El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi interrogarán hoy al coordinador de Gestión de Urgencias de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Roger Edgar Grant, señalado como un «ejecutor directo» en la presunta trama de coimas y contrataciones irregulares del organismo.
Según el dictamen fiscal, Grant habría intervenido en manipular compulsas de precios y favorecer a un grupo reducido de droguerías, siendo su rol considerado «indispensable» para la ejecución del esquema investigado.
Un funcionario señalado como operador de la trama
El Ministerio Público sostiene que Grant actuaba siguiendo las órdenes directas del entonces director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, otro de los principales imputados en la causa. Su presunta labor incluía el armado de compulsas de precios (licitaciones abreviadas), la habilitación de proveedores y la manipulación de los tiempos del sistema informático SIIPFIS, coordinándose con operadores externos del sector privado.
La ANDIS en el centro de una investigación millonaria
La causa investiga una presunta asociación ilícita al interior de la ANDIS que habría desviado más de $43.000 millones de pesos mediante un sistema de «compulsas reducidas». En este esquema, un puñado de droguerías era favorecido con adjudicaciones a precios inflados, obteniendo ganancias ilegítimas a costa de las arcas públicas. La investigación ya cuenta con 15 imputados, entre ellos el ex director ejecutivo del organismo Diego Spagnuolo y el empresario Miguel Ángel Calvete.
Un contexto de crisis y denuncias de arbitrariedad
La causa por corrupción avanza mientras la ANDIS atraviesa una crisis profunda. En paralelo, recibe denuncias por haber suspendido masivamente pensiones no contributivas por discapacidad.
Un fallo judicial reciente declaró ilegales esos recortes. El tribunal ordenó restituir los beneficios, ya que consideró que la agencia actuó de forma arbitraria. Además, no garantizó el derecho a la defensa de las personas afectadas.
Así, el organismo enfrenta un doble desafío. Por un lado, debe garantizar la transparencia en sus procesos de compra. Al mismo tiempo, tiene que asegurar la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad.
La indagatoria a Grant busca profundizar en la reconstrucción de la cadena de responsabilidades que, según la acusación, permitió montar un circuito paralelo de decisiones dentro de la ANDIS. La investigación avanza mientras el organismo, creado para promover los derechos de las personas con discapacidad, intenta implementar un nuevo modelo de gestión que promete mayor transparencia para dejar atrás las prácticas «opacas» que caracterizaron su operación. Información extraída del medio Noticias Argentinas.