Una trascendental e imprevista novedad judicial sacudió el escenario político y universitario en las últimas horas, abriendo un nuevo capítulo en la puja por los fondos destinados a las casas de altos estudios.
En medio del reclamo sostenido del sector académico por la actualización presupuestaria y salarial, la Justicia dictaminó una resolución clave que favorece la postura del Poder Ejecutivo, al tiempo que las máximas autoridades nacionales interpusieron recursos para frenar las penalizaciones económicas individuales.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al reclamo del Gobierno
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso de queja presentado por el Ministerio de Capital Humano para revisar la medida cautelar que exige la aplicación de la ley de financiamiento universitario.
El tribunal dejó sin efecto el rechazo inicial dictado por el juez de primera instancia Martín Cormick, quien había intimado al Estado Nacional a saldar los fondos en cinco días. El Ejecutivo argumentó que las recomposiciones salariales otorgadas a docentes y no docentes ya alcanzaban lo fijado por la normativa y que la intimación judicial le generaba un «agravio mayúsculo de imposible reparación ulterior», postura que fue respaldada por los camaristas al reconocer el gravamen irreparable.
Diego Santilli apeló la multa diaria y el CIN exige sanción mayor
De forma paralela, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, interpuso un recurso de apelación contra la multa personal de $100.000 diarios (astreintes) que le aplicó el juez Cormick por el presunto incumplimiento en la actualización salarial.
El funcionario solicitó suspender la ejecución de la sanción alegando la «ausencia de fundamento normativo concreto para la atribución personal de responsabilidad» y el riesgo patrimonial que implica. Sin embargo, la reacción no se hizo esperar: el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se presentó ante la Justicia para solicitar que la multa a Santilli sea incrementada, calificando el monto actual de «más que exiguo» e insuficiente para forzar el cumplimiento efectivo de la ley.