Una verdadera tormenta política e institucional vuelve a sacudir la Casa Rosada tras la decisión del Poder Ejecutivo de apelar de forma inmediata el revés dictado por la Justicia contra el presupuesto de las casas de altos estudios.
En una estrategia abierta para dilatar los plazos legales y evitar el desembolso de partidas, el oficialismo insiste en mantener la pauta de déficit cero a como dé lugar, desafiando la orden judicial que le exige pagar la recomposición salarial a los docentes.
Fuentes de primera línea de la administración central confirmaron que la respuesta institucional será una apelación sistemática. «Apelación, seguro», sintetizó un alto funcionario gubernamental al ser consultado sobre las medidas tras la resolución judicial, ratificando la narrativa oficialista de que no hay recursos disponibles para financiar una normativa que, sostienen, «sabotea» el superávit fiscal alcanzado.
La intransigencia de Caputo frente al costo fiscal y la resolución de Cormick
Todas las miradas se posan sobre el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, quien tiene en sus manos la firma para liberar los fondos requeridos. Sin embargo, en el Palacio de Hacienda se definen como fundamentalistas del equilibrio fiscal y prefieren estirar la pulseada en los tribunales antes que flexibilizar la billetera. Esta postura choca directamente con las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), organismo que calculó que el impacto financiero de la Ley de Financiamiento Universitario representa apenas el 0,23% del PBI nominal.
El detonante de la reacción libertaria fue el dictamen del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 al dar lugar al amparo promovido por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El magistrado dejó en claro que la norma «no supera un test mínimo de razonabilidad» y exigió al Gobierno la ejecución inmediata de las partidas para garantizar el correcto funcionamiento universitario y actualizar los haberes docentes y no docentes.
Docentes celebran en los tribunales pero prometen tomar las calles
La reacción del arco sindical no se hizo esperar. Desde el Sindicato de Docentes de la UBA (FEDUBA) tildaron el fallo judicial como un triunfo contundente frente a lo que calificaron de veto encubierto. El Secretario General de FEDUBA, Pablo Perazzi, celebró el pronunciamiento al remarcar que «este fallo histórico demuestra que el Ejecutivo vulneró la Constitución al pretender legislar por decreto sobre una ley ratificada por dos tercios del Congreso. El juez fue claro: el Gobierno no puede suspender la voluntad soberana bajo el pretexto del equilibrio fiscal».
Pese al respaldo en los estrados, los gremios advierten que la batalla final se dirimirá en la calle ante la sistemática negativa oficial a girar los fondos. Por su parte, Federico Montero, dirigente nacional de la CONADU, advirtió que «la solución definitiva es política y se construye con la movilización popular», confirmando que la comunidad académica ratifica la convocatoria masiva para la Marcha Federal Universitaria el próximo 15 de octubre.