Las defensas de ambos coincidieron en criticar las conclusiones a las que arribó el tribunal oral federal que los condenó a seis años de cárcel.
El ex titular de Vialidad Nelson Periotti pidieron este lunes 25 de marzo su absolución por la causa por hechos de corrupción en la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Las defensas de ambos coincidieron en criticar las conclusiones a las que arribó el tribunal oral federal que los condenó a seis años de cárcel.
El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, criticó las limitaciones al ejercicio del derecho de defensa por parte del tribunal oral y, sobre la base de la prueba discutida en torno al debate, afirmó que no quedó demostrada ninguna irregularidad en los 51 contratos analizados.
«Pedimos la absolución de nuestro defendido no sólo por las gravísimas deficiencias en el proceso sino porque no hubo delito y eso quedó demostrado a lo largo del debate», afirmó Villanueva.
Además, en «subsidio», reclamó que la Cámara de Casación –que revisa las condenas- anule el juicio y ordene que se realice «un nuevo debate» que parta de la base de un nuevo peritaje sobre toda la obra pública en todo el país durante los tres gobiernos del kirchnerismo.
La defensa de Periotti, a cargo del abogado Federico Paruolo, también cuestionó lo ocurrido durante el juicio oral y coincidió con Villanueva en que no hubo sobreprecios, ni contrataciones amañadas para favorecer a Báez.
La de este lunes fue la penúltima audiencia de apelación ante la Cámara de Casación, previo a conocer si se confirmará, modificará o revocará a condena que pesa sobre empresarios y ex funcionarios, principalmente la ex presidenta Cristina Kirchner.
La próxima audiencia será el 4 de abril y luego de ello el tribunal de Casación, integrado por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borisnky, quedará en condiciones de resolver el caso.
El viernes 2 de febrero a las 9 en la Oficina Judicial de Rawson se abrirá la investigación penal contra la exjefa de Compras de la Subsecretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la gestión anterior, por haber contratado en al menos 8 ocasiones a su propia pareja para trabajos de pintura, herrería, electricidad y albañilería. Él también será imputado.
La pesquisa estará a cargo del jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, y los defensores serán Federico Ruffa y Omar López. La jueza será Karina Breckle.
La denuncia la realizó una mujer cercana de esa oficina que, aunque no participó de los trámites, observó las irregularidades que se producían y puso reparos. Tras presentarse en Fiscalía, fue desplazada del área.
El área Compras depende de la Dirección de Administración y en esa época, la Subsecretaría estaba a cargo de Rubén Becerra.
Lo que por ahora se detectó es que dependiendo del monto y gracias a su cargo, la responsable en algunos casos hizo contrataciones directas de su pareja y en otros expedientes hubo una maniobra para simular un concurso de precios para solicitar proveedor.
El hombre fue dado de alta como proveedor a fines de 2022 y enseguida comenzó a trabajar. La mayoría de los contratos son de ese diciembre y de enero y febrero de 2023. Cuando se conoció la denuncia, el “trabajo” se cortó y ella fue sumariada. Ya no ocupa la Jefatura. El caso no tiene vínculo con el exministro Miguel Castro.
Las tareas incluyeron dos reparaciones de mecánica automotor de una camioneta oficial que usaba la exjefa; la construcción de un basurero fuera de la Subsecretaría; tareas de pintura en dependencias de la Jefatura de Policía y de electricidad en el sistema de monitoreo de Trelew, y labores menores de herrería y albañilería. El monto total supera el millón de pesos.
Patrimonio común
En tanto, desde la Unidad Anticorrupción también quieren saber si realmente el sospechado hizo todos los trabajos, ya que en algunos casos figura como ejecutor pero la mano de obra habría sido de personal policial. Como sea, el dinero que cobraba ingresaba al patrimonio común con su contratante. En la audiencia del otro mes serán imputados por fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles.
Ignacio Torres apuntó sutilmente contra la Matriz de Corrupción de la Obra Pública, contra los empresarios prebendarios, contra los cajeros de la obra pública de los gobiernos anteriores que protagonizaron el papelón institucional más grande de su historia llevando a Chubut a ser la provinca más corrupta en materia de obra pública lo que desencadenó en las causas de corrupción «Embrujo» y «Revelación». Nacho Torres: «Los pícaros que no terminaron las obras van a tener que dar explicaciones».
«Vamos a terminar esa bendita Ruta 3, esos 60 kilómetoros, equipar el hospital de Trelew, la ruta en Caleta, el problema de agua en Comodoro Rivadavia. Vamos a exigir lo que nos corresponde. Este gobernador nunca va a inaugurar una obra que no esté terminada», dijo.
En esta línea, avisó que «acá todos los empresarios van a poder competir, no le vamos a preguntar a cada empresario a quien voto. El que haga las cosas mal que se vaya de esta provincia porque acá no va a tener lugar».
NachoTorres fue claro al mencionar que la Cámara de la Construcción no estaba presente en su asunción.
Recordemos que Patricio Musante fue el último presidente de la CAC antes de caer por ser uno de los empresarios involucrados en las coimas de la obra pública.
Musante es integrante de la empresa SUDELCO del Grupo de Jorge Aidar Bestene y Walter García Moreno dos de los dueños del Diario Jornada.
El que sí estuvo presente en la asunción fue el seudo empresario estatal Jorge Aidar Bestene que se había ido a Portugal a vivir pero al parecer en ese país no hay obra pública y decidió retornar a ver si puede hacer alguna obrita con sus empresas.
Ignacio Torres apuntó sutilmente contra la Matriz de Corrupción de la Obra Pública, contra los empresarios prebendarios, contra los cajeros de la obra pública de los gobiernos anteriores que protagonizaron el papelón institucional más grande de su historia llevando a Chubut a ser la provinca más corrupta en materia de obra pública lo que desencadenó en las causas de corrupción «Embrujo» y «Revelación». Nacho Torres: «Los pícaros que no terminaron las obras van a tener que dar explicaciones».
«Vamos a terminar esa bendita Ruta 3, esos 60 kilómetoros, equipar el hospital de Trelew, la ruta en Caleta, el problema de agua en Comodoro Rivadavia. Vamos a exigir lo que nos corresponde. Este gobernador nunca va a inaugurar una obra que no esté terminada», dijo.
En esta línea, avisó que «acá todos los empresarios van a poder competir, no le vamos a preguntar a cada empresario a quien voto. El que haga las cosas mal que se vaya de esta provincia porque acá no va a tener lugar». NACHO Torrres fue claro al mencionar que la Cámara de la Construcción no estaba presente en su asunción. Recordemos que Patricio Musante fue el último presidente de la CAC antes de caer por ser uno de los empresarios involucrados en las coimas de la obra pública. Musante es integrante de la empresa SUDELCO del Grupo de Jorge Aidar Bestene y Walter García Moreno dos de los dueños del Diario Jornada. El que si estuvo presente en la asunción fue el seudo empresario estatal Jorge Aidar Bestene que se había ido a Portugal a vivir pero al parecer en ese país no hay obra pública y decidió retornar a ver si puede hacer alguna obrita con sus empresas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas a Diego Correa, exsecretario privado del fallecido gobernador Mario Das Neves, y otras tres personas por la Causa El Embrujo, la trama de corrupción cometida entre 2015 y 2017. El dato lo adelantó La Nación y lo confirmó el fiscal Omar Rodríguez en Cadena Tiempo.
En el expediente que llegó a la Corte se acreditó que Correa creó sociedades que, mediante su intervención como funcionario público provincial, fueron beneficiadas a través de la adjudicación de contrataciones perjudiciales para la administración pública provincial. Por su parte, Diego Lüters fue acusado de formar parte de la asociación ilícita en su carácter de secretario privado de Correa.
A Daniela María Souza, en tanto, se le atribuyó realizar actos para ocultar que Correa era el verdadero titular de los bienes adquiridos, y a Juan Carlos Ramón se le imputó intervenir en los procesos de contratación entre el ente provincial y la firma Dual Core S.R.L. mediante la presentación de un falso presupuesto alternativo, superior al de esa empresa, para posibilitar que la obra se le adjudicase a Dual Core por resultar más conveniente.
Ramón era el capataz de las obras de Dual Core, la empresa de Correa. Y en las escuchas ordenadas por la Justicia aparecía consultando a un manosanta colombiano. ¿Qué le pedía al brujo? Consejos para despegarse de Correa.
Sucede que Ramón también se había convertido en empresario: creó Construyendo, una firma que competía con Dual Core en las licitaciones provinciales. Siempre perdía, pero generaba la impresión de que había una puja real.
Correa fue condenado a 10 años de prisión, multa de más de 22 millones de pesos e inhabilitación perpetua por ser jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública provincial, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y autolavado de activos.
Luthers recibió cinco años de prisión, inhabilitación perpetua y una multa de 750.000 pesos. Mientras que Souza y Ramón fueron condenados a cuatro años y tres años y tres meses, respectivamente.
Las defensas apelaron la sentencia. Los planteos llegaron hasta la Corte que, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los rechazó. De esta manera, las condenas quedaron firmes.
Diego Correa, condenado por delitos de corrupción contra el estado, podría preservar algunos bienes que la Justicia le incautó como garantía por la multa de $ 29 millones que debe pagar. Así lo indicó este martes el fiscal Omar Rodríguez al programa “Fuera de Hora” por Cadena Tiempo.
Al secretario de Mario Das Neves, que hoy está en libertad condicional, la Justicia le decomisó varias propiedades que probó que habían sido adquiridas con maniobras ilícitas, mientras que otras fueron embargadas por un monto en pesos que perdió su valor.
En 2019, cuando se fijó la multa que debía pagar el condenado, estas propiedades sumaban un valor de $29 millones, pero cuatro años después por la depreciación de la moneda, esta suma solo representaría alguna de estas, lo que le permitiría conservar otras que ya daba por perdidas.
“Se decomisaron una casa y un dúplex en Playa Unión, una chacra en Trelew, un lote con construcción al lado de Gendarmería Rawson, para hacer un edificio médico, un terreno cerca de las Margaritas y casi 30 mil dólares en efectivo”, enumeró Rodríguez las propiedades que le quitaron a Correa y no habría vuelta atrás.
Al mismo tiempo, Correa tiene otros bienes que solo fueron embargados por el valor de la multa millonaria que hoy -por efecto devaluatorio del peso- no representa lo mismo que en el momento en que fijaron la condena.
“Hay más propiedades embargadas: con un dúplex puede satisfacer el impacto de la multa”, resumió Rodríguez la ventaja que podría sacar Correa de la volatilidad del tipo de cambio que caracteriza a este país.
El fiscal explicó que, al tratarse de una pena, la Justicia entiende que debe fijar un monto al momento de la sentencia, razón por la cual en este caso quedó en 29 millones de pesos que en aquel momento era mucho más dinero.
Rodríguez, en vistas de que esto se presta a especulaciones, asumió que “en este país amerita una reforma; si se le aplica una pena por un delito de corrupción tiene que haber una manera de establecer una actualización de esos montos”.
“¿De nuevo adentro?”
Así como la inestabilidad económica del país podría permitirle quedarse con algunos bienes, no todas son buenas noticias para Correa.
Este martes quedó firme la sentencia de la causa Embrujo, luego de la Corte Suprema ratificara el fallo contra él y los otros condenados.
El fiscal Rodríguez apuntó que Diego Correa quedó en libertad condicional por haber cumplido buena parte de esa condena, pero todavía la Corte tiene que expedirse sobre otras dos causas en las que fue condenado cuyas penas se unificarían.
“Correa no empezó a cumplir pena de Revelación y la Emergencia Climática. Cuando llegue a la Corte, las tres se unifican y queda una pena única, y si tiene que cumplir con días de encierro va a tener que volver”, concluyó.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas impuestas a Diego Miguel Correa, exsecretario privado del fallecido gobernador de Chubut Mario Das Neves, y otras tres personas por hechos de corrupción cometidos entre 2015 y 2017, que salieron a la luz en medio de la trama de defraudación al Estado más icónica que vivió esa provincia, que involucró a miembros del Gabinete de Das Neves, empresarios y hasta una amante despechada y un manosanta. “El Embrujo” fue precisamente el nombre de uno de los expedientes que se desprendieron de esa megacausa por corrupción.
En el expediente que llegó a la Corte se acreditó que Correa creó sociedades que, mediante su intervención como funcionario público provincial, fueron beneficiadas a través de la adjudicación de contrataciones perjudiciales para la administración pública provincial. Por su parte, Diego Luthers fue acusado de formar parte de la asociación ilícita en su carácter de secretario privado de Correa.
A Daniela María Souza, en tanto, se le atribuyó realizar actos para ocultar que Correa era el verdadero titular de los bienes adquiridos, y a Juan Carlos Ramón se le imputó intervenir en los procesos de contratación entre el ente provincial y la firma Dual Core S.R.L. mediante la presentación de un falso presupuesto alternativo, superior al de esa empresa, para posibilitar que la obra se le adjudicase a Dual Core por resultar más conveniente.
¿Quién era Ramón? El capataz de las obras de Dual Core, la empresa de Correa. Y en las escuchas ordenadas por la Justicia aparecía consultando a un manosanta colombiano. ¿Qué le pedía al brujo? Consejos para despegarse de Correa.
Sucede que Ramón también se había convertido en empresario: creó Construyendo, una firma que competía con Dual Core en las licitaciones provinciales. Siempre perdía, pero generaba la impresión de que había una puja real.
Correa fue condenado a 10 años de prisión, multa de más de 22 millones de pesos e inhabilitación perpetua por ser jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública provincial, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y autolavado de activos.
La investigación inicial surgió luego de que una secretaria, despechada por un amor roto con un funcionario de Das Neves, dejó un sobre papel madera en las escaleras de la Legislatura, dirigido a diputados de la oposición, con destalles sobre cómo el gobierno provincial había malgastado 46 millones de pesos destinados a socorrer a Comodoro Rivadavia, que en marzo de 2017 había sido devastada por un alud de barro que dejó a 3000 personas sin techo.
Pero el caso tomó impulso cuando Correa asentó su domicilio en el expediente judicial y los investigadores constataron que era el mismo de Dual Core, la empresa beneficiada con compras millonarias. El acelerón final lo dio la minuciosidad de Luthers: el secretario de Correa había registrado minuciosamente en una tabla de Excel los ingresos y gastos de la caja negra de supuestos sobornos. Y guardó fotocopias de los cheques con que pagaban las empresas.
Luthers recibió cinco años de prisión, inhabilitación perpetua y una multa de 750.000 pesos. Mientras que Souza y Ramón fueron condenados a cuatro años y tres años y tres meses, respectivamente.
Las defensas apelaron la sentencia. Los planteos llegaron hasta la Corte que, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los rechazó. De esta manera, las condenas quedaron firmes.
Esta sería una nueva demostración de las ventajas que se tienen cuando se es amigote de determinados personajes deleznables. Iván Fernández se ha convertido en el ejemplo de la impunidad absoluta y deja bien en claro que tiene la cara más dura que una bigornia, al postularse nuevamente como intendente de Lago Puelo, estando al mismo tiempo condenado por el Superior Tribunal de Justicia como culpable por el delito de Negociaciones Incompatibles con el estado, un acto de corrupción muy común entre esta gentuza.
Pero lo mencionado es lo de menos, se supone que un funcionario que es hallado culpable de un delito de esas características tiene como pena la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Entonces ¿Cómo es posible que ahora se esté postulando para ser intendente? ¿Dónde están las autoridades que no reaccionan?
Resulta que Iván Fernández es un candidato favorito de Arcioni. Se ve que se ha convertido en un eslabón del gobernador para encabezar el partido oficialista “Arriba Chubut” en la zona andina de nuestra provincia. Básicamente tiene todo el apoyo del estado.
Recordemos que el principal emisario de Arcioni es Miguel Castro, el que maneja los hilos tras bambalinas. Iván tenía que ir como intendente sea como sea. El plan era meter algún tecnicismo jurídico para que se caiga su condena de inhabilitación y así pueda presentarse a elecciones, para eso habría sido necesario comer un asado con un juez.
Y así fue, que Miguel Castro en nombre de Arcioni, se habría contactado con el juez Jorge Criado.
Juez de Esquel Jorge Criado.
Criado es un magistrado de Esquel, célebre por intentar intimidar al director de este medio Darío Fernández, con una cédula de notificación, a tan solo un par de días de que hayamos comenzado a revelar sus oscuras andanzas. Así de disimulado es “Vuestra señoría”.
El juez Criado le salvó el futuro político al condenado Iván Fernández, dejando sin efecto la inhabilitación especial de ocupar cargos públicos mediante una resolución judicial por demás controvertida.
Misión cumplida, Criado había hecho su trabajo, ahora Fernández de lo más campante se vuelve a postular como intendente con hechos de corrupción comprobados a sus espaldas.
Pero una vez logrado el objetivo, tanto Criado como Miguel Castro, debían sentarse con cafecito de por medio, a los fines de charlar cómo iba a ser el pago de los favores.
Por esas “casualidades de la vida” fue que el hijo del juez Criado, Nahuel Ramiro, terminó acomodado dentro de la Subsecretaría de Prevención y Participación Comunitaria del Ministerio de Miguel Castro, y lo último que se supo fue que lo pasaron a planta temporaria ¿Por qué? porque el 10 de diciembre Arcioni agarra los bolsos y con él se va Miguel Castro. Eso implica que todos los miembros de su planta política presenten la renuncia, en el que hubiere estado incluido Nahuel. Para asegurarle la eternidad en el estado al hijo de Criado, lo pasó a planta estable, mientras una gran cantidad de empleados estatales están peleando que salga su expediente de planta transitoria.
Antes de emprender retirada en diciembre, este 15 de junio Nahuel Ramiro pasa a ser trasladado a planta temporaria del gobierno con la intención de que permanezca en el estado, según indico el Boletín Oficial.
Boletin 15 de Junio pasan a planta temporaria al hijo del Juez Jorge Criado
El tigre no tiene solo una mancha…
Iván Fernández no sólo está condenado en una causa penal, sino que también se encuentra investigado en otra, denominada “Cantera Angela” (caso 43.371), que aún se encuentra abierta y sin novedades hasta el día de hoy, según lo que manifestaba el fiscal anticorrupción Dr. Mario Romeo en un informe al vicegobernador y presidente de legislatura RicardoSastre en mayo del año pasado. Las cosas al día de hoy, no cambiaron.
Impugnación de la candidatura de Iván Fernández
La candidatura de este sujeto se encuentra repleta de irregularidades, pero sin dudas lo más grave es lo que mencionábamos anteriormente en lo atinente a que se encuentra condenado por hechos de corrupción habiendo una ley de ficha limpia vigente en la provincia.
Además no estamos hablando de cualquier condena, sino de un veredicto manifestado por el Superior Tribunal de Justicia, el organismo jurisdiccional más alto de la provincia, lo que implica la existencia de una condena firme y sentencia con autoridad de cosa juzgada material.
El principio general del derecho establece que sentencia inferior no puede contradecir a una sentencia de un tribunal superior. Pero, en esta provincia las cosas están un poco invertidas, así que la resolución de un simple magistrado como Jorge Criado, al parecer tendría más peso que un fallo del tribunal supremo de Chubut. Cosas que pasan.
Es así que una abogada, la Dra. Marcela Fragana, presentó en el Tribunal Electoral una impugnación contra la candidatura de Fernández, buscando la nulidad total de la misma y evitar así que se presente a elecciones. Pero fue víctima de una jugarreta maliciosa por parte de la Jueza de Faltas de Lago Puelo, Paula Elena Vera.
La jueza Vera cuando se dio cuenta que la candidatura que pretendía impugnar la abogada Fragana era la de Iván Fernández, por increíble que parezca, no le quiso dar efectos de ley a su presentación, con el pretexto de que la había realizado fuera de tiempo, lo cual no es así.
Según la ley, el letrado tiene tiempo para realizar todo tipo de presentaciones en un plazo de 24 horas desde que es notificado. Fragana se notificó el viernes 16; sábado y domingo son días inhábiles por fin de semana; lunes y martes fueron días inhábiles por feriado, así que la abogada debería haber tenido tiempo para hacer las impugnaciones hasta el miércoles 21.
La propia magistrada, con anterioridad, le dijo a Fragana que no se preocupe por los plazos de presentación, que directamente el lunes 19 le avise por WhatsApp si va a impugnar la candidatura de Fernández o no.
Sin embargo, a último momento hubo un cambio de reglas y contaron el día lunes 19 como hábil sin darle aviso a la abogada.
Es así que la jueza Vera, con ostensible mala fe, habría engañado a la Dr. Fragana con los plazos para que los pierda y no pueda presentar la impugnación en tiempo. De todas maneras, el esquema es muy arbitrario, debido a que no se entiende por qué el lunes 19 es considerado por el Juzgado de Faltas como hábil, cuando justamente se trató de un feriado en el que prácticamente ninguna entidad pública estuvo en funciones.
Como consecuencia, este lunes la letrada se desayunó que no podía realizar las presentaciones a tiempo, cuando le avisó por teléfono a la jueza de que iba a impugnar y recibió la respuesta tajante: “nosotros recepcionamos impugnaciones hasta las 13 horas, resolvemos el día miércoles”.
La Dra. Fragana igualmente presentó la impugnación de la candidatura de Iván Fernández, dejando de manifiesto en el escrito todo lo que sucedió con la jueza de faltas Vera, constituyendo una documental con capturas de pantalla de los chats que tuvo con la magistrada y demás constancias que sirven como elementos de prueba.
En virtud de todo lo expuesto, sería de buen atino para el Consejo de la Magistratura abrir una investigación contra el Juez Jorge Criado por desconocimiento del derecho. Lo que implicaría un juicio político que terminaría por destituirlo de su cargo. Ya hay ciudadanos que en las redes están solicitando que así sea.
El presidente Alberto Fernández dijo este martes que «hay que terminar con los vicios de la sociedad argentina en general y que aparecen en la administración pública manejando recursos públicos» y llamó a «ser inflexibles y terminar con eso«.
«Siempre la corrupción alguien la paga. Uno que se corrompe nos salpica a todos«, remarcó Fernández en el Museo del Bicentenario, al presentar la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, un espacio de articulación de políticas relativas a la ética en la Administración Pública Nacional.
«Sobre el final de mi mandato voy hablar de algo que dije desde el primer día: la necesidad de tener un Estado eficiente. No hay espacio para la corrupción; no es algo tolerable; es algo absolutamente intolerable«, dijo el jefe de Estado.
Fernández participa este martes de la presentación de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, un espacio de articulación de políticas relativas a la ética en la Administración Pública Nacional.
En la actividad, en el Museo del Bicentenario, el jefe de Estado está acompañado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; la titular de la Oficina Anticorrupción, Verónica Gómez; la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz de Anchorena; el síndico General de la Nación, Carlos Montero y la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani.
La Mesa Nacional de Integridad y Transparencia es un espacio interinstitucional para coordinar estrategias de asistencia, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
Según se informó, fue creada en junio de 2021 y tiene el objetivo de dotar de una dimensión de transparencia a la gestión.
Conformada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación, y la Agencia de Acceso a la Información Pública, tiene como funciones la coordinación y articulación para la implementación, seguimiento y evaluación de políticas relativas a la ética en la Administración Pública Nacional.
En estos momentos se están efectuando múltiples allanamientos y requisas personales en las ciudades de Rawson, Trelew y Epuyen, en el marco del operativo RE-EDUCANDO, cuyo origen deriva de la investigación del incidente donde resultaran intoxicados con monóxido de carbono más de cincuenta (50) alumnos de una escuela de El Maiten el año pasado, se investiga la corrupción en la obra pública con la participación de altos funcionarios del Ministerio de educación y de infraestructura de la provincia del Chubut.
Participan de las diligencias personal de las Divisiones de Investigaciones de la Policía provincial supervisados por personal de Investigaciones de la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la administración pública. La medida fue solicitada por el fiscal general Dr Rodríguez Omar tras colectar durante varios meses numerosos elementos de prueba…
La decisión fue tomada por unanimidad. Al tratarse de manejos sospechosos de fondos nacionales, deberá investigarla el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Capital Federal.
Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió quitarle al fiscal Héctor Iturrioz la causa por irregularidades en la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia. Como se trata de manejos sospechosos de fondos nacionales, deberá investigarla el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Capital Federal.
De esta forma, los ministros acordaron con el dictamen de la Procuración General de la Nación, que había dado su opinión sobre el tema en octubre de 2020.
Al caso lo había disparado una declaración pública del exSubsecretario de Planificación Territorial de Inversión Pública de la Nación, Fernando Álvarez de Celis. Ese dictamen recordó que el expediente consta de una investigación seguida en contra de funcionarios de la Municipalidad por presunta defraudación del erario local, en la cual “se advirtieron irregularidades que darían cuenta de un intento de defraudación al fisco de la Nación”.
Según tuvo acceso ADNSUR, tras la pesquisa preliminar “se pudo establecer que -en el contexto de un proceso de saneamiento que atravesaban algunos sectores del casco urbano de la mencionada ciudad provincial- determinados funcionarios del municipio y algunas empresas proveedoras de servicios, falsificaron datos que plasmaron en documentos públicos con el fin de aparentar la realización de tareas inexistentes”.
De tal modo, se habría perjudicado al erario municipal en varios millones de pesos. Esas deudas –advierte el dictamen- fueron solventadas con recursos propios de Comodoro y otros provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) ya ingresados al patrimonio de la provincia.
En ese contexto, declaró Álvarez de Celis. “Manifestó que en el marco de un pedido de financiamiento para rehabilitar la obra hidráulica del lugar, no recibió los presupuestos previos que fueron requeridos a las autoridades locales sino que éstas presentaron facturas respecto de obras ya realizadas, por lo que la Nación detuvo el pago de ese financiamiento”.
Esta presunta maniobra “se detectó con la presentación de la carpeta que contenía la nota dirigida a ese organismo nacional, junto con documentos cuestionados en su contenido, en el despacho del funcionario Álvarez de Celis, ubicado en esta ciudad”.
Tras señalar que “ese accionar delictivo se detuvo en una etapa previa a su consumación, declinó parcialmente la competencia a favor de la Justicia Federal” de Rawson. Pero ésta sostuvo que “las maniobras eran similares a las que investigaba el juez local, que involucraban a las mismas personas y que sólo se diferenciaban en que unas se dirigían a defraudar intereses locales y las otras al Estado Nacional”.
En caso de intervenir el fuero federal, debería haber sido la jueza Eva Parcio. Así la discusión por la competencia llegó a la Corte. “Habida cuenta de que el juez federal de esta ciudad (por Capital Federal) aceptó que los episodios que motivaron este conflicto habrían tenido como objetivo defraudar al Estado nacional, e inclusive no cuestiona que en su ámbito territorial se presentó el pedido de asignaciones de ATN –junto con instrumentos cuestionados en su regularidad– opino que corresponde que ese magistrado continúe conociendo en estos episodios que eventualmente podrían haber afectado el normal desarrollo de una institución nacional o el buen servicio de sus empleados”.
Al fallo firman Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
