La presentación apunta contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas por haber declarado «reservados» los informes de valuación. Alertan sobre un «daño irreversible sobre el patrimonio público» y cuestionan el desplazamiento del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Un grupo de cuatro legisladores nacionales pertenecientes a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal para frenar el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La medida judicial exige la suspensión inmediata de la adjudicación del 90% de las acciones de la compañía estatal hasta tanto el Poder Ejecutivo transparente los estudios de valuación oficial.
La demanda fue impulsada por las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano, junto a los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich. La acción legal está dirigida contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), organismo bajo la órbita del Ministerio de Economía que encabeza Diego Martín Chaher, y recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, a cargo del juez Santiago Carrillo.
Cuestionamientos al «secreto» y la Resolución ATEP 1/2026
El eje central del reclamo radica en la decisión de la ATEP de calificar como información «reservada» los informes técnicos de tasación de las compañías públicas sujetas a venta. Según denunciaron los legisladores, el organismo dictó el pasado 1 de abril de 2026 la Resolución ATEP 1/2026, norma que estableció el secreto sobre dichos estudios y que no fue publicada en el Boletín Oficial.
Para los amparistas, esta conducta vulnera de forma directa la Ley de Acceso a la Información Pública (N° 27.275) y obstaculiza las facultades de control del Poder Legislativo fijadas en la Ley 23.696.
En el escrito judicial, los congresistas expresaron una de las advertencias más severas respecto al impacto de esta reserva sobre el rol constitucional del Parlamento:
“La negativa de la ATEP a exhibir la matriz metodológica de la tasación cercena la competencia misma de la Comisión Bicameral, sumiendo al Congreso en una ceguera deliberada que le impide evaluar si la adjudicación resguarda el interés público o consuma un desfalco al erario nacional”.
Asimismo, fundamentaron la urgencia del pedido cautelar para evitar la firma de los contratos de concesión sin control previo: “Se consolidará un daño irreversible sobre el patrimonio público nacional”, remarcaron en la presentación.
Objeciones a la metodología de valuación y el rol del BICE
Además de la falta de publicidad, los legisladores impugnaron el mecanismo administrativo implementado a partir de la Ley Bases 27.742. Según argumentaron, el Gobierno habría desplazado al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) —órgano técnico competente— para delegar la valuación en una unidad del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Los denunciantes advirtieron que el BICE utilizó el método de Flujo Neto de Fondos Descontados, una fórmula basada en proyecciones de ingresos hipotéticos que podría derivar en una severa subvaluación de los activos de la empresa sanitaria. Por este motivo, solicitaron que se libre oficio al TTN para auditar los parámetros utilizados.
Respecto al argumento oficial de proteger el «secreto comercial» durante la licitación, los amparistas remarcaron que los sobres con las ofertas económicas ya fueron presentados en el expediente de la Licitación Pública 504/2-0003-LPU26, por lo que revelar el valor base no otorga ventajas competitivas a los participantes.
Pedido de suspensión y denuncias paralelas
El planteo judicial solicita congelar el trámite licitatorio de forma temporal hasta que se entregue el informe integral de valuación con sus tasas de descuento y criterios metodológicos.
Al justificar la prevalencia del interés colectivo por sobre los plazos del Poder Ejecutivo, los legisladores concluyeron:
“El verdadero interés público radica en la transparencia, la legitimidad y la protección del erario público, principios que prevalecen decididamente sobre la prisa administrativa por adjudicar un activo estratégico, bajo el manto del secreto”.
La acción judicial incluye la prueba de los reclamos administrativos rechazados por Chaher el 1 de octubre de 2026, y se suma a una denuncia formal en trámite ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).