El Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó ante el Consejo de la Magistratura de la Nación un pedido de remoción del juez federal Alejandro Patricio Maraniello por el fallo que prohibió la difusión de los audios de Karina Milei.
“Nuestro objetivo es que sea apartado de su cargo por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, argumentaron desde la entidad en la solicitud.
Piden la destitución del juez que prohibió la difusión de los audios de Karina Milei
De acuerdo con TN.Para los demandantes, la sentencia de Maraniello crea un “bozal legal” con un “un efecto intimidante” sobre toda la prensa y la ciudadanía en general. «Esto es un acto de manifiesta arbitrariedad”, sostienen desde el Observatorio, ya que -según afirman- la prohibición se basó en “una mera especulación de graves repercusiones”, debido a que Maraniello especificó que desconoce el contenido de los audios.
Por último, el organismo remarcó que la decisión del juez “no es un simple error jurídico, sino una grave desviación de los deberes de un magistrado de la Nación.
Atacando la labor de periodistas como Mauro Federico y Jorge Rial, y socavando la libertad de prensa y el derecho fundamental de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público”.
Un fallo
El pasado 1 de septiembre, Maraniello dictó el fallo que prohibió que medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas emitan las grabaciones que habrían sido registradas en la Casa Rosada.
“Considero que corresponde admitir la protección cautelar requerida con el alcance que se establece a continuación.
Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación.
Anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”, sostuvo la sentencia de Maraniello.
El fallo responde a la denuncia que había presentado el Gobierno ante la Justicia federal por una supuesta “operación de inteligencia ilegal” que tuvo como presunto objetivo “desestabilizar al país en plena campaña electoral” mediante la difusión de audios privados.
La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y quedó radicada en el juzgado federal Nº 12.
En el escrito del ministerio, y al que accedió TN, se señala que la maniobra constituye “un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”,
Y que se trataría de “una operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520”.
Según la denuncia del Gobierno, los hechos configuran una secuencia organizada que incluyó espionaje ilegal, edición clandestina de audios y su posterior difusión con fines políticos.
Justo en la antesala de las elecciones legislativas. La gravedad institucional —insisten— se potencia por la posibilidad de que las grabaciones se hayan realizado dentro de la propia Casa Rosada.
