La resolución incluye la ampliación del procesamiento contra el exdirector Diego Spagnuolo como jefe de una asociación ilícita. Auditorías oficiales confirmaron un perjuicio provisorio al Estado por más de $7.800 millones en medicamentos y material ortopédico.
El juez federal Ariel Lijo, a cargo interinamente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, dictó una contundente resolución en el marco de la causa que investiga un esquema de corrupción sistemática dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas y la ampliación de la acusación sobre otros 5 imputados que ya se encontraban procesados.
La decisión judicial extiende la atribución de responsabilidades a las maniobras de contratación de insumos médicos y ortopédicos del Programa Incluir Salud, abarcando seis rubros clave: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas/andadores y traumatología.
Ampliación de procesamientos a la cúpula y entramado delictivo
Entre las resoluciones más destacadas, el magistrado amplió los procesamientos de Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete en calidad de jefes de la asociación ilícita. Asimismo, ratificó las acusaciones contra Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich como miembros de la organización. Todos ellos habían recibido un primer procesamiento el pasado 9 de febrero de 2026, posteriormente confirmado por la Sala II de la Cámara Federal.
A los imputados se les atribuyen los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada y, en casos específicos, lavado de activos agravado.
Al evaluar el alcance del entramado, el fallo judicial fue contundente:
“En definitiva, el conjunto de las pruebas reunidas permite tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la existencia de una organización delictiva que habría operado dentro y fuera de la ANDIS, integrada por funcionarios del organismo —principalmente Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, junto con otros agentes que cumplían funciones estratégicas—, operadores externos como Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, empresarios vinculados con las firmas proveedoras y personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar los fondos provenientes de las maniobras investigadas”, destacó el juez Ariel Lijo en la resolución.
Red de empresarios y exfuncionarios involucrados
El procesamiento alcanzó también a un nutrido grupo de empresarios proveedores de insumos médicos: Emilio César Olguín (Expo Trauma S.A.); Evangelina Ileana García y Martím Goncalo Armella (Artrobone Ortopedia S.A. e Imnova S.A.); Claudio Alejandro Kahn (Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.); Osmar Mariano Caballi (Farma Salud S.R.L.); Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués (Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.); Humberto Gabriel Maone (Med-El Latino América S.R.L.); Nicolás Luna (Meridius S.A.); Fabián César Piedimonte (Neurosalud S.A.); Gustavo David Bernat (Ortopedia Bernat S.R.L.); y Patricio Oscar Acosta (Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.).
Asimismo, fueron procesados los excandidatos o exfuncionarios administrativos Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, acusados de direccionar invitaciones y gestionar pagos desde el interior del organismo. Por otra parte, Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro resultaron procesados por lavado de activos mediante circuitos financieros vinculados a la firma Baires Fly S.A., e igual medida recayó sobre Lautaro Valentín Brítez. En paralelo, el juez dictó la falta de mérito para 11 indagados.
Sobpreprecios multimillonarios en medicamentos e insumos
Un relevamiento técnico elaborado por el Ministerio de Salud detectó desvíos y diferencias de precios por al menos $1.849.277.963 en el rubro de insumos médicos. Esta cifra se suma a los $5.984.594.394,24 identificados previamente en sobreprecios de medicamentos, elevando el perjuicio provisorio al Estado a $7.833.872.357,24.
Sobre la modalidad operativa del grupo, el pronunciamiento judicial remarcó:
“La operatoria habría consistido en la manipulación sistemática de los procedimientos de contratación de medicamentos e insumos PACBI, mediante la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegeda, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas”, precisó la resolución.
Respaldo de la Cámara Federal y continuidad de la causa
El fallo retoma las consideraciones vertidas por la Sala II de la Cámara Federal al revisar el funcionamiento del sistema SIIPFIS, donde los jueces de alzada determinaron que “fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos”, concluyendo que “esas acciones no fueron casuales sino el resultado de un acuerdo ilícito entre sus partícipes”.
Para cerrar, la resolución dictada por Lijo remarcó que la gravedad del hecho supera el daño financiero cuantificado:
“Sin embargo, la significación penal de los hechos investigados no se agota en los sobreprecios que pudieron cuantificarse hasta el momento. Las pruebas reunidas permiten reconstruir la existencia de un mecanismo organizado de contratación pública que habría sido puesto al servicio de intereses particulares, mediante la intervención coordinada de funcionarios y empresarios que condicionaron decisiones administrativas en beneficio propio”, concluyó el escrito.
La causa se encuentra delegada en la fiscalía federal a cargo de Franco Picardi, quien continuará al frente de las nuevas diligencias probatorias.