El Observatorio de Tierras advirtió que una inmobiliaria rural promocionó un establecimiento de más de 2.900 hectáreas en Alto Río Pico dirigido a inversores extranjeros. La oferta comercial coincidió exactamente con el período en que estuvo desregulada la Ley de Tierras tras un fallo del máximo tribunal.
La controversia por el régimen de soberanía y extranjerización de tierras en la Patagonia sumó un capítulo crítico en la provincia de Chubut. El Observatorio de Tierras —un espacio de análisis académico e investigación integrado por profesionales del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA)— denunció que durante el breve intervalo en que la Ley de Tierras quedó sin efecto por un fallo judicial, se puso a la venta un establecimiento rural de más de 2.900 hectáreas en Alto Río Pico, que incluye un lago, una laguna y 16 kilómetros de costa sobre el río.
El caso cobra relevancia institucional debido a que la comercialización a capitales extranjeros de este tipo de inmuebles —con acceso exclusivo a espejos de agua permanentes y ubicados en zonas de frontera— se encuentra expresamente restringida por la normativa histórica nacional.
La ventana temporal entre las dos resoluciones del máximo tribunal
La secuencia que posibilitó la oferta se originó a partir de decisiones judiciales sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23:
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29 de septiembre: La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la protección brindada por la Ley de Tierras en los términos bajo análisis del organismo.
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9 de octubre: Diez días más tarde, el máximo tribunal dispuso la suspensión provisoria del artículo 154 del DNU, restituyendo de forma transitoria el régimen legal restrictivo.
Durante esa «ventana» de diez días, según la reconstrucción del Observatorio de Tierras, se generó un escenario propicio para impulsar operaciones con compradores internacionales que hubieran resultado inviables bajo la legislación vigente por superar los límites de extranjerización departamental o la tenencia de cuerpos de agua.
La aparición de la inmobiliaria y la oferta dirigida a inversores extranjeros
Según el informe elaborado por el equipo universitario del PRIHA-FCE-UBA, la maniobra comercial comenzó a gestarse el 26 de septiembre con la apertura de un perfil en la red social Instagram bajo la denominación Loma Alta Propiedades, presentada con sede en la ciudad de Esquel.
El 30 de septiembre —con la desregulación ya vigente— la firma publicó la oferta formal de las tierras en Río Pico, redactando parte de las especificaciones en idioma inglés. Posteriormente, el 3 de octubre, la cuenta difundió un folleto digital dirigido explícitamente a inversores extranjeros. Bajo la consigna “¿Por qué invertir en la Patagonia?”, la publicación destacaba el valor de la tierra productiva, el acceso exclusivo al agua dulce, los bosques y la revalorización proyectada del activo.
“La cuestión central es si durante los diez días en que la protección legal quedó transitoriamente desplazada se iniciaron o concretaron gestiones capaces de consolidar derechos de propiedad sobre un establecimiento que, bajo el régimen anterior, podía quedar alcanzado por esas prohibiciones”, advirtieron desde el Observatorio de Tierras.
Hasta el momento, la documentación presentada confirma la existencia de la oferta comercial y el despliegue publicitario, aunque se aguardan informes registrales para determinar si la operación de transferencia dominial llegó a efectivizarse.
Inconsistencias comerciales e hipótesis registrales
La investigación académica arrojó además dudas sobre la estructura comercial detrás del anuncio. La firma Loma Alta Propiedades no posee inscripción comercial bajo esa denominación. Al cotejar portales inmobiliarios como Zonaprop, el corredor interviniente fue vinculado con la firma Ameghino 830 Propiedades, constituida por Jorge Alberto Vernengo y Julieta Vernengo según el Boletín Oficial chubutense del 29 de octubre de 2025.
Desde el organismo investigador aclararon que se trata de hipótesis que requieren corroboración documental y que la vinculación de un profesional con otra entidad no demuestra por sí misma una maniobra irregular, pero justifica el pedido de informes a los organismos de control de la provincia de Chubut.