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La Corte Suprema de Justicia desestimó un pedido de la empresa Google en una demanda que interpuso la vicepresidenta Cristina Kirchner porque en el buscador apareció una leyenda ofensiva con el mote de “ladrona de la Nación Argentina”.

Google busca impedir que la ex presidenta acceda al servidor de la multinacional al considerar que eso implicaría una violación al secreto comercial. Pero no lo logró.

La exmandataria ya contaba con fallos a favor de la Sala II de la Cámara de Apelaciones, que consideró que “las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las medidas de prueba” son inapelables. La justicia ya había habilitado a Cristina Kirchner a acceder al servidor de Google, al hacer lugar a un pedido de prueba anticipada.

La empresa fue a la Corte Suprema y en el acuerdo celebrado ayer los ministros Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, y Juan Carlos Maqueda rechazaron el planteo de Google.

El recurso extraordinario cuya denegación motivó esta queja, “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, sostuvo la Corte al desestimar el pedido.

LA CAUSA

El pedido de prueba anticipada fue realizado en el fuero civil y comercial federal, tras una publicación del 17 de mayo del año pasado en el diario Clarín, que en una nota digital decía que el buscador había colocado la infame leyenda en el lugar donde debería figurar el cargo de vicepresidenta.

El motor de búsqueda más usado asoció a la persona de Cristina Kirchner el mote de “ladrona”. Así, en una presentación ante la justicia, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, pidió la pericia como “prueba anticipada” contra el buscador Google.

En primera instancia se accedió al pedido, pero luego tuvo que intervenir la Cámara Civil y Comercial Federal ante la apelación de Google.

El tribunal consideró “inapelable” el recurso de Google y lo desestimó, por lo que quedó firme la resolución que hizo lugar al pedido de prueba anticipada realizado por Cristina.

La vicepresidenta podrá entrar a los servidores de Google para garantizar que no se altere ninguna información que se haya elaborado con el único fin de dañarla.

El día 17 de mayo de 2020 a las 00:20, Cristina se enteró, por las fuertes repercusiones en internet, de una nota digital del diario Clarín que manifestaba que el motor de búsqueda más usado a escala internacional asociaba a su persona con el mote de “ladrona”.

El año pasado, la propia Corte por unanimidad, declaró inadmisible el recurso extraordinario por salto de instancia interpuesto por Google LLC.

Dicho recurso fue dirigido contra la resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que declaró inapelable la medida de prueba anticipada requerida por Cristina Fernández de Kirchner contra Google. Así el caso siguió su curso, y ahora la Corte rechazó nuevamente un recurso de Google.

Fuente: El Patagónico

El nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, dijo que su cartera está “en un punto de inflexión” y apuntó contra algunos jueces y fiscales. Qué dijo sobre el expresidente Mauricio Macri.

“Estamos en un punto de inflexión en el cual es evidente que estamos afectando algunos intereses, pero es la hora histórica. No seguir avanzando sería comenzar a retroceder”, afirmó el designado ministro de Justicia, Martín Soria, en una entrevista con C5N.

El dirigente peronista, que todavía no asumió el cargo de ministro porque debe esperar a que la Cámara de Diputados acepte su renuncia, dijo que su prioridad será reunirse con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que cuestionó a algunos jueces y fiscales y criticó en duros términos al expresidente Mauricio Macri.

“Lo primero que voy a hacer como ministro es pedir una audiencia oficial con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay que buscar el diálogo”, dijo Soria.

Al enumerar algunas de las cuestiones sobre las que quiere conversar con los miembros de la Corte, precisó: “¿Cómo puede ser que no sepamos lo que piensan de lo que está pasando en Casación, que es un escándalo? ¿Qué opinan de un procurador que hace tres años está atornillado y nadie eligió y tiene un cargo vitalicio?”.

La primera pregunta de Soria fue en referencia a Gustavo Hornos, el presidente de la Cámara de Casación que fue criticado por el presidente Alberto Fernández debido a que visitó en su despacho al entonces presidente Mauricio Macri. La segunda fue en referencia al procurador Eduardo Casal, designado de manera interina tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.

En ese sentido, el ministro designado dijo: “Esta Argentina con jueces entrando a escondidas a la Casa Rosada no va más”.

Sin nombrarlo, también salió a cruzar al fiscal Carlos Stornelli: “Si tuviéramos los números sería más fácil sancionar a un fiscal que hizo todo mal y que encima se da el gusto de amenazar al Presidente de la Nación”.

“Fijate cómo se ponen por el solo hecho de pretender mejorar la Justicia. A ver, ¿de qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo de tener jueces más independientes, probos, imparciales, que no entren a escondidas al despacho de un presidente y al otro día saquen un fallo para la tapa de un diario persiguiendo a un empresario, a un periodista, a un dirigente de la oposición. Eso es lo que está en debate: la crisis de legitimidad que hoy tiene el Poder Judicial”, planteó Soria.

“Están nerviosos, evidentemente”, subrayó al hablar de quienes se opusieron a su designación.

“Sin Justicia no tenemos Estado de Derecho. Sin Justicia pasa lo que pasó estos cuatro años”, expresó. Y en un dardo al expresidente Mauricio Macri declaró: “No sé si le interesaban los argentinos”.

Ante la pregunta de si su nombramiento respondió a un pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Soria respondió: “Yo estoy dentro del Frente de Todos, soy peronista desde la cuna y trabajo desde el Frente de Todos para mi presidente y mi vicepresidenta. Creen que de esa manera nos van a dividir y hoy estamos más unidos y fortalecidos que nunca”.

Fuente: TN

 

Alberto Fernández participó del clásico discurso de apertura del año legislativo en el Congreso, donde volvió a criticar a la Justicia y anunció la creación de un Tribunal Federal de Garantías que busca limitar el poder de la Corte Suprema.

“El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano. Sus miembros disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”, expresó el Presidente frente a los legisladores.

Por otra parte, el Presidente dedicó un párrafo al fiscal Carlos Stornelli: “En la Argentina de hoy, hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación”.

Fuente: Mitre

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa del médico pediatra Hugo Mantuano, condenado a la pena en suspenso de un año y medio por el homicidio culposo del bebé Nicolás Russo en Comodoro Rivadavia. El máximo tribunal del país coincidió así con la Cámara Penal de la ciudad petrolera y con el Superior Tribunal de Justicia. Cabe recordar que por el caso también fue condenada la médica Roxana Barrientos, a tres años en suspenso. Ya con la condena firme no podrán ejercer la profesión durante cinco años.

Los abogados de Hugo Mantuano fueron Ricardo Mendaña y Vanesa Peruzotti. Y a la sentencia la firmaron los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Carlos Rosenkrantz.

“No queremos que causen males mayores. Tengo dos nenes y no quiero volver a encontrarme con médicos como éstos. Hace años que venimos pidiendo Justicia y por fortuna en el primer juicio quedó claro», pedía el padre del bebé, Víctor Russo, según crónicas de la época.

El papá también valoró que los jueces destacaran que los sistemas médicos tienen que cambiar y que el profesional que atiende a un paciente tiene que tener una responsabilidad. «Gracias a Dios se hizo justicia y estamos muy contentos», agregó.

Nicolás tenía 35 días y murió en la guardia de La Española el 25 de febrero de 2014. El chiquito había vomitado una sustancia color amarillo por lo que fue trasladado inmediatamente por sus padres a la Guardia Pediátrica del sanatorio, donde los atiendió Mantuano. El doctor colocó al bebé en la camilla y le indicó a sus padres que debían esperar los resultados del laboratorio y una vez que estuvieran debería consultar con su sucesora en la Guardia, Roxana Barrientos.

Según indicaba la acusación fiscal, el médico omitió tomar la temperatura del bebé y tampoco midió el nivel de oxígeno en la sangre ni ordenó una radiografía del tórax. Además, no realizó ningún tipo de control al niño, provocando que el cuadro se agravara.

Respecto del proceder de Roxana Barrientos, los padres de la víctima le suplicaban que atendiera a su bebé, ya que notaban que su situación empeoraba, pero ella les decía que no “hasta que tenga los resultados del laboratorio”.

Luego ingresaron nuevamente a la víctima a la Guardia, le colocaron una máscara de oxígeno para adultos, pidieron a sus padres que se retiraran y comienzan, junto a otro médico pediatra, una ventilación mecánica. Luego de 25 minutos el niño falleció bronco aspirado.

En su fallo de primera instancia de 2016, el juez Alejando Soñis afirmó que el hecho «pudo haberse evitado». El magistrado también admitió «la acuciante situación que atraviesa la medicina pediátrica en Comodoro Rivadavia». Los halló a los médicos responsables de mala praxis y negligencia.

Los papás de Nicolás Russo, el bebé fallecido en 2014

Según Víctor Russo, “decían que hicieron su trabajo de forma correcta pero los jueces fueron impecables en el adelanto del fallo porque vieron la falta de un especialistas y el mal accionar. ¿Cómo puede ser que no hayan hecho un seguimiento del bebé y se deje la guardia en mano de una médica generalista que estuvo 40 minutos buscando un pediatra?”, se preguntó.

“La muerte de mi hijo se pudo haber evitado y la médica no sabía qué hacer. Vimos el desapego de la profesión. Hay muchos profesionales que tienen amor por la profesión pero hay pocos que parece que le tienen odio, porque nosotros sufrimos abandono”, agregó.

“Estoy contento porque hay dos profesionales que se dieron cuenta de que actuaron de mala manera y hay una consecuencia”, remarcaba el padre. “Hace años venimos con esta pena que será para siempre pero hoy hay dos médicos que están a punto de dejar de hacer un mal”.

Tiempo después fue el Superior el que declaró improcedente la impugnación extraordinaria presentada por la defensa de los médicos. Concluyó que la muerte del bebé se produjo por las conductas omisivas de los médicos y por entender que violaron el deber de cuidado al que se encontraban obligados por su condición de profesionales de la medicina.

Mantuano y Barriento Alfaro desoyeron las alertas que el niño presentaba, lo que les impidió aplicar todas las medidas posibles y actuar con celeridad frente a la sospecha de un cuadro clínico severo.

Según el STJ, “los condenados no agotaron las precauciones inherentes al carácter de recién nacido del paciente, mediante una adecuada clínica médica, que aventara la profundización de los síntomas”.

Fuente: ADNSUR

Los cinco miembros del alto tribunal declararon “inadmisible” el recurso de queja que presentó la defensa de Boudou al negársele el recurso extraordinario ante la Corte, última instancia del sistema de justicia.

El exvicepresidente, junto a otros imputados, fue juzgado por el Tribunal Oral Federal 4 por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

La condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal y fue entonces que el también exministro de Economía presentó un recurso para que la Corte revocara su condena.

Pese a su condena de prisión efectiva, en abril de este año, el juez de Ejecución Penal Daniel Obligado le concedió la prisión domiciliaria en atención al “actual contexto mundial de emergencia sanitaria”.

“El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible. Por ello, se desestima la presentación directa”, señaló la Corte en su decisión.

En ese mismo párrafo, el escrito cita el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial que dispone que “la Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

La invocación de este artículo implica que los cinco miembros del tribunal no consideran pertinente su intervención y ratifican así lo actuado en las instancias inferiores.

De ahora es más, Boudou podría recurrir a tribunales internacionales para que se revise su condena, a sabiendas de que deberían probarse irregularidades importantes durante el proceso como para que la justicia argentina, a sugerencia del organismo supranacional, reabra el expediente y valore nuevamente la sentencia.

Con esta decisión, la defensa de Boudou buscará ahora que el exvicepresidente permanezca con la prisión domiciliaria, concedida en abril, y que no vuelva a cumplir su condena al penal de Ezeiza.

El lugar en el que cumplirá Boudou su condena será decisión del juez Obligado, que fue el mismo que le habilitó la domiciliaria y ahora podría revocársela si entiende que se modificaron las circunstancias en la que se concedió, sea por el momento sanitario de la pandemia o por la definición de la Corte.

La reconocida jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg murió este viernes. Esto tras complicaciones de salud. La magistrada fue ingresada en julio al Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, para recibir tratamiento por un nuevo cáncer que le fue encontrado a principios de este año.

“Mi deseo más ferviente es que no sea reemplazada hasta que se instale un nuevo presidente”, comunicó Clara Spera, nieta de la jueza.

Ginsburg ocupaba uno de los cargos más importantes en EE UU. Su enfermedad preocupó al Partido Demócrata debido a que su salida del cargo obliga a que el presidente Donald Trump nombre a un nuevo juez en la Corte Suprema, el cual sería más conservador que Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, los dos magistrados que el republicano ya nombró en el tribunal.

Considerando que la Corte Suprema cuenta con cinco jueces conservadores y cuatro liberales, incluyendo a Ginsburg, un nuevo cambio bajo esta administración cimentará la mayoría conservadora en el tribunal

El procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, ya sabía desde la noche del miércoles que trabajaría todo el fin de semana. Pasó buena parte del jueves y el viernes en las oficinas del Gobierno porteño de la calle Uspallata. Es quién lleva adelante la estrategia técnica de la presentación que Horacio Rodríguez Larreta pretende llevar a la Corte Suprema, hacia mediados de la semana próxima. Será un largo escrito judicial, con la intención inmediata de paralizar el recorte de 1,18 puntos porcentuales que dispuso por decreto Alberto Fernández, y la pretensión ulterior de lograr la declaración de inconstitucionalidad de la decisión presidencial.

Astarloa no será el único que remará durante todo el fin de semana. Rodríguez Larreta deberá atender tres frentes: el judicial, el económico y el político. Y en cada uno de ellos encontrará dificultades. El jefe de Gobierno sabe que Cristina Kirchner lo tiene apuntado y eso implica que su relación política con el Presidente quedó congelada hasta nuevo aviso.

Rodríguez Larreta ya leyó innumerables veces el inesperado decreto simple de Alberto Fernández y asumió que no se trata de un recorte de un punto de la coparticipación porteña. El artículo 2 de ese decreto prevé que la coparticipación de la Ciudad quedará reducida al 1,40%, la cifra que percibía CABA antes de que Mauricio Macri la duplicara por decreto en 2016, aunque un importante recorte frente al 3,50% que el gobierno porteño podía desplegar antes de la crisis policial bonaerense y los consejos de CFK.

Sin diálogo con la Casa Rosada desde la noche del miércoles, cuando Rodríguez Larreta mantuvo un tenso y breve diálogo telefónico con el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, y de no responder al mensaje del jefe de Estado, que le avisó un minuto antes del anuncio de Olivos que avanzaría con la quita de parte de los recursos, en las oficinas de Uspallata aseguran que serán el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Salud, Fernán Quirós, los encargados de interactuar con sus pares de Nación para empezar a definir cómo será la continuidad de la cuarentena.

 

La Corte Suprema confirmó la condena a cuatro años de prisión para el dirigente piquetero Luis D’Elía​, quien actualmente cumple domiciliaria por coronavirus. Fue condenado por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca, en 2004.

La sentencia ya había sido confirmada anteriormente por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Ante esta situación, su defensa interpuso un recurso extraordinario ante el máximo tribunal, que lo desestimó por unanimidad al considerar que el recurso resultaba inadmisible en virtud de lo dispuesto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Además de su sentencia de cuatro años de cárcel, la Corte también ratificó su inhabilitación especial por el plazo de ocho años para el ejercicio de la función pública.

El 26 de junio de 2004, cuando era subsecretario de Tierras para el Hábitat Social en el gobierno de Néstor Kirchner, el ex piquetero tomó junto a unas 40 personas la comisaría 24 de La Boca en reclamo por el asesinato de un miembro de su agrupación, Martín «Oso» Cisneros, por la que responsabilizó a las autoridades y efectivos de esa dependencia policial.

En 2017, la Justicia lo consideró autor de los delitos de «atentado a la autoridad agravado, lesiones leves cometidas en perjuicio de un miembro de las fuerzas de seguridad, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación, en concurso ideal».

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 (TOCF6), integrado por los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero. Sin embargo, en ese momento no se dispuso su detención por no estar firme.

«Si tengo que ir a la cárcel cuatro años y ocho meses por esto, a los 60 años y después de 40 de militancia, lo hago con orgullo y dignidad y mirando a la cara», había señalado D’Elía en ese entonces al salir de los tribunales.

La causa, que tuvo su condena después de 13 años, evitó la proscripción por haberse sumado a la denuncia por agresiones durante las protestas del campo en Plaza de Mayo en 2008, hecho por el que finalmente fue absuelto.

D’Elía cumple prisión domiciliaria desde abril pasado por orden de la Justicia, tras haber estado internado anteriormente en el Sanatorio Anchorena por un estado febril.

A principios de julio estuvo ocho días internado en el Sanatorio Otamendi por haberse contagiado de coronavirus.

Durante estos días, el dirigente se mostró activo en las redes sociales. Participó de una videoconferencia con el ministro bonaerense y titular de La Cámpora, Andrés «Cuervo» Larroque​. También volvió a pedir por los funcionarios K presos y se solidarizó con Hebe de Bonafini por las amenazas que recibió.

Otro fallo de la Corte

La Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso interpuesto por la defensa de Andrés Galera, contador y presunto testaferro del ex secretario de Obras Públicas kirchnerista José López​, para que no se realice una investigación integral sobre su patrimonio.

El juez que lleva la causa por enriquecimiento ilícito a López ordenó la investigación porque se habían reportado movimientos patrimoniales y financieros sospechosos y sin justificación.

La defensa de Galera pidió la nulidad pero fue desestimado por el tribunal de alzada, corrió la misma suerte en casación y finalmente fue rechazado por la Corte. El máximo tribunal lo desestimó por unanimidad, al sostener que «no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal».

Los trabajadores de la Justicia Federal del país cobrarán el medio aguinaldo en tres cuotas, según lo dispuesto este martes en una acordada de la Corte Suprema de la Nación.

La disposición incluye a los juzgados nacionales con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no abarca a los Poderes Judiciales provinciales.

La decisión del máximo tribunal del país se alinea con la tomada por el Poder Ejecutivo en relación con el sueldo anual complementario para los empleados estatales nacionales.

En la acordada difundida por la Corte, los magistrados expresan que en el Poder Judicial de la Nación “se verifican” las mismas circunstancias invocadas por Presidencia para abonar en tres veces el aguinaldo.

La primera parte se abonará dentro del plazo previsto hasta la suma de 40 mil pesos brutos y el excedente se repartirá en dos veces cuotas iguales junto con las remuneraciones de julio y agosto.

Cabe señalar que los motivos del pago en tres veces se enmarcan en la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus.

El tribunal dispuso frenar el fallo del juez Víctor Violini, quien había habilitado mediante un Habeas Corpus colectivo las prisiones domiciliarias de miles de detenidos en la provincia de Buenos Aires.

El pleno de la Suprema Corte, al aceptar tratar la cuestión a partir de un recurso del fiscal Carlos Altuve, suspendió los efectos del fallo dictado por la Cámara de Casación bonaerense.

Ahora, el tribunal de la provincia de Buenos Aires debe resolver la cuestión de fondo, esto es, si termina o no por confirmar la resolución del juez Violini.

Por el momento, queda sin efecto el trámite de aquellos pedidos de prisión domiciliaria o excarcelaciones que se hayan solicitado a diferentes jueces en la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta la resolución del juez Violini.

A partir de esta decisión, la Corte pidió a la presidencia de Casación que remita el cuerpo principal del expediente y, luego de ello, le trasladará la posibilidad de opinar primero al Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, y después al defensor ante Casación, Mario Luis Coriolano, que representa a las 19 defensorías generales, que pidieron el hábeas corpus colectivo.

Los jueces de la Corte Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Eduardo de Lázzari y Sergio Torres decidieron aceptar el tratamiento del tema en virtud de la «gravedad institucional» que provocó el tema.

En ese sentido, aclararon que es una «postulación colectiva en el marco de la emergencia dispuesta como consecuencia de la pandemia del COVID 19» y que existe «preocupación con el dictado de normas para garantizar la atención de los asuntos urgentes y que no admitan demora desde sus inicios».

Luego de conocer la opinión del Procurador General bonaerense y del Defensor ante Casación, a quienes les da un plazo de 24 horas a cada uno, el Tribunal resolverá la cuestión de fondo, que es si avala las prisiones domiciliarias de manera colectiva, tal cual lo habilitaba el fallo de Violini.

En el ámbito federal, una misma decisión de Casación quedó sin efecto a raíz de que el juez de instrucción Jorge Santos declaró inconstitucional el fallo que habilitaba las domiciliarias para casos de presos con enfermedades preexistentes, mayores de 60, las madres con hijos, los que estén próximos a alcanzar la libertad o quienes tenían salidas transitorias.