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La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta, impulsó a la oposición a celebrar el fallo judicial, el trabajo del fiscal Diego Luciani y en algunos casos hasta para descalificar a la vicepresidenta.

«Este es otro capítulo del fin de la impunidad de la corrupción pública», expresó la mesa Nacional de Juntos por el Cambio en un comunicado.

Además, destacaron que fue «un fallo judicial histórico» en el que «todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado».

«En un contexto de altísimos niveles de inflación, de inseguridad, de trabajo precario y con la incertidumbre en que vivimos los argentinos y argentinas, es doloroso ver cómo el kirchnerismo se ocupa de los intereses de sus dirigentes: solo se unen cuando los tocan a ellos. Nunca para mejorar la vida de las personas. Nunca para sacar al país de este desasosiego», indicaron.

Uno de los más duros fue el diputado de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, quien posteó en las redes sociales el tango «Chorra», de Carlos Gardel.

También se expresó el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta. «Este fallo abre la puerta de una Argentina posible: la de la Justicia, la del respeto a las instituciones y a los valores democráticos. Estamos frente a la oportunidad de un cambio de época. Una época donde la honestidad y la verdad vuelven a tener protagonismo y la viveza de algunos políticos queda como parte de un pasado oscuro», arrancó.

«La sentencia de hoy confirma que se le puede poner un freno a un modelo de corrupción sistémica sin precedentes en nuestra historia. Que no todo da lo mismo. Es un alivio saber que el fin de la impunidad en nuestro país es posible. Que podemos terminar con una cultura del poder que se adueña del esfuerzo ajeno porque entiende al Estado como propio», siguió el mandatario porteño.

«El único camino hacia el desarrollo de nuestro país es a través de la división de poderes y del Estado de Derecho. Mientras haya justicia, los argentinos podemos confiar en que hay un futuro para construir», continuó.

«Romper la ley no debe ni puede ser gratis. La corrupción tiene consecuencias graves. Es una ruta en mal estado que causa accidentes, son trenes que no frenan, aviones que no despegan, hospitales que no se inauguran, escuelas que no dan clases y patrulleros que no llegan a tiempo», destacó Larreta.

«Robarle al Estado es robarse el presente y el futuro de millones de argentinos. No puede pasar nunca más. Hoy podemos tener esperanza de un futuro mejor. Era impunidad o justicia. Y se hizo Justicia», concluyó Larreta.

A su vez, la diputada del PRO, Silvia Lospennato, destacó: «En un juicio con todas las garantías constitucionales del proceso penal CFK fue condenada. Es muy día muy importante para nuestra democracia. Hoy volvemos a creer que en Argentina existe la igualdad ante la ley».

«El Fiscal Luciani ha hecho un trabajo impecable. Nada de lawfare: hechos objetivos comprobados. Cristina Kirchner condenada en primera instancia a 6 años por administración fraudulenta. Hay Justicia, hay separación de poderes, hay democracia, hay esperanza» remarcó el senador nacional de Tierra del Fuego por la UCR, Pablo Daniel Blanco.

«Será Justicia cuando CFK devuelva TODA la plata que robó y vaya presa por los delitos cometidos. Mientras, seguiremos atentos y sin bajar la guardia. El kirchnerismo no puede ser subestimado. Su capacidad de daño no tiene límites. ¡Defendamos a nuestra patria de estos ladrones!», remarcó la titular del PRO, Patricia Bullrich.

 

Se trata de la gerenta de la Terminal de Esquel desde 2016 a 2019 y luego Secretaria de Gobierno. Se quedó con casi 2 millones de pesos que fueron cobrados como alquiler a los comercios pero que no fueron rendidos a la Municipalidad.

Finalmente, la Justicia homologó el acuerdo de juicio abreviado en la causa contra Andrea Rowlands, por “peculado, malversación de caudales públicos, falsedad ideológica de instrumento público agravado por su calidad de funcionaria pública”.

De esta forma, la ex gerenta de la Terminal de Esquel (2016-2019) y ex secretaria de Gobierno (2019-2020) reconoció haber cometido los delitos y fue condenada a la pena de 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La ex funcionaria de Esquel reconoció haberse quedado con la recaudación de los alquileres que debía cobrar, desde enero del 2016 a diciembre de 2019; una total de $ 1.956.055 (de ese momento).

Sin embargo, durante ese tiempo el dinero no ingresó a la cuenta habilitada por el Municipio ni tampoco utilizado para otros fines dentro del área que administraba la condenada.

Además, cuando asumió como Secretaria de Gobierno entregó recibos de pago en concepto de expensas y alquileres por los montos que ella no ingresó a la cuenta municipal. Además, otorgó un libre de deuda a una empresa que debía 435 mil pesos y no había abonado.

Por todo esto, Rowlands reconoció su autoría y en juicio abreviado terminó siendo declarada culpable y condenada.

El fiscal Omar Rodríguez, que dirige la unidad anticorrupción del Ministerio Público Fiscal, cuestionó que el sistema de juicios por jurados contemple la participación de sólo 2 ciudadanos comunes para juzgar a funcionarios acusados por delitos de corrupción, junto a 3 jueces técnicos, en un tribunal mixto, mientras que para delitos comunes se confía en la participación de 12 populares. “Hay una contradicción”, señaló.

El cuestionamiento de Omar Rodríguez fue formulado en el marco de una entrevista en la que dio detalles de la acusación contra el ex funcionario Pablo Korn, al indicar que hechos como éste podrían ser juzgados, en un futuro cercano, por jurados con participación ciudadana. Sin embargo, advirtió lo que a su criterio es una falencia de la ley que creó el nuevo sistema en Chubut.

“En un caso como éste se contempla la participación de sólo 2 jurados populares y 3 jueces técnicos, pero para juzgar delitos comunes, como un homicidio, los legisladores confiaron en que podrían participar 12 personas, más 2 suplentes, es decir un total de 14. Parece contradictorio, porque por un lado hay confianza para juzgar delitos comunes, pero no así para hechos de corrupción, donde tiene mayor peso la participación de jueces técnicos”, comparó, en diálogo con Actualidad 2.0.

Rodríguez apuntó que si “si vamos a instaurar el sistema de juicios por jurado, no veo por qué tiene que haber una diferencia entre delitos comunes y los hechos de corrupción, al menos hasta ahora no le he escuchado a ningún legislador ni nadie que haya podido explicar esta diferencia”.

Además cuestionó otra diferencia, en la que los 12 jurados populares de un homicidio deben dar un veredicto sólo por “culpable” o “inocente”, sin tener que fundamentar, mientras que en los casos de corrupción, los jurados populares deben argumentar el motivo de su decisión en base a las pruebas reunidas en el proceso.

La acusación contra Korn: “Hemos probado el delito y la pena puede ir desde los 2 a los 6 años en caso de que el tribunal lo declare culpable”

En referencia al juicio contra Pablo Korn y Darío D’Amico, en el que el martes 1° de noviembre se produjeron los alegatos de fiscalía y defensa y esta semana se pronunciará el tribunal sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, el fiscal detalló que a su criterio ha quedado probado el delito que se les imputa:

“Korn ha hecho contrataciones, desde su rol como subsecretario de Servicios Públicos, en el momento en que ocurrió la lamentable catástrofe climática de Comodoro Rivadavia. Además se acumula con otra causa, en la que también compró materiales para Puerto Pirámides y lo hacía en el comercio Electro City, propiedad de su amigo, Héctor D’Amico, con quien además participaba en algunos negocios conjuntos, como un loteo”, detalló Rodríguez.

La imputación apunta a reflejar que la irregularidad se consumó por el hecho de haber orientado las compras de los materiales hacia el negocio de una persona cercana, que en este caso es un amigo o socio pero también podría haberlo sido con un familiar, según explicó el fiscal, en tanto el funcionario aprovechó la circunstancia de emergencia en la que los controles administrativos se tornan más flexibles, con el objetivo de agilizar las compras.

“El delito se concreta aún cuando los precios hubieran sido más bajos que el resto de la plaza, porque lo que la ley protege en estos casos es el deber de imparcialidad y transparencia de los funcionarios, que son servidores públicos”, detalló el fiscal, quien indicó que la imputación no apunta a determinar sobreprecios, ni retornos ni tampoco una defraudación al Estado.

Por la figura delictiva que se les endilga al ex funcionario y el empresario, la pena prevista por el Código Penal va desde un mínimo de 2 a un máximo de 6 años, lo que deberá debatirse una vez que se expida el tribunal, presidido por la doctora Karina Berkly, en la semana que se inicia este lunes 7 de noviembre.

Lo aseveró Alejandro Gilardino, ex ministro coordinador de Gabinete y ex secretario de Pesca respecto de su sobreseimiento en la causa “Ñoquis Calientes”. También había sido implicado en torno a la Emergencia Climática de Comodoro de 2017. “En las dos causas que estuve fui sobreseído por la misma fiscalía que me acusó”, remarcó. AUDIO COMPLETO.

“En lo único en lo que voy a discrepar con la fiscalía es que si me hubieran escuchado desde un principio se hubieran dado cuenta que nunca hubo un delito, un ardid o una intencionalidad de hacer un fraude al Estado”, sostuvo Gilardino este miércoles una vez que recibió la notificación en la Oficina Judicial de Rawson en medio de la audiencia preliminar.

“Hace cinco años que no tengo ninguna vinculación con el Estado, que no ocupo ningún cargo público, renuncié en el 2017, di mis motivos en su momento. Después pasó lo que pasó, siempre me ajusté a derecho, di mis puntos de vista donde los tenía que dar que siempre fueron en el marco de un expediente judicial”, fundamentó.

“En las dos únicas dos causas que estuve fui sobreseído por la misma fiscalía que me acusó porque no pudo demostrar los hechos que en un principio entendía que podrían haber constituido algún delito”, destacó.

“Pero más allá de la tranquilidad que uno puede tener de saber que hizo las cosas bien está el daño que dejó en la opinión pública esta acusación porque mañana no saldrá en la tapa del diario como salió en el momento de la acusación Gilardino esto, Gilardino lo otro”, reprochó.

“Pasará desapercibido y serán pocos los medios que llamarán para aclarar el tema, como fueron pocos los que llamaron en su momento para escuchar la versión de primera persona”, consideró.

“Esa condena social está, me ha afectado mucho en lo personal y en lo laboral porque vivo de mi profesión, pero me aferré a la familia, a los amigos y estaba tranquilo de que todo se iba a aclarar”, aseguró.

“Lo que pasa es que es lento, pasaron dos años de algo en la que involucraron a mi madre, totalmente innecesario. Si yo hubiera querido ser asesor de cualquier funcionario lo hubiera sido porque me lo han ofrecido, pero elegí no serlo porque estoy bien en mi profesión y no tengo interés de volver a participar en el Estado”, insistió Gilardino.

“Hubo intención de contratar a mi madre porque tenía antecedentes de haber trabajado en temas con vinculación social, fue presidenta de una fundación y de la cooperadora del Hospital”, aclaró.

Gilardino fue acusado de recibir parte del dinero que supuestamente cobró su madre producto de un cargo público.

“La acusaron de algo que no fue y me metieron al medio a mí y porque además es un hecho separado al tema Otarola”, se quejó.

“No sé si hubo intencionalidad política, yo apenas fui funcionario dos años, tengo relación con muchos funcionarios, pero a mí no me echó nadie, renuncié yo porque no compartía determinadas cuestiones que pasaron y en su momento les di las explicaciones al que se las tenía que dar, al gobernador Das Neves, y después les doy explicaciones a la Justicia y a la AFIP”, expuso.

“En la Emergencia Climática también fui acusado porque mi firma estaba en todos los expedientes, yo era el último responsable, pero de ahí que supiera de lo que estaba pasando, que tenía intenciones de hacer fraude con las compras era otra cosa”, subrayó.

“Pero si me hubieran llamado de entrada, porque esto surge de la declaración de un pelotudo de apellido Sandoval al que ni siquiera le conozco la cara, me hubiera evitado estar dos años de estar en la tapa del diario, de periodistas y de la sociedad, que no es grato ni gratis, eso tiene un costo”, disparó.

“El tiempo va aclarando, entiendo que la Justicia hace su trabajo, pero podría haber actuado de otra manera, al doctor (Omar) Rodríguez no lo conozco, nunca tuve trato con él, lo respeto porque me parece que hace un buen trabajo, y entiendo los procedimientos y por eso me acogí siempre a la Justicia”, reiteró en el final.

Diputados que integran la Comisión de Energía, entre los que se encuentra la diputada nacional por Chubut de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, citaron al ex ministro de la Producción, Matías Kulfas, para responder preguntas sobre sus dichos acerca de un posible direccionamiento del pliego licitatorio para la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que cuenta con un presupuesto cercano a los 600 millones de dólares, correspondiente a la provisión de caños.

Romero, que ejerce el cargo de secretaria de la Comisión de Energía, acompañó el pedido para citar a Kulfas a una reunión de Comisión Informativa junto al Secretario de Energía del Ministerio de Economía, Darío Martínez, y al Subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Kulfas había declarado el viernes en la Justicia y negó conocer actos de corrupción en relación a la licitación del gasoducto.

“Es necesario que el exfuncionario esclarezca la denuncia que efectuó y le valió el pedido de renuncia por parte del presidente Alberto Fernández. Junto con otros miembros de la Comisión de Energía sostenemos que frente a las posibles irregularidades en el proceso licitatorio del Gasoducto Néstor Kirchner, es indispensable que el exfuncionario clarifique esta situación frente a la sociedad, como representantes de los ciudadanos es nuestra obligación exigir respuestas».

En este mismo sentido la citación sostiene que la Cámara de Diputados de la Nación representa de forma directa a todos los ciudadanos “que necesitan explicaciones respecto a una obra de tal magnitud que ha sido objetada de irregularidades por un funcionario público». Los diputados también pidieron la presencia de la Subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, y del presidente de Integración Energética Argentina S.A.(IEASA), Agustín Gerez.

«Los ciudadanos merecen una respuesta urgente sobre lo manifestado por el ex ministro y como oposición vamos a garantizar una efectiva rendición de cuentas para no malgastar el dinero de los contribuyentes. Promoveremos siempre el control entre los poderes enfatizando la transparencia en los actos del Estado como baluarte fundamental del sistema democrático», sostiene el pedido que acompaña la diputada Romero.

Este gasoducto fue licitado en 2019 por la gestión de Mauricio Macri, pero prorrogado varias veces desde la asunción de Alberto Fernández. Su construcción es vital para que la Argentina, que tiene capacidad de producir gas, pueda transportarla desde su lugar de producción, Vaca Muerta, hasta Buenos Aires. Los dos gasoductos que funcionan actualmente transportando gas desde la cuenca neuquina están colapsados. Avanzar en la construcción del nuevo gasoducto es vital para que el país deje de importar gas y pueda proyectar exportar.

Recordemos que el instituto provincial de la vivienda fue el eje central de la polémica este año por reincorporar empleados que fueron condenados por hechos de corrupción en el mismo organismo, los trámites para llevar a cabo las medidas actuales ¿estarán a cargo de esos mismos agentes?

El miércoles 3 de noviembre de este año volvieron a trabajar en el IPV los agentes Onieva, Acosta, Caro y Medina Consoli. Estos fueron condenados por llevar a cabo prácticas fraudulentas que consistieron en entregar viviendas a un grupo determinado de personas a cambio de coimas dinerarias entre los años 2011 y 2014, justamente en el mismo organismo.

Ahora, la titular del IPV Ivana Papaiani, salió a comunicar una nueva operatoria que consistirá en el sorteo de 200 créditos a ciudadanos con terrenos escriturados para que puedan construir viviendas en esos fundos.

¿Tenemos que confiar en que los procedimientos van a estar totalmente exentos de irregularidades? ¿O van intervenir también empleados con ganas de currar?

Todavía no hemos recibido ninguna respuesta de parte de Papaiani sobre cuáles fueron los motivos que la influenciaron a volver a sumar al plantel del IPV a esa gentuza, ¿existirán intereses espurios entre ella y esos personajes?

¿Tendrá algo que ver el hecho de que el organismo haya alcanzado un incremento de recaudación de un 12%? Según las declaraciones de Papaiani del 15 de abril de este año se debió al vigente sistema de recupero de cuotas, pero dados los antecedentes que presentan algunos integrantes de sus oficinas nos resulta inevitable dudar un poco.

Nota relacionada: Increíble: Fueron condenados por coimas y volvieron a trabajar en el IPV

Es el proyecto de Ficha Limpia. En la ciudad fue presentado en noviembre de 2020 por el concejal de Juntos por el Cambio, Rubén Cáceres, que adelantó que la semana próxima está previsto que se trate en Comisión para luego pasar al recinto. Es una iniciativa surgida de un movimiento nacional. Chubut fue la primera provincia en aprobarla, tras una presentación de Manuel Pagliaroni. Y en el Congreso uno de sus principales impulsores es Gustavo Menna.

El concejal de Trelew por Juntos por el Cambio, Rubén Cáceres, adelantó que la semana entrante el Concejo Deliberante tratará en Comisión el proyecto de Ficha Limpia, que el edil presentó en noviembre del año pasado.

Se trata de la iniciativa surgida de un movimiento ciudadano a nivel nacional que impulsa la prohibición para que se presenten como candidatas a cargos electivos u ocupen cargos relevantes en la Municipalidad personas con condena judicial por diversos delitos, especialmente los de corrupción.

La Ficha Limpia surgió en la Argentina a partir de una iniciativa ciudadana, sin banderías partidarias, desde la plataforma Change.org. y lleva reunidas más de 376 mil adhesiones de seguidores que piden que la iniciativa se replique en todas las provincias y municipios de la Argentina.

El diputado nacional Gustavo Menna ha sido uno de los principales impulsores del proyecto en el Congreso de la Nación, mientras que Chubut se convirtió, en noviembre del año pasado, en la primera provincia en sancionarlo como ley, a partir de una presentación del presidente del bloque de la UCR en la Legislatura, Manuel Pagliaroni.

Luego de Chubut, otras provincias como Mendoza y Salta la convirtieron en ley y la impusieron como condición para seleccionar a sus candidatos en sus distritos, mientras que en diciembre del año pasado se aprobó en Esquel, y también tuvo sanción en otras localidades como Puerto San Julián, Santa Cruz, y Villa La Angostura, Neuquén. En tanto, avanza su tratamiento en Córdoba y en Pilar, Buenos Aires.

“Desde el inicio de mi gestión me propuse impulsar iniciativas para implementar políticas de fomento de la transparencia en la Municipalidad de Trelew, por lo que me sumé a Ficha Limpia. Y el año pasado presenté el proyecto de ordenanza que, por distintas circunstancias, sufrió un retraso en su tratamiento en el Concejo”, comentó Cáceres.

Y agregó: “Ahora tenemos la expectativa de que sea sancionado antes de fin de año, ya que hay buena predisposición de los concejales”.

QUÉ CONTEMPLA

Explicó que “el proyecto contempla una inhabilitación que aplicará a quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos vinculados a la corrupción (cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles, asociación ilícita, entre otros) contra las personas, la integridad sexual, el estado civil, la libertad y contra el orden económico y financiero”.

Y añadió que el proyecto presentado en Trelew “va más allá, ya que prevé que tampoco podrán ser propuestos o designados como secretarios, coordinadores generales, coordinadores, asesores de Gabinete, directores de Entes Autárquicos, directores del Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos, vocales del Tribunal de Cuentas Municipal, miembros del Tribunal Electoral Municipal, integrantes del Tribunal de Faltas, secretarios legislativo y administrativo del Concejo Deliberante; y/o cualquier otra función de carácter político”.

En este sentido consideró el concejal que “es un proyecto importante de cara al futuro”, porque “ayudará a fortalecer los vínculos entre los gobernantes y funcionarios y los vecinos de la ciudad, quienes podrán confiar en que aquellos serán no solo personas idóneas sino que además respetarán los parámetros éticos y morales que implica el desempeño de cargos públicos”.

El sacerdote Héctor Coñuel fue condenado este lunes pasado por el delito de abuso sexual agravado de una menor de edad entre los años 2011 y 2012 cuando profesaba como cura en la parroquia “Nuestra Señora de la Paz”, ubicada en la ciudad de Trelew.

No fue el único caso, ya que había sido condenado anteriormente por el mismo delito cometido en repetidas ocasiones contra un niño en el interior de una parroquia ubicada en Victorica, provincia de la Pampa.

Coñuel también abusó sexualmente de un menor de edad dentro de una combi de la congregación salesiana que circulaba por varias localidades del norte de nuestro país, pero pese a tener todos estos antecedentes cargando en sus espaldas continuó ejerciendo como ministro de culto de ciudad en ciudad.

En el año 2019 finalmente fue detenido por las autoridades en Neuquén, pues avanzó una acusación en su contra por delitos sexuales perpetrados en Trelew, Chubut. Así que fue trasladado a los estrados judiciales de nuestra provincia para ser juzgado.

¿Quiénes eligieron defenderlo? los abogados Martín Sebastián Castro y Rodrigo Miquelarena. El primero, abogado personal de Massoni y, empleado de Massoni (Es director General de Prevención del Delito del Ministerio de Seguridad). El segundo es el sobrino del procurador general Jorge Miquelarena, jefe de fiscales señalado como protector de los amigos del poder.

La condena judicial del sacerdote y el caso detallado fueron difundidos por varios medios de comunicación del país, llegando incluso hasta la provincia de Chaco, donde aparecen los nombres de Castro y Miquelarena en el contenido de los artículos periodísticos.

Así que después de los ridículos videos de Massoni y la corrupción en la administración pública, volvemos a ser vergüenza nacional al resultar que empleados y amigos del gobierno provincial defienden a un cura violador.

Conforman la pata judicial de la mesa chica del poder, del que no nos podemos olvidar de otro peón indispensable, el fiscal general Fernando Rivarola, aquel autor intelectual de la frase “desahogo sexual” para explicar la conducta de los jóvenes miembros de “la manada” al presuntamente violar a una chica durante una fiesta, que tuvo lugar en Playa Unión en el año 2012.

Fiscal Fernando Rivarola

Esa frase la expresó para fundamentar un rebaje de acusación, porque debemos acordarnos que en un principio, a los jóvenes involucrados se los había imputado por “abuso carnal gravemente ultrajante”, una figura que iba a significar penas muy duras para los implicados; pero el fiscal Rivarola decidió que no era tan grave lo que habría pasado, así que decidió llevar la imputación a “abuso simple”, lo que iba a corresponder una pena más leve, explicando que se trató tan solo de un “desahogo sexual” la supuesta violación en banda que tuvo que padecer la joven víctima de 16 años.

Por supuesto que fue algo que cayó muy mal al nivel nacional, en lo que respecta a que no existió medio de comunicación en el país que no haya dedicado articulo criticando duramente la expresión del funcionario. Aunque nos quedamos cortos con hablar de “repercusión nacional”, ya que medios internacionales también se hicieron eco de la información, ejemplo de ello fue el diario español “El País”.

Luego, se tejió una hipótesis para nada descabellada: Rivarola estaba intentando beneficiar a “La Manada”; lejos de investigarlos como cualquier fiscal, estaba oficiando de abogado defensor de ellos. Pero ¿Por qué? Aparentemente porque los acusados integran un sector de la alta sociedad chubutense respetado por el poder público debido a la influencia de sus apellidos.

En su momento hasta el ministro de Seguridad Federico Massoni salió a criticarlo duramente y advirtiendo que iban a tomar medidas desde gobierno. Pero Rivarola terminó siendo empleado del mismo Massoni al tiempo, ya que formó parte, el año pasado, del grupo de capacitadores del Ministerio de Seguridad.

El caso del cura violador fue un manjar mediático al nivel nacional por diferentes portales periodísticos del país. Y la verdad que a un “plato gourmet” de corrupción como el que representaría el gobierno de nuestra provincia en todos los confines de la administración pública, para los medios de comunicación nacionales creemos que es un ingrediente que combina perfecto el hecho de que los abogados defensores del cura violador son justamente o empleados del gobierno o amigos del gobierno.

Los defensores del cura violador

Rodrigo Miquelarena, sobrino del procurador y jefe de fiscales Jorge Miquelarena (derecha), señalado por proteger a “amigotes” poderosos del gobierno.

Martín Sebastián Castro, conocido por ser abogado personal de Massoni, pero además… también empleado de éste, puesto a que se desempeña como director general de Prevención del Delito y también trabaja en la Policía del Chubut. Descartando el dinero que recibe de Massoni en la faz privada, está cobrando $197.472 del estado.

¿Hasta dónde estarían dispuestos a investigar los fiscales a un sujeto que es defendido por el sobrino del jefe de los fiscales? No lo sabemos a ciencia cierta, pero que es algo que nos hace bastante ruido también.

De todas maneras, afortunadamente la influencia del procurador general Miquelarena no habría sido suficiente en este caso, el cura abusador al fin y al cabo fue declarado culpable, y eso se puede deber a que entendieron en la causa los jueces, quizás, más imparciales de la provincia y que no estarían contaminados por el poder ejecutivo: Marcelo Nieto Di Biase, Mirta del Valle Moreno y María Tolomei.

Leé la nota relaciona: «Sobrino de Miquelarena y defensor de Massoni los abogados del cura violador»

El precandidato a senador de Juntos por el Cambio Chubut, Ignacio Torres, consideró vital concretar una reunión con los postulantes de otras listas de la UCR para asumir un compromiso de acompañamiento de cara a las elecciones generales, entendiendo que el principal objetivo es ponerle un freno al kirchnerismo.

El diputado nacional y precandidato a senador, Ignacio “Nacho” Torres, remarcó que la idea antes de la elección de las PASO “es reunirnos con el resto de los candidatos de las listas para asumir un compromiso de acompañamiento de cara a las generales, entendiendo que el verdadero enemigo es la corrupción, la desidia, la mentira y la demagogia”.

El joven dirigente del PRO que cuenta con el apoyo explícito de Horacio Rodríguez Larreta y con una ventaja en la interna de acuerdo a diversas encuestas, identificó que el principal objetivo sin importar los nombres “son las elecciones generales”.

“Por eso es importante que todos entendamos que esto no es una elección más. Al margen de los nombres propios, hay una batalla mucho más importante que dar de cara a las generales para ponerle un freno al kirchnerimso”, concluyó Torres en diálogo con Metadata Noticias.

Las sospechosas compras directas por 10 millones de pesos durante la Emergencia Climática de Comodoro Rivadavia. El juicio contra exfuncionarios y empresarios por presunta corrupción durante el temporal de 2017 continuaría la próxima semana

El debate por corrupción durante la Emergencia Climática que se realiza en el Retiro Espiritual de Rawson deja datos que llaman la atención. En la última audiencia –previo a la recusación de los fiscales por parte de los acusados- surgió que la empresa la Agrícola Srl, propiedad de Bruno Taurelli Chiribao, le vendió al Estado Provincial 466.000 kilos de leña en el marco de la Emergencia Climática.

“El transporte de casi medio millón de kilos de leña significa el transporte de 17 camiones” graficó el fiscal Omar Rodríguez para dar dimensión de los valores. Pero la leña nunca habría llegado en su totalidad a los productores. “Es parte de la prueba que queremos exhibir y demostrar que la totalidad de la leña no llegó a las personas afectadas”, indicó Rodríguez.

Otro dato. Se facturaron 10.000 fardos de pasto para animales y 11 mil kilos de carne. “Los 11 mil kilos de carne no era una compra lógica dentro de una emergencia climática, ya que –surge claramente de los testimonios rendidos- no había ninguna cámara de frio para resguardarla, recordemos que no había electricidad en Comodoro Rivadavia. Y tampoco el Ministerio de Familia tenía cámaras de frio”.

Tampoco era sensata la compra de 10 mil fardos de pasto para trasladar a una ciudad donde no hay cría de animales. El total de este dinero es superior a los 10 millones de pesos.