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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas a Diego Correa, exsecretario privado del fallecido gobernador Mario Das Neves, y otras tres personas por la Causa El Embrujo, la trama de corrupción cometida entre 2015 y 2017. El dato lo adelantó La Nación y lo confirmó el fiscal Omar Rodríguez en Cadena Tiempo.

En el expediente que llegó a la Corte se acreditó que Correa creó sociedades que, mediante su intervención como funcionario público provincial, fueron beneficiadas a través de la adjudicación de contrataciones perjudiciales para la administración pública provincial. Por su parte, Diego Lüters fue acusado de formar parte de la asociación ilícita en su carácter de secretario privado de Correa.

A Daniela María Souza, en tanto, se le atribuyó realizar actos para ocultar que Correa era el verdadero titular de los bienes adquiridos, y a Juan Carlos Ramón se le imputó intervenir en los procesos de contratación entre el ente provincial y la firma Dual Core S.R.L. mediante la presentación de un falso presupuesto alternativo, superior al de esa empresa, para posibilitar que la obra se le adjudicase a Dual Core por resultar más conveniente.

Ramón era el capataz de las obras de Dual Core, la empresa de Correa. Y en las escuchas ordenadas por la Justicia aparecía consultando a un manosanta colombiano. ¿Qué le pedía al brujo? Consejos para despegarse de Correa.

Sucede que Ramón también se había convertido en empresario: creó Construyendo, una firma que competía con Dual Core en las licitaciones provinciales. Siempre perdía, pero generaba la impresión de que había una puja real.

Correa fue condenado a 10 años de prisión, multa de más de 22 millones de pesos e inhabilitación perpetua por ser jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública provincial, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y autolavado de activos.

Luthers recibió cinco años de prisión, inhabilitación perpetua y una multa de 750.000 pesos. Mientras que Souza y Ramón fueron condenados a cuatro años y tres años y tres meses, respectivamente.

Las defensas apelaron la sentencia. Los planteos llegaron hasta la Corte que, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los rechazó. De esta manera, las condenas quedaron firmes.

Diego Correa, condenado por delitos de corrupción contra el estado, podría preservar algunos bienes que la Justicia le incautó como garantía por la multa de $ 29 millones que debe pagar. Así lo indicó este martes el fiscal Omar Rodríguez al programa “Fuera de Hora” por Cadena Tiempo.

Al secretario de Mario Das Neves, que hoy está en libertad condicional, la Justicia le decomisó varias propiedades que probó que habían sido adquiridas con maniobras ilícitas, mientras que otras fueron embargadas por un monto en pesos que perdió su valor.

En 2019, cuando se fijó la multa que debía pagar el condenado, estas propiedades sumaban un valor de $29 millones, pero cuatro años después por la depreciación de la moneda, esta suma solo representaría alguna de estas, lo que le permitiría conservar otras que ya daba por perdidas.

“Se decomisaron una casa y un dúplex en Playa Unión, una chacra en Trelew, un lote con construcción al lado de Gendarmería Rawson, para hacer un edificio médico, un terreno cerca de las Margaritas y casi 30 mil dólares en efectivo”, enumeró Rodríguez las propiedades que le quitaron a Correa y no habría vuelta atrás.

Al mismo tiempo, Correa tiene otros bienes que solo fueron embargados por el valor de la multa millonaria que hoy -por efecto devaluatorio del peso- no representa lo mismo que en el momento en que fijaron la condena.

“Hay más propiedades embargadas: con un dúplex puede satisfacer el impacto de la multa”, resumió Rodríguez la ventaja que podría sacar Correa de la volatilidad del tipo de cambio que caracteriza a este país.

El fiscal explicó que, al tratarse de una pena, la Justicia entiende que debe fijar un monto al momento de la sentencia, razón por la cual en este caso quedó en 29 millones de pesos que en aquel momento era mucho más dinero.

Rodríguez, en vistas de que esto se presta a especulaciones, asumió que “en este país amerita una reforma; si se le aplica una pena por un delito de corrupción tiene que haber una manera de establecer una actualización de esos montos”.

“¿De nuevo adentro?”

Así como la inestabilidad económica del país podría permitirle quedarse con algunos bienes, no todas son buenas noticias para Correa.

Este martes quedó firme la sentencia de la causa Embrujo, luego de la Corte Suprema ratificara el fallo contra él y los otros condenados.

El fiscal Rodríguez apuntó que Diego Correa quedó en libertad condicional por haber cumplido buena parte de esa condena, pero todavía la Corte tiene que expedirse sobre otras dos causas en las que fue condenado cuyas penas se unificarían.

“Correa no empezó a cumplir pena de Revelación y la Emergencia Climática. Cuando llegue a la Corte, las tres se unifican y queda una pena única, y si tiene que cumplir con días de encierro va a tener que volver”, concluyó.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas impuestas a Diego Miguel Correa, exsecretario privado del fallecido gobernador de Chubut Mario Das Neves, y otras tres personas por hechos de corrupción cometidos entre 2015 y 2017, que salieron a la luz en medio de la trama de defraudación al Estado más icónica que vivió esa provincia, que involucró a miembros del Gabinete de Das Neves, empresarios y hasta una amante despechada y un manosanta. “El Embrujo” fue precisamente el nombre de uno de los expedientes que se desprendieron de esa megacausa por corrupción.

En el expediente que llegó a la Corte se acreditó que Correa creó sociedades que, mediante su intervención como funcionario público provincial, fueron beneficiadas a través de la adjudicación de contrataciones perjudiciales para la administración pública provincial. Por su parte, Diego Luthers fue acusado de formar parte de la asociación ilícita en su carácter de secretario privado de Correa.

Daniela María Souza, en tanto, se le atribuyó realizar actos para ocultar que Correa era el verdadero titular de los bienes adquiridos, y a Juan Carlos Ramón se le imputó intervenir en los procesos de contratación entre el ente provincial y la firma Dual Core S.R.L. mediante la presentación de un falso presupuesto alternativo, superior al de esa empresa, para posibilitar que la obra se le adjudicase a Dual Core por resultar más conveniente.

¿Quién era Ramón? El capataz de las obras de Dual Core, la empresa de Correa. Y en las escuchas ordenadas por la Justicia aparecía consultando a un manosanta colombiano. ¿Qué le pedía al brujo? Consejos para despegarse de Correa.

La investigación inicial surgió luego de que una secretaria, despechada por un amor roto con un funcionario de Das Neves, dejó un sobre papel madera en las escaleras de la Legislatura, dirigido a diputados de la oposición, con destalles sobre cómo el gobierno provincial había malgastado 46 millones de pesos destinados a socorrer a Comodoro Rivadavia, que en marzo de 2017 había sido devastada por un alud de barro que dejó a 3000 personas sin techo.

Pero el caso tomó impulso cuando Correa asentó su domicilio en el expediente judicial y los investigadores constataron que era el mismo de Dual Core, la empresa beneficiada con compras millonarias. El acelerón final lo dio la minuciosidad de Luthers: el secretario de Correa había registrado minuciosamente en una tabla de Excel los ingresos y gastos de la caja negra de supuestos sobornos. Y guardó fotocopias de los cheques con que pagaban las empresas.

Luthers recibió cinco años de prisión, inhabilitación perpetua y una multa de 750.000 pesos. Mientras que Souza y Ramón fueron condenados a cuatro años y tres años y tres meses, respectivamente.

Las defensas apelaron la sentencia. Los planteos llegaron hasta la Corte que, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los rechazó. De esta manera, las condenas quedaron firmes.

Esta sería una nueva demostración de las ventajas que se tienen cuando se es amigote de determinados personajes deleznables. Iván Fernández se ha convertido en el ejemplo de la impunidad absoluta y deja bien en claro que tiene la cara más dura que una bigornia, al postularse nuevamente como intendente de Lago Puelo, estando al mismo tiempo condenado por el Superior Tribunal de Justicia como culpable por el delito de Negociaciones Incompatibles con el estado, un acto de corrupción muy común entre esta gentuza.

Pero lo mencionado es lo de menos, se supone que un funcionario que es hallado culpable de un delito de esas características tiene como pena la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Entonces ¿Cómo es posible que ahora se esté postulando para ser intendente? ¿Dónde están las autoridades que no reaccionan?

Resulta que Iván Fernández es un candidato favorito de Arcioni. Se ve que se ha convertido en un eslabón del gobernador para encabezar el partido oficialista “Arriba Chubut” en la zona andina de nuestra provincia. Básicamente tiene todo el apoyo del estado.

Recordemos que el principal emisario de Arcioni es Miguel Castro, el que maneja los hilos tras bambalinas. Iván tenía que ir como intendente sea como sea. El plan era meter algún tecnicismo jurídico para que se caiga su condena de inhabilitación y así pueda presentarse a elecciones, para eso habría sido necesario comer un asado con un juez.

Y así fue, que Miguel Castro en nombre de Arcioni, se habría contactado con el juez Jorge Criado.

Juez de Esquel Jorge Criado.

Criado es un magistrado de Esquel, célebre por intentar intimidar al director de este medio Darío Fernández, con una cédula de notificación, a tan solo un par de días de que hayamos comenzado a revelar sus oscuras andanzas. Así de disimulado es “Vuestra señoría”.

El juez Criado le salvó el futuro político al condenado Iván Fernández, dejando sin efecto la inhabilitación especial de ocupar cargos públicos mediante una resolución judicial por demás controvertida.

Misión cumplida, Criado había hecho su trabajo, ahora Fernández de lo más campante se vuelve a postular como intendente con hechos de corrupción comprobados a sus espaldas.

Pero una vez logrado el objetivo, tanto Criado como Miguel Castro, debían sentarse con cafecito de por medio, a los fines de charlar cómo iba a ser el pago de los favores.

Por esas “casualidades de la vida” fue que el hijo del juez Criado, Nahuel Ramiro, terminó acomodado dentro de la Subsecretaría de Prevención y Participación Comunitaria del Ministerio de Miguel Castro, y lo último que se supo fue que lo pasaron a planta temporaria ¿Por qué? porque el 10 de diciembre Arcioni agarra los bolsos y con él se va Miguel Castro. Eso implica que todos los miembros de su planta política presenten la renuncia, en el que hubiere estado incluido Nahuel. Para asegurarle la eternidad en el estado al hijo de Criado, lo pasó a planta estable, mientras una gran cantidad de empleados estatales están peleando que salga su expediente de planta transitoria.

Antes de emprender retirada en diciembre, este 15 de junio Nahuel Ramiro pasa a ser trasladado a planta temporaria del gobierno con la intención de que permanezca en el estado, según indico el Boletín Oficial.

Boletin 15 de Junio pasan a planta temporaria al hijo del Juez Jorge Criado

El tigre no tiene solo una mancha…

Iván Fernández no sólo está condenado en una causa penal, sino que también se encuentra investigado en otra, denominada “Cantera Angela” (caso 43.371), que aún se encuentra abierta y sin novedades hasta el día de hoy, según lo que manifestaba el fiscal anticorrupción Dr. Mario Romeo en un informe al vicegobernador y presidente de legislatura Ricardo Sastre en mayo del año pasado. Las cosas al día de hoy, no cambiaron.

Impugnación de la candidatura de Iván Fernández

La candidatura de este sujeto se encuentra repleta de irregularidades, pero sin dudas lo más grave es lo que mencionábamos anteriormente en lo atinente a que se encuentra condenado por hechos de corrupción habiendo una ley de ficha limpia vigente en la provincia.

Además no estamos hablando de cualquier condena, sino de un veredicto manifestado por el Superior Tribunal de Justicia, el organismo jurisdiccional más alto de la provincia, lo que implica la existencia de una condena firme y sentencia con autoridad de cosa juzgada material.

El principio general del derecho establece que sentencia inferior no puede contradecir a una sentencia de un tribunal superior. Pero, en esta provincia las cosas están un poco invertidas, así que la resolución de un simple magistrado como Jorge Criado, al parecer tendría más peso que un fallo del tribunal supremo de Chubut. Cosas que pasan.

Es así que una abogada, la Dra. Marcela Fragana, presentó en el Tribunal Electoral una impugnación contra la candidatura de Fernández, buscando la nulidad total de la misma y evitar así que se presente a elecciones. Pero fue víctima de una jugarreta maliciosa por parte de la Jueza de Faltas de Lago Puelo, Paula Elena Vera.

La jueza Vera cuando se dio cuenta que la candidatura que pretendía impugnar la abogada Fragana era la de Iván Fernández, por increíble que parezca, no le quiso dar efectos de ley a su presentación, con el pretexto de que la había realizado fuera de tiempo, lo cual no es así.

Según la ley, el letrado tiene tiempo para realizar todo tipo de presentaciones en un plazo de 24 horas desde que es notificado. Fragana se notificó el viernes 16; sábado y domingo son días inhábiles por fin de semana; lunes y martes fueron días inhábiles por feriado, así que la abogada debería haber tenido tiempo para hacer las impugnaciones hasta el miércoles 21.

La propia magistrada, con anterioridad, le dijo a Fragana que no se preocupe por los plazos de presentación, que directamente el lunes 19 le avise por WhatsApp si va a impugnar la candidatura de Fernández o no.

Sin embargo, a último momento hubo un cambio de reglas y contaron el día lunes 19 como hábil sin darle aviso a la abogada.

Es así que la jueza Vera, con ostensible mala fe, habría engañado a la Dr. Fragana con los plazos para que los pierda y no pueda presentar la impugnación en tiempo. De todas maneras, el esquema es muy arbitrario, debido a que no se entiende por qué el lunes 19 es considerado por el Juzgado de Faltas como hábil, cuando justamente se trató de un feriado en el que prácticamente ninguna entidad pública estuvo en funciones.

Como consecuencia, este lunes la letrada se desayunó que no podía realizar las presentaciones a tiempo, cuando le avisó por teléfono a la jueza de que iba a impugnar y recibió la respuesta tajante: “nosotros recepcionamos impugnaciones hasta las 13 horas, resolvemos el día miércoles”.

La Dra. Fragana igualmente presentó la impugnación de la candidatura de Iván Fernández, dejando de manifiesto en el escrito todo lo que sucedió con la jueza de faltas Vera, constituyendo una documental con capturas de pantalla de los chats que tuvo con la magistrada y demás constancias que sirven como elementos de prueba.

En virtud de todo lo expuesto, sería de buen atino para el Consejo de la Magistratura abrir una investigación contra el Juez Jorge Criado por desconocimiento del derecho. Lo que implicaría un juicio político que terminaría por destituirlo de su cargo. Ya hay ciudadanos que en las redes están solicitando que así sea.

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La Impugnación completa (PDF):

Impugnación completa

El presidente Alberto Fernández dijo este martes que «hay que terminar con los vicios de la sociedad argentina en general y que aparecen en la administración pública manejando recursos públicos» y llamó a «ser inflexibles y terminar con eso«.

«Siempre la corrupción alguien la paga. Uno que se corrompe nos salpica a todos«, remarcó Fernández en el Museo del Bicentenario, al presentar la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, un espacio de articulación de políticas relativas a la ética en la Administración Pública Nacional.

«Sobre el final de mi mandato voy hablar de algo que dije desde el primer día: la necesidad de tener un Estado eficiente. No hay espacio para la corrupción; no es algo tolerable; es algo absolutamente intolerable«, dijo el jefe de Estado.

Fernández participa este martes de la presentación de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, un espacio de articulación de políticas relativas a la ética en la Administración Pública Nacional.

En la actividad, en el Museo del Bicentenario, el jefe de Estado está acompañado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; la titular de la Oficina Anticorrupción, Verónica Gómez; la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz de Anchorena; el síndico General de la Nación, Carlos Montero y la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani.

La Mesa Nacional de Integridad y Transparencia es un espacio interinstitucional para coordinar estrategias de asistencia, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Según se informó, fue creada en junio de 2021 y tiene el objetivo de dotar de una dimensión de transparencia a la gestión.

Conformada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación, y la Agencia de Acceso a la Información Pública, tiene como funciones la coordinación y articulación para la implementación, seguimiento y evaluación de políticas relativas a la ética en la Administración Pública Nacional.

En estos momentos se están efectuando múltiples allanamientos y requisas personales en las ciudades de Rawson, Trelew y Epuyen, en el marco del operativo RE-EDUCANDO, cuyo origen deriva de la investigación del incidente donde resultaran intoxicados con monóxido de carbono más de cincuenta (50) alumnos de una escuela de El Maiten el año pasado, se investiga la corrupción en la obra pública con la participación de altos funcionarios del Ministerio de educación y de infraestructura de la provincia del Chubut.

Participan de las diligencias personal de las Divisiones de Investigaciones de la Policía provincial supervisados por personal de Investigaciones de la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la administración pública. La medida fue solicitada por el fiscal general Dr Rodríguez Omar tras colectar durante varios meses numerosos elementos de prueba…

 

La decisión fue tomada por unanimidad. Al tratarse de manejos sospechosos de fondos nacionales, deberá investigarla el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Capital Federal.

Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió quitarle al fiscal Héctor Iturrioz la causa por irregularidades en la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia. Como se trata de manejos sospechosos de fondos nacionales, deberá investigarla el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Capital Federal.

De esta forma, los ministros acordaron con el dictamen de la Procuración General de la Nación, que había dado su opinión sobre el tema en octubre de 2020.

Al caso lo había disparado una declaración pública del exSubsecretario de Planificación Territorial de Inversión Pública de la Nación, Fernando Álvarez de Celis. Ese dictamen recordó que el expediente consta de una investigación seguida en contra de funcionarios de la Municipalidad por presunta defraudación del erario local, en la cual “se advirtieron irregularidades que darían cuenta de un intento de defraudación al fisco de la Nación”.

Según tuvo acceso ADNSUR, tras la pesquisa preliminar “se pudo establecer que -en el contexto de un proceso de saneamiento que atravesaban algunos sectores del casco urbano de la mencionada ciudad provincial- determinados funcionarios del municipio y algunas empresas proveedoras de servicios, falsificaron datos que plasmaron en documentos públicos con el fin de aparentar la realización de tareas inexistentes”.

De tal modo, se habría perjudicado al erario municipal en varios millones de pesos. Esas deudas –advierte el dictamen- fueron solventadas con recursos propios de Comodoro y otros provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) ya ingresados al patrimonio de la provincia.

En ese contexto, declaró Álvarez de Celis. “Manifestó que en el marco de un pedido de financiamiento para rehabilitar la obra hidráulica del lugar, no recibió los presupuestos previos que fueron requeridos a las autoridades locales sino que éstas presentaron facturas respecto de obras ya realizadas, por lo que la Nación detuvo el pago de ese financiamiento”.

Esta presunta maniobra “se detectó con la presentación de la carpeta que contenía la nota dirigida a ese organismo nacional, junto con documentos cuestionados en su contenido, en el despacho del funcionario Álvarez de Celis, ubicado en esta ciudad”.

Tras señalar que “ese accionar delictivo se detuvo en una etapa previa a su consumación, declinó parcialmente la competencia a favor de la Justicia Federal” de Rawson. Pero ésta sostuvo que “las maniobras eran similares a las que investigaba el juez local, que involucraban a las mismas personas y que sólo se diferenciaban en que unas se dirigían a defraudar intereses locales y las otras al Estado Nacional”.

En caso de intervenir el fuero federal, debería haber sido la jueza Eva Parcio. Así la discusión por la competencia llegó a la Corte. “Habida cuenta de que el juez federal de esta ciudad (por Capital Federal) aceptó que los episodios que motivaron este conflicto habrían tenido como objetivo defraudar al Estado nacional, e inclusive no cuestiona que en su ámbito territorial se presentó el pedido de asignaciones de ATN –junto con instrumentos cuestionados en su regularidad– opino que corresponde que ese magistrado continúe conociendo en estos episodios que eventualmente podrían haber afectado el normal desarrollo de una institución nacional o el buen servicio de sus empleados”.

Al fallo firman Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta, impulsó a la oposición a celebrar el fallo judicial, el trabajo del fiscal Diego Luciani y en algunos casos hasta para descalificar a la vicepresidenta.

«Este es otro capítulo del fin de la impunidad de la corrupción pública», expresó la mesa Nacional de Juntos por el Cambio en un comunicado.

Además, destacaron que fue «un fallo judicial histórico» en el que «todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado».

«En un contexto de altísimos niveles de inflación, de inseguridad, de trabajo precario y con la incertidumbre en que vivimos los argentinos y argentinas, es doloroso ver cómo el kirchnerismo se ocupa de los intereses de sus dirigentes: solo se unen cuando los tocan a ellos. Nunca para mejorar la vida de las personas. Nunca para sacar al país de este desasosiego», indicaron.

Uno de los más duros fue el diputado de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, quien posteó en las redes sociales el tango «Chorra», de Carlos Gardel.

También se expresó el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta. «Este fallo abre la puerta de una Argentina posible: la de la Justicia, la del respeto a las instituciones y a los valores democráticos. Estamos frente a la oportunidad de un cambio de época. Una época donde la honestidad y la verdad vuelven a tener protagonismo y la viveza de algunos políticos queda como parte de un pasado oscuro», arrancó.

«La sentencia de hoy confirma que se le puede poner un freno a un modelo de corrupción sistémica sin precedentes en nuestra historia. Que no todo da lo mismo. Es un alivio saber que el fin de la impunidad en nuestro país es posible. Que podemos terminar con una cultura del poder que se adueña del esfuerzo ajeno porque entiende al Estado como propio», siguió el mandatario porteño.

«El único camino hacia el desarrollo de nuestro país es a través de la división de poderes y del Estado de Derecho. Mientras haya justicia, los argentinos podemos confiar en que hay un futuro para construir», continuó.

«Romper la ley no debe ni puede ser gratis. La corrupción tiene consecuencias graves. Es una ruta en mal estado que causa accidentes, son trenes que no frenan, aviones que no despegan, hospitales que no se inauguran, escuelas que no dan clases y patrulleros que no llegan a tiempo», destacó Larreta.

«Robarle al Estado es robarse el presente y el futuro de millones de argentinos. No puede pasar nunca más. Hoy podemos tener esperanza de un futuro mejor. Era impunidad o justicia. Y se hizo Justicia», concluyó Larreta.

A su vez, la diputada del PRO, Silvia Lospennato, destacó: «En un juicio con todas las garantías constitucionales del proceso penal CFK fue condenada. Es muy día muy importante para nuestra democracia. Hoy volvemos a creer que en Argentina existe la igualdad ante la ley».

«El Fiscal Luciani ha hecho un trabajo impecable. Nada de lawfare: hechos objetivos comprobados. Cristina Kirchner condenada en primera instancia a 6 años por administración fraudulenta. Hay Justicia, hay separación de poderes, hay democracia, hay esperanza» remarcó el senador nacional de Tierra del Fuego por la UCR, Pablo Daniel Blanco.

«Será Justicia cuando CFK devuelva TODA la plata que robó y vaya presa por los delitos cometidos. Mientras, seguiremos atentos y sin bajar la guardia. El kirchnerismo no puede ser subestimado. Su capacidad de daño no tiene límites. ¡Defendamos a nuestra patria de estos ladrones!», remarcó la titular del PRO, Patricia Bullrich.

 

Se trata de la gerenta de la Terminal de Esquel desde 2016 a 2019 y luego Secretaria de Gobierno. Se quedó con casi 2 millones de pesos que fueron cobrados como alquiler a los comercios pero que no fueron rendidos a la Municipalidad.

Finalmente, la Justicia homologó el acuerdo de juicio abreviado en la causa contra Andrea Rowlands, por “peculado, malversación de caudales públicos, falsedad ideológica de instrumento público agravado por su calidad de funcionaria pública”.

De esta forma, la ex gerenta de la Terminal de Esquel (2016-2019) y ex secretaria de Gobierno (2019-2020) reconoció haber cometido los delitos y fue condenada a la pena de 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La ex funcionaria de Esquel reconoció haberse quedado con la recaudación de los alquileres que debía cobrar, desde enero del 2016 a diciembre de 2019; una total de $ 1.956.055 (de ese momento).

Sin embargo, durante ese tiempo el dinero no ingresó a la cuenta habilitada por el Municipio ni tampoco utilizado para otros fines dentro del área que administraba la condenada.

Además, cuando asumió como Secretaria de Gobierno entregó recibos de pago en concepto de expensas y alquileres por los montos que ella no ingresó a la cuenta municipal. Además, otorgó un libre de deuda a una empresa que debía 435 mil pesos y no había abonado.

Por todo esto, Rowlands reconoció su autoría y en juicio abreviado terminó siendo declarada culpable y condenada.

El fiscal Omar Rodríguez, que dirige la unidad anticorrupción del Ministerio Público Fiscal, cuestionó que el sistema de juicios por jurados contemple la participación de sólo 2 ciudadanos comunes para juzgar a funcionarios acusados por delitos de corrupción, junto a 3 jueces técnicos, en un tribunal mixto, mientras que para delitos comunes se confía en la participación de 12 populares. “Hay una contradicción”, señaló.

El cuestionamiento de Omar Rodríguez fue formulado en el marco de una entrevista en la que dio detalles de la acusación contra el ex funcionario Pablo Korn, al indicar que hechos como éste podrían ser juzgados, en un futuro cercano, por jurados con participación ciudadana. Sin embargo, advirtió lo que a su criterio es una falencia de la ley que creó el nuevo sistema en Chubut.

“En un caso como éste se contempla la participación de sólo 2 jurados populares y 3 jueces técnicos, pero para juzgar delitos comunes, como un homicidio, los legisladores confiaron en que podrían participar 12 personas, más 2 suplentes, es decir un total de 14. Parece contradictorio, porque por un lado hay confianza para juzgar delitos comunes, pero no así para hechos de corrupción, donde tiene mayor peso la participación de jueces técnicos”, comparó, en diálogo con Actualidad 2.0.

Rodríguez apuntó que si “si vamos a instaurar el sistema de juicios por jurado, no veo por qué tiene que haber una diferencia entre delitos comunes y los hechos de corrupción, al menos hasta ahora no le he escuchado a ningún legislador ni nadie que haya podido explicar esta diferencia”.

Además cuestionó otra diferencia, en la que los 12 jurados populares de un homicidio deben dar un veredicto sólo por “culpable” o “inocente”, sin tener que fundamentar, mientras que en los casos de corrupción, los jurados populares deben argumentar el motivo de su decisión en base a las pruebas reunidas en el proceso.

La acusación contra Korn: “Hemos probado el delito y la pena puede ir desde los 2 a los 6 años en caso de que el tribunal lo declare culpable”

En referencia al juicio contra Pablo Korn y Darío D’Amico, en el que el martes 1° de noviembre se produjeron los alegatos de fiscalía y defensa y esta semana se pronunciará el tribunal sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, el fiscal detalló que a su criterio ha quedado probado el delito que se les imputa:

“Korn ha hecho contrataciones, desde su rol como subsecretario de Servicios Públicos, en el momento en que ocurrió la lamentable catástrofe climática de Comodoro Rivadavia. Además se acumula con otra causa, en la que también compró materiales para Puerto Pirámides y lo hacía en el comercio Electro City, propiedad de su amigo, Héctor D’Amico, con quien además participaba en algunos negocios conjuntos, como un loteo”, detalló Rodríguez.

La imputación apunta a reflejar que la irregularidad se consumó por el hecho de haber orientado las compras de los materiales hacia el negocio de una persona cercana, que en este caso es un amigo o socio pero también podría haberlo sido con un familiar, según explicó el fiscal, en tanto el funcionario aprovechó la circunstancia de emergencia en la que los controles administrativos se tornan más flexibles, con el objetivo de agilizar las compras.

“El delito se concreta aún cuando los precios hubieran sido más bajos que el resto de la plaza, porque lo que la ley protege en estos casos es el deber de imparcialidad y transparencia de los funcionarios, que son servidores públicos”, detalló el fiscal, quien indicó que la imputación no apunta a determinar sobreprecios, ni retornos ni tampoco una defraudación al Estado.

Por la figura delictiva que se les endilga al ex funcionario y el empresario, la pena prevista por el Código Penal va desde un mínimo de 2 a un máximo de 6 años, lo que deberá debatirse una vez que se expida el tribunal, presidido por la doctora Karina Berkly, en la semana que se inicia este lunes 7 de noviembre.