Vence la conciliación obligatoria y vuelve la posibilidad de riesgo operacional.
A partir de este viernes vence el plazo de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en el conflicto entre el Gobierno y el gremio que nuclea a los controladores aéreos.
La tregua administrativa establecida el pasado 23 de diciembre permitió neutralizar las medidas de fuerza de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), no obstante, la resolución del conflicto paritario con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) sigue sin concretarse.
Según fuentes del sector, se anuncia una nueva reunión para mañana mismo, mientras anticipa la posibilidad de una extensión del plazo, ante la alternativa del gremio de convocar a nuevas medidas de fuerza en el corto plazo.
“En el marco del conflicto gremial entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), y ante el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada oportunamente por la Secretaría de Trabajo, el viernes 16 de enero se realizará una nueva audiencia, existiendo la posibilidad de prorrogarla por 5 días hábiles más”, indican las fuentes. De acuerdo con Noticias Argentinas.
Sostienen que, “a pesar de la postura permanente de intransigencia del gremio, desde EANA se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto con el objetivo de garantizar la normalidad en la operación de los vuelos en plena temporada alta de verano”.
Y finalizan: “EANA ratifica su voluntad de apertura al diálogo y de poder seguir negociando para llegar a una solución, ya que considera que la posición beligerante de ATEPSA no busca mejores condiciones laborales, sino generar daño”.
La posibilidad de la prórroga está dada por las normativas vigentes, que prevén que la autoridad laboral pueda otorgue una prórroga de cinco días hábiles adicionales a solicitud de la empresa estatal. Este mecanismo busca agotar las instancias de diálogo antes de que el gremio, liderado por su Secretaria General Paola Barritta, recupere la potestad de realizar asambleas o paros que comprometerían el flujo de pasajeros en plena temporada alta.
El gremio ya ha llevado adelante una serie de medidas de fuerza. En julio del año pasado, en la antesala de las vacaciones de invierno, se dictó una conciliación obligatoria inicial para desactivar un esquema de protestas que amenazaba el receso invernal.
Posteriormente, en agosto. Se concretaron tres jornadas de paro nacional. El conflicto se suspendió tras un acuerdo transitorio que contempló una recomposición salarial del 15% distribuida en cuatro tramos.
En el mes de noviembre, el gremio retomó las acciones con nueve jornadas de paro focalizadas en vuelos de carga y la paralización total de capacitaciones técnicas y mantenimiento de infraestructura.
Finalmente, en diciembre, se inició un plan de lucha que afectó vuelos de pasajeros por dos jornadas, lo que derivó en la actual conciliación obligatoria que rige hasta este viernes.
El conflicto trascendió el ámbito laboral para instalarse en los tribunales federales, donde se investigan dos ejes principales, un presunto fraude administrativo y una investigación por fallas en la seguridad operacional.
La Justicia investiga por un lado, la validez de un acta paritaria de fines de 2023, donde se analiza la responsabilidad de Gabriela Logatto (Ex-Presidenta de EANA) y de Paola Barritta (Secretaria General de ATEPSA) en la supuesta creación de un documento que establecía aumentos anticipados para 2024, el cual no figura en los registros oficiales de la compañía.
Por otro lado, EANA formalizó denuncias penales contra el gremio por acciones que habrían puesto en riesgo la seguridad de los vuelos, incluyendo la colocación de elementos sindicales en las torres de control que podrían haber interferido con la visibilidad y operación técnica.
El vencimiento de la conciliación obligatoria sitúa al Gobierno en una encrucijada estratégica. Mientras el núcleo económico mantiene su postura de austeridad, la operatividad del transporte aéreo depende de la capacidad de gestión de un recurso humano que es, por naturaleza técnica, insustituible.
Los controladores aéreos poseen un poder de acción que, de reactivarse, comprometería la estabilidad de la aviación civil y comercial en todo el territorio argentino.