El Gobierno nacional profundizará la transferencia de corredores viales a las provincias mientras da por “muerta” la Ley de Lobby enviada al Congreso en el marco del caso judicial del exjefe de Gabinete Manuel Adorni.
Desde la Casa Rosada admiten que el proyecto de regulación de intereses no avanzará tras recibir objeciones técnicas y de redacción tanto de la oposición como dentro de la propia administración.
Paralelamente, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía, en conjunto con Vialidad Nacional, avanzan en la firma de convenios para que los distritos provinciales asuman el financiamiento, la terminación de obras pendientes, el mantenimiento o la concesión privada de rutas nacionales.
El modelo no implica el traspaso de la titularidad ni de la jurisdicción nacional de las trazas, pero habilita a las administraciones provinciales a cobrar peajes o contratar operadores privados.
“Lo que queremos es que los interesados, que pueden ser grupos económicos, se hagan cargo de las rutas de interés mediante concesiones que administren los distritos”, señalaron fuentes de Balcarce 50 respecto del esquema que busca destrabar obras públicas sin financiamiento directo de la Nación.
El antecedente santafesino y la agenda de Diego Santilli
El esquema réplica el modelo aplicado con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien firmó la gestión integral de la Ruta Nacional A012 por 20 años bajo el marco del Decreto 253/2026.
Para dar continuidad a estas cesiones y coordinar proyectos de infraestructura compartidos, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, planea recibir el próximo 5 de agosto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y al mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez. En el temario aparecen obras clave como el acueducto de Albigasta y plantas potabilizadoras.
Estas negociaciones por obras e infraestructura se desarrollan en paralelo a la ronda política con mandatarios provinciales con miras al Presupuesto 2027 y al debate por las reformas electorales que impulsa el oficialismo, entre las que figura la suspensión o eliminación de las PASO.
El archivo de la Ley de Lobby
Respecto a la iniciativa para regular la gestión de intereses enviada durante el semestre anterior, voceros oficiales confirmaron que quedó desafectada de la agenda legislativa inmediata al no cumplir con los estándares internacionales exigidos para la materia.
“No cayó muy bien porque no se ajusta a los parámetros internacionales”, reconocieron en despachos oficiales al referirse a los cuestionamientos que recibió el texto sobre las obligaciones de publicidad, el organismo de aplicación y el régimen de sanciones.
Aunque la Casa Rosada evalúa retomar la regulación del sector en el futuro mediante un nuevo texto articulado, la prioridad del Ejecutivo estará concentrada en las transferencias viales, el paquete de reformas económicas y los consensos fiscales con los gobernadores.