En el marco de una encarnizada batalla política por el control del gasto público y la preservación del equilibrio fiscal, se conocieron los números finos sobre una de las iniciativas legislativas más debatidas en el Congreso.
Un exhaustivo informe técnico de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) le puso cifras precisas al impacto macroeconómico que generaría el proyecto de ley para atender la Discapacidad que ya cuenta con dictamen de mayoría, estimando un costo fiscal que ascendería a $598.912 millones en 2027 (0,04% del PBI) y treparía hasta los $1.209.567 millones en 2028 (0,07% del PBI).
Este relevamiento resulta estratégico para la Casa Rosada en su intento de atenuar el impacto sobre las cuentas públicas y persuadir a los bloques aliados para que no aporten quórum en la crucial sesión parlamentaria del 15 de octubre, donde la oposición buscará además voltear el mega DNU 70.
Proyecciones del gasto, nuevo universo de beneficiarios e impacto en Incluir Salud
El salto en la erogación presupuestaria entre ambos años responde a los dos escenarios analizados por la OPC: un primer año con incorporación gradual de nuevos titulares y un segundo ejercicio con la totalidad de los beneficiarios integrados desde el inicio. El universo de potenciales beneficiarios surge de aplicar un tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre las personas de 18 a 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben la pensión por invalidez laboral.
El informe técnico puntualiza una serie de aspectos clave sobre el impacto económico del dictamen:
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Incremento presupuestario: El monto proyectado para 2027 representa un aumento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto de ese año.
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Gasto incremental puro: El estudio aclara que no se computan las erogaciones actuales que el Estado ya viene ejecutando por las 1.141.486 pensiones vigentes, dado que forman parte del gasto corriente.
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Cobertura médica: Se estima que unos 76 mil nuevos titulares podrían requerir la atención del Programa Federal Incluir Salud. No se asignó una cifra monetaria fija debido a la variabilidad del uso de servicios, pero se advirtió que generará un reordenamiento financiero, desplazando el gasto desde las provincias y municipios hacia el Estado nacional.
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Deuda con prestadores: Respecto a la compensación a prestadores por el desfasaje arancelario frente a la inflación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, el dictamen no crea una erogación nueva sino que mantiene una obligación preexistente estimada en un valor de referencia de $278.323 millones, cuyo monto final dependerá de las verificaciones del Decreto 84/2026.
El colchón presupuestario de la ley y las reservas para 2027
Frente a la preocupación oficial por el equilibrio fiscal, el reporte de la OPC detalló la existencia de fondos de respaldo previstos en la proyección de las cuentas públicas nacionales para absorber las erogaciones de la norma en caso de que sea aprobada.
Si la ley entra en vigencia durante el ejercicio 2027, el Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva contemplada de $3.660.978 millones (0,26% del PBI) para atender mayores costos en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario gradual de incorporación de la Ley de Discapacidad absorbería el 16,4%. Asimismo, las partidas prevén una reserva adicional de $1.324.523 millones (0,09% del PBI) destinada a transferencias en el área de salud, recursos que permitirían respaldar las erogaciones previstas por la normativa sin desbaratar las metas financieras de la administración central.