La Comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio hasta el mediodía de este miércoles. Si bien el oficialismo cuenta con los avales para suspender las PASO, la incorporación de listas colectoras acordada con los gobernadores genera resistencia en sectores clave de la oposición dialoguista.
Las negociaciones en torno al proyecto de reforma política sufrieron una traba táctica este martes en el Senado de la Nación. Ante la falta de los consensos necesarios para garantizar la firma del despacho, el oficialismo de La Libertad Avanza —encabezado en la Cámara alta por Patricia Bullrich— acordó con los bloques aliados pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles al mediodía en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el legislador libertario Agustín Coto.
Si bien las fuentes parlamentarias reconocen que los votos para avanzar con la suspensión de las PASO se encuentran asegurados, el punto de conflicto radica en la inclusión de las listas colectoras o de adhesión, un mecanismo impulsado por el oficialismo para sumar el respaldo de mandatarios provinciales de la UCR como Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).
Fricciones con los aliados y reparos constitucionales
La resistencia a habilitar las colectoras proviene de espacios como Provincias Unidas y el PRO, cuyos legisladores advierten sobre las distorsiones que este sistema genera en la oferta electoral. Durante el debate en comisión, la senadora cordobesa Alejandra Vigo manifestó reparos contundentes al señalar que la herramienta «es inconstitucional» y que busca acelerar una arquitectura electoral forzada de cara a 2027.
En la misma línea, el peronista Jorge Capitanich cuestionó el trasfondo político del texto al considerar que la iniciativa persigue el objetivo de condicionar la participación de la oposición.
Pese a las diferencias expresadas en torno al articulado —que se redujo de 79 a 21 artículos e incluye capítulos sobre financiamiento privado y la implementación de Ficha Limpia con condenas confirmadas en segunda instancia—, la estrategia de la Casa Rosada apunta a pulir la redacción durante las próximas horas para conseguir un dictamen consensuado que evite traspiés en el recinto.
