El rechazo fronterizo a una delegación de legisladores y activistas argentinos en territorio andino generó inmediatas repercusiones en el Congreso de la Nación, donde diversos representantes exigieron explicaciones formales por los canales consulares.
El diputado nacional Juan Pablo Luque expresó su respaldo a su par Juan Marino tras su regreso a la Argentina, luego de habérsele impedido ingresar a Bolivia como integrante de una misión observadora de Derechos Humanos. A través de sus redes sociales, Luque reclamó el esclarecimiento de los hechos y ratificó su compromiso con la defensa de las garantías democráticas en la región.
El pronunciamiento del legislador chubutense subraya la necesidad de obtener precisiones técnicas sobre los fundamentos normativos aplicados por las autoridades de control migratorio del vecino país. «Celebramos el regreso de nuestro compañero de bancada, Juan Marino, tras el impedimento para ingresar al Estado Plurinacional de Bolivia, donde integraría una misión observadora de Derechos Humanos», manifestó Luque. Además, sostuvo que resulta necesario esclarecer las decisiones adoptadas por las autoridades bolivianas que derivaron en la imposibilidad de ingreso de la comitiva.
Detalles del rechazo migratorio y deportación
La controversia a nivel regional escaló tras conocerse las restricciones impuestas a la comitiva multipartidaria y de representación social que pretendía ingresar formalmente a la jurisdicción boliviana. La reacción del referente comodorense se produjo luego de que el gobierno boliviano, encabezado por Rodrigo Paz Pereira, impidiera el ingreso de una delegación integrada por legisladores argentinos y representantes de organizaciones sindicales y de derechos humanos que habían viajado al país vecino en el marco de una denominada Misión Humanitaria.
De acuerdo con las presentaciones y testimonios de los damnificados, el procedimiento aeroportuario incluyó la retención de credenciales de identidad y un posterior traslado forzoso dentro del espacio aéreo de ese país con fines de repatriación. Según denunciaron los integrantes de la delegación, al arribar al aeropuerto de El Alto les retuvieron la documentación y posteriormente fueron trasladados a Santa Cruz para ser deportados hacia la Argentina. Entre los integrantes de la misión se encontraba el diputado nacional Juan Marino, junto a la legisladora porteña Vanina Biassi, dirigentes sindicales y referentes de organismos de Derechos Humanos.
Objetivos de la comitiva y reclamos institucionales
Los coordinadores del contingente civil enfatizaron que el propósito del traslado técnico consistía en auditar de manera independiente la situación civil en las principales capitales bolivianas frente a la conflictividad social vigente. Desde la misión señalaron que el objetivo del viaje era relevar denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las protestas que se desarrollan en Bolivia. Asimismo, cuestionaron la decisión del gobierno boliviano de impedir su ingreso y calificaron la medida como una vulneración de garantías democráticas y de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Frente a este escenario de tensión bilateral, el parlamentario argentino ratificó que impulsará medidas institucionales para monitorear la evolución del caso y asegurar la vigencia de los pactos internacionales suscritos por los estados de la región. En ese contexto, Luque afirmó que continuará acompañando los reclamos para que se esclarezca lo ocurrido y reiteró su respaldo a las acciones destinadas a la defensa de los derechos humanos y las instituciones democráticas en América Latina.