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El Fiscal Federal Norberto Bellver confirmó que 23 personas ya se encuentran imputadas por el robo de vacunas ocurrido en el Hospital Regional. Entre ellas una enfermera del Hospital Regional y el secretario general del Sindicato de Camioneros de Chubut, Jorge Taboada.

El pasado 22 de febrero, el juez Miguel Caviglia resolvió declarar la incompetencia de la justicia provincial en la causa que investiga el robo de 30 dosis de vacunas Sputnik en el Hospital Regional, y a partir de ese momento es la Justicia Federal quien lleva adelante la investigación del hecho.

En ese marco en la jornada de ayer, el fiscal Norberto Bellver, confirmó que tras la aceptación de la competencia federal en la investigación «se han dictado ciertas medidas de pruebas, a fin de establecer las responsabilidades de las 23 personas que el ministerio imputó porque se vacunaron».

«La doctora (por Eva Parcio) ordenó una medida de prueba y estamos esperando que eso de resultado y veremos los pasos a seguir. Se está estudiando toda la documentación que mandaron, asimismo se han secuestrado una serie de teléfonos y se ordenó la apertura de los mismos y para ver qué tenían», informó en contacto con LaCienPuntoUno.

Bellver manifestó que las 23 personas están imputadas «por el hecho que han sido vacunados y que participaron de manera directa o indirecta en la sustracción indebida de las vacunas asignadas por el Estado Nacional, violando de esa manera el circuito legalmente establecido, aplicándolo a un grupo de personas que no pertenecen a la población objetiva descritas en la norma nacional».

El fiscal además adelantó que en los próximos días más de 20 personar serán citadas a declaración indagatoria. Entre ellas se encuentran el director del Hospital Regional, Eduardo Waasserman, la titular del área Programática Comodoro Rivadavia, Miriam Monasterolo (lo hará en calidad de testigo) el secretario general de Camioneros, Jorge Taboada y la enfermera que habría facilitado las vacunas.

En el cierre, Bellver señaló que muchas de estas personas «avanzaron de manera irregular en la fila, no correspondía que fueran vacunadas en ese momento, privando de vacunar a las personas a las que efectivamente se les correspondían» y dijo que, en el caso de encontrarlas culpables, la pena se determinará según la calificación del hecho que aún no ha sido establecida.

El ahora ex ministro de Salud Ginés González García ya recibió al menos media docena de denuncias en su contra ante la Justicia Federal por la presunta comisión de varios delitos, incluida una investigación preliminar, pero ninguna tiene juez a cargo y se definirá el próximo lunes.

Al menos seis denuncias fueron hechas en Comodoro Py a partir de artículos periodísticos, pero ninguna tiene magistrado asignado, ya que todas fueron presentadas luego del horario judicial del viernes y recién el lunes se sortearán en la Cámara Federal.

Una de las primeras denuncias la hizo la ONG Fundación para la Paz y el Cambio Climático, a través de un mail enviado a la Cámara Federal, y el mismo camino tomó el abogado Jorge Monasterky.

Pero también el fiscal federal Guillermo Marijuan hizo una denuncia de oficio ante la Cámara, en donde apuntó al exministro por abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público y pidió una batería de medidas de prueba.

En esa misma denuncia también involucró al periodista Horacio Verbitsky, quien reconoció que González García lo llamó para que se aplique la vacuna contra el Covid-19 en el Ministerio de Salud.

La denuncia de Marijuan será sorteada el próximo lunes en la Cámara Federal entre los seis magistrados que están de turno con el Tribunal, que va variando cada 15 días.

Los jueces que por sorteo podrían recibir los expedientes son Ariel Lijo; María Eugenia Capuchetti, que además subroga el 5 por la renuncia de Rodolfo Canicoba Corral; Sebastián Casanello; Marcelo Martínez de Giorgi y Luis Rodríguez.

Por su parte, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodriguez, inició una investigación preliminar en el organismo, a la par que ordenó al Ministerio de Salud iniciar un sumario interno donde lo tenga a él como acusador del mismo.

Fuente: NA

La titular del INADI, Victoria Donda, comenzó a ser investigada por la Justicia federal por el delito de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta debido a que fue denunciada por intentar darle un puesto en el organismo a la empleada doméstica que trabajaba en su casa. El presidente Alberto Fernández manifestó en las últimas horas que «su naturaleza no es sacar ventaja del Estado».

El juez Sebastián Casanello delegó la causa en la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuán. Es investigada por la Justicia federal por el delito de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta.

La denuncia contra Donda fue presentada el 29 de diciembre pasado por el abogado Fernando Zarabozo, abogado de Arminda Banda Oxa, la empleada que también le reclama a Donda por no haberla tenido registrada durante toda la relación laboral.

Según publica Infobae este miércoles, el caso le tocó por sorteo al juez Sebastián Casanello, quien subroga el Juzgado Federal 12. El juez le delegó la causa a la fiscalía que está a cargo de Guillermo Marijuán, quien se encuentra de licencia por haberse contagiado covid-19. En su reemplazo, hasta que termine su aislamiento, actúa Eduardo Taiano.

Según pudo confirmar Infobae de fuentes judiciales, la fiscalía impulsó el caso, por lo que Donda quedó imputada. También la fiscalía pidió las primeras medidas de prueba para avanzar con la investigación.

Tras conocerse la denuncia, Donda, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que los aportes laborales y los pagos salariales de la empleada fueron hechos “en tiempo y forma”.

Además, reconoció el ofrecimiento que le hizo a Arminda, pero aseguró que fue ella quien quiso renunciar a su trabajo como empleada doméstica.

“Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos, por razones personales. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio”, había manifestado Donda.

El impulso de la investigación se dio a través de un dictamen donde se explica que la denuncia realizada por Zarabozo señala: “Oxa había sido empleada de la ex Diputada desde el 1° de marzo de 2007, cumpliendo tareas domésticas en el domicilio de aquélla. Que, una vez iniciada la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia del Covid-19, Donda pretendió desvincular su relación laboral, intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, a la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado”. En la denuncia se sostiene que Donda registró a la empleada recién en 2014 a pesar de que la relación laboral comenzó en 2007.

En la denuncia se transcribieron algunos audios que Donda le envió a Banda Oxa para demostrar el ofrecimiento de un cargo en el INADI o de un plan social:

-“Necesito que hablemos a ver si querés que te acompañe para sacar la jubilación. Y qué querés que hagamos con el aporte. Yo obviamente quisiera como te dije continuar la relación laboral. Pero entiendo si no podés y renunciás”.

-”Decime qué querés hacer y si te puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el INADI (…)”.

– “Sí, claro, lo que te estoy diciendo que se te puede anotar en un plan o algo podemos ahí anotarte. Necesito que vos me digas eso (…) renunciás porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan y después se puede pagar para que saques la jubilación, pero yo también necesito resolver eso (…) mi novio que entiende (…) y entiendo también que necesitás la plata. Los planes están cobrando más o menos $10.000 y la contraprestación puede ser cerca de tu casa”.

Según el denunciante, “dichos mensajes no hacen más que demostrar que la denunciada utilizaría sus influencias y los recursos públicos que administra en el ejercicio de su función pública para resolver cuestiones particulares de su esfera privada, y así incumplir con sus cargas como empleadora doméstica y minimizar los impactos económicos que le generaría un reclamo laboral de una persona que no fue debidamente registrada”.

La fiscalía de Marijuán citó al abogado Zarabozo para que ratifique la denuncia el próximo martes y que lleve toda la documentación que tiene en su poder sobre el caso. Al mismo tiempo, se le solicitó al área de Asuntos Penales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que envíe toda la documentación que posea el organismo sobre Banda Oxa.

Ahora será la fiscalía de Marijuán la que determine si la funcionaria pública debe ser indagada por los delitos por los que se la investiga.

Fuente: Infobae

Trabajadores de la Justicia Federal de Comodoro iniciaron este jueves un paro de 36 horas por falta de respuestas ante el pedido de recomposición salarial. El 29 de octubre habrá una marcha en todo el país.

El delegado local, Jorge Ricardo Vicente, señaló que es una medida que abarca a todos los Juzgados Federales del país y se replica en Comodoro. Aclaró que se garantizan las guardias mínimas de atención en casos de urgencia.

«Posiblemente la semana que viene tendremos alguna respuesta porque es un incremento salarial que estamos pidiendo hace bastante tiempo», señaló Vicente en contacto con ADNSUR.

Detalló que «nuestro reclamo es el pedido del 10% del primer tramo de marzo de 2020, el 15% del segundo tramo a junio y otros 10% de suplemento salarial compensatorio por los mayores descuentos de la reforma previsional».

«Por la pandemia se fue postergando y ahora estamos en octubre y todavía no tenemos una recomposición salarial, estamos esperando que la Corte toma una decisión y en caso de que no ocurra seguiremos con el paro la se semana que viene», concluyó.

En los últimos días se detectaron nueve casos de viajeros o contactos estrechos de contagiados que debían cumplir aislamiento obligatorio, pero que no pudieron ser ubicados en los lugares donde debían permanecer.

Autoridades de la Policía Federal Argentina se reunieron este viernes en Comodoro Rivadavia con personal de Salud y representantes de organismos que se dedican al control del aislamiento social preventivo y obligatorio. Se acordó que ante los incumplimientos de la cuarentena por parte de viajeros y aquellos contactos estrechos de casos positivos de COVID-19 o incluso personas infectadas, se realizará un acta que se enviará a la Justicia Federal.

Esto es debido a la gran cantidad de incumplimientos que se vienen registrando por parte de los que deben cumplir la cuarentena estricta por 14 días y no sin localizados.

El centro de control telefónico ha detectado junto a la Policía Federal estás infracciones.

De ese modo, ya se han labrado nueve actas de incumplimiento que ya fueron giradas a la Justicia Federal para iniciar una causa en la que se sancione este comportamiento que pone en peligro y grave riesgo a la salud pública, señaló El Comodorense.

La reforma judicial que presentó el Gobierno hace énfasis en el reordenamiento y en la ampliación de la justicia federal en todo el país y crea un Consejo Consultivo de juristas, transfiere la competencia penal a la Ciudad de Buenos Aires y fija una serie de «reglas de actuación» para los magistrados federales.

Justicia Federal Penal

Se fusionan los 12 juzgados penales federales con los 11 en lo penal económico y se duplican para llegar a 46 tribunales en el nuevo esquema de la Justicia Federal Penal, que estará ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Los juzgados ya existentes conservarán una de las dos secretarías que hoy tienen y la sobrante se asignará a uno de los nuevos juzgados.

Nuevos magistrados

Se aplicará un sistema de subrogancias para ocupar los nuevos juzgados con intervención de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

Juicios en curso

El presidente Alberto Fernández aclaró que «la conformación de esta nueva reforma judicial, en nada afecta el principio del juez natural: la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando».

Nuevos juzgados, fiscalías y defensorías

El proyecto propondrá la unificación de las cámaras de apelaciones y la ampliación del sistema de justicia con la creación de nuevos tribunales orales, fiscalías y defensorías. Los concursos que realice el Consejo de la Magistratura para cubrir las nuevas vacantes se deberán realizar por prueba de oposición oral y pública, con todo el proceso registrado con imagen y sonido para su difusión.

Transferencia de la competencia penal a la Ciudad

La iniciativa del Ejecutivo propone transferir a la Ciudad de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio y así completar la cesión de facultades penales aún pendiente.

Fusión de fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo

Para evitar los conflictos de competencia que demoran los trámites judiciales, el proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso prevé la fusión del fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo.

Fortalecimiento de la justicia en todo el país

El plan para fortalecer la justicia federal en todo el país tomó la iniciativa presentada por el gobierno de Mauricio Macri, en el marco del programa «Justicia 2020», considerando los 114 proyectos de ley que proponían la creación de juzgados federales desde el año 2008. Junto a los nuevos juzgados federales, en paralelo, el Gobierno impulsará la implementación gradual en todo el territorio del Código Procesal Penal Federal.

-Consejo Consultivo

La propuesta de ley crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, integrado por once juristas de diversos campos del derecho con antecedentes y prestigio para, en palabras del Presidente, «repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público» y hacer propuestas.

-Pautas para jueces.

El Poder Ejecutivo girará al Congreso para su discusión, la siguientes pautas de actuación para los jueces federales:

A. Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados.

B. Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de cualquiera de las partes.

C. Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario.

D. Ejercer sus funciones libres de interferencias.

E. Comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo.

F. Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias.

G. Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar.

Referentes de la justicia provincial y federal cuestionaron el proyecto del Ministerio de Seguridad. Ninguno fue consultado y recordaron que ninguna de las provincias que hizo lo que Chubut impulsa recibió fondos de Nación. Falta de laboratorios, policías que renuncian y estrategias encontradas.

El proyecto de ley para que la Justicia provincial sea competente para investigar el narcomenudeo fue rechazada por referentes del fuero federal y criticada por la Procuración General. Todos coincidieron en advertir que Chubut no cuenta con los recursos económicos ni humanos capacitados adecuadamente para un tratamiento integral de la problemática. Si bien esta dificultad está prevista en el proyecto, que prevé financiamiento nacional, aseguran que en las provincias que adhirieron a la desfederalización de estas investigaciones no se recibieron los aportes comprometidos. No es un dato menor para investigar uno de los delitos que cuenta con todos los recursos económicos para sortear las pesquisas, indicó un informe publicado hoy en Jornada.

El procurador Jorge Miquelarena afirmó que “ninguna de las provincias que desfederalizó recibió ni un solo peso. Se cansan de manifestarlo mis colegas procuradores cada vez que tenemos una reunión”.

En Tucumán cuando salió la Ley “el propio procurador se opuso y está frenada”. El jefe de los fiscales adelantó que el proyecto no contaría con el respaldo de Legislatura al indicar que en Chubut podría pasar lo mismo “en la medida en que salga aprobada la Ley”.

“Ni hablar”

Sobre lo económico, Miquelarena explicó que “hay que hacer las pericias químicas en laboratorios forenses con reactivos y equipamientos que salen mucha plata. Y ni hablar de los equipos con los que sí contamos, que se llaman UFE, una valija tipo computadora de origen Israelí, para bajar la información de los celulares. Tienen un costo muy elevado y otro costo muy elevado para actualizar los software cada 3 años. Por ejemplo los últimos presupuestos de mayo, son de 55 mil dólares o 58 mil dólares para actualizar un solo equipo”.

Versión Gélvez

El fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez hizo la misma observación. “Cuando se implementa un cambio de sistema se requiere mucho dinero porque hay que nombrar fiscales, oficinas judiciales. El proyecto va a implicar dinero y en estos momentos no tengo ni que argumentar mucho para decir que no existe. Es inviable”.

Sobre el financiamiento federal previsto por el proyecto, Gélvez señaló que “estuve hace unos años en una reunión de procuradores generales de las provincias en Puerto Madryn, donde todos señalaron que nunca el Estado Federal les había remitido esos recursos para investigar y juzgar el narcomenudeo”. Según su evaluación, a pesar del cambio de gobierno y de los años, “esto no varió”.

“La situación del Estado no es la mejor y será muy difícil que transfiera esos fondos. Desde el punto de vista financiero sin entrar a analizar el proyecto, es inviable” insistió.

“Mitad de camino”

Gélvez relacionó la falta de recursos con las investigaciones de narcotráfico que quedan truncas en la medida que ascienden en la cadena de los involucrados.

“Falta más personal en las fuerzas federales y en Policía de la provincia para investigar más a fondo y lo que tanto quiere el juez como yo es subir en la cadena de tráfico de estupefacientes. Se llega a mitad de camino pero nunca se puede ir más arriba también porque faltan recursos del Estado para investigar”.

Según ejemplificó, “en Chubut no tenemos las cabinas telefónicas para interceptar las líneas en la zona, entonces hay que ir a Buenos Aires. Pero hay problemas, y que no digan que lo van a solucionar, con los viáticos que le pagan a la policía de Chubut para que vaya una persona”.

Desintoxicar

Además se necesita un laboratorio, para analizar LCD, marihuana, cocaína y drogas sintéticas. “No lo hay en la provincia, ni del Ejecutivo ni de Policía. Todo eso implica más dinero” advirtió el fiscal.

En cuanto a los consumidores: “la Ley establece medidas de seguridad curativas y primarias que son educativas .¿Provincia va a también crear organismos para llevar adelante la desintoxicación de los enfermos y que así se considera o de aquellos que experimentan por primera vez y que hay que darle la educación al respecto?”.

“De golpe”

El presidente del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, Enrique Guanziroli, indicó que “de golpe llevarles este tema excede las posibilidades por los recursos no sólo materiales sino humanos, porque requiere preparación”. Y su traslado al fuero provincial desde septiembre “complicaría un poco las cosas”.

“Es loable que la provincia adquiera madurez en este tema para asumir esta responsabilidad, pero no están muy dadas las condiciones para que pueda hacerlo desde los recursos económicos y la formación de los operadores”, sintetizó. “De pronto insertar esto de golpe en todas las estructuras del Estado provincial, que además pasa por crisis muy severas, es un poco aventurado”.

70 por ciento

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral precisó que el 70% de las causas que investigan son por narcomenudeo. A a su criterio el principal inconveniente será la coordinación de las investigaciones provincial y federal en el momento en que se deja de considerar narcomenudeo y se avanza en la cadena a otros eslabones. “Sucede que el resto de investigaciones más complejas tienen su razón de ser en vínculos que están dentro de la escala de responsabilidades de la cadena del tráfico”. Esta división es a su criterio la que puede generar inconvenientes en la práctica.

Lleral no fue consultado para elaborar el proyecto. “Tiene ciertas dificultades que las demuestran la experiencia. Se presentan en donde se corta la investigación y en la cadena de relaciones que surgen de los delitos. Eso dificulta la investigación, pero es una opinión personal”. El juez afirmó que hasta el momento en las provincias en las que se aplicó la desfederalización, no hubo una mejora en la problemática a combatir. “Hay provincias que adhirieron y no tuvieron éxito ni disminuyó el tráfico. No contribuyó”. Un ejemplo es la provincia de Buenos Aires, donde la problemática de hecho se incrementa.

“El tráfico aumentó en todo el país y la experiencia lo refleja incluso en estas provincias que tiene la doble persecución”. Si avanza la iniciativa “El gran problema son los límites que pueden existir en las investigaciones, dónde ponemos el límite de la intervención provincial y federal. El problema debe ser atacado globalmente en forma abarcativa por un solo fuero”.

Lleral además coincidió con Guanziroli es que la propuesta provincial tiene el foco puesto en la represión del delito pero no prevé un tratamiento integral del problema.

“El combate al narcotráfico implica otras acciones por parte del Estado como la concientización, educación, relacionarlo con otros aspectos de la vida de una persona” advirtió.

“El problema debe ser atacado globalmente y en forma abarcativa por un solo fuero”, sugirió el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral.

Los trabajadores de la Justicia Federal del país cobrarán el medio aguinaldo en tres cuotas, según lo dispuesto este martes en una acordada de la Corte Suprema de la Nación.

La disposición incluye a los juzgados nacionales con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no abarca a los Poderes Judiciales provinciales.

La decisión del máximo tribunal del país se alinea con la tomada por el Poder Ejecutivo en relación con el sueldo anual complementario para los empleados estatales nacionales.

En la acordada difundida por la Corte, los magistrados expresan que en el Poder Judicial de la Nación “se verifican” las mismas circunstancias invocadas por Presidencia para abonar en tres veces el aguinaldo.

La primera parte se abonará dentro del plazo previsto hasta la suma de 40 mil pesos brutos y el excedente se repartirá en dos veces cuotas iguales junto con las remuneraciones de julio y agosto.

Cabe señalar que los motivos del pago en tres veces se enmarcan en la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus.

El juez federal Gustavo Lleral informó que la justicia Federal inició unas 2500 causas por incumplimiento al decreto de aislamiento y detalló que hubo casos en los que se procedió al secuestro de vehículos que en total, suman 500, aunque algunos de ellos fueron restituidos cuando los pedidos fueron debidamente justificados.

El juez Federal remarcó en diálogo con Radio Chubut que desde el juzgado que él dirige nunca se solicitó la detención de ninguna persona que hubiera incumplido con el decreto y que sí se procedió a las demoras del caso, relacionadas más que nada con la toma de datos o la verificación de los hechos.

En algunos casos, las personas imputadas por este delito de incumplimiento al decreto de aislamiento propusieron la suspensión del juicio a prueba ofreciendo la realización de trabajos comunitarios, aunque debido a la situación que estamos atravesando, eso es de imposible cumplimento por el momento, según detalló el juez.

Lleral aseguró que no se contemplan multas y que sí podría existir una especie de resarcimiento, la donación a alguna institución de bien público, pero se trata de cuestiones que se decidirán en el futuro.

La Policía apresó ayer a cuatro ladrones cuando escapaban en un utilitario, llevándose una importante extensión de un cable telefónico que habían cortado en dos tramos, en las inmediaciones del acceso sur de la ciudad, dejando sin el servicio de telefonía fija a unos 135 abonados, pero desde la Justicia Federal de Rawson dispusieron que les secuestraran el «botín» y se los liberara.

Por lo que se supo, desde el juzgado del doctor Gustavo Lleral los citarían este lunes para notificarlos de que se los va a investigar por un delito federal; el de robo con interrupción de las comunicaciones.

La Policía sospecha que algo tienen que ver con la banda de delincuentes que con fines de robo durante los últimos tiempos vino saboteando la fibra óptica de Movistar para neutralizar los sistemas de seguridad de bancos, cajeros o lugares en donde hay cajas fuertes; y en consecuencia mientras estaban siendo identificados en la Comisaría antes de que salieran en libertad les allanaron las casas pero -lamentablemente- en esos procedimientos, no encontraron nada que los incriminara, refirió una fuente.

Los cables que habían sustraído no son fibra óptica sino conductores multifilamento de una instalación que provee de telefonía fija a un vasto sector de la zona sur de Trelew que ayer, a la mañana entre las siete y las diez se quedó momentáneamente sin el servicio, hasta que la empresa prestataria logró reemplazar la extensión de cable que había sido cortada.

El lugar en donde ocurrió ese hecho, situado en las proximidades del complejo deportivo del Club Huracán, en el acceso sur; está protegido ahora con sensores que se activaron y dieron la señal de alerta a la policía ni bien detectaron el corte. Así los ladrones pudieron ser interceptados cuando se estaban alejando del lugar.