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Desde la misma policía dicen que ven que no tienen “ganas de trabajar” y que se nota cada vez que deben gestionar una orden de allanamiento de manera rápida y no lo hacen, o cuando liberan a detenidos, directamente, por teléfono. Una costumbre de la que el propio Miquelarena en algún momento llegó a quejarse, hace años, cuando se hablaba de la “puerta giratoria” en tribunales, de los presos que entraban y salían y del juez instructor que los soltaba por teléfono.

Hace no mucho tiempo, incluso, hizo declaraciones en las que les echaba la culpa a los jueces de liberar rápidamente a los delincuentes. “Planteó que pueden ponderar si un detenido debe ser encarcelado durante el proceso de investigación en función de la cantidad de hechos en los que quedó involucrado, entre otros puntos. Dejó en claro que el criterio de la Fiscalía es que los delincuentes detenidos en flagrancia queden presos”.

Si el jefe de todos los fiscales de la provincia dice esto públicamente, ¿cómo es que sus subordinados no lo cumplen? En Trelew, en estos últimos días hubo una sucesión de procedimientos con detenidos y ninguno está todavía preso. Es más, en algunos casos ni siquiera alcanzaron a llegar a la audiencia de control en tribunales, porque el mismo fiscal ordenó a la policía por teléfono que lo liberara desde el lugar del procedimiento, diciendo que no le interesaba la detención.

Y eran ladrones o conocidos del ambiente que fueron sorprendidos con armas ilegales. O un sujeto violento que casi mata a la mujer de un ladrillazo en la cabeza. Entonces, o Miquelarena tiene un doble discurso o sus subordinados no le obedecen y hacen lo que quieren, no trabajan.

La misma policía asegura que encontrar un fiscal los fines de semana para ellos es complicado; que deben tratar con un funcionario de la fiscalía que dejan de guardia pero que no tiene poder de decisión.

El magistrado la solicitó por cuestiones médicas. Se decidió la conformación de un nuevo tribunal en el caso de abuso.

En las últimas horas del miércoles 16 de febrero del corriente, se definió una nueva integración del tribunal que tendrá a su cargo el juicio oral por un presunto hecho de abuso sexual, ocurrido en Playa Unión, en el año 2012 y en el cual, hay tres personas imputadas.

La licencia de uno de los jueces designados originalmente, por motivos de estricto orden médico, motivó una nueva integración del tribunal de juicio, que ahora quedará compuesto por las juezas Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini.

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 300 del Código Procesal Penal de Chubut, a partir de ser notificadas las partes sobre la conformación del tribunal, las mismas quedan habilitadas, por un plazo de cinco días, a plantear recusaciones sobre los jueces.

Por este motivo, la fecha de inicio del debate se ha pospuesto para el día jueves 24 de febrero del 2022, a las 9.30, en la Oficina Judicial de la ciudad de Rawson.

Se trata del juez Paulo König quien había sido acusado por el miembro del Superior Tribunal de Justicia Mario Vivas por su participación en otro expediente, que involucró al ex juez Martín Alesi.

König, en diálogo con Radio Chubut, aseguró que el caso abierto en su contra es «inédito en el país» porque se pretendió criminalizar una acción donde no había delito.

«Me tuvieron dos años bajo proceso» sostuvo el juez laboralista quien consideró un despropósito el accionar no solo por la causa en sí, sino por los recursos que se malgastaron en algo que no constituía un delito.

Valoró el trabajo de sus abogados defensores, en referencia a Alfredo Pérez Galimberti y Hugo Arnaldo Barone.

Recordó que contó con el apoyo de dirigentes de organizaciones defensoras de derechos humanos y de otros actores sociales y políticos de la zona que fallecieron en este tiempo.

El desenlace se produjo cuando propio fiscal general asignado, Daniel Báez, desistió de seguir porque «no había podido conseguir pruebas».

Dijo que, en el fondo, más allá de lo que significó para él, terminó ganando el sistema judicial porque de haberse dictado una condena contra un juez de primera instancia por una causa que se impulsa desde la cúspide del poder judicial, hubiera sido «un escándalo» que limitaría la capacidad de trabajo de los magistrados que están en la base del sistema.

Facundo Molares tenia pedido de captura internacional, por pedido de la Justicia de Colombia que lo investiga por ser un presunto integrante de las FARC y acusado de varios delitos, entre ellos secuestro. El operativo de detención se realizó con Policía Federal e INTERPOL.

Este domingo la Policía Federal e INTERPOL detuvieron en Trevelin a Facundo Molares Schoenfeld, hijo de Juez de Paz de Trevelin; a partir de un pedido de captura internacional emitido por la Justicia de Colombia.

En la Nación latinoamericana se lo investiga por ser un presunto integrante de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y se lo acusa de una serie de delitos.

El caso se había dado a conocer en noviembre de 2019 cuando el hombre fue internado en Bolivia en grave estado tras haber sido herido en medio de las protestas que terminaron forzando la renuncia del Presidente, Evo Morales.

Morales Schoenfeld logró regresar a la Argentina y se encontraba en Trevelin hasta este domingo, que fue capturado por las fuerzas federales y se inició así el proceso correspondiente.

En Colombia se lo acusa de delitos como “secuestro extorsivo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido de uso privativo de las fuerzas armadas; y utilización ilegal de uniforme e insignias”, entre otros.

Uno de los casos puntuales en los que se lo involucra es el del secuestro de un concejal del Municipio de Garzón Huita, Armando Acuña, quien fue mantenido cautivo durante 20 meses, siendo asesinadas varias personas por este hecho, entre ellos civiles y militares.

Las actuaciones ahora se encuentran en manos del Juzgado Federal de Esquel, a cargo del juez Guido Otranto; y el sujeto se encuentra alojado en la sede Esquel de la Policía Federal.

Parece que la intención del devaluado ministro de Arcioni y de su séquito enquistado en la Jefatura de Policía es poner a la ciudadanía en contra de la magistrada, en un operativo que comenzó, en el mismo medio, el día en que Massoni salió públicamente a maltratar a la jueza de Trelew, después que le declarara ilegal un procedimiento en el que anduvo haciéndose el “policía bravo” deteniendo a punta de pistola a una persona, que supuestamente le había dado refugio a un presunto homicida escapado de Santa Cruz.

La jueza Mirta Moreno en ese mismo acto –que fue la audiencia de control de detención a la que llevaron al acusado de un crimen en Caleta Olivia y al sujeto aprehendido ilícitamente por Massoni–, le atribuyó al ministro mimado del gobernador Arcioni la comisión de varios delitos y solicitó que la fiscalía lo investigue, cosa que hasta el momento no se ha hecho: (adivinen por qué). Porque los fiscales de Miquelarena no avanzan, copiando la misma actitud que vienen teniendo en la infinidad de denuncias que en el último año y medio le han hecho a Massoni.

Desde ese momento, “todo lo que haya contra la jueza Moreno hay que difundirlo”, reveló a este portal una fuente que casi habitualmente ve al impresentable de Paulino Ramón Gómez (el director de Seguridad de la policía provincial) y a sus secuaces mandar gacetillas a “la prensa amiga” con mala publicidad para la magistrada.

No es coincidencia que la jueza Mirta Moreno este saliendo en la tapa del diario “alquilado” por Massoni en las últimas semanas con crónicas tendenciosas en las que se informa mal o a medias las medidas que ordena la magistrada.

Así lo determinó el juez de garantías David Mancinelli, tras el pedido de la fiscal Verónica Zamboni. Los nueve procesados- que cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero-  están imputados como coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Los rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa el verano pasado, enfrentarán un tribunal integrado por tres jueces, tras haber renunciado a un juicio por jurados; así lo determinó el juez de garantías David Mancinelli tras el pedido de la fiscal Verónica Zamboni.

La calificación es por homicidio agravado por alevosía y por la cantidad de participantes. Según el pedido hecho por el magistrado, el ataque a Fernando Báez Sosa aquella noche del 18 de enero de 2020 habría estado preparado. Y la Justicia determinó que los acusados tuvieron roles diferenciados para atacar a golpes a la víctima y bloquear algún tipo de ayuda.

La semana pasada, los acusados por la muerte a golpes presentaron un pedido para no ser sometidos a un jurado popular y solicitaron la nulidad del requerimiento de la elevación a juicio, algo que no prosperó. El abogado de los imputados, Hugo Tomei, presentó su oposición ante la fiscal y pidió el cese de la prisión preventiva para los detenidos.

Se trata de Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), quienes cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Según informa TN, al momento de renunciar a ser juzgados frente a un tribunal popular, el abogado Tomei señaló que, “según expresó cada uno de ellos, la decisión fue condicionada por la incuestionable y lapidaria condena social que se instaló” a través de los medios de comunicación, que “dieron a conocer distintas constancias del expediente y realizaron una intolerable saturación de las imágenes contenidas en distintos videos que integran el material probatorio”.

Fuente: ADNSUR.

El juez federal Javier Pico Terrero fue denunciado penalmente este martes por «intromisión en decisiones que son ajenas al derecho y propias de la ciencia médica» tras haber admitido como válida la medida cautelar que ordenó al Sanatorio Otamendi y Miroli a tratar con dióxido de cloro a un paciente en estado crítico con coronavirus y que «podrían haber tenido injerencia» en el fallecimiento de un hombre de 93, indicaron fuentes judiciales.

Según la denuncia, la mala praxis jurídica pudo haber tenido injerencia en el fallecimiento de Oscar Jorge García Rúa «a partir de la orden de aplicar tratamientos médicos no autorizados por la Anmat, sin estudios científicos de eficacia comprobada y sin ensayos clínicos conforme lo establece la legislación vigente en nuestro país».

«No se debe judicializar la medicina, se deben respetar los criterios médicos que tengan aval científico y respaldo en las asociaciones médicas y sociedades científicas reconocidas legalmente», continúa.

Mischanchuk recordó que el magistrado hizo lugar a la presentación judicial realizada por el hijastro del fallecido para que reciba «urgente la administración de nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y la aplicación de dióxido de cloro», y ordenó al sanatorio porteño a «garantizar la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante».

El letrado alertó que «la decisión judicial podría sentar jurisprudencia para recetar tratamientos que no están autorizados por las entidades regulatorias correspondientes».

«Resulta imperioso saber si la decisión del magistrado se basó en evidencia científica o, si por el contrario, estamos frente a una posible intromisión por parte de un hombre de derecho en la ciencia médica», apuntó la denuncia.

Además, señaló que debe determinarse «si la orden del magistrado fue cumplida, en qué dosis se habría administrado la terapéutica y quién proveyó los productos para establecer si ello guarda relación con el lamentable óbito del paciente».

Fuente: Telam

La Justicia Federal falló a favor de una medida cautelar y obligó al Santatorio Otamendi a suministrarle dióxido de cloro intravenoso e ibuprofeno inhalado a un paciente que está internado en grave estado con coronavirus. La institución apeló el fallo.

Luego de que la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) alertaran sobre la peligrosidad que conlleva consumir esta sustancia, el juez federal subrogante Javier Pico Terrero dispuso que se le administre al paciente Oscar Jorge García Rúa, según publicó el diario Perfil.

El jueves 7 de enero, el hijastro del hombre, José María Lorenzo, realizó una presentación judicial para que el marido de su madre, quien había fallecido el día anterior por la misma enfermedad, recibiera en carácter urgente la administración de nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro, terapia que fue recetada por el neurocirujano del paciente, Dante Converti (MN: 50.660).

El juez federal subrogante hizo lugar a la solicitud de la familia del paciente al considerar que «la cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora», y dictaminó que el sanatorio porteño deberá «garantizar la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante». Ante esto, la institución de salud apeló la medida cautelar.

El polémico fallo encendió las alarmas de toda la comunidad médica porque podría sentar jurisprudencia para recetar tratamientos que no están autorizados, no sólo en el caso de esta sustancia tóxica en particular, sino para otras de igual peligrosidad. «Es una decisión aberrante», coincidieron expertos en bioética.

El presidente de la SADI, Omar Sued, en diálogo con el mismo medio manifestó: «Que un juez decida que un médico tiene que aplicar una sustancia para la cual no hay ninguna evidencia científica es realmente preocupante, sobre todo cuando es en forma endovenosa. No es decisión de un magistrado administrar una medicación que no conoce en un paciente, no es su rol».

Sued, además, puso la lupa en otro hecho alarmante que es que haya profesionales que lo prescriben como tratamiento: «El Ministerio de Salud debería evaluar cuál es la legitimidad que tiene un médico para recomendar terapia que la misma ANMAT alerta su riesgo de toxicidad».

Mientas se trata la apelación presentada, el Sanatorio Otamendi administró al paciente, aclarando que no fue bajo su responsabilidad, ibuprofeno inhalado una terapia que no está autorizada como tratamiento para el coronavirus ya que no se comprobó su eficacia; y el dióxido de cloro, sustancia que tiene comprobada su toxicidad y en el país se registraron muertes sobre todo en menores.

Un tribunal iraquí emitió el jueves una orden de arresto nacional contra el presidente estadounidense saliente, Donald Trump, en el marco de la investigación sobre la eliminación de Abu Mehdi Al Muhandis, poderoso comandante de los pro-Irán en Irak, asesinado el año pasado junto al general iraní Qassem Soleimani.

En junio, Irán había emitido una orden de detención y exigido la emisión de una notificación ante Interpol contra Trump por la muerte del general Soleimani, procedimiento que hasta ahora no tuvo éxito.

El dron que atacó los vehículos de los dos hombres, el 3 de enero de 2020 en el aeropuerto de Bagdad, despegó por orden de Trump, quien, días más tarde, se alegró de haber eliminado “dos (hombres) por el precio de uno”.

El tribunal de investigaciones de Rusafa, el sector oriental de Bagdad, “decidió emitir una orden de detención contra el presidente saliente de Estados Unidos Donald Trump en conformidad con el artículo 406 del Código Penal iraquí”, detalla un comunicado de la autoridad judicial.

Este artículo prevé la pena de muerte para todo homicidio premeditado. El tribunal asegura haber concluido la investigación preliminar, pero “las investigaciones continúan para descubrir a los demás autores de este crimen, ya sean iraquíes o extranjeros”.

Desde hace un año, los partidarios de Irán en Irak no cesan de acusar de complicidad en estos asesinatos al primer ministro iraquí Mustafa al Kazimi, en ese momento jefe de los servicios secretos.

Con las conmemoraciones del primer aniversario de la muerte de los dos hombres, el clima político -ya tenso al acercarse las legislativas prometidas en junio- se ha vuelto nocivo.

En el dia de ayer, La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió a los dirigentes de Estados Unidos, que ordenaron el asesinato del general iraní hace un año, que no tendrán tranquilidad “ni en el interior de sus casas”.

“Antes hemos dicho y ahora también lo decimos que la derrota y la venganza han comenzado y ustedes ya no podrán tener tranquilidad ni en el interior de sus casas”, subrayó en un discurso el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Esmail Qaani, sucesor de Soleimaní en ese puesto.

Qaani aseguró que todos los implicados en el asesinato, desde el presidente estadounidense, Donald Trump, a su secretario de Estado, deben saber que “no pueden matar al héroe de la lucha contra el terrorismo en la región y luego vivir cómodamente”, según la agencia oficial IRNA.

Fuente: AFP

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut decretó tres días de duelo por el fallecimiento del Dr. Omar Higinio Magallanes, Juez de Ejecución de la ciudad de Esquel y dispuso que la bandera nacional permanezca izada a media asta en todas las dependencias del Poder Judicial de Chubut.

A través de la Resolución de Superintendencia N° 9530/21 y con las firmas de los Ministros Mario Luis Vivas y Alejandro Javier Panizzi, se expresa “el sentimiento de pesar del Poder Judicial de la Provincia del Chubut ante el deceso del Sr. Juez de Ejecución de la Ciudad de Esquel, Circunscripción Judicial V, Dr. Omar Higinio Magallanes”.

En el segundo artículo de la resolución se decreta duelo por el término de tres días, “a partir del día de la fecha, y disponer que la bandera nacional permanezca izada a media asta en todas las dependencias del Poder Judicial de la Provincia, por igual término”.