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El día de hoy la Justicia Federal de Rawson resolverá si Edith Terenzi acompaña a Ignacio «Nacho» Torres en la lista de Juntos por el Cambio, en las elecciones generales del 14 de noviembre.

La elección entre las dos candidatas se dio una vez finalizadas las PASO el pasado 12 de septiembre, cuando la presidente de la Unión Cívica Radical, Jacqueline Caminoa, que integró la segunda lista más votada en la interna, presentó ante la Junta Electoral un pedido para ocupar el segundo lugar en la lista de senadores.

Previo a las PASO, Torres integraba la fórmula junto a Terenzi. En tanto Caminoa integraba la lista de Ongarato. La petición de esta última de integrar la lista más votada en la interna fue rechazada por Juntos Por El Cambio.

La disputa política generó entonces la intervención de la Justicia Federal.

El pleito debe ser resuelto el día de hoy por el Juzgado con asiento en la capital, ya que se acerca el inicio de la campaña proselitista para este 15 de octubre. De acuerdo a la información que trascendió en las últimas semanas, la reestructuración de las listas se resolverá por vía judicial, que finalmente determinará quién secundará a Ignacio «Nacho» Torres de cara al segundo turno electoral del 14 de noviembre.

La actitud de Caminoa no cayó con frescura hacia el interior de la alianza. «Son decisiones que se respetan, pero no se comparten», señalaron algunos dirigentes ansiosos por conocer la resolución judicial. Por su parte, Terenzi hizo declaraciones esta semana indicando que «todos saben» que terminará siendo la candidata a senadora en segundo término en la lista de Juntos por el Cambio Chubut.

Jacqueline Caminoa, presidenta de la UCR en Chubut, se refirió a la decisión tomada por la Junta Electoral de Juntos por el Cambio y resaltó el acuerdo que se firmó previo a las elecciones, que establecía la integración de listas en la categoría senadores. “Yo lo que pido es que se contemplen los acuerdos desde lo político. La Justicia dirá lo que tenga que decir, pero creo que desde lo político era necesario que se contemplen los acuerdos para la integración de las listas”, sostuvo.

“Nosotros habíamos firmado un acuerdo que establecía que iban a ser incorporadas todas las listas por sistema d’hondt con un piso del quince por ciento. La idea siempre fue que se pudieran integrar y conformar las listas con la mayor participación posible. Estos acuerdos fueron enviados a la Justicia federal para su homologación y aprobación, algo que ocurrió sin ninguna novedad, sin ninguna objeción. El problema es que ahora, nos enteramos por una nota periodística de la doctora Betina Grosman que esto no va a ser así, porque en el Senado, según la ley no hay integración de listas”, expresó Caminoa en diálogo con Crónica.

La dirigente radical se quejó porque el acuerdo firmado entre las tres fuerzas políticas que componen la alianza Cambiemos en Chubut no fue objetado antes de las elecciones, sino ahora, que ya pasaron las PASO. “Yo lo que pido es que se contemplen los acuerdos desde lo político. La Justicia dirá lo que tenga que decir, pero creo que desde lo político era necesario que se contemplen los acuerdos para la integración de las listas. La molestia pasa porque en su momento, la Justicia no dijo nada al respecto, y el día posterior a los comicios se hacen declaraciones diciendo que los acuerdos partidarios no son válidos. A mí me parece que como dirigentes políticos, no podemos allanarnos a una nota periodística. La misma Justicia fue la que avaló los acuerdos”.

“Si la Justicia no acepta la integración de listas, tendrá que explicar por qué en su momento convalidó los acuerdos partidarios. Nosotros quizá hayamos cometido algún error, pero la ley tampoco prohibe esto. Yo consulté con muchos constitucionalistas sobre el tema, y lo que me dijeron es que en muchos casos se ha dado preeminencia a esos acuerdos, porque es un acuerdo privado de los partidos. Nosotros nos vamos a allanar a lo que diga la Justicia, pero no a un artículo periodístico, eso está claro”, concluyó Caminoa.

La diputada provincial del Frente de Todos, Mónica Saso en diálogo con Crónica se refirió al proyecto de paridad de género para el Superior Tribunal de Justicia que presentó en la Legislatura. Algo crítica, la legisladora lamentó que la iniciativa no haya tenido tratamiento en el recinto legislativo, y advirtió que seguirá insistiendo para que sea aprobado. “Nuestra intención es que se concrete la paridad e igualdad de las mujeres en el acceso a los cargos de mayor importancia dentro de la justicia”, sostuvo.

En junio del año pasado, en la Legislatura empezaba a tejerse un proyecto de inclusión para las mujeres, un proyecto que buscaría saldar una vieja deuda que el Poder Judicial tiene con las abogadas de la provincia. Desde hace mucho tiempo, se busca que en el Superior Tribunal de Justicia haya ministras. Son varios los sectores que reclaman por este tema, y hasta el momento, el pedido no ha tenido éxito. Mónica Saso, diputada por el Frente de Todos, presentó el 26 de junio de 2020 un proyecto de paridad de género. Concretamente, lo que plantea la iniciativa es una modificación de la Ley V-152, para que en los pliegos que eleve el gobernador a la Legislatura, se incluyan necesariamente los nombres de postulantes mujeres. Se busca que haya paridad, es decir, igualdad. La Constitución del Chubut marca que el STJ se compone de seis ministros. De aprobarse este proyecto de ley, debería haber tres ministros y tres ministras.

“Esta iniciativa es un proyecto colectivo que veníamos trabajando hace mucho tiempo con diferentes sectores. En un primer momento, trabajamos con el equipo de la senadora Nancy González, también con la Asociación de Mujeres Juezas delegación Chubut, con la doctora Patricia Reyes y la doctora Marcela Pérez Bogado. Además, siguieron sumándose más sectores a lo largo y a lo ancho de la provincia, y también del país. Siempre decimos que la equidad y la igualdad la estamos planteando en todos los sectores, y particularmente, en la justicia de nuestra provincia lo que vemos es que hay una deuda histórica”, señaló Saso a este diario.

La legisladora recalcó que en varias oportunidades pudo haberse debatido el proyecto de ley, pero por diferentes inconvenientes esto no sucedió. En el medio, apareció la campaña “sin mujeres no hay justicia”, y el debate en la Legislatura siguió profundizándose, enriqueciendo todavía más la iniciativa. Una vez que llegó la pandemia, el tema perdió relevancia y recién volvió a escena en las últimas semanas. Casualmente, el gobernador Mariano Arcioni envió recientemente los pliegos para ocupar tres de los cuatro lugares libres del Superior Tribunal de Justicia. Los candidatos propuestos por el Ejecutivo fueron Daniel Báez, Ricardo Napolitani y Silvia Bustos. Más allá de que existieron irregularidades en el proceso y los pliegos fueron devueltos, lo que llamó la atención fue la inclusión de solamente una mujer para ocupar el cargo de ministra.

“El gobernador no contempló la paridad de género, y en parte, por eso fue que la presidenta de nuestro bloque pidió el retiro de los pliegos, sumando también el apoyo de las diputadas (Leila) Lloyd Jones y (Tatiana) Goic. Concretamente, el proyecto de ley de paridad de género que presentamos contempla una reforma a la Ley V-152, que establece las facultades que tiene el gobernador para enviar los pliegos a la Legislatura, y los requisitos que deben cumplir los postulantes. Nuestra intención es que se concrete la paridad e igualdad de las mujeres en el acceso a los cargos de mayor importancia dentro de la justicia. Además, planteamos que en esta oportunidad solo debe haber candidatas mujeres”

El planteo de Saso tiene un fuerte respaldo y tiene que ver con que, además de Mario Vivas y Alejandro Panizzi (los únicos dos ministros del Superior Tribunal), dentro de la judicatura hay otros dos integrantes: Jorge Miquelarena (Procurador de la provincia) y Sebastián Daroca (Defensor General). Entonces, quedarían cuatro cargos por cubrir. Si se respetara la paridad de género, el gobierno debería enviar cuatro pliegos con nombres de mujeres.

“Pareciera ser que las mujeres tienen que tener un doble currículum”
En otro tramo de la entrevista con este diario, Mónica Saso expresó duras críticas por la no inclusión de las mujeres en los cargos de más jerarquía dentro de la justicia. “No quiero que el proyecto se minimice en una cuestión de números y porcentajes; lo que hay que entender es que tenemos que cumplir con la paridad y la igualdad de género”, señaló.

“Nosotros, los diputados y diputadas, como representantes del pueblo de Chubut tenemos una responsabilidad, que es hacer cumplir la ley. Los temas que sean de interés provincial y del país, que sean para beneficio de todos y todas, hay que debatirlos. Aquel que quiera decir ‘paridad sí, o paridad no’, que se exprese a tal fin. Pero me parece que nos tenemos que hacer cargo de ciertas cosas”, expresó la diputada del Frente de Todos.

No minimizar el proyecto

La legisladora del justicialismo dijo, respecto a su proyecto de paridad de género, que la intención no es que se minimice, bajo ningún punto de vista, y dio a entender que va mucho más allá de simples números. “No quiero que el proyecto se minimice en una cuestión de números y porcentajes; lo que hay que entender es que tenemos que cumplir con la paridad y la igualdad de género en la integración del Superior Tribunal. Cuando aparece la palabra mujeres y se debaten estas cuestiones, de inmediato se piensa en la idea de idoneidad. Pareciera ser que las mujeres tienen que tener un doble currículum, que tenemos que demostrar nuestra capacidad para ocupar un puesto de estas características. Nosotras no somos una amenaza, simplemente luchamos por el lugar que merecemos”.

“Me da la impresión de que el oficialismo no quiere escuchar, no quiere debatir, y además no tiene argumentos. No les interesa hablar sobre beneficios o temas importantes para toda la provincia. Este es un tema muy importante; hemos tenido el apoyo de muchas organizaciones, de distintos Concejos Deliberantes de la provincia. Todavía no logramos remover los obstáculos históricos que implantó el patriarcado. Vamos a volver a insistir con este proyecto, de eso que no le quepa la menor duda a nadie. Leímos que el proyecto perdió estado parlamentario, y esto no es así, sigue en comisiones. Lo que esperamos es que este año sea ley, y que los próximos pliegos para el Superior Tribunal que se envíen cuenten con la debida paridad e igualdad de género, porque estamos reclamando algo que merecemos”, sostuvo la diputada provincial.

La jueza Mirta Romero decretó ilegal la detención del joven que tenía en su casa a un prófugo de Caleta Olivia. El ministro Federico Massoni en el video sale con uno de los detenidos, a quien le apunta con una pistola. Además, dictó la prohibición de acercamiento de la fuerza policial a esa casa.

La Justicia de Trelew dejó al descubierto el show montado el viernes por el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni y los jefes de la Policía de la provincia y de Trelew. Con el justificativo de la detención de un prófugo, el operativo fue a pocas horas de las elecciones legislativas en la que fue precandidato Massoni.

El propio equipo institucional del ministro se encargó filmar el operativo que lo muestra con un detenido, a quien saca del domicilio del barrio Inta y le apunta con su pistola 9 milímetros.

En el video Massoni aparece junto al jefe de la Policía de la provincia, Miguel Gómez; y el segundo jefe de la Unidad Regional de Trelew, el comodorense Cristian Sartor.

El Patagónico publicó que la policía ya tenía el dato que el prófugo Pedro Javier Paso estaba escondido en un domicilio del barrio Inta. El joven tenía pedido de detención en relación al asesinato de Víctor Aparicio, quien durante una pelea callejera ocurrida el 1 de agosto en Caleta Olivia, recibió dos apuñaladas, una en un hombro y la otra en el cráneo. Cuatro días después la víctima murió.

El ministro junto a la decena de efectivos, irrumpieron en el domicilio del barrio Inta y detuvieron al joven buscado por la Justicia de Santa Cruz. También se llegaron apresado al joven identificado con las iniciales de M.H.CH. en averiguación del delito de encubrimiento agravado.

La jueza Mirta del Valle Romero el sábado último presidió la audiencia judicial en la que decretó ilegal la detención de M.H.CH., donde los policías lo sacaron apuntándole con armas, lo arrojaron al piso y se fotografiaron con el detenido.

En ese marco, la magistrada ordenó la prohibición de acercamiento «de todo personal policial» hacia el joven, quien reside en una vivienda de la calle Gales al 4400. Además, advirtió que si ocurre «alguna circunstancia deberá ser puesto en forma inmediata en conocimiento al MPF (Ministerio Publico Fiscal)», indica la resolución judicial.

Las justificaciones de Massoni

El Ministro de Seguridad, Federico Massoni, se refirió este domingo a una polémica generada en las últimas horas por un video donde se lo ve a él deteniendo a una persona y portando un arma de fuego.

Recordó que «había un pedido de captura contra un homicida de Santa Cruz. En un operativo de saturación lo detectamos. Íbamos el jefe de la Policía y el director de la Policía Judicial en un vehículo y yo en un vehículo detrás».

«Lo detectamos en la vereda y descendimos para generar la detención pero eran 2 personas. Como se vio, el Jefe de la Policía y el Director de la Policía Judicial se ocuparon de la segunda persona», detalló.

Ante esto, «no me quedaba otra que colaborar» y remarcó que «no podía dejar a una persona, posible delincuente, sin estar a resguardo y que esté seguro».

Cadena 3 publicó que confirmó así que detuvo al sujeto y remarcó que «lo mío fue colaboración -y- una vez que la Policía estuvo dispuesta, lo puse a disposición de ellos».

Este accionar lo realizó «conforme lo establece el Código de Procedimientos, en el artículo 217, que habla de detenciones de particulares en colaboración con las Fuerzas de Seguridad», cerró.

Fuente: El Extremo del Sur

La referente de la Asociación Argentina de Juezas, Patricia Reyes, volvió a apuntar contra el gobernador Arcioni, y sus obligaciones a la hora de enviar los pliegos.

Esta mañana, la jueza de Puerto Madryn y referente de la Asociación Argentina de Juezas, Patricia Reyes, conversó con LaCienPuntoUno acerca de la situación de la paridad y la necesidad de aplicar números igualitarios dentro del Superior Tribunal de Justicia.

Reyes confirmó que esta tarde se reunirá con su par, Mariel Suárez, para comenzar a establecer lineamientos de trabajo ante la creciente preocupación por la necesidad de completar las bancas de una manera íntegra y e igual conformada por hombres y mujeres.

A pesar de esta preocupación, destacó que desde las mujeres juezas existe la esperanza de que se logre la paridad debido a la gran cantidad de apoyo y solicitadas que fueron elevadas hacia la Legislatura acerca de quienes deben conformar dichos espacios.

Lee más: Amnistía envío una carta a Arcioni para garantizar la paridad de género

Por otro lado, volvió a correr el peso de la decisión hacia el gobernador Arcioni, remarcando la facultad que tiene de reenviar pliegos: «el mecanismo hay que respetarlo, es una ley vigente. Él tiene la facultad de postular las personas que entiendan que cumplan con los requisitos».

Para cerrar, Reyes recordó que la discusión de la paridad es un tema actual y políticamente correcto, por lo que sería un buen punto para los candidatos hablar de la paridad como algo positivo y correcto. «El problema es que después hay que pasar los dichos a hechos en concreto y la realidad diaria, y ahí pasa que no cumplimos con lo que prometemos», sentenció.

Movimientos feministas de la provincia convocan a la población a firmar por la impugnación de las designaciones del Gobernador Mariano Arcioni, quien no respetó la paridad de género en el ámbito de la Justicia. El reclamo por la presencia de mujeres en el STJ ha sido acompañado conjuntamente por activistas, figuras políticas y ciudadanas de toda la provincia.

Convocan a firmar la impugnación este martes a las 11:30 en la Casa de Gobierno del Chubut. «Exigimos acceso igualitario en los puestos jerárquicos de los tres Poderes del Estado», reza la convocatoria.

Ojo Paritario, Amnistía Internacional, CLADEM, ELA, FEIM y Mujeres x Mujeres presentaron previamente una carta a Arcioni para que garantice «la transparencia y la representación de género en el Superior Tribunal de Justicia».

La misma se realizó en el marco del proceso de selección para ocupar las cuatro vacantes en el máximo tribunal de Justicia de la provincia, puestos que nunca han sido ocupados por una mujer. Es una de las cuatro provincias en todo el país con este panorama, junto a Formosa, La Rioja y Corrientes.

Fuente: El Extremo del Sur

La presentación se realizó en el marco del proceso de selección para ocupar las cuatro vacantes en el máximo tribunal de justicia, que actualmente está conformado solo por el presidente y vicepresidente. Las entendidas criticaron que el STJ chubutense, en sus 63 años de existencia, «nunca fue integrado por una mujer».

Las organizaciones Amnistía Internacional, Cladem, ELA, FEIM, Mujeres x mujeres y Ojo Paritario le enviaron una carta al gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, en la cual le piden que garantice «la transparencia y representación de género en el Tribunal Superior de Justicia» provincial y que se rompa el «techo de cristal» para las mujeres.

La presentación se realizó en el marco del proceso de selección para ocupar las cuatro vacantes en el máximo tribunal de justicia de Chubut, que actualmente está conformado solo por el presidente y vicepresidente.

«EL STJ DE CHUBUT NUNCA FUE INTEGRADO POR UNA MUJER»
Las organizaciones, en el escrito, indicaron que «junto con Formosa, La Rioja y Corrientes, Chubut es una de las cuatro provincias en las que ninguna mujer integra la máxima autoridad judicial provincial, el 100% son varones».

En el caso del Superior Tribunal de Justicia chubutense, en sus 63 años de existencia, «nunca fue integrado por una mujer», criticaron.

Asimismo, sostuvieron que «las mujeres formen parte de este tipo de magistraturas es fundamental para erradicar la discriminación y reducir las profundas desigualdades de género en el acceso a altos cargos judiciales».

Las organizaciones recordaron que «aun cuando el 60% del poder judicial de la provincia está integrado por mujeres, ese porcentaje desciende al 42,1% en los puestos de jueces», lo que se conoce como «techo de cristal» porque la única explicación es la existencia de una barrera invisible que les impide a las mujeres ascender sólo por ser mujeres.

«En 2019 Chubut se sumó a las jurisdicciones que establecen la paridad de género en la nominación de candidaturas para la conformación de cargos públicos electivos. Este avance es un antecedente relevante sobre el camino a seguir en esta oportunidad para la justicia«, dijeron.

Por eso, las organizaciones firmantes solicitaron al gobernador que tome medidas para garantizar la participación de mujeres en el Superior Tribunal de Justicia.

Sobre el final del documento, las organizaciones advirtieron que «el Poder Ejecutivo tiene la obligación de garantizar un proceso transparente, independiente y calificado en la designación de dichos integrantes y tiene la oportunidad histórica de avanzar hacia la igualdad de género en el poder judicial».

ORGANISMOS QUE ADHIEREN
Adhieren al reclamo: APDH; Asociación Familiares de la Masacre de Trelew; Cátedra de Género, Sexualidades y Derechos Humanos Madryn UNPSJB; Frente de Mujeres y Diversidades Unidos y Organizados para la Victoria Puerto Madryn; Movimiento Los Infernales Chubut; Encuentro de Profesionales contra la Tortura; Instituto de Integración y Desarrollo Social.

También la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut; Multisectorial Feminista Comodoro Rivadavia; Centro de Estudios Feministas, Jurídicos y Sociales; Facultad de Derecho Universidad Nacional Rosario; ATECH; CTA de los trabajadores Chubut; e H.I.J.O.S Madryn.

Amnistía Internacional, CLADEM, ELA, FEIM, Mujeres x mujeres y Ojo Paritario presentaron una carta al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, para que garantice la transparencia y representación de género en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. La presentación se realizó en el marco del proceso de selección para ocupar las cuatro vacantes en el máximo tribunal de justicia de Chubut, que actualmente está conformado solo por el presidente y vicepresidente.

Junto con Formosa, La Rioja y Corrientes, Chubut es una de las cuatro provincias en las que ninguna mujer integra la máxima autoridad judicial provincial, el 100% son varones. Cabe además destacar en este último caso que dicha institución tiene 63 años y nunca fue integrado por una mujer.

«Que las mujeres formen parte de este tipo de magistraturas es fundamental para erradicar la discriminación y reducir las profundas desigualdades de género en el acceso a altos cargos judiciales», expresaron.

Sobre el “Techo de cristal”

En el comunicado, las organizaciones expresaon que «aun cuando el 60% del Poder Judicial de la provincia está integrado por mujeres, ese porcentaje desciende al 42,1% en los puestos de jueces. Los cargos más altos del Superior Tribunal, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de la Defensa Pública son ocupados exclusivamente por varones. Este fenómeno evidencia un acentuado ´techo de cristal´ que obstaculiza la participación igualitaria».

En 2019, Chubut se sumó a las jurisdicciones que establecen la paridad de género en la nominación de candidaturas para la conformación de cargos públicos electivos: «Este avance es un antecedente relevante sobre el camino a seguir en esta oportunidad para la Justicia. Las organizaciones firmantes solicitan al gobernador de Chubut que tome medidas para garantizar la participación de mujeres en el Superior Tribunal de Justicia. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de garantizar un proceso transparente, independiente y calificado en la designación de dichos integrantes y tiene la oportunidad histórica de avanzar hacia la igualdad de género en el poder judicial».

Al cumplirse tres meses de la muerte de Tino John, en el marco de un procedimiento del GEOP, sus hijos convocan a una marcha reiterando el pedido de justicia.

A tres meses de la muerte de Tino John, vecino del paraje Las Golondrina, en el marco de un procedimiento del GEOP de Chubut, sus hijos Dana, Donato y Martin convocan a una marcha reiterando el pedido de justicia.

“Mi papá nunca disparó contra un vecino, es mentira lo que dicen, nosotros estábamos ahí, tiró un tiro a tierra”, manifestó uno de los hijos de Tino John en diálogo con medios de la Comarca. Además, aseveran que nunca se recuperaron las filmaciones del procediendo.

En este contexto, invitan a participar de la marcha el viernes 27, día en que se cumplen tres meses del fatídico hecho. La concentración será a las 3 de la tarde en la plaza «Antiguos Pobladores» de El Hoyo, allí juntarán firmas y luego marcharán pacíficamente haciendo el reclamo de Justicia.

Dana, una de las hijas de Tino John señaló que es antidemocrático lo que hicieron con su papá. «Si bien es una marcha por mi papá, creo que es una marcha por todos, por el respeto a la democracia porque lo que hicieron con mi papá no tiene nombre». «Queremos que esta violencia institucional se termine porque vivimos en un país en democracia y lo que hicieron es totalmente antidemocrático. Queremos que se haga justicia por mi papá y porque no haya ningún ninguna otra víctima más de parte de las fuerzas policiales”, detalló Dana John. Por su parte, Donato John indicó que se constituyó como querellante en la causa. «Se hace muy difícil l contacto con Fiscalía por eso no sabemos qué están haciendo, si están investigando algo, si se sabe algo más por ahora nada, empezaremos a ver ahora a ver qué pasa”, explicó el hijo de Tino.

Las cámaras no grabaron y las fotos son dudosas

Seguidamente Martín John denunció que hay algunos puntos oscuros en la investigación. «Sentimos que es algo que viene muy lento y nos costó mucho que nos den la información, en su momento fue todo a cuentagotas», aseguró. «Todavía no aparecen las cámaras que se han borrado o que no se grabó nada, en un operativo que duró prácticamente 10 minutos con tres cámaras ninguna grabó prácticamente nada, las fotos que sacaron son dudosas, todo así muy oscuro”, enfatizó.

Durante seis meses consecutivos, J.C. percibió cero pesos de su salario en la provincia de Río Negro en función de los descuentos que se le realizaban por el pago de varios préstamos.

Debido a su situación económica, se vio obligado a solicitar crédito en reiteradas oportunidades, cuya devolución se realizaba mediante retención directa de las cuotas por parte de su empleador, deduciéndolas de su recibo de haberes. Entonces, tomaba nuevos empréstitos para poder cancelar los anteriores, hasta que la situación lo llevó al punto de verse imposibilitado de afrontar las deudas.

En ese contexto, agravado por la dificultad de poder satisfacer las necesidades básicas de supervivencia de su familia y ante el riesgo inminente de ser desalojados, se presentó en la Defensoría de El Bolsón a requerir asistencia.

Medida cautelar

Fue entonces que, entre otras acciones, llevadas a cabo por el defensor civil Alejandro Morera, se inició el pedido de una medida cautelar solicitando la reducción de los descuentos hasta un límite máximo de 20% de su haber.

En apenas tres días, el juez interviniente resolvió “la reducción de los descuentos al límite máximo solicitado”, valorando entre sus argumentos que “el salario no es un derecho absoluto e inalienable, pero que a ese fin normas de derecho público tanto en el orden nacional, como en el provincial y municipal, han fijado el tope del 20% para afectar al pago de deudas de un empleado o funcionario” y que “el salario reviste naturaleza alimentaria y no puede ser reducido al límite de poner en riesgo la subsistencia del grupo familiar”. Entre otros fundamentos, Morera planteó que dichos créditos “fueron solicitados telefónicamente (whatsapp) en esta localidad, mediante contratos de adhesión, sin que su asistido cuente con la debida información”.

Señaló enseguida que el protagonista “desconoce las cuotas que debe, sus montos, intereses aplicables, punitorios, y demás reglas que rigen en esas relaciones, en razón de no tener copia del contrato ni recibir ninguna información al respecto por parte de las empresas acreedoras”.

Desde su óptica, “es responsabilidad de la financiera el estudio previo sobre la capacidad económica de quien solicita un préstamo, evaluar su situación financiera y, eventualmente, asumir o no, en cada caso, el riesgo empresario del eventual fracaso de su negocio”.

En la sentencia, el magistrado dispuso “ordenar al departamento liquidaciones del ministerio provincial al cual pertenece el empleado, que proceda a reducir al 20% los descuentos que figuran en su recibo de haberes como retenedores de cinco mutuales; excluidos los descuentos de ley y las asignaciones familiares”. Indica además que “dicho porcentaje deberá ser prorrateado entre los acreedores”.

Según el fallo judicial “todos deberán hacerse responsables de llevar la situación a términos razonables: el deudor deberá seguir pagando, las financieras deberán cobrar a un ritmo posible y compatible con la supervivencia del obligado al pago y la empleadora deberá abstenerse de practicar descuentos que excedan toda razonabilidad”.

Medida autosatisfativa

Cabe recordar que una medida autosatisfativa “es una decisión jurisdiccional para brindar respuesta a determinadas problemáticas que, por su naturaleza, demandan tratamiento urgente y también una pronta respuesta”. En este caso en particular, referido a que “los sueldos de los empleados y obreros de la administración nacional, provincial y municipal son inembargables por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercadería”, resulta que “estos actos de adquirir créditos incumplen todos los requisitos de información previa, suministro de copias de lo suscripto o resumen de cuentas, entre otras formalidades”.

Fuente: Diario Jornada