El Gobierno argentino presentará este miércoles un recurso de apelación ante la Justicia de los Estados Unidos con el objetivo de revertir el fallo que obliga al Estado a pagar más de US$390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.
La estrategia legal quedará en manos de la Procuración del Tesoro de la Nación.
La presentación se realizará ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia para solicitar la revisión de la sentencia confirmada el pasado mes de julio contra el país. La acción judicial se concretará a horas del vencimiento del plazo formal para recurrir la medida, fijado para este jueves 20 de agosto.
Estrategia legal para evitar el desembolso millonario
En esta instancia, la representación legal argentina buscará mantener abierta la discusión en los tribunales estadounidenses y evitar que la condena quede firme. El monto exigido asciende a US$390.907.115,55, cifra a la que se le suman los intereses acumulados desde diciembre de 2024.
A pesar de la apelación, la estrategia oficial no contempla por el momento solicitar la suspensión formal de la sentencia ni requerir una medida cautelar específica para frenar el avance de las acciones de cobro impulsadas por el demandante, el fondo Titan Consortium.
En caso de que la Cámara de Apelaciones vuelva a fallar en contra de los argumentos locales, el Poder Ejecutivo nacional cuenta con la opción de recurrir como última instancia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, extendiendo así el margen de litigio.
Origen y recorrido del litigio internacional
El conflicto judicial se remonta al año 2008, cuando el Estado argentino dispuso la expropiación de las aerolíneas de bandera al grupo empresarial español Marsans. Posteriormente, los antiguos accionistas llevaron el reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El recorrido del expediente en los tribunales internacionales se desarrolló bajo las siguientes etapas clave:
-
Laudo del CIADI (2017): El tribunal arbitral del Banco Mundial condenó a la Argentina a abonar cerca de US$321 millones más intereses y costas.
-
Cesión de derechos (2021): Titan Consortium adquirió los derechos económicos del litigio y acudió a la Justicia federal de Washington para exigir la ejecución del laudo.
-
Rechazo de prescripción: Los tribunales estadounidenses descartaron la postura argentina sobre la prescripción del reclamo, determinando la aplicación de un plazo legal de 12 años.