Ante la entrada en vigencia de la Ley 27.801 que establece la responsabilidad penal desde los 14 años, la Pastoral Judicial lanzó un enérgico llamado de atención a las autoridades nacionales para evitar que la reforma legal profundice la marginación de los menores en la Argentina.
El organismo eclesiástico exigió que la privación de la libertad sea aplicada de manera sumamente excepcional y como último recurso. Asimismo, la institución remarcó la urgente necesidad de implementar políticas públicas eficaces que protejan a las infancias antes de recurrir al encierro sistemático en el sistema penitenciario.
Alarmante pobreza infantil y la peligrosa presencia del narcotráfico
La advertencia de la Iglesia se fundamenta en un duro diagnóstico del escenario socioeconómico actual. Apoyándose en informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, la Pastoral Judicial recordó que más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes del país reside en hogares pobres, mientras que más del 10% se encuentra en situación de indigencia. En este convulsionado contexto, la entidad expresó su máxima preocupación por la vulnerabilidad de los jóvenes en aquellos barrios postergados donde el Estado se repliega y el narcotráfico gana terreno como alternativa violenta para los menores sin contención.
Las «Reglas Papa Francisco» y el rechazo a la criminalización de la exclusión
Para respaldar su postura doctrinal y jurídica, el documento eclesiástico invocó las denominadas «Reglas Papa Francisco para el trato de personas excluidas». Al respecto, el pronunciamiento subrayó el principio ético que prohíbe castigar con cárcel a aquellos individuos cuyas faltas sean la consecuencia directa de desigualdades estructurales, falencias materiales o dinámicas de violencia social. Por ello, la organización exhortó a priorizar la prevención, el desarrollo social y la restauración de derechos antes que endurecer la respuesta punitiva sobre los sectores más vulnerables.