La Justicia de Comodoro Rivadavia ratificó la vigencia de las medidas de coerción para la decena de imputados por la violenta tentativa de homicidio ocurrida en octubre pasado frente al Juzgado Penal
En una audiencia de revisión clave, la magistratura decidió no dar lugar a los pedidos de libertad de las defensas, manteniendo tras las rejas o bajo arresto domiciliario a quienes están señalados como responsables de una balacera que conmocionó a la zona sur de la ciudad.
Diferentes roles, una misma causa judicial
El proceso, que investiga el ataque perpetrado el 14 de octubre de 2025, divide a los acusados según su nivel de participación. Durante la jornada del miércoles, la fiscal general Andrea Rubio detalló la situación de cada uno de los involucrados. De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio Público Fiscal, se mantuvo la prisión preventiva para José Luis Alancay, Facundo Daniel Reyna, Miguel Ángel Arca Rojas, Luciano David Soto y Juan Ezequiel Hernández.
Para la fiscalía, Reyna y Arca Rojas son los autores materiales de los disparos, mientras que los demás cumplieron roles de apoyo o portación de armas sin llegar a ejecutarlas. Pese a los intentos de las defensas por conseguir arrestos domiciliarios o presentaciones periódicas, la jueza Raquel Tassello consideró que los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación siguen vigentes, por lo que su situación no ha sufrido cambios.
Arrestos domiciliarios y medidas sustitutivas
Un punto sensible de la audiencia fue la situación de Brenda Rua y Vanesa Ulloa. La primera está acusada de ser quien dio la señal desde afuera del edificio para iniciar el ataque, mientras que a Ulloa se la señala como la organizadora y planificadora de la emboscada. Ambas continuarán bajo arresto domiciliario: Rua por encontrarse en estado de gestación y Ulloa por razones de salud preexistentes.
Por otro lado, los imputados Enrique Casas, Luis González y Fernando Cerezo mantendrán su régimen de presentaciones periódicas ante la autoridad judicial, ya que no se hallaron motivos para agravar su situación actual antes de que finalice el plazo de investigación.
Plazos y cierre de la investigación
La resolución de la jueza Tassello establece que todas las medidas (tanto preventivas como sustitutivas) se extenderán, en principio, hasta el próximo 14 de abril. Esa fecha marca el vencimiento del plazo otorgado al Ministerio Público Fiscal para concluir con la recolección de pruebas y elevar la causa a juicio oral.
El caso continúa bajo la lupa de la opinión pública, dado que el hecho ocurrió en las puertas de una institución judicial, lo que representa un desafío directo a la seguridad del sistema penal en la provincia.