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Lo aseveró Alejandro Gilardino, ex ministro coordinador de Gabinete y ex secretario de Pesca respecto de su sobreseimiento en la causa “Ñoquis Calientes”. También había sido implicado en torno a la Emergencia Climática de Comodoro de 2017. “En las dos causas que estuve fui sobreseído por la misma fiscalía que me acusó”, remarcó. AUDIO COMPLETO.

“En lo único en lo que voy a discrepar con la fiscalía es que si me hubieran escuchado desde un principio se hubieran dado cuenta que nunca hubo un delito, un ardid o una intencionalidad de hacer un fraude al Estado”, sostuvo Gilardino este miércoles una vez que recibió la notificación en la Oficina Judicial de Rawson en medio de la audiencia preliminar.

“Hace cinco años que no tengo ninguna vinculación con el Estado, que no ocupo ningún cargo público, renuncié en el 2017, di mis motivos en su momento. Después pasó lo que pasó, siempre me ajusté a derecho, di mis puntos de vista donde los tenía que dar que siempre fueron en el marco de un expediente judicial”, fundamentó.

“En las dos únicas dos causas que estuve fui sobreseído por la misma fiscalía que me acusó porque no pudo demostrar los hechos que en un principio entendía que podrían haber constituido algún delito”, destacó.

“Pero más allá de la tranquilidad que uno puede tener de saber que hizo las cosas bien está el daño que dejó en la opinión pública esta acusación porque mañana no saldrá en la tapa del diario como salió en el momento de la acusación Gilardino esto, Gilardino lo otro”, reprochó.

“Pasará desapercibido y serán pocos los medios que llamarán para aclarar el tema, como fueron pocos los que llamaron en su momento para escuchar la versión de primera persona”, consideró.

“Esa condena social está, me ha afectado mucho en lo personal y en lo laboral porque vivo de mi profesión, pero me aferré a la familia, a los amigos y estaba tranquilo de que todo se iba a aclarar”, aseguró.

“Lo que pasa es que es lento, pasaron dos años de algo en la que involucraron a mi madre, totalmente innecesario. Si yo hubiera querido ser asesor de cualquier funcionario lo hubiera sido porque me lo han ofrecido, pero elegí no serlo porque estoy bien en mi profesión y no tengo interés de volver a participar en el Estado”, insistió Gilardino.

“Hubo intención de contratar a mi madre porque tenía antecedentes de haber trabajado en temas con vinculación social, fue presidenta de una fundación y de la cooperadora del Hospital”, aclaró.

Gilardino fue acusado de recibir parte del dinero que supuestamente cobró su madre producto de un cargo público.

“La acusaron de algo que no fue y me metieron al medio a mí y porque además es un hecho separado al tema Otarola”, se quejó.

“No sé si hubo intencionalidad política, yo apenas fui funcionario dos años, tengo relación con muchos funcionarios, pero a mí no me echó nadie, renuncié yo porque no compartía determinadas cuestiones que pasaron y en su momento les di las explicaciones al que se las tenía que dar, al gobernador Das Neves, y después les doy explicaciones a la Justicia y a la AFIP”, expuso.

“En la Emergencia Climática también fui acusado porque mi firma estaba en todos los expedientes, yo era el último responsable, pero de ahí que supiera de lo que estaba pasando, que tenía intenciones de hacer fraude con las compras era otra cosa”, subrayó.

“Pero si me hubieran llamado de entrada, porque esto surge de la declaración de un pelotudo de apellido Sandoval al que ni siquiera le conozco la cara, me hubiera evitado estar dos años de estar en la tapa del diario, de periodistas y de la sociedad, que no es grato ni gratis, eso tiene un costo”, disparó.

“El tiempo va aclarando, entiendo que la Justicia hace su trabajo, pero podría haber actuado de otra manera, al doctor (Omar) Rodríguez no lo conozco, nunca tuve trato con él, lo respeto porque me parece que hace un buen trabajo, y entiendo los procedimientos y por eso me acogí siempre a la Justicia”, reiteró en el final.

Diputados que integran la Comisión de Energía, entre los que se encuentra la diputada nacional por Chubut de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, citaron al ex ministro de la Producción, Matías Kulfas, para responder preguntas sobre sus dichos acerca de un posible direccionamiento del pliego licitatorio para la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que cuenta con un presupuesto cercano a los 600 millones de dólares, correspondiente a la provisión de caños.

Romero, que ejerce el cargo de secretaria de la Comisión de Energía, acompañó el pedido para citar a Kulfas a una reunión de Comisión Informativa junto al Secretario de Energía del Ministerio de Economía, Darío Martínez, y al Subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Kulfas había declarado el viernes en la Justicia y negó conocer actos de corrupción en relación a la licitación del gasoducto.

“Es necesario que el exfuncionario esclarezca la denuncia que efectuó y le valió el pedido de renuncia por parte del presidente Alberto Fernández. Junto con otros miembros de la Comisión de Energía sostenemos que frente a las posibles irregularidades en el proceso licitatorio del Gasoducto Néstor Kirchner, es indispensable que el exfuncionario clarifique esta situación frente a la sociedad, como representantes de los ciudadanos es nuestra obligación exigir respuestas».

En este mismo sentido la citación sostiene que la Cámara de Diputados de la Nación representa de forma directa a todos los ciudadanos “que necesitan explicaciones respecto a una obra de tal magnitud que ha sido objetada de irregularidades por un funcionario público». Los diputados también pidieron la presencia de la Subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, y del presidente de Integración Energética Argentina S.A.(IEASA), Agustín Gerez.

«Los ciudadanos merecen una respuesta urgente sobre lo manifestado por el ex ministro y como oposición vamos a garantizar una efectiva rendición de cuentas para no malgastar el dinero de los contribuyentes. Promoveremos siempre el control entre los poderes enfatizando la transparencia en los actos del Estado como baluarte fundamental del sistema democrático», sostiene el pedido que acompaña la diputada Romero.

Este gasoducto fue licitado en 2019 por la gestión de Mauricio Macri, pero prorrogado varias veces desde la asunción de Alberto Fernández. Su construcción es vital para que la Argentina, que tiene capacidad de producir gas, pueda transportarla desde su lugar de producción, Vaca Muerta, hasta Buenos Aires. Los dos gasoductos que funcionan actualmente transportando gas desde la cuenca neuquina están colapsados. Avanzar en la construcción del nuevo gasoducto es vital para que el país deje de importar gas y pueda proyectar exportar.

Recordemos que el instituto provincial de la vivienda fue el eje central de la polémica este año por reincorporar empleados que fueron condenados por hechos de corrupción en el mismo organismo, los trámites para llevar a cabo las medidas actuales ¿estarán a cargo de esos mismos agentes?

El miércoles 3 de noviembre de este año volvieron a trabajar en el IPV los agentes Onieva, Acosta, Caro y Medina Consoli. Estos fueron condenados por llevar a cabo prácticas fraudulentas que consistieron en entregar viviendas a un grupo determinado de personas a cambio de coimas dinerarias entre los años 2011 y 2014, justamente en el mismo organismo.

Ahora, la titular del IPV Ivana Papaiani, salió a comunicar una nueva operatoria que consistirá en el sorteo de 200 créditos a ciudadanos con terrenos escriturados para que puedan construir viviendas en esos fundos.

¿Tenemos que confiar en que los procedimientos van a estar totalmente exentos de irregularidades? ¿O van intervenir también empleados con ganas de currar?

Todavía no hemos recibido ninguna respuesta de parte de Papaiani sobre cuáles fueron los motivos que la influenciaron a volver a sumar al plantel del IPV a esa gentuza, ¿existirán intereses espurios entre ella y esos personajes?

¿Tendrá algo que ver el hecho de que el organismo haya alcanzado un incremento de recaudación de un 12%? Según las declaraciones de Papaiani del 15 de abril de este año se debió al vigente sistema de recupero de cuotas, pero dados los antecedentes que presentan algunos integrantes de sus oficinas nos resulta inevitable dudar un poco.

Nota relacionada: Increíble: Fueron condenados por coimas y volvieron a trabajar en el IPV

Es el proyecto de Ficha Limpia. En la ciudad fue presentado en noviembre de 2020 por el concejal de Juntos por el Cambio, Rubén Cáceres, que adelantó que la semana próxima está previsto que se trate en Comisión para luego pasar al recinto. Es una iniciativa surgida de un movimiento nacional. Chubut fue la primera provincia en aprobarla, tras una presentación de Manuel Pagliaroni. Y en el Congreso uno de sus principales impulsores es Gustavo Menna.

El concejal de Trelew por Juntos por el Cambio, Rubén Cáceres, adelantó que la semana entrante el Concejo Deliberante tratará en Comisión el proyecto de Ficha Limpia, que el edil presentó en noviembre del año pasado.

Se trata de la iniciativa surgida de un movimiento ciudadano a nivel nacional que impulsa la prohibición para que se presenten como candidatas a cargos electivos u ocupen cargos relevantes en la Municipalidad personas con condena judicial por diversos delitos, especialmente los de corrupción.

La Ficha Limpia surgió en la Argentina a partir de una iniciativa ciudadana, sin banderías partidarias, desde la plataforma Change.org. y lleva reunidas más de 376 mil adhesiones de seguidores que piden que la iniciativa se replique en todas las provincias y municipios de la Argentina.

El diputado nacional Gustavo Menna ha sido uno de los principales impulsores del proyecto en el Congreso de la Nación, mientras que Chubut se convirtió, en noviembre del año pasado, en la primera provincia en sancionarlo como ley, a partir de una presentación del presidente del bloque de la UCR en la Legislatura, Manuel Pagliaroni.

Luego de Chubut, otras provincias como Mendoza y Salta la convirtieron en ley y la impusieron como condición para seleccionar a sus candidatos en sus distritos, mientras que en diciembre del año pasado se aprobó en Esquel, y también tuvo sanción en otras localidades como Puerto San Julián, Santa Cruz, y Villa La Angostura, Neuquén. En tanto, avanza su tratamiento en Córdoba y en Pilar, Buenos Aires.

“Desde el inicio de mi gestión me propuse impulsar iniciativas para implementar políticas de fomento de la transparencia en la Municipalidad de Trelew, por lo que me sumé a Ficha Limpia. Y el año pasado presenté el proyecto de ordenanza que, por distintas circunstancias, sufrió un retraso en su tratamiento en el Concejo”, comentó Cáceres.

Y agregó: “Ahora tenemos la expectativa de que sea sancionado antes de fin de año, ya que hay buena predisposición de los concejales”.

QUÉ CONTEMPLA

Explicó que “el proyecto contempla una inhabilitación que aplicará a quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos vinculados a la corrupción (cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles, asociación ilícita, entre otros) contra las personas, la integridad sexual, el estado civil, la libertad y contra el orden económico y financiero”.

Y añadió que el proyecto presentado en Trelew “va más allá, ya que prevé que tampoco podrán ser propuestos o designados como secretarios, coordinadores generales, coordinadores, asesores de Gabinete, directores de Entes Autárquicos, directores del Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos, vocales del Tribunal de Cuentas Municipal, miembros del Tribunal Electoral Municipal, integrantes del Tribunal de Faltas, secretarios legislativo y administrativo del Concejo Deliberante; y/o cualquier otra función de carácter político”.

En este sentido consideró el concejal que “es un proyecto importante de cara al futuro”, porque “ayudará a fortalecer los vínculos entre los gobernantes y funcionarios y los vecinos de la ciudad, quienes podrán confiar en que aquellos serán no solo personas idóneas sino que además respetarán los parámetros éticos y morales que implica el desempeño de cargos públicos”.

El sacerdote Héctor Coñuel fue condenado este lunes pasado por el delito de abuso sexual agravado de una menor de edad entre los años 2011 y 2012 cuando profesaba como cura en la parroquia “Nuestra Señora de la Paz”, ubicada en la ciudad de Trelew.

No fue el único caso, ya que había sido condenado anteriormente por el mismo delito cometido en repetidas ocasiones contra un niño en el interior de una parroquia ubicada en Victorica, provincia de la Pampa.

Coñuel también abusó sexualmente de un menor de edad dentro de una combi de la congregación salesiana que circulaba por varias localidades del norte de nuestro país, pero pese a tener todos estos antecedentes cargando en sus espaldas continuó ejerciendo como ministro de culto de ciudad en ciudad.

En el año 2019 finalmente fue detenido por las autoridades en Neuquén, pues avanzó una acusación en su contra por delitos sexuales perpetrados en Trelew, Chubut. Así que fue trasladado a los estrados judiciales de nuestra provincia para ser juzgado.

¿Quiénes eligieron defenderlo? los abogados Martín Sebastián Castro y Rodrigo Miquelarena. El primero, abogado personal de Massoni y, empleado de Massoni (Es director General de Prevención del Delito del Ministerio de Seguridad). El segundo es el sobrino del procurador general Jorge Miquelarena, jefe de fiscales señalado como protector de los amigos del poder.

La condena judicial del sacerdote y el caso detallado fueron difundidos por varios medios de comunicación del país, llegando incluso hasta la provincia de Chaco, donde aparecen los nombres de Castro y Miquelarena en el contenido de los artículos periodísticos.

Así que después de los ridículos videos de Massoni y la corrupción en la administración pública, volvemos a ser vergüenza nacional al resultar que empleados y amigos del gobierno provincial defienden a un cura violador.

Conforman la pata judicial de la mesa chica del poder, del que no nos podemos olvidar de otro peón indispensable, el fiscal general Fernando Rivarola, aquel autor intelectual de la frase “desahogo sexual” para explicar la conducta de los jóvenes miembros de “la manada” al presuntamente violar a una chica durante una fiesta, que tuvo lugar en Playa Unión en el año 2012.

Fiscal Fernando Rivarola

Esa frase la expresó para fundamentar un rebaje de acusación, porque debemos acordarnos que en un principio, a los jóvenes involucrados se los había imputado por “abuso carnal gravemente ultrajante”, una figura que iba a significar penas muy duras para los implicados; pero el fiscal Rivarola decidió que no era tan grave lo que habría pasado, así que decidió llevar la imputación a “abuso simple”, lo que iba a corresponder una pena más leve, explicando que se trató tan solo de un “desahogo sexual” la supuesta violación en banda que tuvo que padecer la joven víctima de 16 años.

Por supuesto que fue algo que cayó muy mal al nivel nacional, en lo que respecta a que no existió medio de comunicación en el país que no haya dedicado articulo criticando duramente la expresión del funcionario. Aunque nos quedamos cortos con hablar de “repercusión nacional”, ya que medios internacionales también se hicieron eco de la información, ejemplo de ello fue el diario español “El País”.

Luego, se tejió una hipótesis para nada descabellada: Rivarola estaba intentando beneficiar a “La Manada”; lejos de investigarlos como cualquier fiscal, estaba oficiando de abogado defensor de ellos. Pero ¿Por qué? Aparentemente porque los acusados integran un sector de la alta sociedad chubutense respetado por el poder público debido a la influencia de sus apellidos.

En su momento hasta el ministro de Seguridad Federico Massoni salió a criticarlo duramente y advirtiendo que iban a tomar medidas desde gobierno. Pero Rivarola terminó siendo empleado del mismo Massoni al tiempo, ya que formó parte, el año pasado, del grupo de capacitadores del Ministerio de Seguridad.

El caso del cura violador fue un manjar mediático al nivel nacional por diferentes portales periodísticos del país. Y la verdad que a un “plato gourmet” de corrupción como el que representaría el gobierno de nuestra provincia en todos los confines de la administración pública, para los medios de comunicación nacionales creemos que es un ingrediente que combina perfecto el hecho de que los abogados defensores del cura violador son justamente o empleados del gobierno o amigos del gobierno.

Los defensores del cura violador

Rodrigo Miquelarena, sobrino del procurador y jefe de fiscales Jorge Miquelarena (derecha), señalado por proteger a “amigotes” poderosos del gobierno.

Martín Sebastián Castro, conocido por ser abogado personal de Massoni, pero además… también empleado de éste, puesto a que se desempeña como director general de Prevención del Delito y también trabaja en la Policía del Chubut. Descartando el dinero que recibe de Massoni en la faz privada, está cobrando $197.472 del estado.

¿Hasta dónde estarían dispuestos a investigar los fiscales a un sujeto que es defendido por el sobrino del jefe de los fiscales? No lo sabemos a ciencia cierta, pero que es algo que nos hace bastante ruido también.

De todas maneras, afortunadamente la influencia del procurador general Miquelarena no habría sido suficiente en este caso, el cura abusador al fin y al cabo fue declarado culpable, y eso se puede deber a que entendieron en la causa los jueces, quizás, más imparciales de la provincia y que no estarían contaminados por el poder ejecutivo: Marcelo Nieto Di Biase, Mirta del Valle Moreno y María Tolomei.

Leé la nota relaciona: «Sobrino de Miquelarena y defensor de Massoni los abogados del cura violador»

El precandidato a senador de Juntos por el Cambio Chubut, Ignacio Torres, consideró vital concretar una reunión con los postulantes de otras listas de la UCR para asumir un compromiso de acompañamiento de cara a las elecciones generales, entendiendo que el principal objetivo es ponerle un freno al kirchnerismo.

El diputado nacional y precandidato a senador, Ignacio “Nacho” Torres, remarcó que la idea antes de la elección de las PASO “es reunirnos con el resto de los candidatos de las listas para asumir un compromiso de acompañamiento de cara a las generales, entendiendo que el verdadero enemigo es la corrupción, la desidia, la mentira y la demagogia”.

El joven dirigente del PRO que cuenta con el apoyo explícito de Horacio Rodríguez Larreta y con una ventaja en la interna de acuerdo a diversas encuestas, identificó que el principal objetivo sin importar los nombres “son las elecciones generales”.

“Por eso es importante que todos entendamos que esto no es una elección más. Al margen de los nombres propios, hay una batalla mucho más importante que dar de cara a las generales para ponerle un freno al kirchnerimso”, concluyó Torres en diálogo con Metadata Noticias.

Las sospechosas compras directas por 10 millones de pesos durante la Emergencia Climática de Comodoro Rivadavia. El juicio contra exfuncionarios y empresarios por presunta corrupción durante el temporal de 2017 continuaría la próxima semana

El debate por corrupción durante la Emergencia Climática que se realiza en el Retiro Espiritual de Rawson deja datos que llaman la atención. En la última audiencia –previo a la recusación de los fiscales por parte de los acusados- surgió que la empresa la Agrícola Srl, propiedad de Bruno Taurelli Chiribao, le vendió al Estado Provincial 466.000 kilos de leña en el marco de la Emergencia Climática.

“El transporte de casi medio millón de kilos de leña significa el transporte de 17 camiones” graficó el fiscal Omar Rodríguez para dar dimensión de los valores. Pero la leña nunca habría llegado en su totalidad a los productores. “Es parte de la prueba que queremos exhibir y demostrar que la totalidad de la leña no llegó a las personas afectadas”, indicó Rodríguez.

Otro dato. Se facturaron 10.000 fardos de pasto para animales y 11 mil kilos de carne. “Los 11 mil kilos de carne no era una compra lógica dentro de una emergencia climática, ya que –surge claramente de los testimonios rendidos- no había ninguna cámara de frio para resguardarla, recordemos que no había electricidad en Comodoro Rivadavia. Y tampoco el Ministerio de Familia tenía cámaras de frio”.

Tampoco era sensata la compra de 10 mil fardos de pasto para trasladar a una ciudad donde no hay cría de animales. El total de este dinero es superior a los 10 millones de pesos.

La causa Revelación ya tiene varios ex funcionarios de la gestión das Neves que fueron condenados en las últimas horas por haberse quedado con retornos por coimas con empresas de la provincia, en diálogo con FM DEL LAGO el Fiscal Napoli confirmó “en el día de ayer Pagani, Cisterna y Bortagaray quedaron detenidos, los defensores han impugnado esta resolución de prisión preventiva, ahora otro tribunal va a resolver, probablemente tienen chances de recuperar la libertad y pasar lo que resta hasta la impugnación de la cámara en libertad, pero en algún momento van a tener que cumplir la pena, Cisterna tiene una condena de 7 años y 8 meses, Pagani y bortagaray de 4 años y 6 meses, si no se altera este número van a tener que cumplir un buen tiempo privados de libertad, el tiempo pasa y la persona tarde o temprano recupera a libertad, muchas veces vemos cómo se reinventan y están nuevamente en el tapete político de la provincia, esto nos da un panorama alentador con esta pena que va a adosada a la inhabilitación perpetua”.

Respecto al patrimonio recuperado, el fiscal precisó “Carpintero tiene que devolver la casa del Barrio Bonarino en Trelew mas una multa de 12 millones, a Oca se le impuso una multa de 3 millones, después todo el recupero que fueron cuestionadas pero que han aumentado este monto de manera significativa”

Según la fiscalía, quedó probado que Das Neves era el Jefe de la Banda

Napoli dio detalles de la investigación que terminó con varios funcionarios dasnevistas tras las rejas, “ha quedado establecido que Das Neves era el jefe de la asociación ilícita, en un momento de escasez financiera estos empresarios pagaban retornos para adelantarse al cobro antes que otras empresas de menor cuantía, o quienes no tenían la posibilidad de acceder a los funcionarios públicos para realizar esta transacción, quienes tenían la mayor cantidad de obra pública era quienes digitar como cobrar, mucho de ese dinero se repartía en sobresueldos, a Chubut Somos Todos y los gastos de campaña por eso vamos a dar sentencia al Juzgado electoral, financiarse de ese modo va en detrimento de otros partidos políticos, competir con quien detenta la caja pública es desleal”.

Respecto a la participación de empresarios en el armado de la red de corrupción con la obra pública más grande de la historia de Chubut, el fiscal manifestó “había empresas que estaban en estado de quiebre financiero y eso se pudo corroborar, hubo otros que pagaban estas coimas sin reparos, esto o se cobraba en la re determinación de los pagos o se cargaba en la liquidación previa, los empresarios no perdían y hoy ninguno está quebrado”.

Consultado el fiscal sobre su visión del sector político y la corrupción, remarcó “yo creo que se cuidan más, creo que no puede erradicarse de un palmazo toda la actividad de corrupción de los gobiernos, creo que hay que magnificar los mecanismos de control ciudadano y tratar de minimizar la incidencia que esto actos tengan, necesitamos del ciudadano para avanzar en esto, en este caso hemos tenido la satisfacción por los testigos que se presentaron y declararon, mucho tuvo que ver con las segundas y terceras líneas de los ministerios de economía, infraestructura, vivienda, no todo el mundo es igual, hay gente de carrera que ha sido honesta, esto también va dedicado a ellos”.

En los detalles, Napoli contó que quien inició con el tramado de corrupción que lideraba Das Neves fue Cisterna, quien fue ministros de Economía “el primer pedido era a través de Cisterna, era quien había organizado el sistema de cobros, después cuando Cisterna se aleja tomó la posta Diego Correa quien toma la posta de esta asociación ilícita con gente que tenía diseminada en la provincia, el sistema estaba más que aceitado”.

Los fiscales de la Unidad Anticorrupción, presiones ante las investigaciones por corrupción que salpican al poder político

Napoli contó cuán difícil es para el grupo de fiscales que trabajan constantemente con causas que tienen que ver con la corrupción, poder avanzar en las investigaciones y poder llegar a juicio, al respecto admitió “las constantes denuncias en el consejo de la magistratura, a mí se me abrió un sumario durante el juicio Revelación con un juicio de 8 horas, me abrieron un sumario por juicio abreviado para dos imputados, cuando este está avalado por jurisprudencia, uno siente que los golpes vienen de varios lados, y no se corresponde con lo que uno está trabajando, una consejera de Esquel dijo que Napoli fue a la audiencia no leyendo un artículo, fue la consejera Nelly Garcia, no puedo ir a una audiencia no habiendo leyendo el artículo 355 del código procesal, uno hasta insulta la inteligencia, hay que reconocer el trabajo que se ha hecho, esto tiene un impacto a los demás fiscales de la provincia, tenemos un sueldo de primera y ese sueldo viene a reparar estos gajes, tener que atravesar estas situaciones que también nos afectan

Por último, en agradecimiento al equipo de la unidad especial, manifestó “agradezco a Iturrioz que ha sido uno de los impecables, al fiscal Gustavo Nuñez, la contadora Carlen, Ximena Villalba, Brian Lías, Juan Carlos Núñez que hemos sido un excelente equipo de trabajo”.

 

Desde la propia Casa de Gobierno, en Rawson, habían organizado una banda que se ocupaba de pedir coimas y pagar sobresueldos (a ellos y a otros leales a su causa). También utilizaban fondos del Estado para lavar activos; adquirir propiedades o realizar mejoras en las que ya tenían.

Por la causa Embrujo fue el único que quedó detenido. Ahora, tras el fallo por la causa Revelación, se le ratifica a Diego Correa que será el único que deberá cumplir una pena importante tras las rejas.

Fueron muchos exfuncionarios del tercer gobierno de Mario Das Neves los que participaron de las maniobras, pero a la hora de responder el único que tendrá un tiempo largo de meditación en la cárcel será Diego Correa, aquel policía federal que el exgobernador conoció cuando era titular de la Aduana nacional.

Hasta este martes a la mañana, también Víctor Cisterna, Alejandro Pagani y Martín Bortagaray pasarían un corto tiempo en la cárcel, pero un tribunal de segunda instancia entendió que no lo merecían, sino que bastaba con que cumplieran arresto domiciliario con tobilleras electrónicas.

El lunes se conocieron las condenas en primera instancia en la causa Revelación y ya allí se pudo apreciar que Correa volvía a ser el chivo expiatorio, dado que el resto recibió penas que hoy se pudo comprobar que no les harán pasar en prisión más tiempo que el que estuvieron cuando fueron detenidos hace tres años, al estallar las dos causas más grandes de corrupción de este siglo en Chubut: el 7 de marzo de 2018 la denominada “Embrujo”; y el 23 de mayo del mismo año la que se conoció como “Revelación”.

LOS NOTABLES

En ambas causas aparecieron involucrados notables del pasado mediato e inmediato, como el exdiputado nacional (2001-05) Víctor Cisterna; Alejandro Pagani (titular de Infraestructura en el último gobierno de Mario Das Neves, aunque había tenido influencia en los anteriores); los denominados alguna vez “jóvenes brillantes” Gonzalo Carpintero, Alberto Gilardino y Federico Gatica; el exministro de Economía, Pablo Oca; el extitular del IPV, Martín Bortagaray; y el inefable Diego Correa, quien a juzgar por los hechos era el verdadero hombre fuerte del último gobierno del malogrado Das Neves.

Estos fueron los dirigentes de más peso que llegaron a juicio, donde también se sentaron en el banquillo otros de menor rango y particulares que hicieron sus negocios con dineros del Estado.

Tal vez la jueza Ivana González –integró el Tribunal que juzgó la causa Revelación- fue quien mejor sintetizó el daño ocasionado por quienes integraron un gobierno que debía velar por los intereses comunes de todos los chubutenses.

“Fueron circunstancias graves y tenemos que tener en cuenta la expectativa de pena”, dijo en alusión a la cantidad de años a los que fueron condenados Cisterna, Pagani y Bortagaray (7 años y medio el primero y 4 años y ocho meses los otros dos).

“Se trata de ex funcionarios públicos y esta condición está relacionada con las posibilidades concretas de fugarse”, añadió la magistrada al reclamar la prisión de efectivo cumplimiento para los citados, sin privarse de destacar la “mesura” con la que se manejó el fiscal Marcos Nápoli, mencionado en los últimos días para integrar el Superior Tribunal de Justicia.

Además de los arriba citados, en esta causa también fueron juzgados el exministro de Economía, Pablo Oca, y el restante exsecretario privado de Das Neves, Gonzalo Carpintero. Ambos recibieron la pena justa para evitar la cárcel; es decir lo mismo que habían acordado el año pasado con el fiscal Nápoli en un juicio abreviado que finalmente no prosperó.

Aunque se los condenó a 3 años de prisión de efectivo cumplimiento, ambos se fueron a sus casas por el tiempo que ya habían estado en la cárcel y con arresto domiciliario.

EL EMBRUJO

La causa Revelación llegó a juicio un año después que la denominada Embrujo, donde los únicos condenados a prisión fueron Diego Correa y Diego Lüthers. El primero recibió entonces 10 años y en esta ocasión 5 y medio.

En la causa Embrujo, Lüthers mereció una condena de 5 años, pero ya tiene acceso a salidas transitorias.

Los otros condenados entonces –salvo Cristian Gisande- fueron todos particulares que una vez concluido el juicio partieron a sus casas: Daniela Souza; Natalia McLeod; Sandro Figueroa; Juan Carlos Ramón; Rubén Darío Reinoso; Jorge Aníbal Godoy y Federico Gatica.

En la tarde de este viernes, se llevó a cabo en la Oficina Judicial de Rawson, la audiencia de cesura para los ocho imputados en la causa Revelación, que investiga casos de corrupción en perjuicio del Estado chubutense. En este marco, el fiscal Marcos Nápoli solicitó la cantidad de años de condena para cada uno de los involucrados hallados penalmente responsables.

De ese modo, para el exministro coordinador de Gabinete Víctor Cisterna, el fiscal solicitó 7 años y 6 meses de prisión; en tanto que, para el exsecretario privado del entonces gobernador Mario Das Neves, Diego Correa (ya condenado anteriormente en la causa Embrujo, pidió 5 años y 6 meses. Por otro lado, para el exministro de Economía, Pablo Oca, y para el exsecretario de Correa, Diego Lüters, solicitaron 3 años de prisión.

Para el exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, la pena solicitada fue de 4 años y 10 meses, y para el expresidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Martín Bortagaray, pidieron 4 años y 8 meses.

Por último, para Gonzalo Carpintero, quien fuera mano derecha del gobernador Das Neves, solicitaron 3 años y para Martín Castillo, dueño de Industrias Bass y único empresario enjuiciado, pidieron 2 años de prisión.

Para siete de los imputados también se solicitó la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Solo quedó por fuera Martín Castillo, debido a que no se desempeñaba como funcionario.

Fuente: El Patagónico