El escenario diplomático y energético en el Atlántico Sur vivió un vuelco histórico.
A través de un comunicado oficial emitido por la Oficina del Presidente y compartido en su perfil de Instagram, Javier Milei celebró este sábado una contundente victoria política: la multinacional estadounidense Halliburton Company confirmó formalmente que suspende sus planes en las Islas Malvinas y no prestará servicios para el megaproyecto petrolero Sea Lion ni participará en actividades de exploración de hidrocarburos en los espacios marítimos circundantes.
Advertencias legales, presión sobre Vaca Muerta y repliegue extranjero
La decisión de la contratista norteamericana de dar un paso al costado se concretó luego de severos avisos emitidos por las autoridades de Buenos Aires. Desde el Gobierno nacional atribuyeron de forma directa este freno corporativo al accionar conjunto entre la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería Argentina. Los funcionarios le notificaron formalmente a la firma sobre las severas incompatibilidades legales, sanciones civiles y penales que implicaría operar de manera ilegal en un área bajo disputa soberana de Argentina, advirtiendo incluso sobre las consecuencias para sus negocios presentes y futuros en yacimientos del continente como Vaca Muerta.
La empresa multinacional admitió —en declaraciones recogidas por la agencia Reuters— que fue el propio planteo de la administración argentina el que forzó su retiro. De esta manera, Halliburton se suma al reciente abandono de otras gigantes de la industria pesada como SLB (antigua Schlumberger) y Baker Hughes, asestando un golpe letal a la logística de perforación que requiere el Reino Unido en aguas ultraprofundas.
El codiciado botín de 1.700 millones de barriles que frena su avance
La maniobra diplomática de la Casa Rosada golpea directamente el corazón financiero de los planes británicos. El yacimiento marítimo Sea Lion, ubicado a unos 225 kilómetros al norte del archipiélago y repudiado por la Argentina desde su hallazgo inicial en 2010, alberga reservas estimadas en más de 1.700 millones de barriles de crudo. Sin el respaldo de los mayores proveedores globales de infraestructura y herramientas de perforación, la explotación comercial del área queda en una situación de extrema vulnerabilidad técnica.
El repliegue de la compañía petrolera coincide con la ofensiva legislativa presentada por Milei en septiembre para endurecer drásticamente los castigos penales e inhabilitaciones comerciales a cualquier entidad extranjera que ejecute actividades extractivas sin aval estatal. Con este mensaje publicado en sus redes, el Ejecutivo buscó capitalizar políticamente la caída de uno de los actores más poderosos del mercado energético mundial en la defensa de los derechos soberanos sobre el Atlántico Sur.