El secretario general del gremio estatal enfrenta acusaciones por el desvío de fondos sindicales hacia cuentas personales. La Fiscalía fundamentó la causa en transferencias cuya actualización monetaria supera los $500 millones y solicitará prisión efectiva.
Con el inicio del debate oral y público en los tribunales de Rawson, la provincia de Chubut comienza a juzgar uno de los expedientes de mayor impacto político y sindical de los últimos años. El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Chubut, Guillermo Quiroga, se sienta en el banquillo de los acusados imputado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la entidad gremial.
El tribunal unipersonal está a cargo de la jueza Karina Breckle, en tanto que el rol de la acusación pública lo encabeza la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFEDAP), bajo la conducción del fiscal Lucas Papini. Asimismo, el proceso cuenta con la participación activa de querellantes en representación de un colectivo de afiliados del propio sindicato.
La maniobra investigada: transferencias y actualización millonaria
La hipótesis central del Ministerio Público Fiscal sostiene que el titular de ATE Chubut habría autorizado de manera irregular una seguidilla de transferencias bancarias desde los fondos institucionales del gremio hacia cuentas particulares, tanto de su titularidad como de integrantes de su entorno familiar directo.
Si bien en los inicios del expediente los montos bajo sospecha habían sido calculados en más de 22 millones de pesos, las pericias contables y la correspondiente actualización monetaria de los movimientos financieros arrojaron un perjuicio económico que supera actualmente los 500 millones de pesos.
El cuerpo de probanzas que se ventilará a lo largo de las audiencias incluye un minucioso relevamiento de documentación bancaria —obtenida tras el levantamiento del secreto bancario sobre las cuentas involucradas—, libros contables del sindicato y peritajes financieros.
Un proceso con un centenar de testigos y pedido de prisión efectiva
La causa arribó a la etapa de juzgamiento luego de que la jueza Eve Ponce rechazara de forma contundente el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa técnica del dirigente sindical, convalidando íntegramente la pieza de acusación fiscal y la querella privada.
Por la complejidad de la causa y la cantidad de elementos probatorios, se prevé una extensa serie de jornadas en las que declararán cerca de 100 testigos, entre los que destacan peritos contables, investigadores policiales, contadores y trabajadores vinculados a la administración cotidiana de la entidad.
En cuanto a la pretensión punitiva:
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La Fiscalía: Solicitará una pena de tres años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo.
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Las Querellas: Reclamarán una condena de hasta cuatro años de prisión efectiva, sumado a la inhabilitación absoluta para ejercer cargos sindicales.
Con la apertura del debate oral, la Justicia chubutense ingresa en la fase decisiva donde se evaluará la contundencia de las pruebas recolectadas durante la etapa penal preparatoria para determinar la existencia o no de responsabilidad penal en el máximo referente de ATE en la provincia.