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La feriante de La Saladita, Ruth Torres, se refirió al allanamiento que se produjo en su domicilio, en relación a la causa judicial iniciada en su contra, por irregularidades y extorsión a los feriantes, “Me redujeron, me pusieron boca abajo, tengo los brazos y piernas moradas”, relató.

En diálogo con el móvil de El Comodorense Radio Ruth Torres declaró, “es todo mentira, los feriantes mismos lo dijeron, si secuestraron el libro de actas con el que yo me manejaba (…) para mí todo esto es por política y discriminación sobre la mujer”.

En relación al allanamiento que se produjo en su domicilio particular Ruth Torres relató “me redujeron, me pusieron boca abajo, tengo los brazos y piernas moradas”.

“Me amenazaron que iban a matar a mi perro porque él estaba defendiendo su lugar y yo intente calmarlo”.

La referente de los feriantes de La Saladita continuó relatando, “tuvieron que llamar personal policial femenino porque no lo hubo durante el allanamiento”.

La feriante aseguró, “yo mañana me voy a acercar a Fiscalía para hacer la denuncia por el accionar policial”.

Por su parte, un feriante presente en la Asamblea de hoy se manifestó a favor de Ruth Torres, “me entristeció ver como dejaron la casa de Ruth después de los allanamientos, ella es una persona humilde”.

“Acá es sencillo, nosotros trabajamos con todas las condiciones del municipio, jamás pusimos trabas”, aseveró el feriante de apellido Acosta y agregó, “la parte política se deja llevar por comentarios”.

En el marco dela investigación en torno a la desaparición del ciudadano Victorio Joursin se concretó la mañana del presente miércoles diligencia de allanamiento en el predio que ocupa el Regimiento de Infantería Mecanizada 8, el Batallón logístico 9 y demás dependencias militares de dicha zona.

La diligencia autorizada por la jueza penal Mónica García y coordinada por el Fiscal Jefe Juan Carlos Caperochipi y los Funcionarios Florencia Do Carmo y Heriberto Fitzsimons, tuvo como propósito complementar y profundizar diligencias de búsquedas ya desarrolladas en la zona, incorporándose en esta nueva búsqueda el perímetro interno de las citadas dependencias militares. La diligencia se desarrolló con absoluta normalidad y con total colaboración por parte de las autoridades castrenses, quienes pusieron a disposición del Ministerio Público Fiscal la totalidad de la documentación requerida y facilitaron la concreción de las distintas actividades que se cumplieron en un amplísimo predio.

A los efectos de la diligencia se contó con la valiosa colaboración de personal especializado del Ministerio de Seguridad de la Nación, con la utilización de un grupo de canes categorizados como K9, específicos para la búsqueda y rastreo de restos humanos. La actividad general fue coordinada y dirigida en el terreno por personal de la División de Búsqueda de personas, a cargo de la Crio. Leonor Méndez, perteneciente a la Policía de la Provincia de Chubut y con la participación de la División Especial de Criminalística, a cargo del Crio. Leyes.

La tarea de rastreo con la participación de los canes tendrá continuidad en el día de mañana jueves, pero en áreas externas a la unidad militar, ampliándose el perímetro de búsqueda que hasta el momento se había relevado.

Fuente: Ministerio Público Fiscal

Se trata del letrado Guillermo Corneo, a quien sindicó en su denuncia la diputada provincial Leila Lloyd Jones, vicepresidenta primera de la Legislatura, por supuestos ofrecimientos de dádivas para habilitación la minería a gran escala en el territorio chubutense. El fiscal general Omar Rodríguez encabezó las diligencias este miércoles por la tarde y Corneo podría ser imputado por «tráfico de influencias».

“Se realizó un allanamiento para secuestrar un teléfono, un CPU y documentación vinculada a la minería. Habrá que ver si esta documentación está relacionada directamente o es simplemente por su labor de abogado”, explicó el fiscal Omar Rodríguez, quien sostuvo que el allanamiento se llevó a cabo “para evitar que se pierdan evidencias. Lo más urgente era hacerme del teléfono de la persona sindicada para extraer la información que pueda contener. Si resulta que tiene vinculación con esta hipótesis, la causa va a avanzar”.

Rodríguez explicó: “A partir de la declaración por escrito de la diputada, yo tomé otras declaraciones, sumado a elementos indiciarios que valoré, todo esto generó un cuadro indiciario para solicitar esta medida, que no tiene más que ver que profundizar esta hipótesis”.

“Voy a seguir tomando declaraciones testimoniales”, adelantó el fiscal y sostuvo que “en pocos días vamos a disponer que se lleva adelante la pericia en el teléfono celular y el CPU para determinar si existen datos vinculados a la causa en esos soportes”.

“La evidencia va a dar robustez o no a esta hipótesis inicial a partir de esta notitia criminis, donde pone en conocimiento de un posible delito. Lo cierto es que hay un total de 14 diputados que se presentaron para vindicarse, que es ponerse a disposición para ser investigados. A partir de allí yo puedo tomar medidas sobre esas personas que se sienten sospechadas”, sostuvo.

El delito de tráfico de influencias es cuando “una persona le paga a otra para que ejerza influencia sobre un funcionario para que haga o deje de hacer algo”, aclaró el fiscal y, a modo de ejemplo, sostuvo que “de corroborarse, en el marco de la hipótesis, que hubo diputados que cobraron estamos en presencia de un “cohecho”, es decir, cuando alguien cobra dinero para hacer o dejar de hacer, en este caso, sería para votar”.

Fuente: Radio 3

Durante el operativo “Caramelo de Goma”, llevado a cabo de manera simultánea el viernes por la Policía Provincial en varias localidades de la Cordillera, y en la provincia de Buenos Aires, en Cholila allanaron dos domicilios del secretario de Turismo Municipal, Elvio Darío Calfunao, una en las afueras de la localidad, en lago el mosquito.

Le secuestraron 4 armas de diverso calibre y municiones, y también le encontraron una planta de marihuana, que dio lugar a la intervención de la División Drogas de la Comarca Andina, y apertura de un expediente en el Juzgado Federal con asiento en Esquel.

El intendente de Cholila, Silvio Boudarghan, explicó que el funcionario le había comentado la idea de comprar armas viejas, para armar en algún momento un museo. Añadió que le contó también la compra de un arma sin papeles. “Pero -remarcó- no es un delincuente”.

Puntualmente sobre la situación de Calfunao en el Municipio a partir de lo ocurrido con los allanamientos, el jefe comunal afirmó que dos meses atrás falleció la esposa, y no estaba trabajando a tiempo completo, porque “aún no se repone”.

No obstante Boudarghan señaló que días atrás mantuvieron una charla con el secretario de Turismo, y éste le transmitió que quería alejarse del cargo por un tiempo, a partir del 31 de diciembre. Sugirió que “no puede superar lo de su esposa, vive solo y su madre está en Esquel”.

Adelantó el intendente que le pedirá a Elvio Calfunao que avance con la idea de dejar las funciones en la Municipalidad, y se ocupe de atender la causa que seguramente le abrirán por el secuestro de armas, porque “compró armas y hubo allanamientos aquí”.

Intendente

El intendente de Cholila habló de la situación de Elvio Calfunao.

 

 

Esta mañana, la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn realizó una diligencia de allanamiento en el marco de una investigación por extorsión denunciado por un hombre, a quien una femenina le exigía sumas considerables de dinero bajo el pretexto de denunciarlo por abuso sexual si se negaba a la entrega del dinero.
El hombre llegó a entregar una suma de 200 mil pesos.

El allanamiento tuvo lugar en la calle Portugal casi José Menendez del Barrio Bella Vista, habitado por la femenina Y.M.C. En el sitio se procedió al secuestro del teléfono celular utilizado por la causante y recibos de pago en los que consta la entrega de dinero que realizaba el denunciante. Se contó con la colaboración de personal de la Unidad Especial de Criminalística.

Tomó intervención la Fiscal de turno Dra. Vottero María Eugenia y S.S juez penal Pérez Bogado Marcela.

Fuente: LaUnica RadioFm

Parece que el Ministro de Seguridad, no puede contenerse y pese a la advertencia que recibió de una jueza de Comodoro Rivadavia que le prohibió ingresar a domicilios que se están allanando, ayer en Trelew volvió a hacer lo mismo. Y encima en un procedimiento federal con secuestro de drogas.

Trelew (Agencia) Ocurrió en la diligencia que se llevó a cabo en el barrio UOCRA en un domicilio al que la policía consideraba un supuesto kiosco en donde se vendía -presuntamente y según los investigadores- cocaína y marihuana.

Allí llegó el Ministro de Seguridad con su fotógrafo que hace también de filmador, entró a la propiedad mientras la policía estaba en plena diligencia, se hizo sacar unas fotos dentro del domicilio mirando el secuestro que ya se había realizado en ese momento, se fotografió afuera mirando la vivienda y luego se retiró del lugar, casi como satisfecho después de haber cumplido con un show en el que los propios policías aparecen como actores secundarios.

¿Qué va a suceder ahora cuando ese caso llegue al Juzgado del doctor Gustavo Lleral? Por el momento no se sabe, aunque hay varios operadores judiciales de Trelew que especulan que puede llegar a caerse, si algún abogado recurre al precedente que marcó la jueza Mariel Suarez de Comodoro, a principios de esta semana y que incluso reafirmó públicamente en declaraciones que hizo a varios medios de la prensa local en las que sostuvo, entre otras afirmaciones: “No hay que hacer publicidad de la función pública”.

También enfatizó: “Uno es funcionario y está obligado a hacer lo que hace” y remató: “No puedo hacer publicidad de mi actividad, es mi obligación; me pagan para eso, es mi trabajo y lo tengo que hacer lo mejor posible”.

Fuente: Diario Crónica

El día lunes a la madrugada, la policía se equivocó de domicilio e ingresó de manera violenta y apuntó con armas a una familia del Máximo Abásolo. Pese a que el dueño de la casa les dijo que le iba a abrir la puerta, los policías la rompieron.

Pese a que el dueño se identificó para que los policías supieran que él no era el hombre que buscaba, allanaron el domicilio y rompieron gran parte de su propiedad, entre estas su auto y el portón de su casa.

«Quiero saber quien es el responsable de designar que domicilio allanar porque la verdad hace mal su trabajo. Me imagino que la persona esta puede ser el Ministro de Seguridad», expresó indignado Walter Godoy.

Sobre esta misma línea agregó, «quiero al responsable, que me paguen los daños materiales, fui averiguar lo que me rompieron y rondan los 50 mil pesos». A su vez destacó el daño que le generaron a su familia » en la manera de ingresar».

«La han pasado muy mal esta semana, cualquier ruido que escuchan durante la noche ella ya no quiere dormir sola. Es una situación muy difícil y quiero que el señor Massoni salga a pedir disculpas y aclarar porque se tomó esa medida de allanar un domicilio en el cual hace dos años ya no vive esa persona», sostuvo Walter.

Walter destacó el daño psicológico que le generaron a su hija de 8 años que se encontró con dos persona encapuchadas apuntándola con armas en medio de la madrugada.

Si lo que cuenta Víctor Díaz es verdad, cualquier ciudadano chubutense está en peligro con la policía dirigida por Miguel Gómez y “El Tero” Néstor Gómez Ocampo, el amigo de un narcotraficante condenado a 9 años de prisión. A poco de ser liberado, Díaz denunció un festival de ilegalidades que hicieron contra él y su familia que irían desde realizarle un allanamiento sin mostrarle la autorización del juez y comunicarle porqué se lo hacían, hasta llevarse cosas de su domicilio sin orden de secuestro.

También le provocaron todo tipo de destrozos y desmanes en su domicilio y hasta le rompieron un portón chocándoselo con una camioneta policial. Después, para completar la desquiciada obra, produjeron un video con todo lo que filmaron y como un corto publicitario lo viralizaron en las redes sociales desde el Ministerio de Seguridad de la provincia.

Hicieron “un show” con las ilegalidades que Víctor Díaz denunció ante un juez y por las que ahora está decidido a iniciarle una demanda a la provincia. Díaz dice que por culpa de la descontrolada locura policial sus hijos de 5 y 9 años quedaron traumados sicológicamente.   

Él y su mujer estuvieron un día presos acusados de intentar resistirse a que les allanaran la vivienda, atacando al jefe de Policía que estuvo en el procedimiento y a una empleada de la fuerza, pero Díaz asegura que no fue así; que nunca le dijeron que le hacían el allanamiento por el homicidio del policía Sixto Oscar Díaz, que ocurrió hace una semana en Trelew.

“Vinieron sin orden de detención y sin orden de allanamiento porque no me la dieron en su momento, me rompieron la casa y nosotros no tenemos nada que ver con ese hecho (con el crimen del policía Sixto Díaz). ¿Yo con qué cara salgo hoy a comprar el pan?”, se preguntó Díaz, que casualmente tiene el mismo apellido del policía asesinado y vive a dos calles de la casa, en la calle Camarones al 4100, en el mismo barrio INTA. 

Díaz denunció que el lunes pasado la policía “chocó el portón de su casa con una camioneta con intenciones de derribarlo para entrar al domicilio a realizar el allanamiento, y agradeció que sus pequeños hijos de 5 y 9 años no estaban en ese momento levantados porque se los hubieran atropellado, especuló dramáticamente. “Entrando con la camioneta me chocaron la mía, me rompieron la casa, los muebles: un desastre hicieron”, resumió.

Luego, dijo que esto de acusarlo de hechos que no ha cometido viene del 2016. Recordó que ese año “me tuvieron preso cuatro meses casi y quedé libre. Me atribuyeron el robo en una empresa del parque industrial y después me pidieron disculpas porque el ladrón era parecido a mí, pero yo no era. Ahí perdí trabajo y muchas cosas”, aseguró.

“En el 2018 viajé a Córdoba a ver a mi papá que tiene el mal de Parkinson y de allá me trajeron detenido acusándome en una causa por narcotráfico, hicieron allanamiento en mi casa y a los doce días me soltaron pidiéndome también disculpas en una carta que me mandaron. Ahora me acusan de homicidio y mañana ¿de qué me van a acusar? Yo así no puedo vivir más”, se quejó Díaz. 

Este hombre aseguró que en el allanamiento que le  hicieron el lunes por la muerte del policía Díaz no lo notificaron de nada. No le informaron por qué le estaban allanando la casa y mucho menos qué buscaban, como está establecido por protocolo que así se haga.

“Pregunté en ese momento y no se me mostró ninguna orden de allanamiento, ni me dijeron a quién habían venido a buscar ni qué buscaban. Les pregunté varias veces pero lo único que hicieron fue llegar, romperme todo, pegarme en el piso delante de mis hijos y llevarme preso”, relató.

“A mis hijos también los empujaron cuando se quisieron meter a defenderme al momento en que veían cómo me pegaban”, añadió. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Se le consultó. “Dos mellizos de 5 años y uno de 9, que les generaron un verdadero trauma”, denunció.

–¿Y ahí es donde se produce el altercado con el jefe de Policía en el que le tiran con un vaso y le lastiman la cara? Se insistió. “Claro. Eso también lo dejé asentado en la audiencia que tuve ayer (por el martes) de donde me dieron la libertad. Ahí aclaré que mi señora arrojó el vaso contra la pared y no dirigido hacia alguna persona, y que fue para que a mí me soltaran porque uno de los policías me había puesto la rodilla sobre el cuello, estando esposado en el piso, y ya no podía respirar. Yo pensé que me mataba”, confesó.

“Al principio no me resistí en ningún momento, me empecé a enojar cuando les decía que no me pegaran más y me seguían pegando. Lo único que hicimos mi señora y yo fue defendernos del ataque (de los policías)”, aseguró.

Díaz afirmó que recién en la audiencia de la que le dieron la libertad se enteró el por qué le habían allanado el domicilio y los motivos por los que él y su mujer terminaron detenidos. Insistió con que no tiene nada que ver con el hecho que la policía le atribuye (haber tenido alguna participación en el asesinato del policía Díaz) y que tampoco conoce a la familia de la víctima.   

Finalmente, denunció que la policía le llevó cosas de su casa que no figurarían en ningún acta ni documento judicial. “Me llevaron alhajas, como por ejemplo el anillo de la abuela de mi señora, una pulsera y un reloj mío. Plata muy poca, algunas herramientas de un taller que tengo en mi casa. Y además el destrozo que me hicieron en la casa; creo que no se justificaba el venir a romper todo”, concluyó.

Las diligencias se realizaron esta tarde en un domicilio de Rawson. Se secuestró una importante cantidad de dispositivos donde se almacenarían los datos.

En el marco de una investigación por presunta infracción al art. 128 del CPA, es decir por un caso de difusión, distribución o tenencia de M.A.S.I. (material de abuso sexual infantil) se realizó un nuevo allanamiento en un domicilio de Rawson, lugar al que se llegó a partir de los datos obtenidos en la investigación a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital.

El caso tiene origen en un reporte de la NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) que da cuenta de la presunta distribución por la red (internet), utilizando la conexión de dicho domicilio de un vídeo conteniendo M.A.S.I., conducta prevista por el art. 128 del C.P.A.

En el lugar se procedió a la identificación del presunto imputado y al secuestro de importante cantidad de dispositivos con capacidad digital que podrían contener no sólo el material detectado en el reporte sino otros archivos (fotos y vídeos con menores de edad en actividad sexual explícita).

Debe tenerse presente que numerosos procedimientos se están realizando actualmente en la provincia, en virtud de la comisión de los delitos previstos por el art. 128, que prevé penas de prisión que van de los 4 meses a un año en el caso de la simple tenencia, y de 4 a 8 años en caso que la, o las victimas NNA (niñas, niños y adolescentes) fueren menores de 13 años.

El material secuestrado será sometido a inspección de su contenido por parte de profesionales del ETM de la P.G. a partir de cuyos resultados la fiscalía podrá confirmar o no la existencia de la conducta y en su caso formular las correspondientes imputaciones. La diligencia estuvo a cargo del personal de la Policía de Investigaciones de Rawson, acompañados por profesionales especializados de la UFECyED de la misma localidad.

Intervino en el organismo el Fiscal Osvaldo Heiber luego de la denuncia de los trabajadores por el faltante de 4 millones de dólares.

Efectivos de la División de Policía Científica y el Fiscal Osvaldo Heiber se presentaron esta mañana en el edificio de Lotería del Chubut, en Rawson, ante la denuncia presentada por trabajadores del organismo, por un presunto “vaciamiento” de la institución.

Los empleados reclaman el faltante de 4 millones de dólares e irregularidades dentro del organismo.

Heiber, detalló: “Hay dos denuncias: una efectuada por los empleados de Lotería y una iniciada de oficio por la Fiscalía por los dichos de público conocimiento vertidos por el presidente del organismo”.