La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a una apelación de Capital Humano para evaluar si la medida sigue vigente. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, busca frenar las multas personales de $100.000 diarios por presunto incumplimiento.
La disputa judicial por los recursos para la educación superior sumó un nuevo capítulo procesal. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó un recurso presentado por el Gobierno nacional en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario, abriendo la instancia para revisar la continuidad de la medida cautelar que exige la actualización de salarios docentes y no docentes, así como el financiamiento de las becas estudiantiles.
La resolución del tribunal de alzada dio luz verde a un planteo promovido por el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación. La presentación oficial cuestionaba la decisión del juez de primera instancia, Martín Cormick, quien había rechazado el pasado 14 de octubre un intento del Ejecutivo por frenar el procedimiento de ejecución cautelar. Ante esa negativa, el Estado acudió en queja a la Cámara, que concluyó que la resolución de origen podía causar un perjuicio de difícil reparación.
Los argumentos de la Casa Rosada y el alcance del fallo
En su presentación ante los estrados, la representación legal del Estado argumentó que las obligaciones dispuestas en la cautelar ya fueron cumplidas y que la medida precautoria alcanzó su plazo de caducidad. Asimismo, la defensa oficial advirtió sobre los riesgos procesales de mantener abierto el trámite de ejecución bajo la amenaza de sanciones económicas.
Sin embargo, los camaristas precisaron los límites del fallo actual:
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Sin definición sobre el cumplimiento: La Cámara no determinó si el Ejecutivo acató de manera efectiva la norma ni decretó la caducidad automática de la cautelar.
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Análisis pendiente: La vigencia de las exigencias presupuestarias continuará bajo examen dentro del expediente principal.
Diego Santilli apela para suspender las astreintes personales
En un carril paralelo pero vinculado al mismo expediente, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó un escrito judicial con el objetivo de paralizar la ejecución de las multas personales fijadas en su contra. El 15 de octubre, la misma Sala III dejó en suspenso de forma provisoria las astreintes de $100.000 diarios impuestas por el presunto incumplimiento de la cautelar.
Santilli solicitó formalmente la suspensión del cobro y planteó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para que se deje sin efecto de manera definitiva la sanción económica sobre su patrimonio personal.
El origen de la controversia por el decreto 759/2025
El conflicto judicial comenzó a partir de una demanda promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el Decreto 759/2025, mediante el cual la Casa Rosada condicionó la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso de la Nación indicara las partidas presupuestarias para su financiamiento.
El pasado 6 de octubre, el juez Cormick declaró la inconstitucionalidad de dicho condicionamiento y ordenó la aplicación inmediata de la ley. Pese a que el Gobierno apeló el fallo de fondo, la discusión cautelar por los fondos para sueldos y becas sigue marcando el pulso en la Justicia federal.