Tag

Juez

Browsing

La Legislatura de Chubut recibió este miércoles un pedido de juicio político contra el juez y ministro del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez, por hechos por los cuales debería ser destituido.

La solicitud fue presentada por el abogado Alfredo Pérez Galimberti, quien cuestionó el mal desempeño de Báez en un gravísimo hecho de abuso sexual infantil.

“Báez, mientras ocupaba la Jefatura de la Oficina de Puerto Madryn del Ministerio Público Fiscal, realizó diversas maniobras espurias y avaló y/o instruyó otras desarrolladas por otros miembros de la Fiscalía que conducía, con el objetivo claro de frustrar el avance de una causa en la que Se ventilaban gravísimos hechos de abuso sexual perpetrados a un menor en su seno familiar”, aseguró Pérez Galimberti.

El letrado indicó asimismo que “esa situación expuso al niño victima de estos hechos a un completo de estado de indefensión y abandono por parte del sistema que debía protegerlo, vulnerando de plano y sin ningún escrúpulo sus derechos, especialmente intentando privarlo del derecho de acceso a la justicia y exponiéndolo a una brutal revictimización”.

“El caso en cuestión se encuentra plagado de actos que importan un injustificado cambio de criterios; la actitud pendular del MPF es suficiente para poner en cuestionamiento su desempeño, su habilidad moral, el cumplimiento de los deberes a su cargo evidencia el desconocimiento inexcusable del derecho por parte del entonces fiscal jefe de Báez”, remarcó.

Por otro lado, se lo acusó a Báez además de “nepotismo judicial” por la “designación de su hijo en el MPF sin concurso” y “su participación en el jury del fiscal Rivarola”.

“La actuación de Baez, ahora como juez del Superior Tribunal de Justicia, en derredor a la designación directa, sin concurso de su hijo, en cl MPF también denota una evidente inhabilidad ética y moral que se traducen en un incumplimiento de los deberes a su cargo y posibles faltas o delitos en el cumplimiento de sus funciones”, describió el abogado.

Al ministro del STJ se le cuestiona también su participación en la “Causa López”.

Por todos estos hechos denunciados, el abogado Pérez Galimberti consideró que a Báez se le debe realizar un juicio político y que debe ser removido de su privilegiado cargo.

Concretamente, las causales de la destitución de Báez se encuentran como “incumplimiento de los deberes a su cargo”, pero también podrían ser abarcadas por las causales de “faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones” y “desconocimiento inexcusable del derecho”.

La jueza de ejecución, Karina Breckle, evalúa la situación de detención de la ex ministra Leticia Huichaqueo, quien busca el arresto domiciliario debido a problemas de salud y estrés. La magistrada visitó el lugar de detención y recabó testimonios para fundamentar su decisión.

La jueza de ejecución, Karina Breckle, se encuentra evaluando la situación de detención de Leticia Huichaqueo, ex Ministra de Familia de Chubut, quien busca obtener el beneficio de arresto domiciliario debido a problemas de salud y estrés agravado por su encierro en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP).

Huichaqueo purga una condena de cuatro años de prisión en la causa conocida como “Royal Canin”. Esta condena se relaciona con la venta ilegal de alimentos para perros donados por la empresa Royal Canin durante la emergencia climática que afectó principalmente a Comodoro Rivadavia en marzo y abril de 2017.

La magistrada Karina Breckle, encargada de resolver la situación de detención, recorrió el IPP y conversó con personas detenidas en el lugar, así como con personal penitenciario y de salud. Además, la jueza escuchó testimonios de profesionales médicos, incluyendo al médico de cabecera de Huichaqueo, una psicóloga y una psiquiatra que la atendieron en las últimas semanas.

La defensa de Huichaqueo, a cargo del abogado Javier Romero, presentó la solicitud de arresto domiciliario basándose en los problemas de salud que padece la ex funcionaria, que incluyen diabetes, hipertensión y un alto nivel de estrés agravado por su encierro. La petición también destacó la preocupación por su bienestar general y su integridad física.

Además de los testimonios y argumentos presentados por la defensa, la jueza Breckle anunció que los testimonios recabados y el informe del Cuerpo Médico Forense serán cruciales para fundamentar su resolución final. La decisión de la jueza sobre el arresto domiciliario se espera dentro del plazo legal estipulado.

La ex ministra Huichaqueo, a pesar de su condena, insiste en su pedido de arresto domiciliario, enfatizando su estado de salud y su situación emocional. La resolución de la jueza determinará si se otorga el beneficio de arresto domiciliario o si Huichaqueo continuará cumpliendo su condena en el IPP.

Cabe mencionar que la sentencia que condena a Huichaqueo en la causa “Royal Canin” pasó por todos los controles judiciales y se encuentra en firme. La jueza Karina Breckle se encargará de analizar los elementos presentados y los testimonios recabados para tomar su decisión final.

El juez penal Marcelo Nieto Di Biase a cada tanto da que hablar con sus polémicos fallos, generalmente carentes de sentido común.

En la ciudad de Trelew, una adolescente sufría violencia de género por parte de su pareja, el padre de la menor lo denunció y el primer magistrado que entendió en la causa, el juez de Paz Jorge Narez, dictó una medida cautelar donde le prohibió al hombre acercarse  al domicilio de la chica.

En el 2019 la pareja de la menor pasó por alto el mandamiento judicial y se presentó en la vivienda, por lo que la joven llamó a la Policía y los efectivos lo detuvieron por desobediencia.

Tristemente, el expediente judicial cayó en las peores manos, el magistrado Marcelo Nieto Di Biase fue el encargado de entender en la falta cometida por el sujeto, a lo que decidió no dar curso a ninguna sanción en su contra pero sobre todo, cometió la locura de dejar sin efecto la prohibición de acercamiento dictada por el juez de Paz, dejando así a la muchacha a merced de cualquier peligro en manos del denunciado.

Di Biase, dando lugar a los pedidos del abogado defensor del acusado, sostuvo la incompetencia judicial del juez de Paz Narez y por lo tanto decretó la “atipicidad de la conducta” (inexistencia del delito de desobediencia).

Juez Marcelo Nieto Di Biase

La fiscal Silvana Lagarrigue impugnó esta decisión argumentando que Di Biase se habría pasado por alto todo un repertorio de tratados y leyes internacionales.

Es que en rigor de la verdad, este es un caso muy particular puesto a que hay una superposición de regímenes legales, en lo que respecta a que no solo se trata de una mujer que debería estar amparada por las leyes que combaten la violencia de género, sino que también se trata de una menor, y por lo tanto la asiste un régimen normativo adicional compuesto por leyes que combaten la violación de los derechos del niño, niña y adolescente.

Hizo caso omiso del deber constitucional que le corresponde a él como agente estatal de obrar con la debida diligencia en pos de “prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres”, esto de acuerdo al artículo 7, inciso b) de la convención de Belém do Pará, incorporada a nuestro sistema jurídico a través de la ley 24632.

Por otro lado, habría también violado las reglas establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y/o Adolescente, en su rol de magistrado.

Di Biase, que es juez desde hace muchos años y encima profesor de Derecho en la carrera de abogacía de la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco, debería conocer al dedillo todas estas normas habida cuenta de que se encargan de regular cuestiones tan delicadas.

La impugnación llegó al Superior Tribunal de Justicia y los ministros terminaron revocando la sentencia de Di Biase, es decir dándole la razón a la fiscal Lagarrigue.

Como consecuencia, Di Biase no solo habría violado los derechos de la mujer, sino también los derechos del niño y hay rumores que vaticinan una posible denuncia en el Consejo de la Magistratura por “desconocimiento de derecho”, algo que le podría costar su trabajo de juez, lo que le impediría pagar su afición de aviador con los fondos de los chubutenses.

Fue durante una audiencia que se realizó este viernes en el Juzgado Federal de Bariloche. Uno de sus abogados defensores afirmó que “no hay fecha de juicio por ahora”.

Facundo Jones Huala expresó ante el Juez su negativa a ser extraditado a Chile y afirmó que es “un preso político”.

El abogado Eduardo Soares, que asumió  -junto con Gustavo Franquet- la defensa de Jones Huala, informó que el viernes tuvieron la primera audiencia en el Juzgado Federal de Bariloche, presidida por el juez Gustavo Villanueva.

Señaló que “Se le tomó declaración a Facundo, básicamente los datos personales, y se le preguntó expresamente si consentía o no la extradición. Facundo se negó, dijo que no consiente la extradición y alegó además que es un preso político”.

De esta manera, agregó que “su carácter de preso político invalidaría la extradición toda vez que la ley de extradición expresamente contempla que la misma no será concedida cuando los hechos por lo que se imputare al requerido fueran de carácter político”.

Explicó que también plantearon que el requerimiento de la documentación que envió el Estado de Chile “nombra a Facundo, y dice nacionalidad chilena, con lo cual nosotros entendemos que es un error o que se subsane o que implica una nulidad».

En este sentido, indicó que tendrán un tiempo para analizar la documentación y después se fijará la audiencia. “No hay fecha de juicio por ahora”, resaltó el abogado.

El lunes ingresó formalmente el pedido de extradición del Estado chileno para que la Argentina extradite a Jones Huala, quien fue detenido el 30 de enero en el quincho de una casa en El Bolsón. De esta manera, termine de cumplir la condena de 6 años de cárcel que le impuso en diciembre de 2018 el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia.

Fuente: Diario Rio Negro

Desde la misma policía dicen que ven que no tienen “ganas de trabajar” y que se nota cada vez que deben gestionar una orden de allanamiento de manera rápida y no lo hacen, o cuando liberan a detenidos, directamente, por teléfono. Una costumbre de la que el propio Miquelarena en algún momento llegó a quejarse, hace años, cuando se hablaba de la “puerta giratoria” en tribunales, de los presos que entraban y salían y del juez instructor que los soltaba por teléfono.

Hace no mucho tiempo, incluso, hizo declaraciones en las que les echaba la culpa a los jueces de liberar rápidamente a los delincuentes. “Planteó que pueden ponderar si un detenido debe ser encarcelado durante el proceso de investigación en función de la cantidad de hechos en los que quedó involucrado, entre otros puntos. Dejó en claro que el criterio de la Fiscalía es que los delincuentes detenidos en flagrancia queden presos”.

Si el jefe de todos los fiscales de la provincia dice esto públicamente, ¿cómo es que sus subordinados no lo cumplen? En Trelew, en estos últimos días hubo una sucesión de procedimientos con detenidos y ninguno está todavía preso. Es más, en algunos casos ni siquiera alcanzaron a llegar a la audiencia de control en tribunales, porque el mismo fiscal ordenó a la policía por teléfono que lo liberara desde el lugar del procedimiento, diciendo que no le interesaba la detención.

Y eran ladrones o conocidos del ambiente que fueron sorprendidos con armas ilegales. O un sujeto violento que casi mata a la mujer de un ladrillazo en la cabeza. Entonces, o Miquelarena tiene un doble discurso o sus subordinados no le obedecen y hacen lo que quieren, no trabajan.

La misma policía asegura que encontrar un fiscal los fines de semana para ellos es complicado; que deben tratar con un funcionario de la fiscalía que dejan de guardia pero que no tiene poder de decisión.

El magistrado la solicitó por cuestiones médicas. Se decidió la conformación de un nuevo tribunal en el caso de abuso.

En las últimas horas del miércoles 16 de febrero del corriente, se definió una nueva integración del tribunal que tendrá a su cargo el juicio oral por un presunto hecho de abuso sexual, ocurrido en Playa Unión, en el año 2012 y en el cual, hay tres personas imputadas.

La licencia de uno de los jueces designados originalmente, por motivos de estricto orden médico, motivó una nueva integración del tribunal de juicio, que ahora quedará compuesto por las juezas Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini.

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 300 del Código Procesal Penal de Chubut, a partir de ser notificadas las partes sobre la conformación del tribunal, las mismas quedan habilitadas, por un plazo de cinco días, a plantear recusaciones sobre los jueces.

Por este motivo, la fecha de inicio del debate se ha pospuesto para el día jueves 24 de febrero del 2022, a las 9.30, en la Oficina Judicial de la ciudad de Rawson.

Se trata del juez Paulo König quien había sido acusado por el miembro del Superior Tribunal de Justicia Mario Vivas por su participación en otro expediente, que involucró al ex juez Martín Alesi.

König, en diálogo con Radio Chubut, aseguró que el caso abierto en su contra es «inédito en el país» porque se pretendió criminalizar una acción donde no había delito.

«Me tuvieron dos años bajo proceso» sostuvo el juez laboralista quien consideró un despropósito el accionar no solo por la causa en sí, sino por los recursos que se malgastaron en algo que no constituía un delito.

Valoró el trabajo de sus abogados defensores, en referencia a Alfredo Pérez Galimberti y Hugo Arnaldo Barone.

Recordó que contó con el apoyo de dirigentes de organizaciones defensoras de derechos humanos y de otros actores sociales y políticos de la zona que fallecieron en este tiempo.

El desenlace se produjo cuando propio fiscal general asignado, Daniel Báez, desistió de seguir porque «no había podido conseguir pruebas».

Dijo que, en el fondo, más allá de lo que significó para él, terminó ganando el sistema judicial porque de haberse dictado una condena contra un juez de primera instancia por una causa que se impulsa desde la cúspide del poder judicial, hubiera sido «un escándalo» que limitaría la capacidad de trabajo de los magistrados que están en la base del sistema.

Facundo Molares tenia pedido de captura internacional, por pedido de la Justicia de Colombia que lo investiga por ser un presunto integrante de las FARC y acusado de varios delitos, entre ellos secuestro. El operativo de detención se realizó con Policía Federal e INTERPOL.

Este domingo la Policía Federal e INTERPOL detuvieron en Trevelin a Facundo Molares Schoenfeld, hijo de Juez de Paz de Trevelin; a partir de un pedido de captura internacional emitido por la Justicia de Colombia.

En la Nación latinoamericana se lo investiga por ser un presunto integrante de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y se lo acusa de una serie de delitos.

El caso se había dado a conocer en noviembre de 2019 cuando el hombre fue internado en Bolivia en grave estado tras haber sido herido en medio de las protestas que terminaron forzando la renuncia del Presidente, Evo Morales.

Morales Schoenfeld logró regresar a la Argentina y se encontraba en Trevelin hasta este domingo, que fue capturado por las fuerzas federales y se inició así el proceso correspondiente.

En Colombia se lo acusa de delitos como “secuestro extorsivo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido de uso privativo de las fuerzas armadas; y utilización ilegal de uniforme e insignias”, entre otros.

Uno de los casos puntuales en los que se lo involucra es el del secuestro de un concejal del Municipio de Garzón Huita, Armando Acuña, quien fue mantenido cautivo durante 20 meses, siendo asesinadas varias personas por este hecho, entre ellos civiles y militares.

Las actuaciones ahora se encuentran en manos del Juzgado Federal de Esquel, a cargo del juez Guido Otranto; y el sujeto se encuentra alojado en la sede Esquel de la Policía Federal.

Parece que la intención del devaluado ministro de Arcioni y de su séquito enquistado en la Jefatura de Policía es poner a la ciudadanía en contra de la magistrada, en un operativo que comenzó, en el mismo medio, el día en que Massoni salió públicamente a maltratar a la jueza de Trelew, después que le declarara ilegal un procedimiento en el que anduvo haciéndose el “policía bravo” deteniendo a punta de pistola a una persona, que supuestamente le había dado refugio a un presunto homicida escapado de Santa Cruz.

La jueza Mirta Moreno en ese mismo acto –que fue la audiencia de control de detención a la que llevaron al acusado de un crimen en Caleta Olivia y al sujeto aprehendido ilícitamente por Massoni–, le atribuyó al ministro mimado del gobernador Arcioni la comisión de varios delitos y solicitó que la fiscalía lo investigue, cosa que hasta el momento no se ha hecho: (adivinen por qué). Porque los fiscales de Miquelarena no avanzan, copiando la misma actitud que vienen teniendo en la infinidad de denuncias que en el último año y medio le han hecho a Massoni.

Desde ese momento, “todo lo que haya contra la jueza Moreno hay que difundirlo”, reveló a este portal una fuente que casi habitualmente ve al impresentable de Paulino Ramón Gómez (el director de Seguridad de la policía provincial) y a sus secuaces mandar gacetillas a “la prensa amiga” con mala publicidad para la magistrada.

No es coincidencia que la jueza Mirta Moreno este saliendo en la tapa del diario “alquilado” por Massoni en las últimas semanas con crónicas tendenciosas en las que se informa mal o a medias las medidas que ordena la magistrada.

Así lo determinó el juez de garantías David Mancinelli, tras el pedido de la fiscal Verónica Zamboni. Los nueve procesados- que cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero-  están imputados como coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Los rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa el verano pasado, enfrentarán un tribunal integrado por tres jueces, tras haber renunciado a un juicio por jurados; así lo determinó el juez de garantías David Mancinelli tras el pedido de la fiscal Verónica Zamboni.

La calificación es por homicidio agravado por alevosía y por la cantidad de participantes. Según el pedido hecho por el magistrado, el ataque a Fernando Báez Sosa aquella noche del 18 de enero de 2020 habría estado preparado. Y la Justicia determinó que los acusados tuvieron roles diferenciados para atacar a golpes a la víctima y bloquear algún tipo de ayuda.

La semana pasada, los acusados por la muerte a golpes presentaron un pedido para no ser sometidos a un jurado popular y solicitaron la nulidad del requerimiento de la elevación a juicio, algo que no prosperó. El abogado de los imputados, Hugo Tomei, presentó su oposición ante la fiscal y pidió el cese de la prisión preventiva para los detenidos.

Se trata de Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), quienes cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Según informa TN, al momento de renunciar a ser juzgados frente a un tribunal popular, el abogado Tomei señaló que, “según expresó cada uno de ellos, la decisión fue condicionada por la incuestionable y lapidaria condena social que se instaló” a través de los medios de comunicación, que “dieron a conocer distintas constancias del expediente y realizaron una intolerable saturación de las imágenes contenidas en distintos videos que integran el material probatorio”.

Fuente: ADNSUR.