El juez Diego Amarante lo había citado a indagatoria en la causa por presunta retención indebida de aportes a la seguridad social.
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, pidió la nulidad del llamado a indagatoria en la causa por la evasión de $19.000 millones.
Según pudo saber TN, el planteo fue presentado este viernes por sus abogados, quienes sostienen que existen escritos ya ingresados ante la Cámara en los que argumentan que no hubo delito y que la deuda fue cancelada. Con esos fundamentos solicitaron que se declare nulo el llamado a indagatoria dispuesto por el magistrado.
La citación había sido ordenada por el juez Diego Amarante en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones. Además de Tapia, fueron convocados el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes vinculados a la conducción de la entidad. De acuerdo con TN.
El cronograma fijado establece que el presidente de la AFA debe presentarse el jueves 5 de marzo mientras que al día siguiente estaba previsto que lo hiciera Toviggino, pero la indagatoria del tesorero terminó siendo postergada.
La resolución del juez incluyó también la prohibición de salida del país para los imputados. En ese contexto, días atrás Tapia solicitó autorización para viajar al exterior durante tres días para asistir a un partido de la Conmebol en Brasil y a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol. Amarante habilitó el viaje, aunque fijó una caución real de 5 millones de pesos como garantía para suspender de manera temporal la restricción.
La causa se originó a partir de una denuncia de ARCA por retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos bajo análisis abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e incluyen retenciones en concepto de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales.
Según la presentación inicial del organismo, el monto no ingresado ascendía a $7.593.903.512,23. En una ampliación posterior se agregaron otros $11.759.643.331,62. De ese modo, el total investigado supera los $19.300 millones.
ARCA sostuvo que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. En la denuncia señaló que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”.
El organismo también afirmó que, desde el punto de vista subjetivo, el delito “se consuma con dolo”, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo. En esa línea, sostuvo que la entidad “conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo”.
Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez valoró un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la asociación. De acuerdo con ese documento, en diciembre de 2024 se registraron acreditaciones por más de $45.072 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones. Además, en 2024 y 2025 se constituyeron varios plazos fijos en pesos y en dólares.
A partir de esos datos, el organismo recaudador concluyó que existía la “total posibilidad fáctica” de cumplir con las obligaciones fiscales como agente de retención. Entre las pruebas incorporadas figuran también informes bancarios que dan cuenta de acreditaciones en cuentas de la AFA y de la constitución de depósitos a plazo por sumas significativas.
Otro de los elementos considerados fue la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la entidad. La profesional explicó que las tres autoridades principales son el Presidente, el Secretario y el Tesorero, quienes firman los estados contables. Detalló que su área confecciona la declaración jurada a través del sistema SIRE y que, una vez realizada, informa por mail el vencimiento del pago.
“Todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar”, declaró.
La figura penal en análisis prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por cada mes.