La situación judicial del consultor político Fernando Cerimedo escaló a un nivel crítico tras la dramática decisión de las autoridades de trasladarlo al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
El exasesor político de Javier Milei y del actual mandatario boliviano Rodrigo Paz, quien cumplía prisión preventiva en el penal de Palmasola tras el salvaje ataque de sicarios contra su expareja Nadia Beller en el marco de una causa por tentativa de feminicidio, suma un nuevo y complejo capítulo judicial.
doble prisión preventiva y la denuncia por un «vacío legal»
El detonante para su traslado inmediato desde la cárcel de Palmasola, ubicada en Santa Cruz de la Sierra, hacia el penal de alta seguridad fue la imposición de una segunda orden de prisión preventiva, esta vez vinculada a una investigación por enriquecimiento ilícito. Frente a este sorpresivo movimiento, el abogado defensor Ernesto Giraldes alzó la voz para denunciar la existencia de un evidente «vacío legal» dentro del procedimiento dispuesto por la Justicia.
A partir de declaraciones publicadas por Unitel, el letrado sostuvo firmemente que la primera medida de detención debía prevalecer sobre la segunda. En ese sentido, remarcó que ambas resoluciones son legales, pero al encontrarse ya cumpliendo la prisión preventiva previa en Palmasola, esa determinación debió haber primado, por lo que anticiparon que apelarán de forma urgente para lograr su retorno a dicho establecimiento.
acusaciones de injerencia política y apelación internacional
La estrategia de la defensa no se limita a los reclamos procedimentales en el fuero local. Los abogados del consultor político apuntaron de manera directa contra la cúpula del gobierno boliviano, denunciando un presunto direccionamiento en las decisiones judiciales. En sus declaraciones, Giraldes señaló de forma explícita al vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, acusándolo de haber ejercido presión para exigir el traslado de Cerimedo a Chonchocoro.
Ante la gravedad del escenario, el equipo legal confirmó que apelará de inmediato ambas medidas cautelares y continuará documentando lo que consideran una violación sistemática de garantías. La defensa ratificó que ya se han elevado presentaciones ante organismos internacionales y aseguraron que mantendrán la ofensiva legal para revertir el traslado del exconsultor.