En medio de la constante discusión por la transparencia en los fondos públicos, la Sindicatura General de la Nación oficializó un ultimátum normativo para la educación superior.
Mediante la Resolución 311/2026 en el Boletín Oficial, el organismo fijó que las Unidades de Auditoría Interna de las universidades nacionales deberán presentar sus planes de trabajo para 2027 antes del 31 de octubre de 2026 mediante el sistema SISAC.
La medida establece lineamientos complementarios para formular, ejecutar y monitorear estas revisiones en el próximo ejercicio. El esquema no busca intervenir en decisiones académicas ni científicas, respetando la autonomía y autarquía universitaria.
Matriz de riesgos: desde títulos académicos hasta ciberseguridad
El marco regulatorio exige que cada unidad amolde sus proyectos de auditoría a la dimensión institucional, la estructura, la dispersión geográfica en el territorio y los perfiles profesionales con los que cuenta cada casa de altos estudios. Para ello, la selección de proyectos tendrá que fundamentarse en una matriz de riesgos rigurosa y en los antecedentes de control interno.
Entre los focos obligatorios asignados para la fiscalización figuran:
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Presupuesto, finanzas, compras y contrataciones.
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Personal, liquidación de haberes, patrimonio e infraestructura.
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Transferencias, convenios y administración de fondos para investigación y extensión.
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Integridad institucional, ciberseguridad y tecnologías de la información.
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Controles estrictos en el circuito de emisión y otorgamiento de títulos.
Rendición de fondos bajo la lupa y registro digital obligatorio
Un punto neurálgico de la norma es que todos los planes deberán auditar obligatoriamente el estado de las rendiciones de cuentas enviadas a las autoridades nacionales competentes. Se identificará el dinero recibido, aplicado, rendido, observado y pendiente de aprobación, junto con sus respectivos respaldos y vencimientos.
No obstante, la elaboración formal de dichas rendiciones permanecerá bajo la potestad de las autoridades universitarias. Finalmente, todos los informes, objeciones y acciones correctivas deberán cargarse en el Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC) con su debido sustento probatorio.
