La Cámara Nacional Electoral procesó a cuatro apoderados de partidos políticos de la provincia de Buenos Aires por un millonario esquema de fraude detectado en las elecciones primarias de 2023.
Según la investigación del medio Infobae, los imputados habrían presentado listas con precandidatos inexistentes, fallecidos o no consentidos para recibir ilegítimamente fondos públicos destinados a la impresión de boletas.
La maniobra: listas falsas para acceder a más de $476 millones
Los partidos involucrados son Encuentro Republicano Federal, Esperanza del Pueblo, Justicia y Dignidad Patriótica y Proyecto Joven. La investigación detectó graves irregularidades: de las 228 precandidaturas relevadas, 170 no fueron ratificadas por los supuestos postulantes, quienes declararon no haber consentido su inclusión. Algunas listas incluso incluían personas fallecidas.
La finalidad de la maniobra, según el tribunal, era obtener los fondos públicos asignados para la impresión de boletas y el financiamiento partidario. Las sumas asignadas fueron millonarias: Proyecto Joven recibió $352 millones y Justicia y Dignidad Patriótica, $124 millones. Aunque los otros dos partidos no lograron cobrar, el Estado también tenía previsto asignarles fondos.
Los imputados, las defensas y las medidas cautelares
Los cuatro apoderados procesados son Ernesto Raúl Habra, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos. La justicia no los envió a prisión preventiva, pero sí embargó sus bienes por un total que supera los $1.040 millones para asegurar un futuro resarcimiento al Estado.
La investigación encontró un vínculo clave: la imprenta DWP S.R.L., ligada a Habra y a su esposa, fue la que estos partidos contrataron para imprimir las boletas. Frente a los jueces, los imputados dieron versiones opuestas. Habra negó cualquier responsabilidad y acusó a otros de haberlo «estafado». Medrano, en cambio, reconoció haber recibido «poco más de 100 millones» de pesos y afirmó que había puesto la gestión de su partido en manos de Habra.
El dictamen fiscal sostiene que el caso revela «la confección y utilización de documentación falsa» para «defraudar al Estado». Esta investigación deja al descubierto una grave falla en el sistema de financiamiento electoral. Con los cuatro hombres procesados y sus bienes embargados, la causa ahora avanza para identificar con precisión a todos los responsables de una estafa que desvió millones de pesos de los contribuyentes.