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Ahora bien, viéndolo al fiscal Marco Napoli como un héroe en la cobertura que le dieron en las últimas horas los medios de la zona, la pregunta surge casi de manera automática y debe ser la que se estará haciendo la mayoría de los ciudadanos chubutenses: si el finado Mario Das Neves hubiera estado vivo, ¿este o cualquier otro de los fiscales de Miquelarena lo habrían llevado a juicio?

¿Lo estarían acusando hoy de ser el jefe de una asociación ilícita? ¿Cuál hubiera sido el comportamiento de “Yoli” Miquelarena, el jefe de todos los fiscales de la provincia, colocado en ese cargo por el mismísimo Das Neves?

Marcos Napoli en su rol de acusador público en la causa a la que ellos bautizaron como “Revelación”, la de las coimas en la obra pública; hizo la fácil en el juicio que está a punto de culminar en la Oficina Judicial de Rawson: acusar a alguien que no está vivo y por ende que no puede defenderse.

Al extinto gobernador Das Neves le atribuyó el martes pasado en su alegato haber sido jefe de “una asociación ilícita”; de una organización que se dedicaba a cometer delitos, en una acusación que –ahora—no tiene ningún valor porque el acusado ya no está entre nosotros y si fuera condenado no podría ir a la cárcel a pagar lo que hizo.

Quizás Napoli busca cargar toda la culpabilidad en una persona fallecida para despegar a otros o alivianarles la responsabilidad. El común de la gente que sabe utilizar el sentido común sin entender nada de Leyes lo cree así.

Por ejemplo, la gente en las redes sociales se pregunta: ¿por qué los hijos y la mujer del extinto gobernador nunca fueron imputados de nada?

¿Y el jefe de Napoli? El hoy procurador General de la provincia, ¿nunca vio ni se enteró de nada, cuando formó parte del Gobierno de Das Neves?

Al momento en que él era fiscal de Estado tanto el caso “Revelación” como el otro, “El Embrujo”, estaban en su pleno apogeo; era el saqueo al Estado en su máxima expresión, y, ni siquiera sospechó del accionar de la asociación ilícita encabezada por Das Neves. ¿Nunca nadie le comentó nada? Raro ¿no?

Vale recordar entonces que los imputados en el caso de las coimas en la obra pública conocido como “Revelación”, que bien podría ser otra de las “puestas en escena” a las que nos han acostumbrado los fiscales de “Yoli” Miquelarena son; Víctor Cisterna, Diego Correa, Gonzalo Carpintero, Pablo Oca, Martín Bortagaray, Alejandro Pagani, Diego Luters y Martín Castillo. Todos, según Napoli, formaban parte de una organización delictiva cuyo liderazgo ejercía el desaparecido Das Neves.

El cargo de “asociación ilícita” ha sido siempre muy difícil de probar en los estrados judiciales y este proceso es muy probable que no sea la excepción.

Dijo el gobernador Arcioni refiriéndose a Mario Das Neves: «como él mismo decía, los proyectos superan a los hombres. Y es por eso que su proyecto seguirá hasta el fin de este mandato».

El Dr. Eduardo Samamé, fue una de las víctimas del ex gobernador Das Neves. El juicio concluyó con un polémico fallo en el 2008, que posteriormente fuera declarado nulo por el Superior Tribunal de Justicia del Chubut.

Sobre el ex procurador de Estado dijo Don Hipólito Solari Yrigoyen: «El pecado de Samamé era ser un hombre independiente en sus funciones, de extracción radical, que había sido años atrás legislador de la UCR. Esto era intolerable para quien ejercía el poder en Chubut en forma autoritaria».

Samamé, escribió, antes del fallecimiento del trigobernador: «Mario Das Neves vive en el vecindario de la corrupción que comparte principalmente, con integrantes de otros poderes del estado y dirigentes de diversos sectores. Juntos, han naturalizado la corrupción al punto de volverla un hecho notorio que no reclama demostración. Es probable que la cotidianeidad desdibuje la memoria a ellos y a los que como ciudadanos los padecemos, pero títulos como: -Gasoducto Cordillerano;- Condonación de Canon Pesquero;- Ingentis;- Publicidad Oficial;- Bosques; -Campaña Presidencial,- I.P.V. y D.U., rápido nos refrescan el accionar viciado del gobierno».

La «causa embrujo», es solo un botón de muestra, y muy pequeño por cierto, de la corrupción del alguna vez denominado «Modelo Chubut». Por más que sigan apareciendo expedientes y empresas fantasmas, el monto económico no será significativo comparado con otros actos de corrupción cometidos por muchos funcionarios seguidores del dasnevismo, y sus cómplices.

Dijo Arcioni en la apertura del período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura del Chubut: «Repasé lo de este tiempo una y mil veces. Y aún no alcanzo a entender el por qué de esta situación a la que hemos llegado».

Si el Gobernador realmente quiere entender por qué se llega a este presente, tomemos por ejemplo uno de los temas que enumeró Eduardo Samamé, al referirse a la naturalización de la corrupción en Chubut, el caso del I.P.V. y D.U.

El propio gobernador Mariano Arcioni fue quien presidió la cámara cuando se sancionó la Ley XXV-56 que manda investigar al IPV Chubut desde el 10 de diciembre de 2003 a la fecha, y también cuando cuando el 25 de agosto de 2016 se designaron los siete Diputados que debían investigar al Instituto y todavía no empezaron a hacerlo.

Arcioni sabe que los siete diputados del Bloque Chubut Somos Todos, presentes el 7 de julio de 2016, votaron negativo la Ley que debe investigar al IPV. Arcioni sabe que el fallecido Das Neves no quiso promulgar la Ley, y que fue él quien debió firmar el Decreto 1124 el 3 de agosto de 2016.

Si realmente quiere saber cómo en la provincia se llegó a esta situación, no debería por ejemplo seguir trabando investigaciones. Entre ellas las relacionadas con el IPV Chubut. El 2 de febrero de 2018 ingresó a la Casa de Gobierno otro pedido de Informes sobre el Instituto, que el gobierno debería haber dado respuesta en diez (10) días y hasta la fecha sigue ocultando esas informaciones.

El Gobernador Mariano Arcioni afirmó: «No voy a permitir que ensucien el nombre de Mario Das Neves ni de ningún dasnevista».

Si desde el Poder Ejecutivo se persiste en no permitir que se investigan temas como el del IPV Chubut por ejemplo, las sospechas de miles de actos de corrupción seguirán aumentando, y los nombres de quienes él pretende defender seguirán siendo motivo de sospechas de corrupción.

Por [email protected]

En la causa Revelación el testimonio de Andrea Verónica González, dio cuenta que desde el ministerio de economía a cargo de Pablo Oca se realizaba la orden presupuestaria de pago y él decía que pagar y que no, por supuesto siempre luego de que ello sea digitado por Diego Correa quien controlaba que empresarios habían realizado el retorno correspondiente.

González, empleada del Ministerio de Infraestructura, declaro en audiencia de debate por la causa Revelación, dio un detallado panorama de cómo funcionaba la maniobra ilícita, que empresas cobraban primero y cuáles no cobraban. Todo dependía del aporte de las empresas, para sus propios beneficios. Dijo conocer a Alejandro Pagani, Pablo Oca,  Víctor Cisterna y  Gonzalo Carpintero. También indicó que el gobernador Arcioni modifico la estructura de Obras Públicas. Durante los años 2016 y 2017, ingresó a la planta de Obras Públicas, fue convocada para trabajar por el Ingeniero Alejandro Pagani. Posteriormente, detallo que en los certificados de obra, constaba el avance de la obra, además contó cómo se pagaba el certificado de Obra y agregó “que la orden salía de Economía”.

“La orden de pago sale directamente del Ministerio de Economía”, para ello, se debe tener el certificado de obra, que es la constancia que habilita a la orden de pago concluyó.

La empresa SUDELCO tenía los certificados más rápidos.

La testigo Silvana Bogarin, la cual cumplió funciones en el Ministerio de Infraestructura durante los años 2016 y 2017, a preguntas del Ministerio Público Fiscal, fue categórica al referir  que “dentro del Ministerio de Infraestructura, las planillas que contenían el listado de empresa, como el certificado de obra a pagar, eran modificados por los superiores”, es decir por Alejandro Pagani, en razón de ello esta modificación  claramente coincide con la maniobra ilícita investigada, toda vez que esta selección que se hacía de las empresas era teniendo en cuenta quienes habían hecho el aporte exigido por Diego Correa. Ese aporte recordemos que era entre un 3 y 5 por ciento. Bogarin, también hizo referencia a que “habían empresas en que se aceleraba este sistema en cuanto a la gestión de los certificados de obra y las correspondientes órdenes de pago”, también refirió que “algunas empresas grandes hacían que se acelere todo en el ministerio de infraestructura”. Y concluyó diciendo que “algunos certificados corrían más rápido que otros, indicando “los de Sudelco eran los más rápidos”.

Otro testigo fue Luciano Gati, dijo conocer solo a Alejandro Pagani, detallo que trabajó realizó dentro del Ministerio de Infraestructura, en el sector de Inversiones durante el año 2016, se desempeñó a cargo de Franco Ferrari. Su labor era imprimir planillas y descargar órdenes de pago del sistema SIAFyC, “nos daban las planillas y nos decían esto sí o esto no y nada más”. Los empresarios hablaban con Franco Ferrari, y también indicó que las planillas de Excel no se reflejaban en el sistema de control.

El testigo Franco Ferrari, refirió a que llegó a ese organismo, convocado por Alejandro Pagani, trabajo junto al ingerido durante ocho años. Explicó muy detalladamente las diferencias entre un certificado de obra y las órdenes de pago. También expreso, que le pedía de Gati, quien ingresaba al SIAFyC  que le imprima órdenes de pago, y además información bajo las ordenes de Pagani.

La función principal de su sector era realizar informes varios todos relacionados a su área. Ferrari reconoció «haberle llevado en una oportunidad a Diego Luters una planilla donde figuraban las empresas a las cuales se les iba a pagar y además dio cuenta del contacto con la unidad Gobernador» . Asimismo, indicó que tenía contacto permanente con empresarios de la construcción, “la situación no era la mejor, hablaba con los empresarios, me manifestaban su malestar por la falta de cobro, pero no por los retornos”

Preguntado por el fiscal Napoli para refrescar su memoria por una entrevista que había realizado Ferrari, dijo al recordar “parte de los reclamos eran porque algunos pagos no salían y lo que yo les indicaba era que no me vengan con esas cuestiones, eso les decía a los empresarios”.

Fuente: Canal 12 web

 

El 29 de Marzo comenzará el juicio por la causa conocida como “Emergencia Climática” en la que están imputados la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo y los ex funcionarios Diego Correa y Diego Luthers.

El juicio debía comenzar en Marzo del año pasado pero a causa de la pandemia, los tiempos se dilataron. Este viernes, el fiscal adjunto Mario Romeo confirmó a Radio 3 que finalmente el próximo lunes 29 de Marzo comenzará el juicio oral por la causa por corrupción conocida como “Emergencia Climática”.

El Tribunal de enjuiciamiento estará conformado por los jueces Miguel Caviglia de Comodoro Rivadavia; Fabio Monti de Trelew y Jorge Novarino de Sarmiento.

Quienes estarán en el banquillo de los acusados serán la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; y los ex funcionarios del Gobierno Provincial Marcelo Suárez, Diego Luthers, Diego Correa, Vanina Varale y Cristian Orsi.

En tanto, también llegan imputados al Estanislao Finiguerra, Marta Fracaso, Cecilia Sadava, Bruno Bilbao, Guillermo Yanguela y César Hugues, quienes se desempañaban como proveedores del Estado.

Vale recordar que la causa comenzó a partir de presuntas maniobras de sobreprecio en la compra de elementos destinados a la Emergencia Climática que sufrió Comodoro Rivadavia y la zona entre Marzo y Abril de 2017.

La Dra. Cynthia Castro, presentó FORMAL DENUNCIA en contra de “…MARTIN SEBASTIAN CASTRO,DNI Nº: 30.191.782, de profesión abogado y funcionario público…”

Lo cierto es que mientras una provincia está quebrada y no hay plata para pagarle a los estatales, ni siquieraen época de pandemia hay plata para los sueldos de los esenciales de la Salud, ARCIONI permite mas corrupción todavía y que en sus MINISTERIOS los empleados COBREN DOS SUELDOS, además de permitir que sus ministros violen la ley convirtiendo a todo un gabinete en una banda organizada para cometer delitos.

El aparato estatal no puede ser utilizado para perseguir a los miembros de la sociedad, para reprimir a los ciudadanos, golpearlos, amenazarlos, poner en riesgo sus bienes o su patrimonio, o para perseguir e intentar adoctrinar a sus opositores y mucho menos para querer callar periodistas.

La CORRUPCION de cualquier funcionario público debilita directamente a la estructura del Estado de Derecho, debilita la defensa y garantía de los derechos de todos los ciudadanos pero especialmente, vulnera los derechos que compartimos todos en el mundo por ser humanos.

O se sigue la línea de la CORRUPCION o se defienden los DERECHOS HUMANOS. ¿Qué línea seguirán jueces y fiscales en las denuncias que se han presentado?

Recordemos que ARCIONI, como buen “hijo de” DAS NEVES, siendo el fallecido gobernador quien le dejó el legado de CORRUPCION, dejó en evidencia que pretende seguirlo en esa línea corrupta.

CHOLILA ON LINE accedió a la denuncia en contra del lacayo de Massoni y a continuación transcribe extractos de la misma:

“Nos encontramos con casos donde un funcionario público provincial que percibe un salario de director ofrece sus servicios de patrocinante y apoderado para intentar demandar por querellas a un particular, integrante de la sociedad.
[…]parece es costumbre del Sr. Abogado Martín Sebastián CASTRO, violar la ley: el mismo no solo tiene comportamientos antiéticos en las querellas, sino también en el desempeño como funcionario público, contradiciendo lo dispuesto por el art. 67 de la Constitución Provincial, percibiendo dos sueldos, como se prueba con ACTA NOTARIAL Nº 607[…].

Las incompatibilidades administrativas se configuran por el desempeño simultáneo de dos o más cargos públicos, o por percibir al mismo tiempo dos sueldos del estado, tal cual lo indica el art. 67 de la Constitucion Provincial[…].

La regulación de las incompatibilidadesparte, como principio fundamental, de la dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio servicio público, respetando el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia[…].

La Ley de Etica Pública, regula el conflicto de intereses, es decir, aquellas situaciones en las que se produce una contraposición entre los intereses particulares del funcionario (ya sean personales, laborales, económicos, profesionales) con los públicos que, desde su función, debe tutelar[…].

Se trata de normas de carácter objetivo que no juzgan la intención del funcionario de obtener una ventaja o provecho personal, prohibiendo directamente la configuración de determinadas situaciones o imponiendo ciertos deberes (renuncia, abstención, publicidad de los intereses) con la misión de preservar la imparcialidad en la toma de decisiones públicas y prevenir posibles hechos de corrupción[…].

La Convención Interamericana contra la Corrupción establece en su artículo VI los actos de corrupción del sector público y que sintéticamente comprenden:

• El requerimiento o la aceptación por parte de un funcionario público de dádivas, favores, promesas o ventajas a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones.

• El ofrecimiento u otorgamiento –en forma directa o indirecta– a un funcionario público, de cualquier dádiva, favor, promesa o ventaja a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones.

• La realización por parte de un funcionario de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí o un tercero.

• El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualquiera de los actos mencionados en el artículo.

• La participación como autor, coautor, instigador, cómplice o encubridor o en cualquier forma de asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que refiere el artículo.
[…]Ahora bien, acto corrupto por parte del funcionario público consiste además, en “interesarse” con miras a lograr un beneficio propio o de un tercero, en algun contrato u operación en el que se intervenga en ello y que el funcionario no se excuse pese a tener un interés especial. En este caso, el funcionario público se incopora en un contrato jurídico con un interés diferente al de la administración. No es necesario que se produzca algún beneficio efectivo a la administración, dado que lo que se procura resguardar es la imparcialidad en la actuación de lo funcionarios públicos y la transparencia en los negocios que se lleven a cabo en el ámbito de la administración pública[…].

En consecuencia, si el funcionario interviene indebidamente en la negociación -contrato u operación- con la finalidad de obtener un beneficio para él mismo o para un tercero, el delito se configura plenamente aunque no se pueda demostrar que mediante ello se causó un perjuicio económico al Estado. A partir de la reforma de la Ley 25.188 es claro que el interés propio o ajeno que debe perseguir el sujeto activo puede ser patrimonial o de cualquier otro tipo. Asi, por ejemplo, también existe delito si el funcionario obra con la finalidad de que un tercero obtenga un rédito político con el contrato u operación, o para que mejore su imagen pública. Lo relevante es que se trate de un interés particular distinto al de la administración[…].

En las negociaciones incompatibles se entiende que esta conducta lesiona la imagen y el prestigio de la administraciónpública, ya que este delito se verifica cuando los funcionarios actúan de modo parcial, insertando intereses particulares en las tareas que desempeñanen relación a las exacciones ilegales se sostiene que estas conductas lesionan a la administraciónpública por un lado y por otro al patrimonio del particular que entrega algo por el temor que la autoridad pública le genera, mientras que en el enriquecimiento ilícito se estima que se lesiona la decencia administrativa y la salud de los negocios públicos o bien el interés social de toda la comunidad en que sus funcionarios o empleados públicos no corrompan la funciónpública y que justifiquen su enriquecimiento al ser requeridos[…].

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 1/2018 sobre Corrupción y Derechos Humanos ha dicho que, al desplazar la idea de concepto o definición del fenomeno multicasual, repara mas en aquello que lo adjetiva[…].

En los considerandos de la resolución se sostiene que “habiendo realizado dos reuniones de consulta con operadores de justicia, expertos y sociedad civil, quienes destacaron que la corrupción se caracteriza por el abuso o desviación del poder, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y que debilita a las instituciones de control tanto administrativas como judiciales…”, lo cierto es que tiene un impacto grave y diferenciado en el goce y ejercicio de los derechos humanos […]”.

Con lo antedicho, no está de más está decir y aunque parezca obvio, que ningún agente o funcionario público ha sido “puesto” en un cargo público para beneficio propio sino para que su trabajo en ese cargo público sea de beneficio para toda la sociedad. Corrompe al Estado de Derecho que, funcionarios públicos o agentes como Martín Castro, utlicen el cargo público para un beneficio privado (sea personal o para un tercero), debilitando así a las instituciones y, cuando esto sucede, el impacto grave y diferenciado es en el goce y el pleno ejercicio de los Derechos Humanos[…].”

En el transcurrir de los próximos meses las novedades de las causas de corrupción en Chubut, seguro involucrarán a nuevas personas y empresas. Es muy probable que se abran otras investigaciones, también con nombres llamativos, pero todas tendrían en común el flagelo de la corrupción, en la «Era Das Neves», en particular.

Quienes, como en el caso de este escriba, desde hace más de diez años venimos denunciando la corrupción en la provincia del Chubut seguimos enterándonos de casos constantemente. Un colega comentó: «el slogan de ahora es, Chubut Cada Día un Nuevo De…lito».

Jorge Andrés Ninín, uno de los detenidos a quién el Juez Sergio Piñeda le dictó la prisión preventiva por seis meses en la denominada causa «Revelación», sería un testaferro, presta nombre, hombre de paja o como se quiera denominar a la persona que presta su nombre para figurar como titular en un negocio o asunto jurídico ajenos.

Una de las situaciones que aún generan dudas, al menos a varias personas de mi conocimiento, es la pregunta: Ninín, ¿de quién es testaferro?

La respuesta la deberían encontrar y dilucidar los Fiscales quienes en primera instancia si saben que Andrés Ninín no acreditaba poseer capital propio como, según se cree, le permitiera aspirar a comprar y ser socio de Protel S.R.L. empresa que desde hace años comercializa la señal de aire de la emisora L.U. 83 TV Canal 9 de Comodoro Rivadavia.

El sospechado de ser testaferro, Jorge Andrés Ninín tuvo una relación laboral muy cercana al actual gobernador, el Escribano Mariano Ezequiel Arcioni.

Por Resolución N°31 fue designado Director de Prensa de la Honorable Legislatura del Chubut. El 30 de diciembre de 2015. El 4 de enero de 2016 por Resolución N° 04 se lo autoriza a conducir dos de los vehículos oficiales asignados a presidencia. El 22 de marzo de 2016 se lo designa en el cargo de Secretaría Privada mediante Resolución N° 82, y el 27 de abril de 2016 mediante Resolución N° 134, Jorge Andrés Ninín fue designado en el cargo de Director de Prensa de Presidencia.

Estas cuatro Resoluciones están firmadas por el Escribano Mariano E. Arcioni, quien, por entonces, era el Presidente de la Honorable Legislatura del Chubut.

Como muchos de los chubutenses, este escriba, duda del final de esta historia. Hasta ahora los corruptos más grandes o superiores en la escala de la corrupción del Chubut, todavía están libres. Hay que ver, sin embargo, qué pasa en los próximos días con la posición que asuman desde ahora en adelante actores responsables por acción y omisión en la realidad que nos toca sobre llevar.

Ahora viene el tiempo de lograr la «descorrupción» del Chubut. Tarea que será larga y dolorosa pero entre todos es posible.

Por: Luis Dupuy

Es bueno recordar.
Éste trabajo fue publicado el 26 de mayo de 2018.

Jorge Andrés Ninín, ¿de quién es testaferro?

En…

Publicado por Luis Dupuy en Miércoles, 17 de febrero de 2021

 

Lo sostuvo el fiscal Marcos Nápoli, en diálogo con Radio 3, al repasar que la semana que viene comienza el juicio por la causa “Revelación”, una “de las más importantes que tuvo la Provincia”. El proceso se extendería por cerca de 15 días y no descartó que a partir de ésta se abran otras investigaciones por hechos de corrupción. Sostuvo que la Lista de Luthers “se va a exhibir con lujo de detalles”. Al banquillo de los acusados llegan ex ministros del Gobierno y empresarios.

En diálogo con Radio 3, el fiscal del caso “Revelación”, Marcos Nápoli, recordó que el miércoles 17 de febrero próximo está previsto que comience el juicio oral por la causa de corrupción que investigó una red de cobro de retornos de la obra pública.

Repasó que se intentará probar una “asociación ilícita” de la que participaron ex funcionario provinciales y empresarios de la construcción de Chubut, en un proceso que se prevé se extienda por cerca de 15 días, comenzando a las 9 de la mañana y extendiéndose hasta cerca de las 16.

En el proceso las partes expondrán sus teorías del caso, la cual, la de la Fiscalía es la de una “asociación ilícita, de proporciones importantes, donde se dedicaban a recaudar dinero y generar una caja importante para distribuir en sobresueldos a funcionarios”.

Ese dinero “tenía su origen en el pago de empresario de la construcción de retornos o coimas para que se agilice el cobro de las ordenes presupuestario de pago que tenienta los empresarios como acreencias contra el Estado”.

La maniobra, “le deba certidumbre de cobro a los empresarios -y- la posibilidad de cobrar antes que otros empresarios”.

En este contexto, repasó que al banquillo de los acusados habrá casi una decena de personas, ya que si bien en su origen el caso llegó a tener casi 60 empresarios imputados, de los cuales la mayoría fue accediendo a la suspensión de juicio a prueba (Probation).

De esta forma, serán juzgados Diego Correa (ex titular de la Unidad Gobernador), Diego Luthers (ex subsecretario de la Unidad Gobernador), Víctor Cisterna (ex Ministro Coordinador de Gabinete), Pablo Oca (ex Ministro de Economía), Alejandro Pagani (ex Ministro de Infraestructura), Martín Bortagaray (ex Ministro de Familia) y Gonzalo Carpintero Paterson (ex Secretario privado de la Gobernación); y los empresarios Pablo Menedín y Martín Castillo.

Precisamente, el Fiscal Nápoli se refirió a las Probation a las que fueron accediendo los empresarios, y reconoció que “para administrar mejor los recursos, la Fiscalía eligió direccionar para tratar de enjuiciar a los que mayor responsabilidad tenían en esto, en quienes el pueblo había depositado la confianza y tenían a cargo el manejo de la cosa pública, que son quienes tenían que dar explicaciones de todo este desfalco”.

Sobre este punto, el Fiscal repasó que de acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, el ex ministro Cisterna “era el organizador y luego cuando se aleja, toma la posta Correa y Luthers. Desde allí para abajo se encontraban Carpintero, Oca, Paganía y Bortagaray, entre otros”.

Ante este panorama, Nápoli destacó la labor desarrollada que permitió acceder a “nichos de corrupción” a los que no se había accedido, remarcando que “uno siempre escucha estas cosas, que se pagan coimas; pero escucharlo de primera mano y con los protagonistas, nos dio resultados y nos posicionó de modo tal que llegamos al juicio de una de las causas más importantes que tuvo la Provincia”.

Consideró que la causa, junto con “Embrujo”, tiene que ser el puntapié para mejorar los mecanismos de prevención. “Esto tiene que tener consecuencias en términos de prevención, en cómo hacemos para que esto sea el puntapié inicial para controlar con mayor efectividad los actos de Gobierno”, sentenció.

“Si podemos evitar las consecuencias o el resultado, nos podemos adelantar -y evitar- que los hechos se consumen, que la Provincia entre en un estado deplorable desde lo macroeconómico y que esto genere un impacto fenomenal en todas las áreas del Estado”.

Precisamente, sostuvo que “la corrupción ha sido uno de los puntos que ha influido en el desastre económico que vivimos, pero no el único”.

En otro tramo del diálogo con Radio 3 el fiscal Nápoli reconoció que la calificación de “asociación ilícita” es difícil de probar “porque requiere de ciertos parámetros técnicos y se tienen que demostrar varias aristas para demostrarlo”.

Estas son “demostrar que las personas se pusieron de acuerdo, que el acuerdo tenían como fin cometer delitos indeterminados y que hubo una permanencia en el tiempo. Además, esta comunión requiere de elementos subjetivos –para demostrar la voluntad de formar parte de la asolación, y esto- lo demostramos a través de indicaciones objetivas como los rastros de la comisión delictiva”.

“Toda esta malgama de datos objetivos (reunidos por los investigadores) hacen que podamos probar que estas personas conformaron esta asociación ilícita adrede y con intenciones de cometer delitos”, sentenció.

Finalmente, remarcó que en el proceso se reproducirán y expondrán elementos de importancia como la declaración de Patricio Musante, que declaró que el propio ex gobernador Mario Das Neves pedía los retornos; o la famosa “lista de Luthers”.

Precisamente, sobre la declaración del empresario Musante, el Fiscal subrayó que es importante porque “era el representante de una de las empresas más importantes de la Provincia y tenía cercanía con el Gobernador y las conversaciones privadas”.

En cuanto a la lista de Luthers, “se va a exhibir con lujo de detalles porque en una parte del juicio se trata de validar la lista, para demostrar que son auténticas y los datos son veraces, respecto a que se comprobaron los ítems de las anotaciones”.

“Hemos tomado de la cantidad, una porción para demostrarlas y que con ello las restantes también son verdaderas. En ellas aparecerían muchos funcionarios cobrando sobresueldos y gastos de la secretaria privada del Gobernador y del partido que gobernaba -y- todo eso será puesto de manifiesto en el debate”, apuntó.

Sobre el final, cerró anticipando que del caso se pueden llegar a desprender otras causas. “se pueden comenzar nuevas investigaciones si surge de los testimonios y de las pruebas que se han cometido otros delitos”, sostuvo.

Esto “lo puede ordenar el Tribunal de oficio y es deber de la Fiscalía”.

El Ministerio Público Fiscal de Rawson, a través del fiscal Marcos Nápoli, había logrado alcanzar un acuerdo de culpabilidad con Gonzalo Carpintero, con una pena de seis años de prisión y 70 millones de pesos de caución por haber formado parte de una asociación ilícita y por enriquecimiento ilícito, mientras que Oca había aceptado haber formado parte de la misma asociación, y le cabía una pena de tres años de prisión, aunque lo más relevante es que ambos iban a quedar inhabilitados en forma perpetua para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, el juez Piñeda rechazó el acuerdo en el marco del juicio abreviado a través de una resolución que se emitió a mediados de septiembre pasado.

La Fiscalía declinó de presentar la respectiva apelación y aceptar los términos y plazos del juicio oral y público, y este miércoles se conoció que el 17 de febrero darán comienzo las audiencias del juicio oral y público.

Entonces, a partir del 17 de febrero de este año se iniciarán las audiencias que tienen como imputados a Víctor Cisterna, ex Ministro Coordinador; Pablo Oca ex ministro de Economía, Diego Correa, ex titular de la Unidad Gobernador; de Infraestructura, Alejandro Pagani, Martín Bortagaray ex presidente del IPV; Gonzalo Carpintero ex secretario privado de Das Neves y Diego Lüthers de la mismo área.

Entre los privados estarán sentados en el Tribunal Martín Castillo y Pablo Menedin. Todos ellos comparecerán en el juicio por corrupción que tuvo como delito el desvío de fondos, sobreprecios de insumos, cohecho y contrataciones apócrifas, entre funcionarios del Estado y comerciantes de Chubut, cuando arreciaron las inundaciones en Comodoro Rivadavia hace casi 4 años y desde el poder y el sector privado, se cometieron evidentes actos de corrupción.

El tribunal estará compuesto por los jueces Mariano Nicosia, Alejandro Rosales e Ivana González.

Después de «Embrujo», «Revelación» es la segunda gran causa por corrupción que se ventilará en tribunales de Chubut. Todos fueron funcionarios del gobierno que encabezaba Mario Das Neves.

Fuente: El Comodorense

Escándalo en Chubut por un audio, atribuido a la diputada Leila Lloyd Jones, donde se señala el pago de diez millones de pesos a legisladores para habilitar la megaminería. A eso se sumó una cámara oculta al diputado Sebastián López, que solicita “arriba de 100 lucas” para “abrir puertas” a las empresas. Repudio de las asambleas socioambientales.

Un audio de la diputada Leila Lloyd Jones, integrante del partido de gobierno Chubut Al Frente, y un video del diputado de Juntos por el Cambio Sebastián López dejaron al descubierto los entretelones de la megaminería, la corrupción y el lobby que arrastra el proyecto de zonificación minera impulsado por el gobernador, Mariano Arcioni, quien insiste en mantener la iniciativa ante el reclamo de repetidas y masivas movilizaciones populares que exige su retiro. “La corrupción ligada al extractivismo atraviesa a todo tipo de dirigentes políticos y hoy va a haber una fuerte respuesta de la sociedad para que se retire el proyecto y se trate la iniciativa popular”, sostuvo el integrante de las asambleas de Chubut Pablo Palicio Lada en la previa de las marchas de antorchas convocadas para esta tarde en toda la provincia.

La primera prueba de los manejos corruptos detrás del proyecto de zonificación oficial fue la filtración de un audio privado de Lloyds Jones, diputada y vicepresidenta de la Legislatura provincial, en el que contaba qué les había dicho a un grupo de personas que fue a presionarla a la puerta de su casa por la aprobación de la norma que dé luz verde al “proyecto Navidad” de la minera Pan American Silver en la región de la meseta.

“Les pagaron diez millones de pesos y les dan unos contratos que los pueden hacer trabajar a ustedes en las mineras. Después se los voy a pasar los teléfonos de los que votan a favor para que les vayan a pedir laburo ustedes”, denuncia la diputada en el audio.

El audio privado se filtró sin confirmar que la voz fuera de la diputada de Chubut Al Frente, por lo que la bancada oficialista salió a desmentir la acusación y pedir una rectificación por parte de su compañera. Sin embargo, esta mañana, Lloyds confirmó que le llegó una citación del procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, para ratificar sus dichos en sede judicial y confirmó: “En los próximos días me estaré presentando a la Justicia como corresponde”.

La postura de la vicepresidenta de la Legislatura coincide con el masivo reclamo popular y con el posicionamiento público del Partido Justicialista de Chubut, que el 4 de diciembre emitió un comunicado solicitando el retiro del proyecto de zonificación bajo el título: “No se pueden sacar leyes sin consenso social”. “Ya me he manifestado en contra de la megaminería y sigo sosteniendo mi palabra y escuchando al pueblo de mi provincia. No es no”, sostiene la legisladora en un video que tiene fijado en sus redes sociales.

Lobby para la megaminería por “100 lucas”

Si el audio de la diputada oficialista había agitado las aguas en las que Arcioni busca evitar el naufragio del proyecto rechazado por una provincia que se declaró libre de megaminería en 2003, el video difundido hoy a través de las redes sociales y publicado en medios como Perfil e Infobae vino a dejar en claro las presiones de las empresas para reabrir los negocios mineros en Chubut.

“Ustedes lo que necesitan es tener un contacto político, o sea, en realidad que les abran puertas. Mi empresa se llama “Bridges” (puentes, en inglés), porque es lo que hago. Si tengo un apoyo importante, de una empresa multinacional, obviamente que podemos llegar a arreglar”, plantea el actual diputado por el Juntos por el Cambio Sebastián López en una negociación con una empresario minero, filmada con cámara oculta y en una fecha aún incierta.

López se convirtió en legislador en las elecciones del año pasado y había llegado a ser titular de la Anses en Puerto Madryn. En la Legislatura tiene un asiento en la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, la única a la que se giró el proyecto de zonificación de Arcioni. “Para pensar a futuro y tener un compromiso con ustedes el día de mañana, porque obviamente esto es un equipo: yo estoy hablando de arriba de 100 lucas”, precisa el número de la coima López.

Y cierra su argumentación con la particular relación entre “política” y “progreso”. “Esto es rosca política, lobby, todo lo que tiene que ver con generar progreso y destrabar cosas y abrir puertas. Bueno, mi empresa se llama Bridges, puentes. La rosca me gusta mucho. La sé, la hago de manera profesional”.

Fuente: Bio Diversidad LA

El IPV Chubut, se creó hace 45 años y se convirtió desde hace un tiempo a esta parte, en un ente donde existen miles de actos de corrupción.

El gobernador Arcioni es cómplice de los corruptos y los protege. Traba el acceso a informaciones y hace que otras se entreguen solo parcialmente.

El Escribano mejor que muchos conoce que en Chubut hay una Ley que manda investigar al IPV, que no se cumple, la Ley XXV – 56. Arcioni, presidió la sesión en la que se sancionó, el 7 de julio de 2016.

El ahora Gobernador Arcioni fue quién la promulgó, estando a cargo del Poder Ejecutivo por enfermedad de Das Neves.

Arcioni también presidió la sesión el día 25 de agosto de 2016 cuando se designaron los siete Diputados que debían controlar al IPV y nunca lo hicieron. Terminaron su mandato y se fueron sin haber empezado a investigar.
El gobernador Mariano Ezequiel Arcioni sabe, mejor que nadie, porqué la Comisión creada por Ley XXV – 56 nunca fue de cumplimiento efectivo.

Tampoco no puede desconocer que la Cámara de Diputados pidió el Fichero de Obras del IPV, el 13 de septiembre de 2018, y que ese Pedido de Informe fue contestado solo parcialmente y fuera de tiempo, recién el 16 de mayo de 2019.

Al intentar comprender porqué no se entregaba la documentación pedida, únicamente cabía pensar que el gobernador es cómplice por acción y omisión al cubrir muchos de los miles de actos de corrupción que desde hace años existen en el IPV Chubut, y el documento incompleto enviado a Diputados, así lo constató.

Arcioni sabe que el Contador Daniel Molina, un prestigioso vecino de Comodoro Rivadavia, afirma que hay viviendas del IPV por las que se paga 500 pesos de cuota, o menos, si es que las pagan, y son alquiladas en 10.000 pesos o más.

Arcioni no puede ignorar que el propio Mario Das Neves dijo el 7 de junio de 2017: «acá ha habido gente, durante años, que recibió dos y tres viviendas FO.NA.VI., y ahora las alquila».

Arcioni conoce que se estima que son unas 15.000 las casas y departamentos que estarían en ésta situación irregular, y no ordenó una investigación que permita identificar estos casos que existen en toda la provincia.

Arcioni no desconoce que miles de las solo 10.297 viviendas que figuran en el último informe del IPV, fueron entregadas por tráfico de influencias a personas, muchas incluso de mal vivir, y que ahora ni siquiera pagan las cuotas al IPV Chubut.

Arcioni no quiere que se conozca el Fichero de Obras del IPV, actualizado, para que no se pueda constatar cuántas obras se hicieron, qué cantidad en cada pueblo y ciudad, y qué gremios y otras entidades intermedias fueron las más beneficiadas, y si por «casualidad» algunas de esas empresas son las que ahora están involucradas en las causas derivadas del «sobre bomba».

Arcioni, es cómplice de la corrupción en el IPV Chubut, sin lugar a duda alguna.

 

ARCIONI ES UN GRAN CORRUPTO
Por Luis Dupuy

El IPV Chubut, se creó hace 45 años y se convirtió desde hace un tiempo a…

Publicado por Luis Dupuy en Lunes, 21 de diciembre de 2020  

Fuente: Luis  Dupuy