En una jornada de arduas negociaciones a contra reloj, la Libertad Avanza obtuvo 237 votos afirmativos en Diputados con el respaldo de Unión por la Patria y aliados. La iniciativa fija regularizaciones para prestadores y pautas de actualización, pasando ahora al Senado.
En un triunfo legislativo para el oficialismo, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto impulsado por La Libertad Avanza (LLA) que busca regularizar la atención de las personas con discapacidad y normalizar los pagos a los prestadores médicos. Tras una extensa sesión marcada por intensas conversaciones parlamentarias, la iniciativa cosechó 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, logrando ser enviada a la Cámara de Senadores para su tratamiento definitivo.
El resultado de la votación reflejó el acompañamiento de aliados habituales, del bloque Provincias Unidas y de casi la totalidad de la bancada de Unión por la Patria (UP). La postura en contra provino principalmente de ocho legisladores cordobeses —siete alineados con el gobernador Martín Llaryora y la diputada Natalia de la Sota—, la mendocina Lourdes Arrieta y la peronista Gabriela Beatriz Estévez, en tanto que la izquierda optó por la abstención.
Negociaciones al límite y el giro en la estrategia legislativa
El entendimiento dentro del recinto fue fruto de un proceso de negociación conducido por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado, en coordinación con legisladoras del peronismo como Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva. El esquema definitivo sumó además aportes del diputado Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), quien unificó los pedidos en el dictamen sometido a debate.
Desde la bancada opositora ponderaron el alcance de las concesiones incorporadas al texto. «Hoy el triunfo es del colectivo en discapacidad», señalaron desde UP. En el mismo sentido, el presidente de ese bloque, Germán Martínez, destacó la incorporación de los puntos centrales de la normativa previa: «El 75% del contenido de la ley está contenido en este proyecto. Resulta un insumo fundamental para que hoy podamos estar acá».
El debate también contó con llamados al Poder Ejecutivo respecto del proyecto de Presupuesto. En ese marco, la diputada Sabrina Selva remarcó las demandas pendientes hacia el oficialismo: «Hoy el Congreso le da la respuesta a los colectivos, pero hay que lograr una respuesta por parte del Presidente».
Por su parte, Rodríguez Machado subrayó la búsqueda de equilibrios presupuestarios durante el cierre de las exposiciones del bloque oficialista. «Su solución no puede ser transitoria. Bajo ese concepto, el que tenemos los de este bloque, que la sensibilidad social no se contrapone con la responsabilidad fiscal, es que empezamos a andar un camino en el cual empezamos a buscar consensos tal como debe hacerse en este Congreso», enfatizó.
Puntos clave: pagos a prestadores, pensiones y rol de la Iglesia
El texto aprobado en la Cámara baja introduce modificaciones sustanciales en la regulación del sector:
-
Saldos adeudados: El Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de 30 días para presentar un cronograma y un máximo de 90 días para cancelar compensaciones pendientes a prestadores, estimadas en aproximadamente $278.323 millones.
-
Criterios para pensiones: Se fijan por ley las exigencias para el acceso a pensiones por discapacidad, requiriendo el Certificado Único de Discapacidad (CUD), evaluación socioeconómica e ingresos individuales inferiores a dos salarios mínimos.
-
Actualización por inflación: Se contempla el ajuste del nomenclador mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la garantía de acceso a prestaciones médicas mediante el programa Incluir Salud.
-
Resguardo del empleo: Mantiene la vigencia de la Ley 26.816 de empleo protegido y dispone el uso de fondos del Tesoro en caso de insuficiencia en las partidas del Ministerio de Salud.
El tramo final del debate estuvo precedido además por gestiones de representantes del Episcopado y la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia, quienes transmitieron a las bancadas su inquietud por la situación presupuestaria del sector y llamaron a alcanzar consensos institucionales.