La presentación judicial del Ministerio de Seguridad incluye cargos por daño agravado y agresiones a las fuerzas federales. La jornada frente al Congreso dejó un saldo de 25 detenidos, ocho efectivos heridos y destrozos en el espacio público estimados en 90 millones de pesos.
Luego de los violentos enfrentamientos registrados frente al Congreso Nacional durante la 5° Marcha Federal Universitaria, el Ministerio de Seguridad de la Nación formalizó una denuncia penal contra los grupos de manifestantes señalados como responsables de los disturbios. La presentación judicial incluye acusaciones graves por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.
La movilización, impulsada por la comunidad educativa en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, derivó en severos incidentes en las arterias aledañas al Palacio Legislativo mientras ambas cámaras sesionaban.
Los argumentos de la denuncia judicial
Según los fundamentos volcados en la presentación realizada por la cartera de Seguridad, se sostiene que grupos de manifestantes actuaron con el rostro cubierto, vandalizaron bienes públicos y arremetieron contra los efectivos desplegados mediante el uso de objetos contundentes.
A su vez, el escrito presentado ante la Justicia remarca la gravedad institucional de los episodios ocurridos durante el debate parlamentario:
Los disturbios habrían tenido como objetivo “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa” prevista para esa jornada en el Congreso Nacional.
Para sustentar la causa, los equipos técnicos del Ministerio avanzan en el peritaje y recopilación de material audiovisual, imágenes fotográficas y registros de cámaras de seguridad públicas y privadas a fin de identificar individualmente a los agresores.
Un saldo de 25 detenidos y ocho efectivos de seguridad heridos
Los operativos desplegados en las inmediaciones del edificio legislativo culminaron con la detención de 25 personas. Entre las aprehensiones informadas por las autoridades se encuentra la de un adolescente de 14 años, imputado por arrojar proyectiles contra un patrullero policial sobre la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre.
En el plano de las fuerzas de seguridad, se reportó un saldo de ocho efectivos heridos por impactos de piedras y elementos contundentes arrojados por sectores radicalizados que se desprendieron de la columna principal de la marcha:
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Gendarmería Nacional Argentina (GNA): 4 efectivos lesionados.
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Prefectura Naval Argentina (PNA): 2 efectivos lesionados.
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Policía Federal Argentina (PFA): 2 efectivos lesionados.
Destrozos urbanos valuados en 90 millones de pesos
En paralelo a la causa penal, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires realizaron un relevamiento preliminar de los daños ocasionados en la infraestructura pública de la Plaza de los Dos Congresos y sus calles circundantes.
El informe calculó las pérdidas materiales en aproximadamente $90 millones, debido a la rotura de veredas, destrucción de baldosas, daños en el mobiliario urbano, canteros y la degradación de los espacios verdes del radio parlamentario. Con la denuncia ya radicada, la Justicia busca determinar la responsabilidad penal y patrimonial de los implicados.