La Asociación que reúne a jueces, fiscales y abogados del Poder Judicial de Chubut, también realizará denuncias penales contra los otros cinco integrantes de la Corte provincial.
La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut (AMFJCH), por amplia mayoría, resolvió este miércoles por la noche en una asamblea avanzar con la presentación de un juicio político contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Javier Raidan, además de realizar denuncias penales contra los otros cinco integrantes de la Corte provincial. Según Diario Jornada.
El combo en el que se sustenta la denuncia incluye los aumentos encubiertos otorgados por el pleno de los ministros del Superior, que en el caso de Raidan llegaría al 60%.
Pero no es el único tema que complica a los supremos de Chubut. También se suma la compra de seis camionetas de alta gama -una para cada ministro-, los nombramientos sin concursos y denuncias por presunto maltrato y persecución laboral, entre otros.
Qué dice el comunicado de la AMFJCH
«La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut informa a toda la ciudadanía que en función de la gravedad de los hechos que venimos denunciando públicamente que dan cuenta de violaciones a la Ley de Ética Pública, de la Ley orgánica de la Magistratura, del derecho a la Información Pública, del Código Civil y Comercial, del Código Penal, de las constituciones nacional y provincial, tratados internacionales sobre derechos humanos y contra la corrupción, la asamblea realizada en el día de ayer (miércoles) resolvió por amplia mayoría iniciar acciones civiles para obtener la información que se nos ha denegado, reclamar los ajustes salariales adeudados, denunciar penalmente a los seis integrantes del Superior Tribunal de Justicia: Camila Banfi, Silvia Bustos, Ricardo Napolitani, Andrés Giacomone, Mario Vivas y Javier Raidan y pedir el Juicio Político de su Presidente», dice el comunicado oficial de la AMFJCH, que preside el camarista de Esquel Claudio Petris.
Y agrega: «Asimismo, se decidió repudiar la decisión del Presidente del STJ de desvincular de sus funciones a Gustavo Weinger y Darío Roberts, por supuestas críticas en comunicaciones privadas mediante WhatsApp a su persona y al señor gobernador Lic. Ignacio Torres. Por último, hacer saber al Consejo de la Magistratura nuestra preocupación por la designación del jurista Daniel Obligado, impuesto por el Dr. Javier Raidan para evaluar a quienes pretenden ocupar el cargo de camarista penal en Puerto Madryn, por carecer de cualidades académicas, jurídicas y éticas para tan importante misión.»