El Gobierno extendió por un año el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y amplió su alcance en petróleo y gas, con nuevos umbrales de inversión que llegan hasta los US$600 millones.
La medida busca sostener el flujo de proyectos estratégicos y reforzar la señal de estabilidad fiscal y cambiaria para atraer capitales de largo plazo.
El Gobierno nacional prorrogó por un año el plazo de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y amplió su alcance en el sector de petróleo y gas. La medida quedó formalizada a través del Decreto 105/2026 publicado en el Boletín Oficial y estira el plazo hasta el 8 de julio de 2027.
El anuncio había sido anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que el Ejecutivo decidió “prorrogar por 1 año el RIGI y mejorarlo para hacerlo más claro y eficiente”. Según detalló, se incorporan nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de US$600 millones y se ordena la reglamentación para dar mayor previsibilidad. De acuerdo con Perfil.
Desde su puesta en marcha bajo el gobierno de Javier Milei, el régimen ya cuenta con 10 proyectos aprobados por US$25.479 millones y otros en evaluación, según datos oficiales.
Aunque el Gobierno destaca 10 proyectos aprobados por más de US$25.000 millones, el impacto real del RIGI todavía depende de la ejecución efectiva de esas inversiones, la generación de empleo y el ingreso concreto de divisas en una economía que aún espera ver los desembolsos materializados.
Qué cambia con la prórroga y a qué sectores alcanza
El Decreto 105/2026 no solo extiende el plazo de adhesión, sino que amplía el alcance del régimen dentro del sector energético.
En el segmento de petróleo y gas costa adentro, se incorporan la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, con un monto mínimo de inversión de US$600 millones en activos computables.
Para actividades costa afuera, el umbral mínimo de inversión para el subsector exploratorio y productivo se fija en US$200 millones, en línea con el perfil de riesgo e intensidad de capital que caracteriza a este tipo de proyectos.
Además, la normativa redefine el concepto de “nuevo producto” para adaptarlo al sector tecnológico —donde la vida útil de los desarrollos es más corta— y establece reglas más claras para que empresas que ya operan en el país puedan adherir ampliaciones relevantes sin que los beneficios se apliquen a operaciones preexistentes.
También se ordenan procedimientos administrativos, criterios de evaluación y aspectos vinculados a importaciones y proveedores, con el objetivo oficial de reducir discrecionalidad y mejorar la trazabilidad.
Beneficios fiscales y cambiarios: el atractivo del régimen
El RIGI ofrece un paquete de incentivos que lo convierte en uno de los esquemas más ambiciosos en materia de promoción de inversiones:
– Reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%.
– Exención de derechos de exportación.
– Posibilidad de computar el IVA desde la etapa previa al inicio de operaciones.
– Acceso a mecanismos de arbitraje internacional para resolver controversias.
La extensión del plazo responde, según el Ejecutivo, a la necesidad de acompañar proyectos de gran escala que requieren tiempos más largos de estructuración financiera y maduración técnica.
En un contexto donde el Gobierno busca consolidar señales de estabilidad macro y atraer capital externo, la prórroga del RIGI apunta a sostener el flujo de inversiones, especialmente en energía. La apuesta oficial es clara: reglas fiscales estables y beneficios impositivos como ancla para proyectos de largo plazo.
El desafío será ver si el nuevo plazo y la ampliación sectorial se traducen en desembolsos concretos o si el efecto se concentra en anuncios y aprobaciones administrativas.
Cuál es el alcance medible del RIGI en este primer año de funcionamiento
Hasta el momento, el alcance medible del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) puede analizarse en cuatro dimensiones concretas: proyectos aprobados, monto comprometido, sectores alcanzados y señal macroeconómica.
Según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía, ya hay 10 proyectos aprobados por US$ 25.479 millones en inversión comprometida y otros proyectos en etapa de evaluación Ese es, hasta ahora, el dato más tangible del régimen.
El grueso de las iniciativas se concentra en:
- Energía (petróleo y gas, especialmente desarrollos vinculados a Vaca Muerta)
- Minería (litio y cobre)
- Infraestructura energética
Con esta última prórroga, se incorporaron nuevos desarrollos costa adentro en hidrocarburos con piso mínimo de US$600 millones y offshore desde US$200 millones.
Los proyectos aprobados acceden a Ganancias reducida del 35% al 25%; Exención de derechos de exportación; IVA recuperable en etapa previa y Acceso a arbitraje internacional. El impacto fiscal efectivo todavía no es plenamente medible porque muchos proyectos están en fase inicial o de estructuración.
Ahora bien, ¿Qué es lo que aún no se puede medir? En efecto aun no se puede saber la inversión efectivamente ejecutada (no solo aprobada); el empleo directo generado, el impacto en exportaciones y la recaudación futura bajo el nuevo esquema fiscal reducido.
