La suspensión de importaciones desde Argentina pone en riesgo mercados clave para los ganaderos patagónicos y desata críticas de los productores, mientras los gobiernos negocian la reapertura tras auditorías técnicas.
El Gobierno de Chile, a través de la resolución N.º 5952/2025 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), suspendió oficialmente la importación de carne y productos de origen animal desde Argentina.
La medida responde al levantamiento de la histórica barrera sanitaria por parte de la gestión de Javier Milei, que autorizó el ingreso de carne con hueso plano (como el tradicional asado) desde el norte argentino —zona libre de fiebre aftosa con vacunación— a la Patagonia, una región que hasta ahora conservaba el estatus de “zona libre de fiebre aftosa sin vacunación”. De acuerdo con ADNSUR.
¿QUÉ CAMBIÓ EN LA NORMATIVA ARGENTINA?
Tras 22 años de restricción, Argentina publicó la Resolución 460/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), autorizando el movimiento de carnes con hueso y otros productos animales susceptibles a fiebre aftosa hacia la Patagonia. Hasta entonces, solo se permitía el ingreso de carnes deshuesadas desde regiones libres de fiebre aftosa con vacunación.
El cambio busca “flexibilizar restricciones obsoletas” y mejorar la oferta de carne en el sur del país, bajo condiciones sanitarias estrictas: solo cortes con hueso plano (asado, costillar, esternón) y no medias reses ni cuartos; animales sacrificados en establecimientos habilitados, con control de pH y maduración, y empaques primario y secundario rotulados.
CHILE CONFIRMÓ LA SUSPENSIÓN DE LOS INGRESOS DE CARNE ARGENTINA
Para Chile, la decisión argentina altera las condiciones epidemiológicas que motivaron, en 2008, el reconocimiento como zona libre de aftosa sin vacunación para la Patagonia. Argumentando riesgo sanitario por la posible transmisión de fiebre aftosa, el SAG chileno suspendió todos los ingresos provenientes de esa zona, derogando su propio reconocimiento emitido en 2008 y cerrando sus fronteras a carnes bovinas, ovinas, caprinas, porcinas, aviares, lácteos y derivados, grasa, cuero y reproductores en pie.
La medida tiene consecuencias inmediatas: se detuvieron las exportaciones emblemáticas de cordero patagónico al mercado chileno, que implicaban miles de toneladas anuales, y se afectó el incipiente negocio de ganaderos argentinos que vendían reproductores a la región austral chilena. El único tránsito admitido fue el de cinco toros en cuarentena autorizados antes de la decisión.
La suspensión chilena —sumada a la incertidumbre sobre posibles medidas similares de la Unión Europea— generó una fuerte reacción de las entidades rurales del sur argentino. Organizaciones como la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz y la Cámara de Frigoríficos Ovinos y Bovinos de la Patagonia advirtieron sobre una “grave crisis” del sector exportador ovino y la pérdida de mercados internacionales.
En este sentido, criticaron al gobierno nacional por avanzar unilateralmente y “claudicar” en su defensa de la sanidad diferenciada patagónica, un activo que garantizaba mejores precios y mayor previsibilidad comercial.
Algunas entidades presentaron recursos judiciales para exigir la derogación de la resolución argentina, alertando sobre perjuicios económicos y sanitarios “irreversibles”. Además, la desconfianza afecta al corto y largo plazo: la recuperación de mercados internacionales, una vez perdidos, no está garantizada.
EL GOBIERNO ARGENTINO: DEFENSA TÉCNICA Y NEGOCIACIONES
Desde SENASA y Casa Rosada defendieron públicamente la medida, subrayando que se ajusta a “protocolos estrictos” y que las autoridades sanitarias de la Unión Europea y Chile habían sido consultadas previamente.
La UE, según fuentes oficiales, no mostró reparos; Chile, en cambio, respondió con la máxima cautela e instó a esperar una auditoría sanitaria antes de reconsiderar la reapertura de su mercado. Una misión de técnicos chilenos visitará Argentina en septiembre para evaluar la cuestión de fondo.
Exportadores y frigoríficos, si bien reconocen la gravedad regional, atribuyen a la reacción chilena un carácter “precautorio y transitorio”, a la espera de esa inspección y potencial reversión del cierre.
Mientras persiste la suspensión, la Patagonia enfrenta el dilema de proteger su “marca sanitaria” sin resignar nuevos canales de comercialización. El diálogo bilateral no está roto, pero la medida chilena —aunque declarada transitoria— siembra incertidumbre en torno al futuro inmediato de las exportaciones ganaderas sureñas y la estabilidad de cientos de productores regionales.
La cuestión también trasciende fronteras: productores temen que la postura chilena siente precedente y derive en retrocesos en el acceso a la Unión Europea y otros destinos exigentes en materia de bioseguridad animal.
