En un 2025 marcado por un tenso pulso entre el oficialismo y un Congreso controlado por la oposición, el presidente Javier Milei utilizó su poder de veto para frenar siete leyes claves aprobadas por la mayoría opositora.
Estos proyectos, impulsados principalmente desde la oposición, buscaban atender emergencias, financiar sectores críticos y modificar la distribución de fondos federales, pero fueron rechazados por considerarse fiscalmente irresponsables o por alterar mecanismos de gestión discrecional del gobierno nacional. Según Noticias Argentinas.
Emergencia bonaerense, discapacidad y ajustes jubilatorios
El primer bloque de vetos golpeó iniciativas destinadas a paliar crisis específicas y a compensar económicamente a sectores vulnerables.
- Emergencia en la Provincia de Buenos Aires: La ley que declaraba una emergencia por 180 días en zonas afectadas por el temporal de marzo en Buenos Aires, y creaba un fondo de 200.000 millones de pesos, fue vetada con el decreto 424 el 23 de junio.
- Emergencia en Discapacidad: Un proyecto que extendía la emergencia en el sistema de discapacidad hasta diciembre de 2026, buscando actualizar aranceles y fortalecer pensiones, fue vetado el 4 de agosto.
- Incremento Jubilatorio: La ley que restituía un 7.2% perdido por los jubilados en el cambio de fórmula y aumentaba un bono específico, compartió el mismo destino.
- Moratoria Previsional: La iniciativa que prorrogaba la moratoria previsional discontinuada por el gobierno también fue vetada el mismo día. El presidente argumentó que estas tres últimas normas carecían de una fuente de financiamiento específica para su impacto fiscal.
Financiamiento universitario, emergencia pediátrica y fondos federales
El segundo bloque de vetos apuntó a proyectos que buscaban fondos automáticos para sectores estratégicos y cambios en la coparticipación.
- Financiamiento Universitario: Una ley que obligaba al gobierno a actualizar los fondos para universidades públicas y los salarios de su personal según la inflación (IPC) fue vetada el 10 de agosto. Era similar a otra norma vetada en 2024.
- Emergencia Sanitaria Pediátrica: Junto a la anterior, se vetó la ley que declaraba la emergencia en salud infantil por un año, con el objetivo de recomponer salarios de residentes y eximir de impuestos a las horas extras del personal de salud.
- Distribución de Aportes del Tesoro (ATN): Finalmente, el 12 de septiembre, se vetó la ley 27.794, que buscaba hacer automática y diaria la transferencia de los ATN a las provincias. El gobierno argumentó que esto vaciaría un fondo esencial para atender emergencias imprevistas de manera ágil y focalizada, y que cualquier cambio en la coparticipación debe surgir de un acuerdo federal integral, como el propuesto en el Pacto de Mayo.
La ley que sí prosperó: «Ley Nicolás»
En contraste con los vetos, un proyecto de origen opositor sí alcanzó el estatus de ley con apoyo del Ejecutivo. Nos referimos a la Ley 27.797, la «Ley Nicolás», que el gobierno promulgó en octubre y publicó en el Boletín Oficial. La norma se propone garantizar la calidad y la seguridad en la atención sanitaria a nivel nacional.
Para ello, establece una serie de herramientas: protocolos obligatorios, auditorías periódicas, la creación de un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC) y la capacitación continua para el personal de salud. Además, introduce un enfoque de «cultura justa», que antepone el aprendizaje del sistema ante errores por sobre la sanción individual. Su sanción demuestra que, aun en contextos de polarización, es posible construir consensos legislativos en temas de interés público transversal.
Este balance del 2025 confirma un profundo desacuerdo entre el gobierno y la oposición sobre la dirección de las políticas públicas, sobre todo en materia fiscal y social. Sin embargo, también deja una puerta abierta al diálogo, particularmente en áreas donde prima el consenso técnico y humano.