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Ayer comenzó el Congreso Internacional de Turismo Argentino (CITA) 2021 que organizan hasta mañana la Cámara Argentina de Turismo junto al Ministerio de Turismo y Deportes y cuenta con el acompañamiento del Consejo Federal del Turismo, el Instituto Nacional de Promoción Turística y Aerolíneas Argentinas.

Hasta el viernes se extenderá el CITA, que comenzó con más de 4.000 inscriptos de los ámbitos privado y oficial de todo el país, en sus modos presencial y virtual. En el mismo se tratarán temas como la economía, inclusión, perspectiva de género, tendencias y sustentabilidad, entre otros, de cara al futuro de la actividad.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Turismo y Deportes (Minturdep) y la Cámara Argentina de Turismo (CAT), cuenta con el acompañamiento del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), el Consejo Federal de Turismo (CFT), Aerolíneas Argentinas y cámaras y federaciones del sector.

Momento bisagra

«Este congreso que estamos llevando a cabo junto al Ministerio de Turismo de Turismo y Deportes viene a posicionar la actividad turística en un momento bisagra de la historia de esta actividad», dijo el presidente de la CAT, Aldo Elías, a modo de presentación.

El encuentro, aseguró, es para «posicionar la actividad y para pararnos frente a esta nueva realidad que nos impone la vida y donde vamos a mostrarle al mundo, a los profesionales y a la sociedad todas las enormes posibilidades que el turismo otorga a la economía de un país, mucho más en el caso del nuestro un país, muy golpeado económicamente».

En ese sentido, agregó que el congreso, que se realiza en el marco del 55 aniversario de la fundación de la CAT, planteará las cuestiones que «hoy mandan en la actividad».

Entre ellas mencionó la economía, las tendencias, el desarrollo sustentable, la inclusión, la perspectiva de género y la innovación, así como «todo lo significativamente importante que puede ser la Marca País, y vamos a plantear algo que es central para el turismo que viene: la integración regional».

La presidenta del CFT, Claudia Grynszpan, destacó «el trabajo incansable entre los sectores público y privado», y remarcó que «el turismo no puede suceder si no está el municipio, la provincia, el país, el sector privado, el habitante, el ciudadano, y sin duda, si no está el conocimiento».

«Los más de 4.000 inscriptos muestran que el turismo está pensando una manera nueva de consumir, de comportarnos, y para eso también se necesita diseñar nuevos productos, una innovación en como pensar los destinos turísticos, el rol que tiene el Estado, el privado y la comunidad».

También enfatizó en el concepto de movilidad, al que calificó como «un elemento trascendental de lo que está sucediendo hoy en el mundo porque el turismo es movilidad, y tenemos que seguir adelante repensando ese concepto».

Grynszpan aseguró que «este encuentro será decisivo para poder pensar el turismo de ahora en adelante y poder mejorar estos productos y corregir errores del pasado en relación al ambiente, a la masividad y elementos de participación socio cultural, porque en medio de un conflicto pueden ocurrir oportunidades».

Por último, la secretaria de Promoción Turística del Minturdep, Yanina Martínez, calificó al congreso como «un generador de esperanzas» y ponderó la «alianza estratégica» de los sectores público, privado y académico, a los que calificó como «pilares fundamentales para la reactivación del turismo».

Soluciones conjuntas

Tras enumerar los aspectos negativos que deja la pandemia en la actividad, dijo que el propósito ahora es «tratar de sacar esos obstáculos y empezar a buscar soluciones conjuntas».

Martinez afirmó que «esta pandemia nos generó estas complicaciones y todavía no sabemos cuál es la dimensión en lo que nos ha colocado, pero aclaró que «también tenemos la certeza de que ha afectado a los mas vulnerables, y en ese sentido, el compromiso de la actividad turística tiene que ser aún mayor para salir de esta crisis».

Para reconstruir la actividad, puntualizó que se debe hacer de la mejor manera, «sin volver a la anterior normalidad» y advirtió que la «nueva normalidad tiene que ser mas positiva».
«Para ello -siguió- tenemos que preguntarnos cómo queremos levantar a las empresas, a los trabajadores, a los destinos, a los consumidores, que están fuertemente golpeados, y este va a ser el debate que tenemos que generar en este congreso, que vamos a tener que ir hacia un turismo sostenible, desde la realidad y no desde la tendencia».

Asimismo, distinguió la importancia de la actividad como «pilar importante en la economía argentina donde genera más de un millón de puestos de trabajo y representa casi el 10% del PBI».

«Con esas certezas, lo que tenemos que hacer es trabajar para reconstruir a toda la actividad, la cadena de valor del turismo, y hay que hacerlo dejando de lado las mezquindades, trabajando conjuntamente, codo a codo para que así suceda», apuntó.
Y en ese sentido, aseguró que desde el Gobierno se quiere «un turismo inclusivo que dé oportunidades a toda la sociedad para que se desarrollen los territorios de una manera más equitativa, más justa, donde pensemos en todas aquellas personas que viven de la actividad, que tienen necesidad de que la actividad reviva».

El Gobierno nacional envió este lunes al Senado el «proyecto de ley Emergencia Covid» que establece parámetros sanitarios, epidemiológicos y demográficos a tener en cuenta para definir las acciones de mitigación viral, y determina las facultades del Presidente y de los gobernadores para dictar «medidas de cuidado de la población».

El anuncio de Alberto Fernández

El pasado 30 de abril, durante la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia que actualmente rige en todo el país, el presidente, Alberto Fernández, había anunciado el envío al Congreso de una iniciativa legislativa que, «en función de criterios científicos claros y precisos», facultara al Ejecutivo nacional y a los gobernadores «a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional».

En ese sentido, la iniciativa elaborada por la Casa Rosada recupera el esquema de riesgo epidemiológico ya plasmado en los últimos dos decretos que permite segmentar de acuerdo a la situación sanitaria actual y de los últimos 14 días en un espacio sociodemográfico determinado.

«Es una obligación del Estado resguardar la salud y la vida. Queremos sentar bases en el Congreso sobre cómo abordamos una pandemia que pone en riesgo ambos derechos. Creemos que es un proyecto equilibrado», señalaron esta tarde fuentes gubernamentales.

La propuesta que ingresó esta tarde al Senado de la Nación «no distingue entre zonas geográficas, sino que establece criterios estrictos, parámetros epidemiológicos conforme a los cuales las jurisdicciones y el Gobierno federal, según las competencias de cada uno, adoptarán medidas para mitigar la propagación del virus».

La Casa Rosada insiste con la posibilidad de que el debate parlamentario genere cambios en el proyecto, en el marco de un «diálogo siempre buscado» con la oposición.

En este marco, el proyecto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara alta. El oficialismo pretende que tenga dictamen favorable en breve para que también se produzca rápidamente su sanción.

La propuesta del Ejecutivo propone «reglas generales para todo el país en las que se incluyen medidas de prevención, como uso obligatorio de barbijo, ventilación; y luego, la segmentación por riesgo epidemiológico».

En las zonas de bajo riesgo, «se aplican las conductas generales de prevención».

Luego, de acuerdo con diversos criterios sanitarios, que contemplan, entre otros puntos, la incidencia de casos, se va subiendo en la escala de las medidas.

En lugares designados como «riesgo medio», aparecen otras restricciones como las reuniones en casas particulares.

En aquellos que estén en «alto riesgo, se agrega por ley, la prohibición de las reuniones familiares, el cierre de salones de fiesta y de salones gastronómicos, prácticas recreativas en lugares cerrados, bingos, reuniones religiosas y restricciones adicionales de circulación».

«También se plantean medidas adicionales por parte de los gobernadores. Si las medidas no funcionan tras 21 días, se da potestad al Gobierno nacional para tomar medidas para evitar pasar a alerta», señalaron las fuentes.

El estado de «alarma» es caracterizado por la cercanía de una saturación del sistema sanitario.

«Ante ese escenario, se adoptan las siguientes medidas: cierres de ferias y shoppings, circulación limitada a partir de las 20», señalaron las fuentes gubernamentales.

En esa situación es «el Poder Ejecutivo quién está autorizado a tomar medidas adicionales», entre ellas, que «quede suspendida la presencialidad hasta que se pase a un estado inferior» de peligro.

Según el proyecto, el «estado de alarma» solo puede regir para conglomerados de más de 300 mil habitantes, mientras que en los lugares de menos de 40 mil se aplican las reglas generales y las decisiones adicionales de gobernadores.

La Casa Rosada insiste en que su proyecto solo faculta al Gobierno federal cuando las medidas adoptadas en un escenario de riesgo alto no hayan funcionado como se esperaba o en el contexto de una situación de alarma.

Esas medidas excepcionales deberán disponerse de manera «razonable y proporcionada, previa consulta con los gobernadores y con el Jefe de Gobierno» de la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre posibles incumplimientos o judicializaciones de la futura ley, desde la Casa Rosada insistieron en la fortaleza que se conseguirá con el debate parlamentario.

Además, destacaron que las provincias continuarán ejerciendo las facultades concurrentes de control y fiscalización, mientras que las del Poder Ejecutivo «se encuentran condicionadas a la previa consulta con las autoridades jurisdiccionales»

El Gobierno prevé un tratamiento urgente de la Ley, ya que pretende la entrada en vigencia «desde el 22 de mayo», fecha de caducidad del actual DNU, y que se duración alcance hasta el 31 de diciembre de 2021, fecha en que vence la actual Ley de Emergencia Sanitaria.

Tras el envío del proyecto, la secretaria Legal y Técnica del Gobierno, Vilma Ibarra, señaló en diálogo con una señal televisiva que la iniciativa dispone que las «medidas más gravosas» se tomen «por un tiempo pequeño», y que las mismas luego se deben «controlar y medir» para determinar su continuidad o suspensión.

El proyecto «vamos a debatirlo y discutirlo, y esperamos que se comprenda que esta pandemia no se enfrenta en situaciones de rispidez y agresión, sino juntando voluntades para hacerlo», concluyó Ibarra.

El Diputado Nacional Ignacio «Nacho» Torres recibió esta tarde vía videoconferencia el reconocimiento a su trabajo legislativo en el Congreso Nacional, junto a colegas como Cristian Ritondo, Mario Negri y Cecilia Moreau, fue nominado entre los diez diputados más laboriosos del año 2020 en el marco de la encuesta efectuada por la reconocida revista “Parlamentario”.

El galardón que destaca la labor legislativa realizada durante el 2020, se llevó a cabo este Lunes de manera virtual dadas las actuales restricciones dispuestas por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia. Durante la ceremonia se entregaron distinciones a diferentes Legisladores y Senadores Nacionales por su trabajo en el período 2020, el cual fue unos de los años más atípicos de los últimos tiempos considerando el marco de la pandemia por covid19.

En relación a la distinción recibida, Torres expresó que «Quiero agradecer por este reconocimiento a todos los chubutenses confían en el trabajo que venimos haciendo juntos, y a mis colegas por compartir el trabajo del día a día”, y agregó que “Este premio lo recibo en nombre de cada vecino de Chubut, porque a ellos me debo, y redobla mis esfuerzos por seguir aportando día a día para sacar la provincia adelante”.

Durante el período legislativo 2020, el legislador nacional presentó unos 40 proyectos de su autoría, y fue coautor de 263 junto a otros colegas de distintos bloques, los mismos pueden consultarse en la página web de la Cámara de Diputados de la Nación.

Finalmente, el Diputado manifestó que “Es importante recordar que el trabajo en la Cámara de Diputados solo es una parte, por eso estamos permanentemente en contacto con el territorio de la provincia, visitando cada ciudad, sus instituciones y vecinos”, y que “Representar a los Chubutenses es un honor y una responsabilidad muy grande para mí, voy a seguir junto a cada uno de ellos para avanzar en cada problemática que se presenta”.

torres

Para ello, el legislador nacional presentó un pedido de informes a la Jefatura de Gabinete de la Nación. Pidió explicaciones además por la demora de 6 años en la reparación de una de las aeronaves, pese a que para ello el Gobierno Nacional firmó en 2015 un millonario contrato.

El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna presentó en el Congreso un pedido de informes al Gobierno para que explique por qué los aviones de la Base “Almirante Zar” de Trelew están fuera de servicio, lo cual complica la disuasión de la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva. El legislador pidió, en este sentido, conocer por qué el patrullaje se realiza desde Punta Indio, en Provincia de Buenos Aires, y no desde las bases aeronavales ubicadas en la Patagonia, más cerca de los lugares en los que se registra la pesca ilegal.

En el mismo proyecto de Resolución -presentado bajo el expediente 1.547-D-21- Menna solicitó a la Jefatura de Gabinete de Ministros que informe los motivos por los cuales uno de los aviones de la Base Zar está en reparación desde hace 6 años, pese a que para ello en 2015, en la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se firmó un contrato por sumas millonarias con la empresa portuguesa OGMA. El avión, uno de los tres Orion con asiento en la Base Zar, aún permanece en la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA).

Casi 400 busques sin permisos

El pedido de informes que Menna presentó por el estado de los aviones de la Base Zar está vinculado a la preocupación que el legislador planteó a principios de este mes, a través de un proyecto por el cual pidió que el Estado Nacional utilice “todos los medios disponibles” para disuadir la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva, ante la presencia de casi 400 buques extranjeros sin permisos de pesca a la altura del Golfo San Jorge.

En aquel proyecto, Menna y las legisladoras patagónicas Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz) pidieron emplear a los fines defensivos “todos los medios navales, aéreos, electrónicos y satelitales disponibles de patrullaje, disuasión, persecución y captura para garantizar la soberanía nacional y la protección de los recursos naturales existentes en nuestro mar”, y plantearon la necesidad de endurecer las multas.

La pesca ilegal, dijo Menna en el pedido de informes sobre los aviones de la Base Zar, “lesiona la soberanía argentina y además perjudica el caladero por la pesca descontrolada y predatoria que llevan a cabo”.

Con ello, remarcó, “no solo se produce una afectación ambiental que perjudica la sustentabilidad de la pesquería, sino que también causa un grave daño económico al mermar la disponibilidad de capturas para la flota nacional con el perjuicio para las inversiones, el empleo y las exportaciones de nuestro país”.

Y en ese marco dijo que “resulta inexplicable que no se dispongan de los medios de patrullaje aéreo necesarios” para el contralor.

En el caso de la Base Almirante Zar de Trelew, indicó, “de las 6 aeronaves Orion P3-B cuatrimotores turbo hélice con gran capacidad de desplazamiento y la autonomía necesaria para llegar a la Milla 200 y hacer sobrevuelos de varias horas en la zona que se incorporaron hacia fines de los ‘90 no queda ninguna aeronave operativa”.

Esos aviones habían sido incorporados “en reemplazo de los Electra en la dotación de la Escuadrilla de Exploración dependiente de la Escuadra Aeronaval 6, que depende a su vez de la Fuerza Aeronaval 3 de la Armada Argentina destacada en la Base Zar”.

Sin aviones

“Es decir -enfatizó Menna- la Base Almirante Zar no cuenta con un solo avión que lleve a cabo tareas de patrullaje marítimo, detecte buques pescando ilegalmente, obtenga las pruebas fotográficas del caso y dé aviso a los medios navales para su persecución y captura”.

“Esos aviones fueron dejados fuera de servicio por vencimiento de sus fuselajes y al día de la fecha solo quedan tres en condición de ser reparados”, remarcó.

Al respecto, el diputado de Chubut recordó que en 2015 “se celebró un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la firma portuguesa OGMA, para llevar a cabo las reparaciones de los tres aviones Orion destacados en la Base Zar”.

El primero de los aviones “fue enviado en aquella oportunidad a FADEA en Córdoba para que OGMA hiciera el trabajo contratado; se pagaron sumas millonarias, pero transcurridos más de seis años la aeronave aún se encuentra en FADEA y las otras dos permanecen en su base sin poder volar”.

Observó en este contexto que “el resto de las bases aeronavales situadas en la Patagonia tampoco tienen aviones operativos y el control se realiza con aviones de menor porte, bimotores, de poca autonomía, que solo pueden llegar a la zona de la Milla 200 pero que deben inmediatamente regresar a sus bases por esa insuficiencia”.

“Esos aviones están destacados en la Base Punta Indios, en la Provincia de Buenos Aires. Si bien toman las bases de la Patagonia para sus funciones, es inexplicable que estas últimas bases, que están más próximas de la zona a patrullar, no cuenten con medios aéreos”, observó.

“Estamos convencidos que nuestra proyección sobre el Atlántico y la defensa de los recursos existentes en el Mar Argentino deben salir de la retórica declamativa, asumiendo las autoridades un compromiso real que pasa por el adecuado equipamiento necesario para tener una presencia efectiva y disuasoria en todo ese amplio espacio marítimo”, resumió.

El pedido

El pedido de informes busca que el jefe de Gabinete de Ministros precise cuándo se cumplirá el contrato celebrado con OGMA para tener los Orion en operación; cuánto se pagó a OGMA por ese contrato y las razones por las cuales a más de 6 años de celebrado aún no se reparó un solo avión; cuál es el plan que tiene previsto el Ministerio de Defensa para equipar a la aviación naval y de esa forma proteger en forma efectiva el Mar Argentino y sus recursos; por qué razón ninguna Base Aeronaval de la Patagonia cuenta con aviones y se toma como base operativa a una que está situada sobre el Río de la Plata y no sobre el Océano Atlántico y además lejos de la zona en que opera una flota pesquera ilegal de más de cuatrocientos buques extranjeros; y los motivos por los cuales no se afectan a este reequipamiento los recursos del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) aprobado por la ley 27.565.

La Ley Nacional 27.573 sobre vacunas destinadas a generar inmunidad contra la Covid 19, que fue objetada en los últimos días por diferentes referentes de la oposición, recibió el apoyo mayoritario de las bancadas que integran los interbloques de Juntos por el Cambio en Diputados y fue respaldada por varios senadores de esa coalición.

El objeto de la norma era declarar de «interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria», según se sostiene en los considerandos de la norma

La ley, promulgada por el Poder Ejecutivo el 6 de noviembre de 2020 exime del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud.

En el Congreso

En la votación tras el debate de la iniciativa que se celebró en la Cámara baja durante el 7 de octubre, el proyecto recibió 230 votos positivos, 8 negativos, y 11 abstenciones, en tanto que cuatro legisladores no votaron y hubo la misma cantidad de ausentes.

En el Frente de Todos, la iniciativa se respaldó con 116 votos y apenas se verificaron dos ausencias en la bancada oficialista que encabeza el diputado nacional Máximo Kirchner.

El bloque del PRO se registraron 44 voluntades afirmativos, tres votos negativos, cuatro abstenciones y hubo dos ausencias.

En la bancada de la Unión Cívica Radical se verificaron 40 afirmativos, tres negativos, dos abstenciones y sólo un legislador optó por no votar.

Entres los bloques de Acción Federal, Consenso Federal, Córdoba Federal, Frente Cívico y Social de Catamarca, Frente de la Concordia Misionero, Frente Progresista Cívico y Social, Frente de Izquierda y de los Trabajadores; PTS Frente de Izquierda, Juntos Somos Río Negro, Justicialista, Movimiento Popular Neuquino, Partido por la Justicia Social, Producción y Trabajo; Socialista, Unidad y Equidad Federal, Coalición Cívica se registraron 30 afirmativos, dos negativos, dos no votaron y cinco se ausentaron.

En el Senado, la norma se debatió y aprobó el 29 de octubre de 2020, con 56 votos por la positiva, 12 por la negativa, cuatro ausencias y ninguna abstención.

En el Frente de Todos hubo dos ausencias y 39 votos favorables, mientras que cinco senadores del PRO la aprobaron y otros tres la rechazaron.

El bloque radical hubo siete votos positivos, seis negativos y una ausencia, en tanto que en las bancadas de Avanzar San Luis, Frente Cívico y Social de Catamarca, Juntos Somos Río Negro, Justicialista 8 de octubre, Mediar Argentina, Misiones, Movimiento Neuquino, Producción y Trabajo, Santa Fe Federal se expresaron cinco afirmativos, tres negativos y una ausencia.

La Ley

Las provincias, los municipios y cualquier institución privada cuentan con el aval de las leyes argentinas para comprar vacunas contra el coronavirus, en el caso de que lograran acordar con los laboratorios que, hasta hoy, prefieren negociar con los estados nacionales por la escasez de dosis y por las complejidades que surgen a la hora de sellar los contratos.

La adquisición de vacunas ocupó el centro del debate en los últimos días, pese a que el capítulo 6 de la ley 27.563, sancionada por el Congreso y promulgada en noviembre, dejó en claro ya hace meses que «no está prohibido en la Argentina» la compra de dosis por afuera de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno desde la llegada del coronavirus al país.

Así fue explicado esta semana por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y este sábado por el presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Pablo Yedlin, quien aclaró que en el caso de que las provincias decidan llevar adelante una compra de dosis (de vacunas registradas en la Anmat) «tienen los mismos beneficios que la Nación».

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, había señalado esta semana que se les prohíbe la compra de vacunas a provincias, municipios e instituciones, en el marco de nuevas críticas lanzadas por la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) hacia las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno frente a la segunda ola de contagios de Covid-19.

Sin embargo, el ministro de Salud porteño, Fernán González Bernaldo de Quirós, saldó el debate y aseguró que «no es viable» la compra de vacunas para ser aplicadas hoy mismo porque «las empresas fabricantes ya tienen comprometida su producción anual hace muchos meses».

Este sábado, en declaraciones radiales, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificó que «nunca hubo un impedimento» para que las distintas jurisdicciones del país, incluida la ciudad de Buenos Aires, compren vacunas contra el coronavirus y apuntó a que parte de la oposición parece buscar «más un efecto político electoral con sus declaraciones».

«La estrategia de compra del gobierno nacional fue llevar adelante la compra de 65 millones de dosis y estamos expectantes de que se cumplan los plazos de los contratos, pero hay dificultades a nivel global y Argentina no es la excepción», indicó Cafiero.

Fuente: telam

Según pudo saber ADNSUR, la decisión fue adoptada al no obtener la autorización sanitaria para realizar la reunión partidaria, que iba a desarrollarse este sábado 10 de abril en Comodoro Rivadavia.

El Congreso provincial del PJ estaba previsto para este sábado 10 de abril en Comodoro Rivadavia. Según pudo saber ADNSUR, al no obtener la autorización sanitaria que se exige en el contexto de pandemia, finalmente quedó suspendido.

El encuentro partidario había sido confirmado a ADNSUR por José Arrechea, presidente del PJ Chubut. Las alianzas electorales, la postura sobre la minería en Chubut y el posicionamiento respecto del gobierno de Mariano Arcioni, eran algunos de los temas previstos para tratar en el congreso.

«Tenemos la organización de las mujeres peronistas, la juventud, la incorporación de las 62 Organizaciones a las Mesas, el ordenamiento junto con la ampliación de las Mesas del Consejo y algunos aspectos disciplinarios que tienen que ver con precisiones previstas en la Carta Orgánica», manifestaba Arrechea en aquella oportunidad.

No obstante, según precisaron fuentes internas del seno partidario a esta agencia de noticias, se fijará una nueva convocatoria pero ahora se analiza realizar la reunión de manera virtual.

 

El Diputado Nacional Ignacio “Nacho” Torres presentó un proyecto para fortalecer a la Prefectura Naval Argentina en la lucha contra la pesca ilegal. Al respecto, dijo que “Mejorar el equipamiento de la Prefectura, ampliar su flota y capacidad de despliegue en el mar, permitirá un mejor control de nuestra zona económica exclusiva”.

Asimismo, se refirió a las imágenes virales que circularon en redes en relación a la pesca ilegal por parte de buques extranjeros en mar argentino, e indicó que “Lamentablemente, es un problema de hace muchos años, y de vez en cuando aparecen imágenes que impactan, pero esto ocurre todo el tiempo, invaden nuestra soberanía y se roban nuestros recursos”.

Por otro lado, recordó que “En 2020 presenté un proyecto para endurecer las penas contra los barcos piratas que invaden nuestra zona económica exclusiva, reclamo del que se hizo eco el propio Presidente de la Nación, quien habilitó posteriormente elevar esas sanciones”, y agregó que “Estamos hablando de unos mil millones de dólares anuales que se pierden por pesca ilegal”.

Además, Torres expresó que, “Esto no es un problema meramente económico, sino también una ataque a nuestra soberanía, por eso hoy estamos pidiendo que el dinero recaudado por las multas, se destine exclusivamente a mejorar y ampliar la flota de la Prefectura Naval Argentina, porque es la única manera de intensificar los controles y combatir este flagelo”.

Finalmente, el Diputado indicó que “Vamos a seguir empujando las demandas del sector, para proteger nuestros recursos contra el saqueo y defender nuestra soberanía sobre el mar argentino”.

El Congreso del Partido Justicialista este sábado en Comodoro Rivadavia definirá el posicionamiento del partido con relación al gobierno de Mariano Arcioni, que será clave para la conformación del Frente de Todos rumbo a las legislativas de octubre.

En el orden del día fue incluido como tema la estrategia electoral para las próximas elecciones. En el justicialismo hay posiciones encontradas sobre el posicionamiento con el gobierno de Arcioni, y este será uno de los principales temas de debate, confirma El Chubut.

Asimismo, en la dirigencia del PJ hay dudas respecto de si reeditarán o no el acuerdo con el partido del sindicato de Camioneros (CET), con el que conformaron el Frente de Todos en las últimas elecciones. El Pich y el Polo Social aparecen como alternativas posibles.

Según las fuentes, la ruptura del bloque de la diputada Tatiana Goic, que reporta al gremio de Jorge Taboada, generó un “clima de desconfianza” en el justicialismo, que por otra parte tiene que contener a los propios tras las fricciones desatadas con Carlos Eliceche y Ricardo Sastre.

Esta semana, el presidente del Congreso, José Salvador Arrechea, tendrá la misión de aceitar las relaciones entre Carlos Linares, Juan Pablo Luque, Ricardo Sastre, Norberto Yauhar, Gustavo Mac Karthy y Adrián Maderna para tratar de llegar “unidos” al Congreso y encarar el proceso electoral “que se nos viene encima”, dijo una fuente.

El otro tema incluido en el orden del día del Congreso es el proyecto de zonificación minera del gobierno de Mariano Arcioni. El justicialismo se expediría solamente sobre ese proyecto, pero no ahondaría en ningún posicionamiento genérico ni a favor ni en contra de la minería.

El chubut

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció días atrás el envío de tres iniciativas para reconocer y beneficiar a los excombatientes de la guerra de Malvinas. En esta nota te contamos de qué se trata.

El primer proyecto establece el “Régimen Previsional de Excepción, Especial y Optativo para el Otorgamiento de Beneficios Jubilatorios” destinado a los soldados conscriptos excombatientes de las Fuerzas Armadas que participaron en las acciones siendo civiles.

Esta norma ya fue votada en el Congreso por unanimidad el 16 de noviembre de 2016, pero fue vetada por el entonces presidente Mauricio Macri, el 12 de diciembre del mismo año.

La segunda iniciativa oficial apunta a revalorizar e institucionalizar el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra, otorgándole carácter de Ley nacional.

Este programa fue creado por la necesidad de garantizar el derecho constitucional a la salud y contempla las patologías que atraviesan quienes han estado en combate, además de brindar atención médica y odontológica al grupo familiar.

El tercer proyecto establece un beneficio de eximición del pago de peajes en rutas y autopistas nacionales, destinado a los ex soldados conscriptos y civiles que hubieren participado en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) en efectivas acciones de combate.

Se espera que la semana que viene los tres proyectos desembarquen en el Congreso para que diputados y senadores empiecen a debatirlos en el recinto.

A partir de su aprobación en la Cámara de Diputados, estos son los cambios que regirían en el Impuesto a las Ganancias en caso de ser aprobado sin cambios en la Cámara de Senadores.

Los puntos centrales del proyecto aprobado son:

-Los trabajadores que cobran hasta 150 mil pesos brutos no pagarán ganancias.

-Los jubilados que perciben hasta ocho jubilaciones mínimas no pagarán impuesto a las ganancias.

-La ley tendrá vigencia al primero de enero y el Gobierno devolverá los descuentos realizados en los primeros meses del año.

-El aguinaldo de los sueldos hasta 150 mil pesos brutos no pagará impuesto a las ganancias

-El personal de salud seguirá eximido hasta septiembre de pagar impuesto a las ganancias por las guardias u horas extras

– Los gastos de guardería hasta tres años no pagarán ganancias hasta un tope anual de 67 mil pesos.

-Se duplica la exención por hija o hijo discapacitado que en la actualidad es de 78.833 pesos

-Se permitirá la deducción por concubino cualquiera fuera su sexo.

-La provisión de ropa, equipamiento del trabajador para uso exclusivo de sus funciones o el otorgamiento de un pago por capacitación no pagará el impuesto a las ganancias.

-Se mantiene el incremento del 22 por ciento del plus patagónico en el impuesto a las ganancias para los trabajadores de la región.

-Los trabajadores que cobren entre 150 mil y 173 mil pagarán ganancias pero la AFIP establecerá las deducciones para evitar grandes diferencias entre los que deben tributar y los que están exentos.

-La actualización del piso para estar exento de ganancias se ajustará por el RIPTE (promedio de variación salarial que elabora la de Secretaria de Seguridad Social).