El avance de una investigación por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos sumó un nuevo frente judicial: la negativa de un técnico a entregar accesos clave durante un allanamiento. Esa decisión derivó en una imputación por desobediencia y abrió un debate sobre los límites entre funciones internas y órdenes judiciales. El caso se incorpora a una causa de mayor escala.
Hernán Daniel Díaz, jefe de sistemas de la Droguería Suizo Argentina, se presentó a indagatoria pero optó por no responder preguntas y entregar un escrito. La audiencia se realizó ante el juez Julián Ercolini, en el marco de un expediente vinculado a la causa ANDIS. La estrategia de defensa se centró en justificar su accionar durante el operativo.
El allanamiento del 29 de agosto de 2025
El episodio que originó la imputación ocurrió durante un allanamiento realizado el 29 de agosto de 2025 en la sede de la empresa. En ese procedimiento, las autoridades buscaban acceder a correos electrónicos institucionales de directivos. El objetivo era obtener información relevante para la investigación. Según consta en el expediente, los efectivos solicitaron el blanqueo de claves para poder exportar los mensajes. Díaz se negó a hacerlo al considerar que no tenía autorización de la empresa para revelar esos datos. Esa negativa fue interpretada como un obstáculo directo a la medida judicial.
En su descargo, el acusado sostuvo que su rol le impedía divulgar información sensible sin autorización expresa. Planteó que debía resguardar el secreto de los sistemas que administra. Esa postura quedó asentada en el escrito presentado ante el juez.
La fiscalía cuestionó el argumento
Sin embargo, desde la fiscalía cuestionaron ese argumento y consideraron que no justifica el incumplimiento de una orden judicial. El fiscal Carlos Rívolo sostuvo que “la invocación de instrucciones o falta de autorización por parte de superiores jerárquicos… no constituye una causa de justificación válida frente a un mandato judicial” . La interpretación refuerza la acusación.
El caso fue inicialmente impulsado por el juez Sebastián Casanello, quien ordenó el allanamiento en el marco de la causa principal. Posteriormente, se dispuso la apertura de una investigación específica por desobediencia. El expediente quedó a cargo de Ercolini.
Imputación por el artículo 239 del Código Penal
La imputación se encuadra en el artículo 239 del Código Penal, que prevé penas de hasta un año de prisión. La acusación sostiene que la conducta del acusado afectó el desarrollo del procedimiento. El eje está puesto en la colaboración con la justicia.
La causa ANDIS investiga una presunta estructura destinada a desviar fondos públicos vinculados a prestaciones para personas con discapacidad. En ese expediente hay múltiples imputados, entre funcionarios y empresarios. La investigación analiza operaciones financieras y contratos.
En paralelo, la Cámara Federal debe definir la situación procesal de los acusados principales, lo que marcará el rumbo de la causa. El caso del jefe de sistemas se suma como un capítulo derivado. Su resolución dependerá de cómo se interprete el alcance de su responsabilidad frente a la orden judicial.