley que propone declarar la emergencia del Sistema Educativo Provincial en todos los niveles, modalidades y ámbitos referidos a la Educación Obligatoria para los ciclos 2020 y 2021.

“La Educación Pública como una política de Estado debe ser protagónica en cualquier tipo de plan de Gobierno, enmarcada en un conjunto de acciones estratégicas tendientes al fortalecimiento de esta base como central para el crecimiento y sostenimiento del entramado social”, argumenta el proyecto que es acompañado por los demás diputados de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni y Sebastián López.

Asimismo, Aguilera aseveró: “la Educación como actividad es esencial y no puede ser abordada de ninguna otra manera. Su esencialidad tutela un derecho constitucional básico que a día de hoy se ve seriamente vulnerado”.

Es por eso que el proyecto de ley insta a crear un Programa de Detección y Acompañamiento de Estudiantes en Riesgo de Abandono Escolar para identificar estudiantes con trayectorias educativas discontinuas con riesgo de abandono escolar para aplicar estrategias de contención.

“Debemos proteger las trayectorias educativas de los estudiantes y poner el foco en aquellos que están en riesgo de deserción”, consideró.

VIRTUALIDAD E INFRAESTRUCTURA

Uno de los problemas que ha tenido la provincia a la hora de ofrecer una oportunidad de seguir el ciclo lectivo, en cualquiera de sus niveles, son los problemas de conexión. Por lo que Aguilera insta a que “el Estado debe garantizar conectividad y dispositivos a aquellos estudiantes que por motivos económicos o geográficos tengan dificultades de conexión” a lo que se suma la creación de becas de conectividad.

En el plano de reformas en las estructuras edilicias, se propone crear un Fondo de Infraestructura Escolar con el objeto de impulsar un plan de mejoras edilicias apuntando a la reapertura de los establecimientos, cuando las autoridades competentes lo determinen. “La infraestructura escolar debe estar considerada dentro de cualquier plan vinculado a educación y por ello apuntamos a la creación de un Fondo especial destinado a ello”, argumentó la legisladora.

Otro de los puntos en los que avanza el proyecto es en ayudar a los transportistas escolares. Es que el sector es uno de los más relegados en la lucha contra el coronavirus y no saben cuándo volverán a trabajar. “Los transportistas escolares vienen reclamando una solución ante la gravísima situación a la que se enfrentan producto de las medidas adoptadas. Proponemos la creación de un fondo para la asistencia de estas unidades productivas”, afirmó Aguilera.

Será presentado en la Legislatura por parte de la diputada Leila Lloyd Jones y su par José Giménez. Fue impulsado por el área de Juventud de la Municipalidad de Trelew, en conjunto con la Coordinación de Políticas Públicas y Promoción Social.

La diputada Leila Lloyd Jones y su par José Giménez presentarán en los próximos días un proyecto de ley en la Legislatura Provincial para proponer la creación de un Consejo Juvenil Provincial, que sirva como ámbito de participación de jóvenes de todas las localidades y comunas.

Este viernes se realizó un segundo encuentro de la legisladora y el legislador con los integrantes de la Dirección de Juventud y la coordinadora general de Políticas Públicas y Promoción Social del Municipio, Mónica Montes Roberts, a fin de avanzar en los últimos detalles de la redacción del proyecto.

Al término de la reunión la legisladora Leila Lloyd Jones valoró la posibilidad de impulsar en la Legislatura una iniciativa que “surgió de una inquietud de los mismos jóvenes de Trelew y busca beneficiar a todos los jóvenes de la Provincia. Es la segunda reunión que tenemos para armar la redacción final del proyecto”, aseguró.

El director de Juventud del Municipio, Leonardo Azocar, detalló que el proyecto “apunta a la participación de los jóvenes de toda la provincia, que a través del Conejo Juvenil Provincial podrán coordinar actividades y ser partícipes de la generación de nuevas políticas públicas”.

“Hemos tomado contacto con representantes de jóvenes de El Hoyo, Lago Puelo y lo haremos con Esquel, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, para generar una reunión, aunque sea virtual, para poder plantear estos temas”, indicó Azocar.

El funcionario municipal explicó que uno de los objetivo del proyecto de ley es impulsar la creación de áreas específicas de la juventud en aquellas localidades y comunas en las que aún no funcionan, señaló Radio Chubut.

La diputada Leila Lloyd Jones y su par José Giménez presentarán en los próximos días un proyecto de ley en la Legislatura Provincial para proponer la creación de un Consejo Juvenil Provincial, que sirva como ámbito de participación de jóvenes de todas las localidades y comunas.

Este viernes se realizó un segundo encuentro de la legisladora y el legislador con los integrantes de la Dirección de Juventud y la coordinadora general de Políticas Públicas y Promoción Social del Municipio, Mónica Montes Roberts, a fin de avanzar en los últimos detalles de la redacción del proyecto.

Al término de la reunión la legisladora Leila Lloyd Jones valoró la posibilidad de impulsar en la Legislatura una iniciativa que “surgió de una inquietud de los mismos jóvenes de Trelew y busca beneficiar a todos los jóvenes de la Provincia. Es la segunda reunión que tenemos para armar la redacción final del proyecto”, aseguró.

El director de Juventud del Municipio, Leonardo Azocar, detalló que el proyecto “apunta a la participación de los jóvenes de toda la provincia, que a través del Conejo Juvenil Provincial podrán coordinar actividades y ser partícipes de la generación de nuevas políticas públicas”.

“Hemos tomado contacto con representantes de jóvenes de El Hoyo, Lago Puelo y lo haremos con Esquel, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, para generar una reunión, aunque sea virtual, para poder plantear estos temas”, indicó Azocar.

El funcionario municipal explicó que uno de los objetivo del proyecto de ley es impulsar la creación de áreas específicas de la juventud en aquellas localidades y comunas en las que aún no funcionan.

Tras casi tres horas de discusión, y veinticuatro horas después de que la oposición le pidiera públicamente a Alberto Fernández que retirara el proyecto, el kirchnerismo consiguió esta tarde en el Senado dictamen de mayoría por la reforma judicial y buscará darle media sanción la semana próxima sin el acompañamiento de Juntos por el Cambio, que adelantó que rechaza de cuajo la iniciativa y que no buscará introducir modificaciones.

“Lo que quedó demostrado en estos quince días es que ustedes avanzan en soledad. Avanzar en soledad y redoblar la apuesta. Por estas consideraciones rechazamos el proyecto”, resaltó el jefe del interbloque opositor, el radical Luis Naidenoff, antes de que finalizara el debate virtual en el senado, que transcurrió sin mayores sobresaltos.

A pesar de la marcha del lunes, que concentró buena parte de las múltiples consignas en el proyecto en discusión, el Gobierno aceleró en los últimos días el debate y tras el cuarto intermedio de ayer, después de la exposición de más una quincena de especialistas, obtuvo hoy el dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del senado, por lo que se encamina a tener la media sanción la semana próxima: Cristina Kirchner pretende hacer valer su hegemonía parlamentaria.

“Cualquier cosa que plantea el gobierno dicen que no es oportuno, conveniente o necesario. Esta es una buena reforma. No pierdo la esperanza de que la oposición cambie”, remarcó sobre el cierre del plenario José Mayans, jefe de la bancada oficialista del senado, cuando las cartas ya estaban echadas desde hacía rato.

Al inicio de la discusión, la coalición opositora del senado ya había adelantado que no acompañaría el proyecto, que entre otras cuestiones apunta a diluir los tribunales federales porteños de Comodoro Py -unifica el fuero criminal correcional con el penal económico- y que ni siquiera buscaría introducir modificaciones, a pesar de que el Frente de Todos buscó mostrarse conciliador. Desde la tropa K incluso celebraron algunos cambios, como la no unificación del fuero contencioso y civil comercial.

“Más allá de que nuestro bloque no vaya a proponer modificaciones y que vayamos por el rechazo, sí queremos saber qué está firmando la comisión y qué despacho se va a circular”, adelantó Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales que encabeza María de los Ángeles Sacnun. Rodríguez Machado pidió además saber si había cambios en los “279 cargos” creados por la iniciativa. Y Esteban Bullrich se lamentó porque el texto no pasó por Presupuesto: Sacnun informó al comienzo que, en teoría, el costo de la reforma es de unos $1.900 millones. Así lo subrayó la senadora en base a un informe de la ministra Marcela Losardo.

Pasadas las 20.30, desde la oposición remarcaban que todavía no tenían notificación del despacho de comisión. “No hemos logrado ningún senador de la oposición ver qué es lo que se ha firmado y ver cuáles son las modificaciones concretas sobre el texto”, aseguró a este medio Rodríguez Machado entrada la noche.

“¿Tenemos voluntad de modificar y escuchar? No, no hay voluntad. Hemos hecho un maquillaje al proyecto en el dictamen. Y vamos a avanzar pero nosotros no vamos a acompañar. No sería responsable”, remarcó, por su parte, la senadora Silvia Giacoppo.

El Presidente y Cristina Kirchner descontaban de antemano que conseguirían dictamen a última hora de la tarde, y la posición de rechazo de Juntos por el Cambio ya era harto conocida. Ayer, tras una reunión virtual que contó con la participación europea de Mauricio Macri -de viaje por Suiza-, la coalición opositora hizo pública una carta dirigida a Alberto Fernández en la que le pidieron que retirara la iniciativa del Congreso y enfocara sus esfuerzos en la administración de la pandemia.

Para la oposición, el proyecto de reforma -que el Presidente presentó en Casa Rosada el miércoles 29 de julio-, la comisión de especialistas que estudiará el trabajo de la Corte Suprema -en la que sobresale Carlos Beraldi, abogado penalista de CFK-, el intento por desplazar al procurador interino Eduardo Casal y la revisión de los traslados de jueces durante la administración anterior, en la que ayer avanzó el Frente de Todos, forman parte de un mismo combo.

“Es un proyecto de intervención de la Justicia. Como en Vicentin trataban de intervenir para hacerse cargo y después dieron marcha atrás, acá están tratando de intervenir en la Justicia, por eso nos oponemos al proyecto”, cargó Silvia Elías de Pérez.

No solo el Gobierno hizo oídos sordos, como era previsible, y el jefe de Estado dio vía libre para avanzar tras el almuerzo que compartió ayer en Olivos junto a Santiago Cafiero, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, Axel Kicillof y un grupo de intendentes del Gran Buenos Aires, donde se hizo un minucioso análisis de las protestas del feriado con epicentro en los principales centros urbanos.

Si no que algunos de los senadores del oficialismo aprovecharon el debate de hoy en el senado para machacar en las internas de Juntos por el Cambio, que volvieron a generar ruido tras la ausencia de Horacio Rodríguez Larreta en el Zoom de este martes, el día después de las protestas, de las que el jefe de Gobierno buscó desentenderse, y que fueron festejadas por el sector más duro de la oposición.

“Veo que hay problemas de conducción, no se quién es (el líder), si es Macri… Por ejemplo, Rodríguez Larreta no estaba de acuerdo con este movimiento del 17 de agosto. Y otra gente también está en desacuerdo por la dimensión que ha tomado la pandemia. Están trabajando juntos el Presidente, Rodríguez Larreta, el gobernador, en un tema tan serio”, azuzó Mayans, que se refirió al traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad, un tema que el jefe de la Ciudad negocia en paralelo con la Casa Rosada.

Para el jefe de Gobierno se plantea en ese sentido un dilema en el horizonte. Como en los anteriores anuncios, hacia finales de la próxima semana debería volver a mostrarse junto al Presidente y el gobernador bonaerense para comunicar cómo sigue el aislamiento en torno a la crisis por el coronavirus, horas después de que la Casa Rosada consiguiera eventualmente la media sanción del proyecto de reforma de la Justicia.

Guillermo Snopek, del oficialismo, había sido el primero en poner el dedo en la llaga de la interna opositora. “¿Quién es la oposición? “¿Macri, (Patricia) Bullrich, Emilio Monzó, (Elisa) Carrió? Incluso han desplazado de la cúpula a María Eugenia Vidal…”, tiró el senador jujeño, que está enfrentado a su cuñado, el gobernador Gerardo Morales.

El avance de la reforma judicial, que vuelve a radicalizar el vínculo entre el Gobierno y Juntos por el Cambio, se da justo cinco meses después de la foto entre el oficialismo y los principales líderes opositores en Casa Rosada, horas antes de que Alberto Fernández decretara por primera vez el aislamiento social y preventivo. “Presidente, usted es el comandante en esta batalla, somos uno solo en esta pandemia”, dijo en aquel momento Mario Negri, uno de los firmantes de la carta de ayer en la que solicitaron al jefe de Estado el retiro del proyecto.

Por estas horas, el Frente de Todos buscaba negociar con un sector del PJ federal los votos en Diputados que todavía le faltan al Gobierno. Es una incógnita, tras la media sanción que buscará la Casa Rosada la semana que viene, el destino de la reforma en la Cámara baja.

Sobre la reestructuración de la deuda y el proyecto de ley presentado ante la Legislatura, José “Vasco” Arrechea, dirigente justicialista, aseveró “que sea Nación la que nos represente en una negociación provincial”

Remarcó durante una entrevista con Cholila Online para todo nuestro público que “creo que nosotros, en esta situación deberíamos esperar si a la Nación le va bien con la negociación de la deuda externa, y que sea la Nación la que nos represente en una negociación provincial”.

Sobre la situación de la Provincia del Chubut ¿Coméntanos?

La situación de la provincia es muy difícil, muy compleja y muy preocupante. Así que, creo que el Gobierno tiene una gran responsabilidad de explicar al pueblo, hacer un diagnóstico específico de la situación, para luego explicarle el mecanismo de salida que tienen previsto o programado.

Asimismo, pedir el acompañamiento de los partidos de oposición y los demás sectores sociales, sindicales,  y políticos,  en función de pautas y programas. Todavía no sabemos nada.

¿Cree que el Gobierno está buscando consenso o no está pensado mucho en eso?

Creo que pretenden consenso sobre determinados aspectos puntuales. La deuda, economía de los poderes, los recortes salariales… pero es imposible considerar esas cuestiones aisladas, sin tener un panorama en conjunto de la situación global. Así que, eso es lo que Gobierno está debiendo para realmente tener una mesa seria de trabajo y de análisis.

Como conocedor de la política ¿Qué es lo que más te preocupa en este contexto?

Por un lado, me preocupan las cosas que pueden empeorar. Una cosa que sería peor, es que se permita incrementar las garantías para consolidar o reprogramar la deuda ya existente.

En este momento la deuda está garantizada con regalías petroleras… Se pretende ampliar esas garantías con otros recursos de la provincia.  Cuestión que en esta situación es imposible, que se le pueda otorgar sentido lógico y racional a una autorización de ese tipo.

Tendría que venir con un preacuerdo con los acreedores y ver de qué manera, eso beneficia a la provincia, y en ese contexto, analizar la viabilidad.

Una reprogramación de deuda va a ser mayor pago de intereses, más garantías, algún tipo de cosas que los beneficie a ellos. Cuestiones que no están claras; por lo tanto, lo primero que hay que hacer, es no empeorar la situación hasta que haya claridad en las propuestas.

Hay que exigir que se venga con una propuesta, con un plan, un preacuerdo que permita un análisis serio.

En 2015 con los 650 millones que hoy tiene hipotecada la provincia prácticamente… es lo que surge del texto de proyecto de ley que se ha enviado a la Legislatura. Es el mismo mecanismo. Creo que no se puede cometer dos veces el mismo error.

Estás hace mucho tiempo en la política ¿Piensas que no se puede cometer el mismo error?

La experiencia me dice que siempre uno puede hacer cosas peores. Siempre podemos estar en peor situación. No hay una conciencia clara de las complicaciones futuras.

En algún medio se ha puntualizado el número de esta reestructuración en 900 millones de dólares ¿Esto es así?

Sí, ronda en los mil millones. Sí pueden ser 900.

¿Están como garantía todas las regalías petroleras que tiene la provincia?

Sí, hoy está así.

Mariano Arcioni dijo que se necesitaba sesionar porque esta deuda nos está asfixiando ¿Crees que esto es un mecanismo como para presionar y apurar de alguna manera para que salga esta restructuración?

A mí me ha tocado tanto en la actividad pública, como en la privada estar en situaciones críticas en relación a no tener la plata necesaria para pagar salarios. Me ha pasado siendo funcionario público a fines de los 80, 90, y en la actividad privada. Es una situación desesperante.

En documento presentado por el Gobierno expresaban que esto era prioritario para la provincia ¿Para qué se va a destinar esta plata?

Plata nueva no va a entrar. Va a dejar de salir por el pago de la deuda.

Cambiando de tema ¿Cómo es la actualidad del partido justicialista?

El Partido Justicialista tiene los mandatos de todas sus autoridades prorrogado hasta el 3 de diciembre de este año, ósea que todas las compañeras y compañeros que están en funciones ejercen legítimamente esa función.

Hay una elección interna convocada, que fue inicialmente para el 15 de diciembre  y se ha suspendido el proceso electoral, pero no ha anulado la convocatoria. La convocatoria está vigente. Y la Junta Electoral está esperando las novedades, con respecto a salir de la pandemia y la emergencia.

Finalmente, José “Vasco” Arrechea, dirigente justicialista, finalizó su entrevista indicando sobre la pandemia, que están respetando lo máximo posible las medidas y el protocolo. “En cuanto a las relaciones con la familia, amigos y compañeros. Nos estamos cuidando bastante. Ya pasará”.

Entrevista completa

🎥🔴 Hablamos con José "Vasco" Arrechea, todo lo que tiene que ver con la Situación actual de la Provincia y la restructuración de la deuda. #CholilaOnline #CholilaOnlineStreaming

Publicado por Cholila Online Streaming en Jueves, 9 de julio de 2020

La Mesa Ejecutiva del Partido Justicialista expresó que la aprobación del proyecto de Ley para declarar prioritaria para el interés de la provincia, la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial “sería como darle un cheque en blanco al gobierno provincial”.

A través de un comunicado el PJ indicó que el proyecto elevado desde el Poder Ejecutivo a la Legislatura, que aunque no fuera transformado en ley “no obligará a los acreedores ni generará por si sola ningún cambio en las condiciones vigentes”.

En el documento difundido hoy advierten que “lo que procura el Poder Ejecutivo es contar con ‘manos libres’ para negociar ampliamente pagos y condiciones, disponer de nuevas garantías como los recursos de coparticipación federal, emitir nuevos títulos públicos, suscribir contratos con entidades financieras, disponer reestructuraciones, modificaciones o reasignaciones presupuestarias, etc“.

Además, sugieren que con este proyecto de Ley  “sería sumamente riesgoso otorgar un cheque en blanco a quienes no han demostrado una gran pericia para manejar las finanzas públicas, y están urgidos por la necesidad diaria de fondos“.

“Recordemos que el grueso de la deuda en cuestión ya tiene como garantía las regalías petroleras que recibe Provincia, que las mismas son administradas por un Banco extranjero que primero cobra sus acreencias y luego deposita el remanente, y que ante cualquier conflicto actúan los tribunales de Nueva York”, resaltaron en el comunicado.

Y cuestionaron: «Desde el punto de vista de la lógica de los financistas, ¿Qué le podemos ofrecer para mejorar las óptimas condiciones que ya tienen? ¿Cuánto nos va a costar una prórroga de plazos? ¿Cuántos recursos provinciales más habrá que comprometer y cuántas gestiones a futuro para conseguir un mínimo respiro?».

En la misma línea, expusieron que “el Poder Ejecutivo tiene la obligación de presentar a la Legislatura y al pueblo del Chubut, un plan o esquema básico de reestructuración de la deuda. Este plan deberá tener al menos un pre acuerdo con los acreedores y estar enmarcado en un programa económico y financiero que muestre el estado real actual de las arcas provinciales y la proyección prevista de ingresos y egresos de los próximos dieciocho meses como mínimo”.

“Según nuestras estimaciones, en base a manifestaciones de distintos funcionarios provinciales, el déficit del tesoro provincial en este año 2020 alcanzará al equivalente de ocho masas salariales del sector público“, describieron.

En ese sentido, añadieron “Los funcionarios más optimistas del Gobierno Provincial esperan que una exitosa reestructuración de la deuda permita postergar pagos equivalentes a una masa salarial media”.

Al respecto, expresaron que “el Partido Justicialista apoyará todas las gestiones tendientes a reprogramar pagos de la deuda pública provincial, apoyadas en un planeamiento concreto que demuestra un ordenamiento de la finanzas estatales. No avalará ninguna autorización especial de negociación y mucho menos la posibilidad de comprometer más garantías, hipotecando a futuro los escasos recursos con que hoy cuenta el Estado Provincial”.

El comunicado está firmado por Ricardo Mutio, Luis Nuñez, Graciela Carranza, Laura Hughes, Liliana Peralta y Marina Barrera.