La reconfiguración de las partidas fiscales genera un escenario de fuerte debate sobre el financiamiento de los programas asistenciales en todo el país.
«En ese marco, este miércoles 20 se realizó la Marcha Federal por la Salud Pública, convocada por trabajadores, residentes, sindicatos y profesionales.», una movilización que expuso las posturas encontradas frente a la administración de los recursos del Estado.
Reducción de partidas y el impacto en los programas nacionales
El Gobierno de Javier Milei profundizó el ajuste sobre el sistema sanitario con un recorte de más de $63.000 millones en el presupuesto del Ministerio de Salud, una decisión que afecta la compra de medicamentos, las transferencias a las provincias y programas clave para la atención del VIH, el cáncer, la salud sexual y el control de enfermedades endémicas.
A la par, los nuevos recortes al presupuesto de Salud se da en medio de una fuerte contracción del gasto en esta área sensible. Las transferencias corrientes a provincias y municipios en la función Salud se desplomaron 98,8% interanual en términos reales durante abril, según el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
En ese marco, este miércoles 20 se realizó la Marcha Federal por la Salud Pública, convocada por trabajadores del sector, residentes, organizaciones sindicales y profesionales sanitarios con el objetivo de visibilizar el impacto del ajuste sobre hospitales, centros de salud, programas de acceso a medicamentos y campañas de vacunación. Desde los sectores organizadores advierten que el deterioro del sistema sanitario afecta especialmente a las personas que dependen exclusivamente de la atención pública para acceder a controles, tratamientos y medicación.
Detalles oficiales: «Menos fondos para medicamentos, provincias y programas sanitarios»
La poda fue oficializada a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y se conoció en un contexto de creciente conflictividad en el sector. La medida, publicada en el Boletín Oficial, recorta gastos corrientes y de capital en la administración central del Ministerio de Salud, que comanda Mario Lugones, por $63.021 millones.
La mayor reducción corresponde al programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud, que pierde $25.000 millones en transferencias a las provincias. Le sigue el programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, con un recorte de $20.000 millones destinados íntegramente a la compra de productos farmacéuticos y medicinales.
También se redujeron partidas para Cobertura Sanitaria Compensatoria (-$5.000 millones), Investigación, Prevención y Tratamiento del Cáncer (-$5.000 millones), Prevención y Control de Enfermedades Endémicas (-$1.500 millones), Salud Sexual y Procreación Responsable (-$900 millones) y Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra (-$800 millones). En paralelo, se ajustaron recursos destinados a actividades centrales del ministerio, incluyendo alquileres, seguros, equipamiento informático y hasta servicios de conectividad.
El ajuste no se limita a la estructura central del ministerio. Entre los organismos descentralizados también se registran fuertes reducciones como la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán, que sufrió una poda de $1.162 millones, con impacto en la producción de biológicos, el control de enfermedades y obras de infraestructura para laboratorios de alta seguridad.
El recorte al Malbrán se dio en medio de un brote de Hantavirus in Ushuaia, que ya repercute en la provincia de Buenos Aires con una suba del 50% de los contagios (18 casos) en medio de una época del año en la que históricamente la enfermedad suele mostrar una menor circulación, según los últimos datos del Boletín Epidemiológico bonaerense. La tasa de mortalidad se mantiene elevada: siete víctimas fatales de los 18 casos.
Al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) le recortaron casi $1.000 millones, mientras que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tuvo una reducción de $344 millones en tareas de fiscalización y control. También se redujeron $3.196 millones en la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que gestiona hospitales nacionales y centros especializados, y $1.743 millones en la Superintendencia de Servicios de Salud.
Monitoreo del gasto técnico: «La ejecución del presupuesto confirma la caída del gasto en salud»
Las transferencias corrientes a provincias y municipios en la función Salud se desplomaron 98,8% interanual en términos reales durante abril. La principal explicación fue la ausencia de transferencias para hospitales nacionales y programas sanitarios, una dinámica que, según ASAP, se repite desde comienzos de 2026. En el acumulado del primer cuatrimestre, estas partidas mostraron una caída real del 92,6%.
Además, el gasto de capital de la Administración Pública Nacional cayó 19,3% real en el primer cuatrimestre, con fuertes recortes en inversión directa y transferencias a provincias, afectando obras y equipamiento sanitario.
Repercusiones locales: «Qué dicen las provincias»
El ajuste alcanza a diferentes programas en un contexto en el cual cada vez más personas pasan del sistema de prepagas u obras sociales a atenderse en el sistema público.
De un universo de aproximadamente 69.000 afiliados que PAMI tiene en Neuquén, 43.473 son usuarios activos del sistema público, una cifra que creció sostenidamente desde los 38.423 registrados al inicio de la actual gestión en diciembre de 2023, según informan fuentes oficiales de la provincia. Esto, genera una sobrecarga en el sistema público. En marzo, se registraron 508.300 usuarios atendidos en hospitales y centros de salud públicos en Neuquén, un salto de alrededor del 30% frente a la misma semana de hace dos años, según el monitoreo oficial. Aunque un dato que alarma es que el 62% de quienes actualmente se atienden en el sistema público tienen obra social o prepaga, es decir que podrían haber elegido prestadores privados.
Algo similar con la cobertura de PAMI ocurre en Córdoba, las municipalidades de San Francisco, Villa María, Río Segundo, Pilar y Santiago Temple afirmaron, en diálogo con La Voz del Interior, que ante la falta de prestación de la obra social de los jubilados, se genera un fuerte colapso del sistema público.
Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicaron que «el 80% de las obras sociales con su recaudación no cubren el Programa Médico Obligatorio (PMO) haciendo que cubran cada vez menos prestaciones» y que «el 50% de las personas que atiende el sistema público tiene OS/Prepaga». Asimismo, advirtieron que «uno de cada cuatro jubilados no accede a sus medicamentos» y que el «PAMI perdió el 40% de su presupuesto».
Santa Fe, por su parte, inauguró el lunes un nuevo sistema provincial de operación logística sanitaria, con el primer envío de medicamentos e insumos hacia 50 farmacias y droguerías de la red pública, algo que debería cubrir Nación. En ese sentido, desde el gobierno de Maximiliano Pullaro señalaron que esta medida se implementó en un «contexto de caída sostenida del envío de tratamientos por parte del Estado nacional». Indicaron, a la vez, que mientras en 2024 Santa Fe recibió cerca de 2 millones de tratamientos del programa Remediar, en 2025 la cifra descendió a 920.000 y, durante el primer cuatrimestre de 2026, apenas alcanzó 175.000 tratamientos antes del cierre del programa. Cabe destacar que el programa Remediar, que supo cubrir hasta 79 medicamentos gratuitos, se redujo solo a 3.
La provincia de Corrientes, en tanto, reveló que tomó medidas ante el repliegue de Nación. El ministro de Salud, Emilio Lanari, explicó: «Estamos cubriendo a población de riesgo, como adultos mayores beneficiarios del PAMI, con vacunas que proveímos desde la Provincia porque Nación dejó de enviar».
“El programa Remediar va a cambiar, los medicamentos de alto costo donde se incluyen todos los oncológicos seguramente van a sufrir modificaciones, y algunos planes de atención primaria también. Me da mucho miedo porque esto puede perjudicar a una población realmente muy sensible”, alertó el funcionario del gobierno de Juan Pablo Valdés.