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Tras asumir la defensa de Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenados a cadena perpetua por el homicidio de Fernando Báez Sosa, el abogado Francisco Oneto presentó un recurso ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires en el cual solicitó que revoque la pena a perpetua para su defendido. También pidió seis años de prisión por el hecho y la realización de un nuevo juicio.

“Manifestamos un erróneo descarte de la figura de homicidio en agresión y, eventualmente, que se quite el dolo de la pena”, indicó Oneto a TN.

“Los jueces dicen que no corresponde el artículo 95 del Código Penal, que reglamente la figura de homicidio en agresión, porque esa figura exige que no se sepa quién produjo la muerte y acá se sabe que la muerte la produjeron todos. Esta parte afirma que sostener que la produjeron todos es no saber quién hizo el aporte diferenciado para que se produzca la muerte. De modo tal que es inaplicable”, agregó el abogado.

En el documento, la defensa de Thomsen indicó “que no se consta quién causó la muerte, pero sí se consta que un grupo de personas ejercieron violencia sobre el sujeto pasivo. Por tanto en ese caso siempre el resultado muerte será la acumulación de los resultados de esa violencia ejercida”.

El artículo 95 que cita Oneto establece que “cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quiénes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de dos a seis años en caso de muerte y de uno a cuatro en caso de lesión”.

Oneto expresó: “Ante una pluralidad de agresiones, es muy dificil distinguir, de entre todas ellas, cual, por sí sola misma, aún si todas las demás estuviera ausentes, tuvo entidad lesiva suficiente para provocar el resultado, sobre todo cuando el cumulo de agresiones pertenecen al mismo genero agresor”.

Hace algunos días, este medio reveló que fue Thomsen quien le pidió a su abogado declarar nuevamente para poder contar todo lo que no dijo antes.

En esta nueva presentación judicial, Oneto, además de pedir la nulidad del juicio y que se califique al hecho como un “homicidio en riña”, manifestó que no hubo incidente previo entre su defendido y Báez Sosa y que esto sí sucedió con otro de los acusados.

Además criticó la estrategia de Hugo Tomei, quien aún sigue siendo el abogado de varios integrantes del grupo: “Las circunstancias hicieron que la asistencia técnica brindada por la defensa no sea efectiva y sustancial”.

Oneto detalló: “La incompatibilidad de intereses entre los imputados impidió que cada uno cuente con la posibilidad de expresarse de forma tal de preservarse totalmente a sí mismo. Dicho en términos más latos, la defensa eficiente necesariamente debe ser egoísta y no solidaria como en este caso”.

Si la Justicia finalmente acepta que vuelva a declarar, Thomsen se centrará en el origen del conflicto dentro del boliche Le Brique, en su rol durante la golpiza a Fernando y en todo lo que sucedió la madrugada del 18 de enero de 2020.

El juez federal Julián Ercolini ordenó esta noche la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández y pidió que se levante su secreto fiscal y bancario por el escándalo de los seguros. La misma medida se aplicó para otros ex funcionarios de Nación Seguros y varios empresarios implicados en la causa. En total son 33 personas y empresas.

Además de Alberto Fernández, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San German, entre otras. Con esa medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tendrán accesos a sus cajas de seguridad.

Bachellier es la empresa que más comisiones cobró entre 2020 y 2024. El año que más cobró fue 2022, con $700.416.803, tras el decreto de Alberto Fernández que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros. En total recibió $1.665.741.081 por comisiones.

En tanto, San Ignacio y TG Broker son las dos firmas que aparecen en una nota enviada por ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados. Ambas cobraron $231.918.674. Esa cifra no contempla las comisiones millonarias que habrían cobrado los intermediarios por las cuatro coaseguradoras: Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes.

Según la resolución de Ercolini, a la que tuvo acceso Infobae, la aparición de esas dos intermediarias en la póliza de la ANSES multiplicó las ganancias de San German Seguros. “El porcentaje de participación de “SAN GERMAN SEGUROS S.A.” como coasegurador de las mismas presentan un notable incremento, triplicándose del 5 al 15% en las ya existentes (pólizas n° 9081 y 9142) y llegando al 25% en nuevas (póliza n° 9154)”, detalló el juez.

En el caso de Martínez Sosa, el juez destacó su relación estrecha con Alberto Fernández y su vínculo con otros brokers. “Además de su intermediación como productora, participó como organizadora y/o máster en pólizas de otros productores, entre ellos, Emanuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, “BACHELLIER S.A.”, “LEVELAR S.A.” y Fernando Carlos Salim”, dice la resolución.

Entre los afectados por la inhibición general aparecen los dos ex funcionarios de Nación Seguros que fueron echados este fin de semana: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, que revestía como gerente de compras.

También quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: 7 de mayo e Irigoin.

La cooperativa “7 de mayo”, inscripta ante la AFIP para vender bebidas en bares y cervecerías, tiene a su nombre dos camionetas Jeep Commander 4×4, valuadas en más de 50 mil dólares. Una de ellas, comprada hace un mes, terminó complicando la situación de Mauro Tanos. Ese funcionario tenía una cédula azul para utilizar la camioneta y ahora deberá explicar su vínculo con los dueños de la cooperativa. Pero no es todo. Según documentos a los que accedió Infobae, “7 de mayo” retiró casi $700 millones de sus cuentas bancarias.

Los investigadores llegaron a la cooperativa, y luego a Tanos, a partir de una llamativa situación que se dio en uno de los procedimientos que ordenó el juez Ercolini hace un mes, en una de las sedes de la empresa San Ignacio, involucrada en la póliza de la ANSES. En ese lugar, un abogado le entregó a la Policía Federal dos cajas con documentación.

Cuando la Policía fue a buscar las cámaras del lugar, descubrió que las cajas habían llegado unos minutos antes en un auto, un Citroën C4 Cactus, dominio AF737BD. Fue una entrega coordinada entre los dueños de San Ignacio para dejar conformes a los efectivos que tenían una orden de presentación. El seguimiento de ese auto terminó en la casa de uno de los “dueños” de la cooperativa 7 de mayo, Alfredo Del Corro.

Además de las camionetas, la cooperativa “7 de mayo” tiene movimientos de dinero muy llamativos. Entre el 1 de abril y el 31 de agosto del año pasado, movilizó $296 millones de pesos, según denunció una entidad bancaria ante los organismos reguladores. En octubre de ese año, otra vez hizo transferencias por otros $400 millones, pudo saber este medio. Son casi $700 millones en apenas siete meses.

¿Cómo amasó semejante fortuna una cooperativa que está inscripta ante la AFIP para vender bebidas a bares y cervecerías? Fuentes del mercado asegurador aseguran que esa firma se habría utilizado para canalizar pagos indebidos por la trama de los seguros.

El juez Ercolini también pidió este lunes que se levante el secreto fiscal y bancario de las mismas personas y empresas afectadas por la inhibición general de bienes.

Por último, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales integrales (públicas y privadas) de Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.

Ercolini tiene hasta ahora dos causas por el escándalo de los seguros. Una se inició a partir de una denuncia de la abogada Silvina Martínez, a la que se anexó una presentación de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto. La segunda comenzó con la denuncia que hizo el Gobierno por los seguros que se contrataban para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos de la ANSES.

Alberto Fernández está imputado en las dos causas, pero todavía no se presentó en Comodoro Py. Tampoco designó abogado, aunque tuvo conversaciones con con varios defensores. “No nos pusimos de acuerdo con los honorarios”, dijo uno de los consultados.

El viernes pasado, el juez Ercolini ordenó allanar los domicilios y las oficinas de los dueños de las empresas Bachellier, San Ignacio y TG Broker, entre otras. También inspeccionó los domicilios de los dos funcionarios de Nación Seguros desplazados.

El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, acompañó los procedimientos que llevó adelante la Unidad Fiscal especializada en Delitos Contra la Administración Pública. La causa investiga la presunta compra de productos alimenticios a proveedores de la ciudad de Trelew.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Policía del Chubut, llevó adelante este viernes una serie de allanamientos en casas de ex funcionarios, comercios y distribuidoras en relación con una causa vinculada a la presunta compra de carne y pollos a proveedores de la ciudad de Trelew.

Los procedimientos fueron realizados por la Unidad Fiscal especializada en Delitos Contra la Administración Pública, la Brigada de Investigaciones y diversas dependencias policiales.

Hasta el momento, los resultados son favorables ya que en los operativos realizados en las viviendas particulares de los ex funcionarios se secuestraron elementos como termotanques, cocinas, placares, camas, puertas, rollos de membrana, cocinas, cubiertas, sanitarios entre otros productos.

Las actuaciones incluyeron dos comercios, domicilios particulares y las distribuidoras de la ciudad donde también se incautaron elementos y documentación de interés para la investigación en curso. Se cuenta con la participación de un grupo de contadores para relevar la información disponible.

“Pollos de Papel”

El operativo se denominó “Pollos de Papel” porque no se pudo registrar el ingreso de los productos alimenticios a los Centros de Distribución de la ciudad.

Durante la jornada, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, acompañó el accionar policial en el desarrollo de los allanamientos, registros domiciliarios y relevamiento de documentación.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de la Administración Pública (que conduce el fiscal Omar Rodríguez) con la ejecución de las medidas que fundamentó el comisario mayor Juan Carlos Núñez y el respaldo de la fiscal Zulma Manllauix de la Fiscalía de Trelew en cumplimiento de las órdenes del juez penal Marcelo Nieto Di Biase.

 

La Justicia determinó este martes que se deberá refinanciar la deuda y devolver los fondos de la coparticipación a Chubut, tras el reclamo al Gobierno, que generó la pelea entre el gobernador Ignacio Torres y el presidente Javier Milei.

Torres le gana así la primera pulseada a Milei en el marco de un conflicto entre los gobernadores provinciales y el Poder Ejecutivo.

El fallo tuvo una sentencia favorable para el gobernador de Chubut e hizo «lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por la Provincial del Chubut a fs. 22/60 Ap. II a), contra el Estado Nacional – Ministerio de Economía, disponiendo el cese de la retención que en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial».

Axel Kicillof respaldó a Ignacio Torres en su enfrentamiento con el Gobierno nacional y redobló la apuesta. Según anticipó, el gobernador de la provincia de Buenos Aires presentará un reclamo en la Justicia para que se reestablezca el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que quitó Javier Milei.

El funcionario realizará una conferencia de prensa junto a su gabinete y el sector comercial de la Provincia de Buenos Aires. Anticiparon que demandarán el giro de dinero que dejaron de recibir en diciembre, lo que consideran “un atropello contra los bonaerenses”.

A través de su cuenta de X, el economista demostró su apoyo a Ignacio Torres tras el cruce con el Gobierno nacional. Además, corrigió las declaraciones del presidente: “Nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut. Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta ‘extorsión’ y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores, sino contra los pueblos de las provincias”.

Este nuevo cruce entre el gobierno de la Nación y las provincias se da en medio de la quita de los fondos coparticipables, de vital importancia para los gobernadores. A través del decreto 192/2024, Javier Milei eliminó el polémico fondo que había creado Alberto Fernández durante la pandemia y beneficiaba a la Provincia.

Cuando se creó el fondo que reclama el mandatario K, el gobierno nacional tuvo un conflicto con Horacio Rodríguez Larreta, que era jefe de Gobierno porteño en aquel período. Esto se debe a que se transfirieron más de 30 mil millones de pesos a la Provincia, al mismo tiempo que se eliminó un punto de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Axel Kicillof habló de los problemas del sistema de coparticipación

En otra ocasión, Axel Kicillof ya había hecho referencia al sistema de coparticipación. “La ley actual de coparticipación, cuya discusión y reforma es una de las principales asignaturas pendientes de nuestro federalismo y nuestra democracia, perjudica ostensiblemente a la Provincia de Buenos Aires”, afirmó en aquel entonces.

Apuntando contra el oficialismo, el gobernador lanzó: “La provincia de Buenos Aires no es inviable, como muchas veces han intentado instalar en estos años. Lo que resulta inviable es este sistema arbitrario de coparticipación de impuestos”.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, dialogó este lunes con Radio 3 y habló sobre el tema seguridad en la ciudad y destacó que «hemos mejorado el trabajo de prevención».

En primer lugar, Merino reconoció que «relevamos el personal de Guardia Urbana y a 20 personas no se le renovó el contrato porque consideramos que no tenían la idoneidad para el trabajo».

«Contratamos además 30 personas más, por lo cual en la actualidad tenemos 60 agentes capacitados y a los que se le han mejorado los salarios. Mejoramos además los vehículos, ya que tenían automóviles rotos y las cámaras no estaban en condiciones», añadió el mandatario municipal.

En la misma línea, sostuvo que se mejoró «el trabajo de prevención» en la ciudad, pero dijo que «todavía no está dado el impacto».

«Estamos atentos a la nueva ley en Legislatura donde podrían participar fuerzas federal en la ciudad. Necesitamos ese alto impacto», precisó.

Por otro lado, el intendente cuestionó que «si los delincuentes salen al otro día, el trabajo es insípido. Espero además que de una vez se trate la reforma del Código Procesal Penal para poder ajustar estos mecanismos para inhibir la inseguridad».

Para finalizar, Merino expuso que en esta materia realizan «un trabajo a largo plazo en contención social a través del deporte y la generación de trabajo genuino».

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, habló sobre los hechos de inseguridad ocurridos en Trelew, localidad «donde se sigue produciendo la mayor cantidad de hechos en relación a la cantidad de población, y los más violentos».

«Acudimos a la creación de un comando unificado, que ha dado buenos resultados en otros sitios con presencia de fuerzas federales. Esta herramienta fue ofrecida desde la Secretaría de Seguridad de Nación y estamos a la espera de que Legislatura confiera la autorización», expresó el funcionario.

«Las estadísticas de hechos delictivos no se han incrementado, pero sí vemos que la situación económica interfiere y mucho en el índice delictivo. Los hurtos en supermercados han tenido un crecimiento exponencial. Este junto a la estafa son los delitos que más han crecido», señaló el diálogo con Radio 3.

En la misma línea reconoció que «los delitos contra la propiedad también nos preocupan, es decir los robos domiciliarios, que se mantienen estables con mayor cantidad de detenidos en flagrancia».

«Hay una o dos bandas que están localizadas y que queremos dar con ellas, que son las que están azotando a determinados barrios de Trelew. Le pedimos al Poder Judicial que nos confiera medidas de comprobación de delitos como allanamientos o intervenciones telefónicas que nos rechazan con distintos argumentos. Eso también tiene que cambiar. Tenemos que contribuir todos, la situación es compleja», objetó Iturrioz.

Por otro lado, el ministro consideró que los grupos de WhatsApp de los vecinos de los barrios de Trelew, mediante los cuales dan aviso de personas con actitudes sospechas o distintos hechos, son «una herramienta fundamental», dado que «nos dan una alerta temprana y podemos identificar a tiempo a las personas que puedan estar o no vinculadas a algún delito».

Foto ilustrativa

Encima, del hecho se dieron cuenta los gendarmes que tienen su base de operaciones al lado y no el policía que estaba de guardia en la dependencia que funciona como depósito de vehículos incautados, en su gran mayoría, en distintos procesos judiciales. Este nuevo caso, se registra cuando todavía no se sabe qué pasó en la Justicia con los comisarios, policías y civiles implicados en ilícitos similares ocurridos hace casi dos años; durante la gestión del sospechoso Miguel Castro al frente del Ministerio de Seguridad

Recordemos que desde este portal de noticias se siguió de cerca –por ejemplo– el hallazgo en un campo cercano a Trelew de un patrullero desguazado que había desparecido “misteriosamente” en la seccional Cuarta o el allanamiento que hizo la policía Federal en una chacra en la que encontraron motos de la policía del Chubut, restos de vehículos denunciados como sustraídos. O la sustracción de al menos dos automotores que estaban depositados y secuestrados por disposición de la Justicia en el parador del acceso norte.

En el mismo lugar en el que horas atrás se produjo el robo de un Toyota Etios, de color gris, sin patentes y con uno de los paragolpes dañados en otro escandaloso y grave suceso que fue denunciado, increíblemente, y como en las veces anteriores, por uno de los jefes de la comisaría Segunda, el comisario Paulo Gauna.

Gauna, en esa denuncia, pone en evidencia que la sustracción del rodado ocurrió increíblemente a plena luz del día. O al menos dice que inició las actuaciones entre las doce del mediodía y las dos de la tarde, seguramente, cuando a él lo notificaron de que delante de las narices del guardia que estaba en el parador policial ubicado en el acceso norte de Trelew, a la vera de la ruta 3, le habían llevado el Toyota Etios, del que en otra inconcebible circunstancia, todavía no se sabe absolutamente nada.

El cabo que estaba custodiando el lugar al ser interrogado por lo ocurrido testimonio que se encontraba cumpliendo con el servicio en el puesto y que se le aproximó un gendarme que le avisó que había visto salir a gran velocidad desde el interior del predio de vehículos secuestrados un rodado marca Toyota Etios, color gris. “Entonces salí al exterior a corroborar llevando en la mano un equipo de comunicaciones y constato que faltaba dicho rodado e inmediatamente solicité colaboración”, contó el guardia al que ahora le han abierto un proceso judicial y un sumario, como pasa siempre. Como ya es habitual en la policía del Chubut para cumplir solo con ciertas formalidades.

¿Quién se llevó el auto? ¿Hubo algo premeditado? ¿Por qué la policía quiso “tapar” el hecho? Son preguntas que se hace el común de la gente y obviamente nosotros también. ¿Dónde está el ministro de Seguridad Héctor Iturrioz? ¿En qué playa puede estar veraneando mientras estos insólitos y grotescos episodios pasan en Trelew? Tampoco se sabe. Solo se lo ve al funcionario en costadas ocasiones y de malla o pantalón corto.

El mandatario provincial rubricó ayer la presentación mediante la cual la Provincia y el Municipio de Comodoro acudirán a la Justicia para solicitar la continuidad de un subsidio que beneficia a todos los vecinos.

Además, Torres destacó que a partir de diciembre el propio Gobierno del Chubut incrementó ya en un 50% el monto total de la erogación correspondiente al subsidio al transporte que depende de Provincia.

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, y el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, firmaron ayer una medida cautelar solicitando a la Justicia Federal el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros.

La rúbrica en cuestión se realizó en la Residencia del Gobernador, ubicada en la localidad de Rawson, y la presencia del intendente Othar Macharashvili obedeció al hecho de que, en caso de confirmarse la baja del subsidio nacional, Comodoro sería la ciudad más perjudicada de todo Chubut, dado que, por la cantidad de pasajeros que se trasladan diariamente en su ejido urbano, entre el 60% y el 70% del subsidio en cuestión se destina a dicha localidad.

Al respecto, cabe resaltar que el subsidio al transporte de Nación se complementa, además, con un subsidio provincial y, eventualmente, con distintos subsidios municipales que se articulan entre sí para poder mantener una tarifa de boleto competitiva y accesible para todos los usuarios.

En tal sentido, el titular del Ejecutivo provincial destacó que, desde el inicio de su gestión, el Gobierno del Chubut incrementó en un 50% el monto total del subsidio al transporte que depende de las arcas provinciales.

Finalmente, Torres recordó también que la Provincia viene cumpliendo en tiempo y en forma con el pago del subsidio en cuestión, habiendo realizado ya la semana pasada el depósito del importe correspondiente al mes de enero, el cual ascendió a un total de 408 millones de pesos, aproximadamente.

 

El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, se refirió a la reanudación de la actividad pesquera, y también advirtió que allanarán plantas clandestinas por el tráfico de langostinos.

«El langostino tiene un proceso biológico y migratorio, con lo cual cada día que no trabajamos es un día que se pierde. Pero, por suerte, todos los gremios, las empresas y las cámaras se pusieron de acuerdo para seguir trabajando», precisó el funcionario, agregando que la actividad «depende un poco de las mareas, pero la gran mayoría ya está cumpliendo sus tareas con normalidad».
«Es una temporada récord, que supera a la del año pasado», resaltó.

PERSEGUIR A LOS «GRANDES COMPRADORES»

Por otro lado, Arbeletche se refirió al decomiso de importantes cantidades de langostino sin refrigeración, en el marco de los distintos circuitos paralelos a través de los cuales el recurso es transportado, incluso, a otras provincias.

Ante estas irregularidades, «estamos cambiando el foco de dónde ‘atacar’, no tanto al ‘robo hormiga’ que sale del pescado del muelle, sino a los compradores grandes, ya que si atacamos a este último, luego no habrá oferta. Estamos cambiando ese paradigma y haciendo inspecciones, detectando plantas que trabajan de forma clandestina. Es un problema mucho más grande de lo que parece», explicó.

«Es una competencia desleal para quienes tienen a sus empleados en regla, no cumplen medidas sanitarias ni de seguridad, tienen un producto sin ningún tipo de control bromatológico que puede perjudicar directamente a la población», agregó.

ARTICULACION CON LA JUSTICIA

«Estamos buscando más a las plantas clandestinas que al marinero que, de 800 kilos, se lleva 15. Tenemos identificadas a todas las plantas de la provincia», precisó, y en el caso de las plantas ilegales, «estamos avanzando en cuestiones administrativas para poder allanarlas, en un trabajo conjunto con los jueces de Faltas; es una cuestión bastante burocrática pero vamos a ir a medida que la Justicia vaya autorizando las medidas».

«La Policía del Chubut nos está dando una mano tremenda en los controles», sostuvo el funcionario.