El entramado de sospechas que acorrala al entorno más íntimo del expresidente Alberto Fernández sumó un capítulo judicial decisivo que amenaza con destapar el verdadero costo del escándalo.
En el marco de la denominada causa Seguros, el juez federal Ariel Lijo dio un paso al frente y dispuso la realización de una exhaustiva pericia contable para cuantificar de manera exacta el daño patrimonial ocasionado a las arcas del Estado. La resolución judicial pone la mira principal en el rol del broker Héctor Martínez Sosa, allegado al ex mandatario nacional y pareja de su histórica secretaria privada, María Cantero, en una causa donde se auditan 45 convenios suscriptos entre reparticiones estatales y la compañía Nación Seguros con la mediación de 25 asesores privados.
Peritaje estricto a cargo de la Corte Suprema y la DAJAYCO
Para evitar maniobras dilatorias, el magistrado resolvió acotar los desmedidos requerimientos de las defensas —que superaban el centenar de planteos— y fijó un temario concreto de 13 preguntas específicas dirigidas a los especialistas de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJAYCO), dependiente del cuerpo pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los expertos deberán aplicar una metodología contable estricta, calculando los números económicos sobre una base histórica a valor nominal original y su consecuente actualización en moneda homogénea, debiendo remitir informes con avance mensual.
El objetivo central de la medida apunta a dilucidar cómo se gestaron las operaciones vinculadas con las pólizas contratadas por la ANSES y si a partir de esas maniobras se provocó un desfalco directo a Nación Seguros S.A. y a los fondos públicos nacionales. La pericia deberá identificar con total precisión a cada participante, el rol desempeñado, los montos exactos cobrados, las justificaciones contractuales de cada desembolso y la solvencia financiera de las firmas privadas convocadas.
La ruta del dinero y la lupa sobre las comisiones de los brokers
En estricto cumplimiento de los lineamientos trazados por la Cámara del Fuero, Lijo exigió reconstruir minuciosamente la ruta de los valores negociados mediante la intermediación de empresas como San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., TG Bróker S.A. y Paris Bróker S.A., entre otras firmas involucradas en el esquema bajo sospecha.
La investigación pericial buscará certificar si existió una equivalencia real entre las abultadas sumas percibidas en concepto de comisiones y los servicios efectivamente prestados por las consultoras. Se intentará determinar si estas contrataciones contaron con una verdadera fundamentación técnica o si operaron como una estructura velada para desviar recursos públicos de manera sistemática hacia manos privadas.