Ante la creciente preocupación institucional por la cobertura prestacional destinada a los adultos mayores en la zona cordillerana, la problemática llegó al plano parlamentario nacional
Linares pidió al Gobierno nacional respuestas por la situación de PAMI en la Cordillera de Chubut, a través de la presentación de un Proyecto de Comunicación elevado en la Cámara Alta con el objetivo de transparentar las actuaciones oficiales frente al conflicto de salud.
El senador nacional por Chubut, Carlos Linares, remarcó las deficiencias, demoras e interrupciones que afectan de forma crítica a jubilados y pensionados de la ciudad de Esquel y parajes aledaños.
Requerimientos puntuales y denuncias registradas
La iniciativa legislativa exige un balance detallado sobre el funcionamiento del organismo y el estado de la cobertura médica durante el último período:
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Población afectada: Solicitó precisar la nómina exacta de afiliados perjudicados por la falta de servicio durante los años 2025 y 2026.
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Denuncias y auditorías: Exigió el relevamiento documentado de la cantidad de reclamos y denuncias recibidos por PAMI desde enero de 2025, así como las actuaciones e inspecciones concretadas sobre el Círculo Médico de Esquel y demás prestadores zonales.
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Sectores vulnerables: Demandó conocer los protocolos de contingencia adoptados para garantizar la atención ininterrumpida de pacientes con patologías crónicas, tratamientos oncológicos y discapacidades.
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Situación del PROSATE: Requiriere un informe sobre la vigencia del Programa de Salud de la Tercera Edad y las garantías presupuestarias asignadas para dar continuidad a sus prestaciones.
Impacto de la Resolución RESOL-2026-1107-INSSJP
Entre los puntos neurálgicos del pedido de informes, Linares hizo especial hincapié en el marco regulatorio implementado recientemente por la conducción nacional del organismo.
El proyecto pide clarificar los efectos de la Resolución RESOL-2026-1107-INSSJP, suscrita el pasado 9 de abril de 2026, solicitando detalles sobre el nuevo esquema de remuneración de los médicos de cabecera y el cómputo de profesionales que decidieron dar de baja sus servicios para la obra social en la Cordillera. “Por todo lo expuesto, se considera imprescindible que el Poder Ejecutivo nacional informe de manera completa, transparente y documentada su intervención en este conflicto”, concluyó el parlamentario.