Con 42 votos a favor y 26 en contra, el Senado sancionó definitivamente este jueves los cambios a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tras aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
La norma avalada por el oficialismo y bloques aliados —entre ellos La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y Convicción Federal, frente al rechazo de Unión por la Patria, el Frente Cívico por Santiago y legisladores provinciales— restituye la vigencia plena de la Ley de Tierras (26.737), que fija un tope del 15% a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El debate volvió a poner en el centro el recorrido de esa regulación: el 21 de octubre, Diputados incorporó el capítulo que devuelve plena operatividad a la Ley 26.737 y alteró la media sanción inicial del Senado. En el recinto, la oposición recordó el intento de derogarla mediante el DNU 70/23, su suspensión judicial, la propuesta original vinculada a Federico Sturzenegger para eliminar las restricciones a extranjeros y la decisión de Patricia Bullrich de retirar ese apartado durante el paso previo por la Cámara alta ante la presión social. En el cierre del tratamiento, el senador Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ratificó la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023 y la restitución del régimen de protección sobre las tierras rurales.
Desalojos exprés y plazos procesales
El texto aprobado busca acelerar la recuperación de inmuebles y reforzar las facultades de los propietarios frente a ocupaciones y mora locativa:
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Ocupación ilegítima (72 horas): Permite que un juez ordene la restitución del inmueble antes de que concluya el juicio, a pedido del propietario y con acreditación documental de la titularidad, mediante una intimación de 72 horas.
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Falta de pago: Exige una intimación previa con un plazo de al menos diez días antes de avanzar con la demanda de desalojo por incumplimiento en el alquiler.
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Notificaciones y ejecución: Agiliza el régimen de notificaciones y amplía las atribuciones para ejecutar los lanzamientos, manteniendo la intervención de organismos competentes y un plazo de hasta diez días para buscar una solución habitacional transitoria en casos de personas en situación de vulnerabilidad.
Restricciones a las expropiaciones
En materia expropiatoria, la ley acota el margen de acción del Estado sobre bienes privados:
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Utillidad pública y proporcionalidad: Adopta una interpretación más restrictiva de la utilidad pública y obliga a acreditar que la medida es necesaria, proporcional y la única vía idónea para cumplir el fin buscado.
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Pago previo e indemnización: Establece que el Estado no podrá tomar posesión del inmueble hasta abonar la totalidad de la indemnización, actualizada por inflación, e incorpora el reconocimiento del lucro cesante cuando resulte acreditado.
