En un fallo definitivo de altísimo impacto institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó las presentaciones de la defensa y dejó firme la resolución para que Gabriela Vanesa Torres vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados.
La mujer, quien se desempeñaba como enfermera en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, está imputada por sustraer ilegalmente un lote de 30 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus entre diciembre de 2020 y enero de 2021 —durante la etapa más crítica de la emergencia sanitaria— con el fin de inocular a dirigentes del Sindicato de Camioneros en Chubut a cambio de dádivas.
Idas y vueltas judiciales: la revocación de la absolución
La acusada había sido absuelta inicialmente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia bajo el argumento de que el cambio de calificación legal impulsado por la fiscalía (pasando de encubrimiento a hurto) vulneraba el principio de congruencia. Sin embargo, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques (y la disidencia de Juan Carlos Gemignani), revocó el sobreseimiento al entender que los hechos imputados no habían variado y la defensa no fue tomada por sorpresa.
Tras la apelación rechazada, la defensa acudió en queja al Máximo Tribunal del país. No obstante, los ministros de la Corte Suprema declararon inadmisible la supuesta violación de la garantía que prohíbe el doble juzgamiento (ne bis in idem) y ratificaron que la orden de realizar un nuevo debate oral debe cumplirse al no tratarse de una sentencia definitiva.
Coimas, condenas firmes y la cúpula sindical bajo la lupa
La investigación penal comprobó que las dosis sustraídas terminaron aplicándose de manera clandestina a 21 personas vinculadas a Camioneros que no integraban los grupos prioritarios de salud. La causa ya registra condenas firmes: Marcos Eugenio Paura (colaborador de la obra social del gremio) recibió 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por cohecho activo, tras verificarse una transferencia de 30.000 pesos desde la cuenta del sindicato hacia la enfermera Analía Muñoz, condenada a 3 años de prisión por facilitar las dosis.
Las aplicaciones irregulares se llevaron a cabo el 29 de enero de 2021 en un consultorio sindical no habilitado. Asimismo, la Cámara de Casación dejó sin efecto la suspensión del juicio a prueba que beneficiaba a los 20 afiliados vacunados VIP, ordenando que todos afronten el juicio oral y público; una decisión que salpica de lleno al ex secretario general del gremio y ex diputado nacional, Jorge Taboada.