En medio del feroz contrapunto político e institucional que sacude a la provincia de Buenos Aires tras la interrupción del nuevo esquema de responsabilidad penal para menores, la entidad impulsora de la medida judicial rompió el silencio.
Con duras advertencias sobre las condiciones reales de encierro y el resguardo de las infancias vulnerables, la organización eclesiástica argumentó las razones territoriales que llevaron a la Justicia a congelar la normativa.
La Federación católica celebró el fallo que frenó el Régimen Penal Juvenil
La Federación Familia Grande Hogar de Cristo, entidad eclesiástica que presentó el hábeas corpus que derivó en la suspensión por 60 días de la norma en el fuero bonaerense, emitió un comunicado expresando su satisfacción por el fallo. La organización enfatizó que el reclamo no se basó en una discusión abstracta de la ley, sino en constatar que la inclusión de adolescentes de 14 y 15 años en dispositivos sin la infraestructura edilicia, educativa y profesional mínima derivaría en una violación flagrante de derechos básicos.
En sintonía con este pronunciamiento, desde la Pastoral Judicial manifestaron previamente su preocupación ante la aplicación de la ley n° 27.801, exhortando a las autoridades a tomar resguardos urgentes para evitar que la privación de la libertad —medida que debe ser de última instancia— agrave el contexto de extrema vulnerabilidad de los jóvenes.
Convocatoria a audiencia clave y el compromiso en el territorio
Ante la medida cautelar planteada, el Tribunal bonaerense fijó una audiencia decisiva para el próximo 16 de septiembre. En esa instancia, los funcionarios máximos de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez de la provincia de Buenos Aires deberán comparecer formalmente para precisar qué medidas concretas y plazos manejarán con el fin de adecuar la infraestructura existente a los estándares legales exigidos.
Desde la Federación Familia Grande Hogar de Cristo recalcaron que continuarán acompañando el proceso judicial aportando su experiencia de trabajo directo en los barrios. Asimismo, la organización remarcó que se mantendrá a disposición del Poder Judicial y de las autoridades para sumar información y labor conjunta en favor de condiciones dignas para los adolescentes que atraviesan el sistema penal juvenil.
