El sistema de salud privado de la Argentina se encuentra al borde del colapso total.
En una medida desesperada ante la falta de respuestas oficiales, más de 30 cámaras empresarias y asociaciones que agrupan a clínicas, sanatorios y hospitales privados de todo el país se declararon formalmente en estado de crisis y solicitaron una audiencia de carácter urgente con las máximas autoridades del Gobierno Nacional para acordar medidas de contención inmediata.
El reclamo de los prestadores y las deudas que ahogan al sector
La drástica advertencia es encabezada por instituciones de gran peso en el rubro como ADECRA, ACAMI, CAPRESS, CONFECLISA, FECLIBA y SALUD FEDERAL, sumadas al firme respaldo de diversas entidades provinciales. Las prestadoras denunciaron que la dramática situación económica responde a una combinación letal: el marcado atraso en los valores de los aranceles prestacionales, la imparable escalada de los costos operativos diarios y las abultadas deudas acumuladas, concentradas principalmente en las prestaciones brindadas a los afiliados del PAMI.
Las empresas privadas de la salud sostienen el mayor peso de la atención médica argentina: representan el 51% de los establecimientos con internación y el 56% del total de las camas disponibles en el territorio nacional, además de ser la fuente de empleo directo para más de 330.000 profesionales y trabajadores del sector.
El fantasma del colapso sanitario y la promesa pendiente del Gobierno
Desde el sector privado advierten de forma contundente que el eventual cierre o la paralización masiva de las clínicas derivaría en un colapso inminente de los hospitales públicos, los cuales ya operan al límite de su capacidad operativa. A pesar de haber enviado múltiples peticiones de diálogo durante todo el año para alcanzar acuerdos sostenibles, la respuesta oficial sigue haciéndose esperar.
Actualmente, las instituciones aguardan una definición concreta por parte del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien en su momento prometió la partida de fondos para resolver el conflicto, pero hasta la fecha no ha concretado medidas efectivas ni resoluciones normativas para efectivizar el pago de las obligaciones pendientes.