Un verdadero cimbronazo sacude los tribunales de Puerto Madryn luego de que la Justicia frenara de golpe el intento de la Fiscalía por archivar la escandalosa causa entre la pesquera Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).
El juez penal Dr. Daniel Yangüela declaró la nulidad absoluta de la resolución fiscal que había desestimado la denuncia por la toma de las oficinas administrativas de la compañía en julio pasado, cuestionando con dureza los argumentos vertidos por el Ministerio Público Fiscal y exigiendo que la investigación penal vuelva a ponerse en marcha. Fuente: Jorge Horacio Arias
Las duras críticas del juez a la Fiscalía y los fallos en la investigación
a resolución fechada este 16 de octubre ordena retrotraer las actuaciones al 29 de julio —fecha en que se dispuso el archivo— y girar el expediente a la Procuración General para redefinir el curso de las pesquisas. En sus fundamentos, el juez Yangüela advirtió que la Fiscalía actuó con una «fundamentación aparente», apoyándose en meras afirmaciones sin respaldo probatorio. El magistrado remarcó que solo con la denuncia del apoderado, dos actas policiales y una lista de testigos no alcanzaba para cerrar el caso, señalando que ni siquiera se acreditó el vínculo laboral de los acusados, la legitimación sindical ni la legalidad de la medida de fuerza.
Además, el fallo desarmó un criterio central de la Fiscalía, que había descartado la existencia de un delito por la presunta ausencia de violencia física. Al respecto, el magistrado recordó que la figura penal bajo análisis no exige necesariamente el uso de la fuerza, sino examinar de forma rigurosa el consentimiento de quien tiene el derecho legal de admitir o excluir a terceros del inmueble. Si bien la decisión no determina culpabilidad ni sentencia la existencia definitiva de un delito, deja en claro que la denuncia no podía sepultarse de manera prematura violando las exigencias del procedimiento penal y el debido proceso.
Un violento conflicto sindical que dejó despidos, cierres y reclamos
El enfrentamiento entre Conarpesa y el STIA comenzó a gestarse en junio, cuando el gremio denunció que la pesquera no convocó a 85 trabajadores efectivos de temporada y acusó a la firma de derivar materia prima a plantas de otras provincias. La tensión escaló bruscamente el 15 de julio con la ocupación del sector administrativo en reclamo por presuntos incumplimientos ante la Secretaría de Trabajo. La respuesta de la empresa fue inmediata: repudió la toma, presentó una denuncia penal contra el secretario general del STIA, Luis Núñez, y despidió a 39 operarios.
En agosto, tras la mediación del gobernador Ignacio Torres, la firma reincorporó a 30 de los despedidos y levantó las acciones penales contra ellos, aunque mantuvo la desvinculación de los nueve restantes. Pese a las gestiones oficiales, las diferencias persistieron durante octubre con fuertes choques sobre esquemas de producción, turnos, incentivos y salarios. Ahora, con la orden judicial de reabrir el expediente, la Procuración General deberá tomar cartas en el asunto para investigar a fondo una denuncia que la Fiscalía pretendió cerrar sin las pruebas mínimas requeridas.