El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que busca facilitar la bancarización e incorporación al sistema formal de los ahorros no declarados por los contribuyentes, sin penalidades ni investigaciones retroactivas.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, respaldó públicamente la medida y defendió a los ciudadanos que mantienen fondos fuera del circuito financiero tradicional.
Respaldo oficial a los ahorristas e incentivos a la formalización
En declaraciones brindadas al programa de streaming Carajo, Ravier analizó el contexto económico actual y fundamentó la necesidad del nuevo marco regulatorio:
“Tenemos los argentinos un dinero atesorado afuera del sistema, abajo del colchón, por distintas razones. Qué bueno sería que todo este sistema sea canalizado a los bancos. El espíritu es hacer un pacto con la sociedad de decir que esta gente que tiene dinero afuera no son delincuentes”, profundizó el vocero presidencial.
En ese sentido, Ravier remarcó el límite temporal de los controles que aplicará el Estado:
“Te damos la oportunidad de traer el dinero al sistema formal, pero no vamos a estar investigando para atrás”, agregó el funcionario.
A su vez, Ravier proyectó un impacto favorable en los indicadores macroeconómicos, asegurando que el paquete de medidas impulsará una “baja de la tasa de interés y de la inflación, lo que mejorará el consumo claramente, estamos ante la transformación más importante del país”.
Las definiciones del vocero se suman a los argumentos expuestos por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló previamente: “El objetivo es que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin penalidad de ningún tipo”, agregando que se busca fomentar la inversión a partir de fondos que “hoy están debajo del colchón”.
Los ejes del proyecto enviado a Diputados
El texto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el ministro Luis Caputo contempla modificaciones clave en el Impuesto a las Ganancias y el régimen de prescripción tributaria:
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Eliminación de topes para el régimen simplificado: Se quitan los límites patrimoniales y de ingresos que restringían el acceso al sistema (anteriormente fijados en $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio), abriendo la opción a todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes.
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Redefinición de discrepancias significativas: La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solo podrá romper la presunción de exactitud del contribuyente cuando la impugnación implique un ajuste no inferior al 15% de lo declarado, se supere el monto fijado en la Ley 27.430 del Régimen Penal Tributario o se detecten facturas apócrifas.
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Piso mínimo de resguardo: Se establece un piso equivalente al 5% del monto del Régimen Penal Tributario ($5 millones) para evitar que ajustes menores activen revisiones desproporcionadas.
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Mecanismo de rectificación: Se otorga un plazo de 15 días tras la notificación para que el contribuyente rectifique su declaración y abone la diferencia sin perder las prerrogativas del régimen.