En medio de intensas y febriles negociaciones parlamentarias para definir la sanción de la ley de leyes de la administración pública nacional, la Casa Rosada se enfrenta a una dura resistencia legislativa por parte de sus aliados más cercanos.
La bancada aliada fijó un límite tajante al Poder Ejecutivo Nacional exigiendo modificaciones sustanciales sobre áreas de altísima sensibilidad social como condición indispensable para acompañar la aprobación final del proyecto oficial en la Cámara Baja.
La UCR presiona al oficialismo por partidas sociales, discapacidad y la AUH
El bloque de diputados de la UCR —encabezado por Pamela Verasay y alineado con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)— exige exigen al Gobierno no congelar la AUH ni la discapacidad para votar el Presupuesto 2027. La bancada radical, con seis legisladores decisivos para los planes de La Libertad Avanza (LLA), reclama la eliminación de los cuatro artículos oficiales que modifican la Ley 27.793 y pide incorporar el dictamen de mayoría de discapacidad, garantizando el nomenclador nacional, la actualización permanente de prestaciones y la extensión de pensiones no contributivas, postura apoyada también por Fuerzas del Cambio, el MID, el PRO y Por Santa Cruz.
Asimismo, la UCR y sus aliados rechazan de plano que el Poder Ejecutivo elimine el ajuste automático por inflación (la fórmula de movilidad) de la Asignación Universal de Protección Social, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la ayuda escolar. Estas prestaciones implican una erogación de 9,18 billones de pesos y alcanzan a más de 4 millones de personas. Frente a los 7,25 billones previstos en el Presupuesto para discapacidad y pensiones, el nuevo esquema generaría un impacto fiscal adicional de unos 600.000 millones de pesos en 2027 que deberá ser reforzado en las partidas.
Reclamos universitarios, infraestructura clave e internas por la emergencia
En el plano educativo, el radicalismo esperará la exposición del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, para definir su posición frente a la brecha entre los 7,3 billones fijados por el Gobierno y los 11 billones exigidos por las casas de altos estudios. Por su parte, el diputado Eduardo Falcone (MID) respaldó la actualización en discapacidad, solicitó incrementar las Becas Manuel Belgrano y pidió destinar fondos remanentes de un crédito del CAF para reactivar obras viales clave: la autovía Mercedes-Suipacha (con proyección a Bragado) y el tramo de 27 kilómetros de la Ruta 3 entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs.
Ante el fuerte rechazo opositor a la anulación de puntos centrales de la emergencia en discapacidad, LLA analiza dar marcha atrás con sus artículos e impulsa un proyecto conjunto para mantener varios aspectos vigentes este miércoles. No obstante, la oposición presionará para aprobar formalmente una prórroga de la emergencia por un año más, tensando al máximo el debate parlamentario de cara a la votación general proyectada para el 18 de noviembre.